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Proponen sanciones por no responder a los informes


HAY DOS PROYECTOS A ESTUDIO PARA BAJAR PLAZOS

La oposición reclama la aplicación de sanciones al Poder Ejecutivo por la falta de respuesta a los pedidos de informes. Los legisladores advierten que hay solicitudes que quedan sin contestar por años.

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Hace cinco años -cuando se abrían las ofertas para la construcción de la planta desulfurizadora de Ancap- el diputado nacionalista Pablo Abdala envió un pedido de informes al organismo para conocer si los montos ofertados por la inversión coincidían con las estimaciones realizadas.

El pedido de informes quedó sin contestar y en agosto de 2013, luego de la inauguración de la planta, el legislador decidió volver a remitir otra solicitud al Ministerio de Industria, con destino a Ancap. Hasta ahora no hay respuestas de parte del organismo.

Una experiencia similar fue la que vivió el diputado colorado Fitzgerald Cantero, quien en dos oportunidades debió recurrir a la Justicia (amparado en la ley de Acceso a la Información Pública) para conseguir la información que buscaba de parte de Ancap y del Ministerio de Trabajo sobre el programa “Yo estudio y trabajo”.

De acuerdo a la ley 17.673, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 45 días hábiles para remitir los datos e informes solicitados por los legisladores; si el plazo no se cumple se habilita a una prórroga de 30 días hábiles. Si esa segunda opción fracasa, se puede solicitar que la Cámara haga suyo el pedido, en este caso se otorgan 30 días hábiles más para responder.

Cantero dijo a El País que en su opinión debería establecerse “algún mecanismo de sanción” para aquellos ministerios u organismos estatales que no cumplen con los plazos para contestar los pedidos de informes que se hacen por parte de los legisladores.

“Creo que debería hacerse algo, porque una repartición recibe un pedido de informes y no se responde y no pasa nada y se le reitera a través de una Cámara y tampoco pasa nada”, acotó el diputado del sector Vamos Uruguay.

 

“La herramienta del pedido de informes no ha sido muy útil para nosotros porque hay temas que no les interesa contestar. Aunque la solicitud la reitere el Parlamento tampoco contestan. Podemos dar un paso más si entendemos que corresponde un llamado a comisión, pero la realidad es que contesta el que quiere”, dijo a El País el senador y precandidato colorado José Amorín Batlle (Batllistas de Ley).

El senador recordó que cursó un pedido de informes al poco tiempo de la asunción del ministro de Transporte, Enrique Pintado en marzo de 2010, sobre una auditoría que se había iniciado sobre la gestión del exministro Víctor Rossi (2005-2010).

“Hice por lo menos dos o tres veces el pedido de informes, quería saber qué había pasado con esa investigación que anunció Pintado, pero nunca me contestó”, contó el senador Amorín.

Para el diputado Abdala, son necesarias modificaciones en los plazos para responder los pedidos de informes a fin de “agilitar” el trámite legislativo.

En ese sentido, presentó dos proyectos de ley (en esta y la anterior legislatura) con el objetivo de bajar a treinta los días hábiles para la contestación y a quince las prórrogas que se otorgan.

“Está claro que este gobierno tiene un gran debe en cuanto a cumplir con las respuestas en los pedidos de informes. En octubre de 2010 le mandé una carta al presidente (José) Mujica porque hice un relevamiento y el 60% de los pedidos de informes estaban con los plazos de respuesta vencidos; pero no hubo ningún cambio”, dijo Abdala.

El diputado indicó que si bien no se puede generalizar, porque hay ministerios que como los de Defensa Nacional y Economía y Finanzas responden a las consultas de los legisladores, otros “son renuentes” a hacerlo.

Abdala argumentó que la actual convocatoria del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a la Comisión Permanente del Poder Legislativo, prevista para el próximo martes 21, se hizo por la falta de respuesta a pedidos de informes sobre la decisión de declarar como reservada la información del Ministerio del Interior y la compra de armamento y chalecos antibala por parte de la Policía.

“Después, desde el Frente Amplio, nos dicen que la oposición abusa con los llamados a sala de los ministros, pero si Bonomi me hubiera contestado capaz que no tenía razón de ser la convocatoria. Como no contestaron nada se dan todos los elementos para que se llame al ministro”, explicó.

“Mala calidad”.

Por su parte el también diputado nacionalista Javier García señaló a El País que su experiencia con los pedidos de informes está marcada por “respuestas muy pobres, mala calidad de información”.

“Da la impresión que muchas veces lo que se quiere es esconder la información, no han entendido que es una herramienta fundamental que tiene el legislador. Esconder datos es ir contra la transparencia y cuando se esconde es porque algo de lo que se está haciendo está mal”, dijo García.

En el mismo sentido, opinó que desde el Poder Ejecutivo “se ha caído en la costumbre de no contestar como instrumento político y eso es una violación de la Constitución de la República”.

García agregó que la bancada del Frente Amplio “ha llegado al extremo de negar a la oposición la reiteración de los pedidos de informes, algo que prevé la propia Constitución”.

Diputados: 38% sin respuesta

La Cámara de Diputados realizó en lo que va de esta legislatura 1.783 pedidos de informe, de los cuales 683 quedaron sin respuesta (38%), de acuerdo a los datos publicados en la página web del Parlamento. El Ministerio de Educación fue el que menos respuestas dio a los legisladores, en total no contestó 99 pedidos de informe y respondió 103. Por su parte, el Ministerio de Vivienda no contestó 96 solicitudes de información contra 92 que sí envió respuesta. En el Senado se cursaron 2.159 pedidos de informe, de los cuales se respondieron 1.474 y quedaron sus contestación 685 (32%). La Cancillería es la que más pedidos tiene sin contestar.

http://www.elpais.com.uy

 
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Publicado por en 15 enero, 2014 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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“hay que ser duros, sin perder la ternura jamas”,frase emblematica del CHE GUEVARA


PIT CNT: SANCIONES POR VIVIENDA SINDICAL

Desde los cimientos

408179El PIT CNT aprobó este lunes relevar de sus cargos a los responsables del Plan de Vivienda Sindical por los errores cometidos, aunque no comprobó “actos ilícitos”. El coordinador de la central Fernando Pereira dijo a Montevideo Portal que hubo “errores políticos y de exceso de confianza” pero también hubo “muchos aciertos”.

La Mesa Representativa del PIT CNT aprobó este lunes el informe elaborado por la comisión que investigó las irregularidades en el Plan de Vivienda Sindical, por lo que los responsables del plan serán relevados de sus cargos y el mismo quedará en manos del Secretariado Ejecutivo.

El informe de la comisión investigadora había sido presentado a la Mesa Representativa la semana pasada, encontrando “un conjunto de errores importantes” en los procedimientos, aunque descartó la existencia de “actos ilícitos”. Este lunes, el órgano de conducción de la central sindical decidió aprobar el informe y “dejar expresa constancia de que todos los miembros que han actuado hasta ahora en el Programa de Vivienda Sindical, continuarán desempeñando tareas en el Departamento de Vivienda del PIT CNT”.

En diálogo con Montevideo Portal, el coordinador del PIT CNT Fernando Pereira destacó que “el tema siempre se trató abiertamente en los medios y se pidió a que cualquier persona que tuviera una denuncia que la presentara ante la Justicia o la central, y eso no pasó”. En ese sentido, remarcó que la central “informó día a día de todos los pasos”.

Pereira reconoció que a raíz de la investigación se encontraron “errores” que “fundamentalmente son errores políticos y de excesos de confianza” en la firma del contrato con la empresa VIVAMAX S.A. y la participación de una cooperativa de ahorro y crédito que pertenecía al hermano de Eduardo Burgos, director del Plan de Vivienda Sindical.

El coordinador dijo además que los contratos firmados por el Plan, sin consentimiento del PIT CNT, “perjudicaron a la central, especialmente en lo que refiere a su imagen”. Sin embargo, hizo hincapié en que no se encontraron delitos y que “el mismo equipo de gente que cometió estos errores también cometió un montón de aciertos”. En ese sentido, destacó la participación de 16.500 familias en el plan durante este año.

De acuerdo a lo que había resuelto la comisión investigadora, el Plan de Vivienda Sindical quedará en manos de los dirigentes Carlos Cachón, Gustavo Signorele, Richard Read, Ricardo Cajigas y Oscar Andrade, aunque los anteriores responsables continuarán vinculados al plan.

Además, la central decidió que se conforme un “equipo multidisciplinario” que asesore a la Comisión de Vivienda del PIT CNT para “estudiar la ampliación de oferta de los Institutos de Asesoría Técnica, como tarea prioritaria” y presentar “una propuesta para el fortalecimiento del Departamento de Vivienda de la central”.

Montevideo Portal
 
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Publicado por en 31 diciembre, 2013 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Agilizan las sanciones leves a los estatales, pero no las destituciones


Las remociones pueden demorar hasta dos años

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El nuevo estatuto del funcionario público –que ayer aprobó la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio– prevé que se agilice la aplicación de sanciones para los trabajadores que cometan faltas leves, pero no introduce cambios respecto a los plazos de destitución, que pueden durar hasta dos años.

En octubre del año pasado el gobierno había planteado que el nuevo estatuto tendría una cláusula, a partir de la cual la resolución de destitución de un estatal a cargo de la Comisión Nacional de Servicio Civil, no duraría más de 30 días. Pero luego en las negociaciones mantenidas con el sindicato de COFE ese punto se dejó de lado.

Sobre la desvinculación del funcionario público, la nueva normativa aprobada por Diputados señala que se podrá destituir a un trabajador por ineptitud cuando las evaluaciones por desempeño que se le realicen sean insatisfactorias en dos períodos consecutivos, y se rechace la capacitación que se le ofrezca para poder ejercer en el cargo.

También incurrirán en ineptitud u omisión cuando acumulen 10 inasistencias injustificadas al cabo de un año o cuando a través de los mecanismos de control de asistencia en los lugares de trabajo, registren a otras personas o resulten beneficiados por el registro realizado por otro, siempre que lo hubieran solicitado.

El estatuto agrega que “los procedimientos se clausurarán si la administración no se pronuncia sobre el fondo del asunto en el plazo de dos años, contados a partir de la resolución que dispuso la instrucción del sumario”.

El régimen de sanciones también prevé una clasificación de faltas que se divide en “leves”, “graves” y “muy graves”. Cuando se compruebe una falta leve los jefes  podrán disponer observaciones y amonestaciones que se incluirán en el legajo del funcionario, o suspensiones hasta por 10 días, para lo que no resultará necesario que se instruya un sumario administrativo. Este punto es rechazado por COFE, porque se entiende que “no se ofrecen las garantías” necesarias previo a la sanción.

En tanto, cuando se cometa una falta grave la sanción podrá extenderse de 10 días a seis meses, y en este caso sí se deberá iniciar un sumario. La Cámara de Diputados aprobó el articulado solo  con votos del oficialismo –50 en 76. Ahora el texto pasará al Senado para su consideración.

En otro de sus puntos, establece que la jornada laboral de ocho horas solo estará vigente para quienes ingresen a la función pública una vez el estatuto se apruebe. Los que ya trabajan seis horas, seguirán haciéndolo en el mismo régimen.
El  nuevo estatuto se aplicará sobre 30 mil funcionarios del Poder Ejecutivo con excepción de los funcionarios diplomáticos, consulares, militares, policiales y de los magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal.  En un plazo de 24 meses serán incorporados de forma gradual los funcionarios del Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y servicios descentralizados ( Administración Nacional de Puertos, ANTEL, OSE, Correo, INAU, ASSE y la Agencia Nacional de Vivienda).

el observador.

 
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Publicado por en 15 mayo, 2013 en Comisión Prensa y Propaganda, Funcionarios publícos, Gobierno

 

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Una buena NOTICIA!!!


 

Empresarios turísticos podrán ir presos si engañan a sus clientes

El gobierno impulsa sanciones y normas de calidad para los operadores

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El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de Ley para sancionar a los operadores turísticos que brinden servicios en malas condiciones y a las empresas que incumplan con los usuarios sobre lo prometido al momento de contratar un producto. Quien estafe o engañe a un cliente podrá recibir una pena que va de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaria. Además, la normativa incluye advertencias, clausuras parciales, multas de hasta 100 mil unidades indexadas ($ 258.870 al valor de hoy) y la clausura tanto del establecimiento como de sus sucursales.

El proyecto de ley aprobado por el presidente José Mujica también establece que la firma que comercialice un paquete turístico es “responsable” por el “incumplimiento de cualquiera de los servicios que lo integra, sin perjuicio de su acción de repetición”, señala el documento al que accedió El Observador.

En tanto, los inspectores de locales podrán realizar operativos con apoyo de la Policía si el funcionario de contralor lo entiende conveniente.

La escala de sanciones para los empresarios infractores es gradual: hay advertencias simples, amonestaciones con inscripción en el legajo, multas de hasta 50 mil UI y de 100 mil UI en caso de reincidencia, la clausura del establecimiento, sus sucursales y dependencias y la prohibición absoluta de brindas servicios vinculados al turismo por un lapso que no supere el máximo de cinco años. Las dos últimas sanciones solo podrán ser impuestas por un juez.

Este verano uno de los departamentos donde hubo más problemas fue en Rocha. La mitad de los hostels de ese departamento no tenían habilitación municipal. Las quejas de los usuarios eran frecuentes. Algunos operadores alojaban a los turistas en carpas. Pero como los inspectores municipales no daban abasto no pasó nada.

El literal tercero del artículo 37 de la normativa advierte que “la inhabilitación especial para desarrollar actividades similares o vinculadas al turismo deberá ser dispuesta por el juez competente en todos los casos que exista condena por conductas descriptas en el artículo 347 del Código Penal (CP) que sean imputadas a personas en ocasión del desarrollo de actividades reguladas por la ley”.

Ese artículo del CP, que hace referencia al delito de estafa, establece una pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría para quien “con engaños artificiosos indujere a error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro”.

Defensa del turista
Según la normativa, los prestadores de distintos servicios turísticos deberán cumplir con parámetros de calidad determinados por estándares internacionales de entidades especializadas. Con ese fin será creado un Registro de Prestadores de Servicios Turísticos que funcionará en la órbita del Ministerio de Turismo.

Además, el texto crea un organismo donde los usuarios podrán reclamar por fallas en el servicio. En caso de que el organismo dé la razón al cliente, las empresas deberán resarcir al perjudicado. Los Centros de Conciliación Turística “tendrán como cometido tentar la conciliación entre las partes en aquellos reclamos, quejas y planteos entre turistas y prestadores de servicios”, según consigna la normativa.

En tanto, las empresas también deberán “contratar y mantenerse al día con los seguros que requieran la prestación y servicios que ofrecen”.

elobservador.

 

 
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Publicado por en 16 abril, 2013 en Apoyo, Comisión Prensa y Propaganda, Difusion, General, Informacion de interes, Noticias, Salud

 

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NUEVA NORMATIVA


Empleados públicos quieren evitar sanciones sin un sumario previo

COFE va por más en la lucha por el nuevo estatuto y busca apoyo en el FA

Aunque ya ganaron la primera batalla en la lucha por el nuevo estatuto del funcionario público, que le permitirá a los estatales continuar sin trabajar los feriados laborables, ahora los trabajadores van por más. El sindicato de estatales (COFE) iniciará contactos con sectores del Frente Amplio (FA) para acercar posturas con el gobierno y evitar que en el futuro se sancione a funcionarios de forma directa por orden de los jefes sin la implementación de un sumario administrativo, como pretende el Poder Ejecutivo. También quieren mejorar la modalidad de pago de las horas extra.

“El proyecto del gobierno violenta las garantías del debido proceso, que están establecidas en el Decreto 500, y le da la potestad a un jerarca de que pueda sancionar sin derecho al sumario administrativo, que es la defensa que tiene el trabajador, hasta 10 días sin que vos te puedas defender. Eso es una aberración jurídica por donde se mire”, dijo a El Observador el secretario general de COFE, Joselo López.

El dirigente sindical informó que los estatales iniciarán una ronda de contactos con distintos sectores del FA para que atiendan el reclamo y acerquen las inquietudes al gobierno. Las negociaciones entre Presidencia y COFE están estancadas a tal punto que el Ejecutivo ya envió el texto para análisis del Parlamento.
Además, López lanzó una advertencia y dejó a los estatales en pie de lucha. “Nosotros estamos dispuestos a pelear a nivel parlamentario y no descartamos ningún tipo de medida”, advirtió.

Otros reclamos
Los sindicalistas presentarán una contrapropuesta que también incluya mejorar las condiciones para el pago de horas extra y exigirán ampliar el concepto de funcionario público. El Ejecutivo pretende que el estatuto solo incluya a los funcionarios de Presidencia y los ministerios (alrededor de 17 mil), mientras que el sindicato pretende abarcar a todos los públicos que son más de 260 mil.

“La pelea también está fundamentalmente en el tema del concepto del funcionario público y el tema de las horas extras que es una cosa que no parece de un gobierno de izquierda. Te obligan a terminar una tarea por fuera de tu horario de trabajo y te excluyen el pago de horas. Esas cuestiones están para ser negociadas todavía”, agregó López.

Los aliados
Según narró López, uno de los aliados que buscará COFE para que mueva la interna del FA y logre consenso con Presidencia y la OPP será el Partido Comunista del Uruguay (PCU). También intentarán acercarse al Movimiento de Participación Popular, el sector del que es referente el presidente José Mujica, y al Partido Socialista.

Hasta ahora los sindicalistas discutieron el nuevo estatuto con funcionarios de segunda línea de Presidencia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dijo el líder de COFE. Los estatales pretenden que los dirigentes del FA realicen contactos con el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa y con el director de la OPP, Gabriel Frugoni, para que reciban en sus despachos a la cúpula del gremio.

López dijo que para los sindicalistas “es fundamental tener acercamiento con el partido de gobierno porque es el que tiene la mayoría parlamentaria”. Pese a que el texto ya está en el Parlamento, los dirigentes de COFE quieren “consensuar” cara a cara con el Ejecutivo. Si no logran el diálogo con el gobierno intentarán que sean los legisladores oficialistas quienes introduzcan y aprueben a través de la mayoría parlamentaria los cambios exigidos.

Un pilar en el que se apoyan los funcionarios públicos en su lucha con el gobierno es la opinión de distintos catedráticos en derecho constitucional, quienes manifestaron en diciembre del año pasado ante la comisión de Constitución y Códigos de Diputados que el texto enviado por el Ejecutivo tiene aspectos inconstitucionales.

La posición de los constitucionalistas llevó a los legisladores del FA a pensar en una reescritura del Estatuto para evitar recursos de inconstitucionalidad. Los juristas sugirieron ampliar la definición de funcionario público a todos los estatales. Incluso, tras la exposición de los expertos hubo legisladores oficialistas que tuvieron contactos con asesores jurídicos de Presidencia.

Además, dirigentes comunistas mantuvieron conversaciones informales con líderes de COFE y les comunicaron que presentarán en la bancada de legisladores del FA un proyecto alternativo al del Ejecutivo, dijeron a El Observador fuentes sindicales. Los gremialistas también trabajan en el texto.

La discusión legislativa del texto continuará cuando se levante el receso parlamentario. COFE no maneja plazos sino que esperará por el avance de las negociaciones con el gobierno y el FA. El año pasado, tras una negociación que comenzó en febrero, los funcionarios públicos evitaron que el Ejecutivo los obligara a trabajar durante los feriados laborales. Acordaron que esos días serán cubiertos con una guardia gremial y solo en los servicios que sean imprescindibles.

Con la oposición
Pese a que lo decisivo son los votos del Frente Amplio, el sindicato de estatales (COFE) también mantendrá contactos con legisladores de la oposición, para que blancos y colorados conozcan sus reclamos.

el observador.

 

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