La campaña del sociólogo Gustavo Leal en apoyo a la expropiación del local recogió – en poco más de 24 horas – cerca de 3.000 firmas, entre las cuales está la del ex intendente Mariano Arana (ver recuadro aparte). El lunes, se producirá una instancia clave para el destino del emblemático local del centro de Montevideo que albergó al ex Cine Teatro Plaza.
Las autoridades de la IM y del MEC fijaron una reunión para analizar las posibilidades legales de evitar la pérdida del ex cine para uso público y en particular como difusión cultural y artística. También fue invitado el sociólogo Leal como representante del ciudadano de a pie en reclamo de una regulación para “evitar que cines y teatros se conviertan en templos, supermercados o depósitos”. Ambas administraciones tienen voluntad de avanzar en este sentido, “pero aún no está claro si hay alguna opción sin violentar los derechos de nadie”.
La adquisición de ese local por parte de un grupo religioso –la Iglesia Pentecostal Dios es Amor- causó preocupación y alarma tanto a la Intendencia de Montevideo como al propio Ministerio de Educación y Cultura. La comuna maneja información de que no se trató de una venta sino de “un alquiler con opción a compra”. Empero, la inquietud radica en “la pérdida definitiva para la cultura de un escenario artístico tan emblemático; nuestro interés es que siga funcionando como un espacio de difusión de la cultura y del arte”, afirmó a LA REPÚBLICA el director Héctor Guido, director de Cultura de la comuna. “También nos preocupa el hecho de que una ciudad no se puede construir a impulso de la oferta y la demanda; el capital no todo lo debe diagramar y diseñar”, agregó.
No obstante, Guido aclaró que ninguna opción puede violentar el interés de los privados. Para el jerarca, la expropiación “no es una posibilidad” en estas circunstancias. En ese sentido, Guido aclaró que la primera instancia es evaluar, junto con el propietario y comprador, “la posibilidad de llegar a un acuerdo sin violentar ninguna norma”. “Trataremos de agotar las posibilidades para encontrar una solución pero no vamos a violentar ninguna norma. La expropiación no es una posibilidad, la Intendencia no puede expropiar un inmueble de ese valor, lo que sí podemos es poner toda nuestra voluntad política de crear un espacio de diálogo para buscar una solución y que todas las partes se sientan atendidas. No queremos generar un conflicto y no tenemos ningún interés en violentar una negociación de privados”, agregó.
Campaña y Catálogo de uso
Por su parte, el sociólogo Gustavo Leal encabeza una campaña pública para expropiar el local y evitar que pase a manos de una iglesia Pentecostal. Los firmantes piden una regulación clara para evitar que estas situaciones se repitan.
Leal dijo a LA REPÚBLICA que la ciudad de Montevideo “necesita audacia cultural y política para hacer que ciertas cosas sucedan”.
“Hoy necesitamos defender el derecho a la ciudad. Nos negamos a ser espectadores inmóviles y dejar pasar, que la ciudad pierda el Cine Teatro Plaza”, afirmó el profesional quien en forma espontánea lanzó una campaña a título personal una vez que se enteró por la prensa de la venta del local.
“Ese espacio, ubicado en el kilómetro cero de Montevideo, es necesario preservarlo en su uso para el presente y para el futuro. Es un ámbito insustituible de la ciudad y su venta una amputación al desarrollo cultural hacia el futuro”, afirmó. Si bien dijo que no se trata este del primer caso, “ha llegado el momento de parar la dinámica por la cual el dinero ordena y diseña la ciudad, derriba sus espacios de convivencia y pauta un desarrollo urbano bajo la lógica del que paga”. “La ciudad es de todos y por eso creemos que hay intereses públicos que están por encima del capital”, argumentó.
Precisó que “esto no implica negar las inversiones y las transformaciones, pero desde hace tiempo estamos llegando tarde a poner freno a transformaciones que privatizan espacios públicos. Y esto hay que cambiarlo”. Leal sostuvo que Montevideo “necesita en forma urgente un Catálogo de uso de los edificios emblemáticos de la ciudad, que implica un acuerdo colectivo sobre los destinos que pueden tener algunos lugares de la ciudad que marcan y perfilan nuestra identidad. De lo contrario, tendremos una ciudad sin memoria”. “El catálogo de uso no implica que todos los edificios identificados sean estatales, pero sí que el uso que tengan deba ser regulado para que evitemos que cines y teatros se conviertan en templos, supermercados o depósitos”, agregó Leal, quien también es asesor del Ministerio del Interior.
Arana firmó
El ex intendente de Montevideo Mariano Arana adhirió a la campaña de firmas impulsada por el sociólogo Gustavo Leal para que el gobierno y la Intendencia de Montevideo procedan a “expropiar” por interés público las instalaciones del Cine Teatro Plaza, adquirido por la iglesia Dios es Amor.
En diálogo con LA REPÚBLICA, Arana calificó de ejemplar la iniciativa de Leal, y estimó viable el recurso “al tratarse de razones de interés público y social”. Consideró que el planteo “está muy bien explicitado, y es sensato”. Estimó que dicho lugar bien puede constituirse en un centro de convenciones, y se preguntó, ¿qué va a suceder con tantos buenos espectáculos que en invierno no se pueden llevar adelante en el Estadio, en el Velódromo o el Teatro de Verano?”, señalando que las instalaciones del Cine Teatro Plaza para muchos de ellos era un lugar ideal. Lamentó que en los últimos años muchos cines del país se transformaron en estacionamientos, depósitos, y centros religiosos.
Respecto a la viabilidad del recurso interpuesto de expropiación, el ex jefe comunal se preguntó: “¿Y por qué no? Declararlo de interés público es una muy buena idea”. En ese sentido, Arana manifestó que hay que valorar tanto “lo que representan los edificios pero también los servicios” que se disfrutaban tanto para los habitantes de la capital, como del interior del país que concurrían a ver los espectáculos y hasta del exterior en algunas ocasiones. El ex intendente de Montevideo sostuvo que, si bien es necesario conocer jurídicamente los aspectos de la eventual expropiación, es válido y legítimo el planteo por tratarse “del interés público y social”. Abogó por tomar “conciencia pública” en estos asuntos.
La Unión Ferroviaria aseguró que el proyecto de Euskotren no supone una privatización porque consistiría en una asociación público-público en que AFE retendría el 51% de las acciones. El sindicalista Ricardo Cajigas afirmó a Montevideo Portal que el “proyecto privatizador” es el que tiene el Ministerio de Transporte.
A.FU.SEC. 