A DONDE ESTA LA PLATITA?

CORREN RIESGO DE NO RECIBIR NUEVOS FONDOS EN 2013

MTOP intima a intendentes a cumplir con plan de obras

El ministro de Transporte, Enrique Pintado, intimó a las intendencias a inaugurar el 100% de sus obras bajo el plan Realizar 2011 antes de tres meses. Aquellos que no logren esa meta no recibirán nuevos fondos. Solo una de 54 obras fue inaugurada.

EDUARDO BARRENECHE

El Programa Realizar 2011 es el primer proyecto de infraestructura comunitaria impulsado por el Ministerio de Transporte en las 18 intendencias del interior. Afuera del plan quedó Montevideo. El programa incluye obras propuestas y elegidas por ciudadanos mediante una votación realizada a través de Internet a fines de 2011.

En una carta enviada a los 18 intendentes del interior, Pintado señaló que la situación «es apremiante», ya que «solo una de las 54 obras pudo ser inaugurada. Las restantes están en diversas etapas de ejecución pero gran parte siguen en proceso licitatorio o fueron recientemente adjudicadas». También se quejó que, en la mayoría de los predios donde se harán obras, «ni siquiera» se ha colocado la cartelería del programa diseñada por el MTOP indicando la obra.

En la misiva, a la que tuvo acceso El País, el jerarca gubernamental advirtió a todos los intendentes que «estas demoras frustran a la población, ponen en riesgo el éxito del programa y generan incertidumbre respecto de las posibilidades reales que tenemos los principales actores políticos de llevar adelante planes nacionales que articulen los tres niveles de gobierno sin distinción de banderas partidarias».

Pintado dijo que en función de ello y de «fundamentos legales» referidos a los compromisos asumidos por las partes y a los plazos de ejecución presupuestal que tiene el MTOP, aquellos departamentos que al 1° de julio de 2013 no tengan inauguradas el 100% de las obras votadas en sus municipios del plan Realizar 2011, no participarán en el Programa Realizar 2013 que abarca los 40 municipios no comprendidos en la primera etapa.

«Sabemos que todos los departamentos tienen múltiples responsabilidades de gobierno tanto o más importantes que el programa Realizar 2011, pero confiamos que el trabajo conjunto nos permita alcanzar el desafío asumido por, con y para la gente», señaló el ministro Pintando en su misiva a los intendentes.

DEMORA. En otra parte de su carta, Pintado recordó las dificultades y postergaciones que tuvo el programa Realizar 2011 por atrasos por parte de algunas intendencias.

La primera etapa de difusión del programa, presentación y votación de propuestas de obras se desarrolló en tiempo y forma, señaló.

Más de 33.000 uruguayos de 41 municipios de 18 departamentos votaron la ejecución de 54 proyectos de infraestructura comunitaria. En noviembre de 2011 se oficializaron los resultados y se publicitó la lista de obras ganadoras en los distintos municipios.

El cronograma acordado entre el MTOP y las 18 intendencias establecía que el 15 de febrero de 2012, las intendencias presentarían los proyectos ejecutivos de las 54 obras ganadoras, legal y técnicamente prontos para habilitar que la cartera liberase la primera cuota del dinero correspondiente a cada municipio. Las obras comenzarían a ejecutarse el 1° de abril y serían inauguradas antes del 31 de diciembre de 2012.

«Reiteradas solicitudes de los referentes designados por las intendencias para coordinar con el MTOP la ejecución del programa Realizar 2011 llevaron a que accediésemos a postergar el plazo» de inicio de obras, dijo Pintado en la carta.

Primero se postergó hasta del 15 de febrero al 1° de marzo el inicio de obras, y luego hasta el 30 de marzo de 2012, agregó.

Indicó que las «dificultades operativas» para presentar los proyectos en tiempo y forma continuaron determinando que recién el 9 de julio de 2012, el MTOP pudiese acreditar el primer pago del 50% de su aporte a las obras ganadoras, dijo.

«Se suspenderán obras canarias»

El edil nacionalista Joselo Hernández criticó a la Intendencia de Canelones por no cumplir con el cronograma de obras fijado por el programa Realizar 2011 del Ministerio de Transporte pese a que la comuna recibió los fondos el 9 de julio del año pasado. «Ese incumplimiento hará que Canelones no pueda continuar con las obras que se iban a hacer con el programa Realizar 2013», dijo el curul a El País.

Señaló que las demoras se debieron a «una mala administración» por parte de la administración Carámbula. «Por ejemplo, la Intendencia deberá construir un gimnasio en Atlántida en tres meses para quedar al día con el plan del MTOP. Es imposible que pueda cumplir», señaló.

Hernández recordó que Canelones obtuvo, en esta primera instancia del programa Realizar 2011 del MTOP, la posibilidad de adjudicación de más obras ya que el departamento canario tiene 29 municipios. En esta primera etapa se vieron beneficiados 14 municipios. «De 14 proyectos, solo las obras en los municipios de Montes y San Jacinto fueron adjudicadas a una empresa privada por medio de licitación», dijo. Agregó que, en las restantes 12 obras, las empresas presentaron un monto mayor a los $ 2 millones y por ello la Intendencia se hará cargo de las mismas con fondos del MTOP.

el pais.

 

ABDALA: «QUEDARÁN EN EVIDENCIA ALGUNAS GANANCIAS OLIGOPÓLICAS»

Pit-Cnt plantea bocas de venta de productos para controlar precios

El Pit-Cnt trabaja en abrir bocas de venta de productos de primera necesidad, a fin de evitar la intermediación e incidir sobre el control de precios. El 1° de mayo habría anuncios en este sentido.

EDUARDO DELGADO

«Estamos haciendo una experiencia piloto de generar las condiciones para otra forma de controlar los precios, en todos los casos tiene que ver con la interacción directa de los trabajadores y la organización sindical y a veces productiva a los efectos de generar de alguna manera precios de referencia», dijo a El País el coordinador del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

El jueves 19, Abdala (quien es también dirigente del Partido Comunista) dio indicios de este plan en una mesa redonda realizada en el Comité Cuaró del Frente Amplio, en la que participó junto al ministro de Economía, Fernando Lorenzo.

La idea del Pit-Cnt es abrir locales de venta de productos de primera necesidad de empresas en poder de los trabajadores o mediante acuerdos con pequeños y medianos productores, con el fin de bajar su precio en el mercado.

«Hay un equipo de la central trabajando este asunto, quién te dice que el 1° de mayo podamos anunciar alguna cosa más concreta», dijo Abdala a El País.

«Todavía está germinal, pero nos imaginamos intervenir, a veces con nuestra participación directa, en la producción a través de las unidades productivas recuperadas o gestionadas por los trabajadores, a veces haciendo acuerdos, acortando las capturas de valor que derivan de los precios de intermediación y ubicando bocas de salida», explicó.

Según Abdala, este procesó permitirá además «tener una referencia más clara de la formación de los precios».

 

«Ahí va a quedar en evidencia algunas ganancias oligopólicas que se capturan en las diferentes cadenas productivas y en definitiva son las que sobreelevan productos de primera necesidad», expresó.

Agregó que el plan que se elabora «puede tener algún aspecto de acuerdo directo con productores, pero especialmente en lo alimentario».

El sindicalista señaló que para llevar adelante este plan se necesita coordinación con el Estado. «Por lo menos colaboración recíproca a nivel de los municipios, las alcaldías, las intendencias y el propio aparato central del Estado», explicó.

«Hay un Instituto Nacional de la Alimentación (INDA), por lo que alguna colaboración recíproca podría haber para un objetivo que creo es compartido por toda la sociedad», acotó.

CONTROL. Abdala se manifestó a favor de una política de control de precios diferente a la actual, en la que coincidan tanto el gobierno como el movimiento sindical. «¿Cómo controlamos los precios?», se preguntó el coordinador del Pit-Cnt.

«¿Con una tasa de interés tan elevado que atrae el flujo de capitales especulativos que se consiguen fácil en Europa o Estados Unidos, pero eso tiende a que baje el dólar y por tanto baja el precio de los productos importados y comienza a tener grandes dificultades el aparato productivo nacional más vinculado al valor agregado», se preguntó Abdala.

«O tenemos una gestión política institucional desde el Estado y social desde los trabajadores, que permita controlar los precios de otra manera, cuestionando las ganancias elevadas que algunos sectores capturan de la producción, industrialización, logística y comercialización?», añadió.

Abdala sostuvo que existe un campo social que incluye a los trabajadores organizados y sus alianzas con «sectores laboriosos del campo y la ciudad, pequeños productores y comerciantes, capas medias y el mundo universitario».

Afirmó que ese campo social está en proceso y «tiene mucho que ver con la unidad de la izquierda sin exclusiones, una construcción que implica al Frente Amplio».

«Es un diseño y para profundizar los cambios se precisa tener un bloque político y social de las transformaciones mucho más solido», añadió.

Abdala consideró que este diseño no necesariamente implica coordinaciones institucionales entre el Frente Amplio y el Pit-Cnt, pero «sí en sectores sociales y clases» y buscar una mayor incidencia en la gestión de políticas públicas.

Como ejemplo mencionó la reacción de la central obrera contra la campaña para la baja de 18 a 16 años de la edad de imputabilidad, que impulsó la contratación de menores infractores en empresas.

«Internalizar otra cultura en los menores infractores a través del trabajo y la educación está dando resultado. Esas son gestiones directivas del movimiento sindical. Son políticas públicas que se comienzan a implementar desde la organización de los trabajadores», aseveró Abdala.

Otro ejemplo que nombró fue el plan de vivienda del Pit-Cnt, que catalogó de «contribución formidable a políticas públicas de alcance más general», que «si se masifica resuelve necesidades básicas de la población, pero además podría estar operando directamente como un precio testigo que tienda a disminuir el precio de los alquileres».

«Son ejemplos de un nivel superior de acción del movimiento obrero», dijo Abdala

«No es que se nos invita a gobernar, pero por ejemplo puede haber un objetivo del gobierno que sea formalizar el trabajo y el propio despliegue de la organización sindical es un agente de la formalización del trabajo», afirmó .

«Se precisan vectores de políticas de cambio estructural desde el gobierno, pero los trabajadores de pie movilizados empujamos para eso», concluyó Abdala.

Suba de alimentos fue por encima del IPC

El incremento del Índice de Precios del Consumo (IPC) en los últimos 12 meses fue de 8,54%. La suba de los precios de alimentos y bebidas en el mismo período fue de 11,35%.

Las frutas registraron un aumento de 26,06% (56,31% el durazno, 62,57% la manzana y 0,05% la banana). Las legumbres y hortalizas frescas en tanto tuvieron un incremento del 29,44%. La acelga 18,50%, la espinaca 16,66%, los zapallitos 12,64%, el tomate 34,07%, la zanahoria 26,07%, la cebolla 79,53% y el zapallo 51,46%. La papa y otros tubérculos frescos aumentaron 33,40%

El pan y los cereales subieron 11,96%, el arroz 14,48% y los fideos 9,53%. El atún en lata se incrementó 15,12%, la leche 10,46% y los huevos 25,63%. El azúcar se incrementó 1,05%, la sal común 14,58%, la yerba 9,96% y el agua de mesa 6,92%. Los alquileres subieron un 14,25%.

En marzo pasado, el Pit-Cnt expresó su «preocupación» por el dato de inflación de febrero, el más elevado para ese mes en 10 años, y planteó la necesidad de «controlar las utilidades de las empresas», vigilar «el remarque de precios», abrir la importación de frutas y verduras y generar un sistema de «club de compras».

El dirigente sindical Milton Castellanos dijo en marzo que «tenemos una inflación importada», «una gran especulación» y el Estado «no controla las utilidades de las empresas», que consideró en muchos casos es la explicación de la inflación.

el pais.

 

Para estar al dia!!!

Senadores y dirigentes del PIT-CNT concurrirán a Facultad de Ciencias

Los legisladores que integran la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores concurrirán en mayo a la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) para conocer, de primera mano, qué se hace en la institución, qué proyectos se desarrollan, cuáles son las proyecciones, los vínculos con otras instituciones y en qué se han invertido los fondos públicos.

 

El intercambio forma parte de una modalidad de comunicación llana y directa que está implementando la casa de estudios. De ella han participado delegados de los cuatro partidos con representación parlamentaria y pronto asistirán también delegados del PIT-CNT.

En diálogo con el portal de la Udelar, el decano Juan Cristina explicó que la facultad tiene las puertas abiertas para todas las organizaciones, así como para aquellos parlamentarios que quieran intercambiar.

En febrero, este estilo de comunicación llana y directa alcanzó a los estudiantes de la generación de ingreso, que pudieron realizar consultas y sacarse dudas conversando con el propio decano o alguno de sus colaboradores.

“Bienvenidos a la Facultad de Ciencias, una facultad joven, con 22 años de existencia, que contiene el 20% del Sistema Nacional de Investigadores”, comienza diciendo el Anuario 2012 de la institución. El documento es una especie de rendición de cuentas que publica la facultad cada dos años. El último, publicado en julio de 2012, contiene un exhaustivo detalle que abarca desde el calendario académico y la forma de cogobierno, hasta información sobre las carreras de grado y posgrado, la estructura académica, los convenios y proyectos de investigación, datos de los estudiantes, docentes, egresados, y un desglose de la ejecución de los recursos presupuestales y extrapresupuestales.

Sin embargo, “existe información de prensa que deja entrever que no se rinden cuentas. Yo creo que nuestra universidad está rindiendo cuentas de la mejor manera”, expresó Cristina refiriéndose a su institución pero también al resto de los servicios de la Udelar.

Además de editar los anuarios, en setiembre de 2012 la facultad resolvió comenzar una serie de intercambios que, además de mostrar qué se hace, también apunta a recoger aportes y diferentes puntos de vista, así como a “intercambiar opiniones sobre las políticas nacionales de ciencia y tecnología”, afirmó Cristina.

“Nos han visitado delegaciones de los cuatro partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Creo que se han llevado una muy buena impresión. Encontraron una facultad bien organizada, bien gerenciada, con una fuerte actitud de trabajar para los temas que son una prioridad nacional en muy diversos campos. Los representantes nacionales han transmitido que ven una facultad moderna, que siendo pública funciona bien y tiene esa vocación de servir, como no puede ser de otra manera”, dijo el decano.

Una universidad de puertas abiertas

Una de las facetas menos conocidas es el proceso de descentralización universitaria, con tres nuevas regiones en el interior del país. “Cómo es ese proceso, qué nuevas carreras hemos creado, cómo las enfocamos… me da la impresión de que era un tema que no estaba tan claramente explicitado”, señaló.

Un tema recurrente y de mucha receptividad en el diálogo con representantes de los partidos políticos, ha sido el del espacio “bisagra” que hay entre la enseñanza secundaria y la universitaria. En ese sentido, comentó que “muchos de estos temas que hemos estudiado a fondo en estos últimos dos años y medio, ocurren no solo en universidades de América Latina, sino también de Europa y de Estados Unidos”.

Cristina opinó que el diálogo es importante para poder contribuir a generar las políticas tanto en el sector terciario universitario público como en la educación en general. “Invitamos a concurrir y conversar a todos aquellos que quieran acercarse, sean de las organizaciones sociales o de cualquier partido político. Es una universidad de puertas abiertas que está permanentemente rindiendo cuentas. Para nosotros es una obligación moral difundir en qué gastamos los fondos públicos que recibimos”.

Además de fondos provenientes del presupuesto que el Estado transfiere a la Udelar, la Facultad de Ciencias genera recursos propios, a partir de más de 120 convenios con instituciones públicas y privadas de Uruguay y del exterior. Cristina refirió que esos acuerdos “permiten atender una cantidad de necesidades en un área como la de ciencias básicas que es cara, aquí y en cualquier parte del mundo”.

El Estado uruguayo “financia una facultad como la nuestra. Tenemos que tratar de dejarle al país del siglo XXI los mejores científicos que le podamos dejar”. Recordó que estamos en “la sociedad del conocimiento” y que “en ese eje ciencia-tecnología-innovación-creación de puestos de trabajo genuinos, es que estamos trabajando, intentando impactar en una educación de calidad con el estilo de nuestra universidad, una universidad laica, gratuita, en la cual conviven muchachos de muy diversos orígenes”.

Estudios en Antártida

La Facultad de Ciencias -Udelar llevó adelante el programa Desnitrificación en diferentes ecosistemas de la Antártida. El objetivo es estudiar el proceso de desnitrificación a bajas temperaturas en diferentes ecosistemas de la Antártida.

 

 

«Usted se ha comunicado con . . . .»

Claro y Movistar tienen 90 días para desmantelar la red de “telulares”

Tomó la decisión tras considerar que se viola el monopolio de Antel

Las empresas Claro y Movistar fueron intimadas por la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) para que en un plazo de 90 días dejen de prestar el servicio de “telulares “con el que están violando el monopolio de la telefonía fija que tiene Antel.

En la resolución a la que tuvo acceso El Observador, el órgano fiscalizador de las telecomunicaciones le dio un plazo de 10 días a las multinacionales para que presenten el plan a través del cual desactivarán las cerca de 50 mil líneas de “telulares” que están utilizando entre ambas compañías. Otras cincuenta mil líneas son ofrecidas por Antel. El negocio total de los telulares y la tecnología denominada “E1” alcanza los US$ 40 millones anuales.

Para tomar la decisión, el directorio de la Ursec se basó en un informe del departamento jurídico en el que se da cuenta de que “en múltiples situaciones las modalidades de servicio (de Claro y Movistar) estarían vulnerando el alcance de las autorizaciones originalmente otorgadas a las empresas”.

El 9 de marzo El Observador informó acerca de una investigación realizada por la URSEC en zonas francas, call center, bancos y grandes empresas que  detectó que las telefónicas multinacionales están ofreciendo el servicio de telulares y de otro sistema –denominado en la jerga técnica como E1–.

El “telular” es un celular de base o de escritorio que se conecta a un teléfono convencional o a una central telefónica. Ese teléfono desde el que se realizaban llamados a celulares, que luego facturaba ANTEL, se convierte, tras adicionarle el telular, en un celular de una empresa privada que cobra por ese servicio.

La investigación fue impulsada por el director blanco de la Ursec, Gustavo Delgado (Alianza Nacional) y, posteriormente, el senador blanco Jorge Larrañaga trasladó el asunto al ministro de Industria, Roberto Kreimerman.
Una vez enterado de esta situación, el sindicato de Antel organizó una marcha que culminó en la sede de la Ursec de la calle Uruguay y en la que se reclamó que se le sacaran a Claro y a Movistar las licencias de todos los servicios que presta en el país.

Tanto los sindicalistas como Larrañaga recordaron que Claro y Movistar ya fueron obligadas a desmantelar un entramado de fibra óptica que estaban usando en forma irregular para ofrecer servicios de celulares (ver apunte) y observaron que esas empresas también están interesadas en explotar el mercado de la televisión satelital.
“Si en materia de telefonía y de transmisión de datos actúan violando las licencias ¿qué cosas van a hacer en el campo de la televisión?”, se preguntó Larrañaga.

Puntos fijos.
La resolución de la Ursec con fecha del 18 de abril explica, con términos técnicos, cómo las multinacionales de la telecomunicación violan el monopolio del servicio de telefonía básica que tiene Antel. “(Claro y Movistar) están prestando servicios de telefonía en puntos fijos en el ámbito empresarial empleando a tales efectos equipos concentradores de múltiples tarjetas ‘sim’ interconectados con centralitas telefónicas privadas, los cuales transmiten y reciben en frecuencias atribuidas al servicio de telefonía móvil. De esta forma, comunicaciones realizadas desde un interno hacia el exterior del sitio se efectivizan empleando las frecuencias radioeléctricas correspondientes al sistema de comunicaciones móviles”, dice la resolución.

La Ursec advierte que “los radioenlaces punto a punto, directivos y bidireccionales autorizados en diversas bandas de frecuencias por encima 1 GHz son de uso interno del sistema de comunicaciones móviles (uso propio) por lo que no deben emplearse para la directa prestación de servicio alguno de telecomunicaciones”.

El organismo entiende que “desde el punto de vista estrictamente económico, considerado desde el lado de la oferta, una comunicación será móvil si existe la potencialidad de establecer dicha comunicación en movimiento o desde diferentes puntos geográficos y será fija en la medida que dicha comunicación no pueda realizarse en movimiento o desde diferentes puntos geográficos”.

De este modo llegan a la conclusión de que el servicio prestado por Claro y Movistar a través de “telulares” y de la tecnología E1 “vulneran el alcance de las autorizaciones originalmente otorgadas”. La decisión de la Ursec ya está en conocimiento del Poder Ejecutivo y de los jerarcas de Antel.

Las multinacionales y sus antecedentes

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que el plazo de 90 días que se le otorgó a Claro y Movistar para desmantelar los “telulares” puede ser extendido si las empresas demuestran que necesitan “algunos días más” para realizar la tarea. Pero advirtieron que la decisión de la Ursec no tiene marcha atrás.

Esta no es la primera vez que las telefónicas se enfrentan al Estado por prestar servicios para el que no están habilitadas. En febrero de 2012, la Ursec intimó a Claro a que dejara de prestar servicios de internet a sus clientes a través de fibra óptica. El organismo había realizado inspecciones en varias zonas de Montevideo y mediante fotografías pudo comprobar que la empresa mantenía este tipo de conexiones.

El gobierno, a través de la Ursec y el Ministerio de Industria, consideró que las empresas privadas sólo tenían permiso para ofrecer internet por vía inalámbrica y que el monopolio del cableado era potestad de  ANTEL. En aquel entonces, Movistar aseguró que no prestaba el servicio, aunque reivindicó el derecho a hacerlo.

Mientras tanto, Claro admitió que l0 estaba usando aunque se negó a dar información al Estado, basándose en que el permiso del Poder Ejecutivo no excluye la transmisión terrestre de datos. Sin embargo, poco después la empresa fue obligada a dejar de usar la fibra óptica.

el observador.

 

Agua pura!!!

Según informe técnico, dragado en La Paloma no contamina el agua

Las obras del puerto maderero enfrentan al gobierno con los vecinos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) desestimó que el material dragado del puerto de La Paloma contenga sustancias contaminantes. Los análisis de la calidad del lecho del puerto de La Paloma, realizados en febrero, determinaron concentraciones “casi indetectables” de granulado, metales pesados e hidrocarburos, según explicó a El Observador Jorge Camaño, director nacional de Hidrografía, en base a un estudio del laboratorio de química ambiental  Ecotech.

Respecto a los hidrocarburos, una muestra arrojó 330 miligramos por kilo; pero el resto se situó por debajo del límite de 200 miligramos por kilo. “Se está por debajo de los umbrales que figuran como de riesgo”, señaló.

El jerarca indicó que el aspecto negro del agua que es descargada dentro del recinto portuario y por la que la Unión de Vecinos de La Paloma prepara una acción judicial contra el MTOP, se debe a la mezcla de la arena con limo del lecho marino.

Más dragado
El dragado fue temporalmente suspendido por orden de la Dinama en noviembre tras una inspección visual de los sedimentos que presentaban un aspecto aceitoso y olor a hidrocarburos, características que los vecinos aseguran que siguen presentes en el líquido que se vierte en el puerto junto a la playa de la Aguada. La sanción se levantó el 9 de abril tras la aprobación de un protocolo de nueva disposición final de material dragado y remediación de la playa afectada que incluye el depósito de los sedimentos con mayor porcentaje de limos en el mar abierto, a tres millas náuticas del puerto (a más de 5,5 kilómetros).

El próximo paso en las obras en el puerto maderero de La Paloma es mover el barco que espera por el material para dragar a pie del muelle. Según explicó Camaño, para que pueda retirarse del puerto hacia la planta de UPM se debe alcanzar una profundidad de 5 metros. El objetivo es remover otros 30.000 metros cúbicos. “En este momento no tenemos la profundidad operativa”, afirmó. El jerarca rechazó las expresiones de vecinos y del alcalde de La Paloma, Alcides Perdomo, al respecto de que está varado en el puerto, puesto que la profundidad hasta ahora alcanzada permite la navegación siempre y cuando esté vacío. Esta embarcación llegó en enero en plena suspensión de las tareas del dragado y, desde ese entonces, está pagando por el uso del muelle. Camaño indicó que la anticipación fue una decisión de la empresa.

A continuación, el caño por el que hoy sale el agua de color negro, producto de la mezcla de arena, agua y limo extraído del fondo del océano, se alargará y se llevará hacia el lado de la playa de la Aguada para depositar allí arena. “Ahora está volcando el sedimento en un ángulo del puerto”, apuntó Camaño. Y agregó: “La calidad de la arena es muy buena”. Se considera que la arena es adecuada si la proporción de material fino no supera el 40%.

el observador.

 

Explicaciones

PIT-CNT pide explicaciones a Brenta por cambios en negociación colectiva

La central sindical se opone a eliminar la norma que establece que los convenios colectivos mantendrán plena vigencia en todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya

 

La modificación propuesta por el Ministerio de Trabajo (MTSS), por la que se elimina la ultractividad de los convenios colectivos fue el tema central de la reunión que mantuvo este martes el Secretariado Ejecutivo del PIT- CNT.

La ultractividad establece que los convenios colectivos mantendrán plena vigencia en todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario, según la ley aprobada durante la primera administración del Frente Amplio (FA). La iniciativa del gobierno propone quitar este punto de la norma y que la vigencia y prórroga de los acuerdos quede a resolución de trabajadores y empleadores que sean parte. De esta forma todos los beneficios ajenos al salario deberán ser negociados desde cero cada vez que venzan los convenios.

La central sindical rechaza el cambio porque  entiende que significa “una pérdida de derechos”. “Se tomarán todas las medidas que sean necesarias para luchar contra esto y proteger a los sindicatos más chicos”, dijo a El Observador el dirigente Ricardo Cajiga.

El Secretariado Ejecutivo resolvió solicitar una entrevista con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, para conocer los argumentos sobre el cambio propuesto en el proyecto de ley enviado al Parlamento, al tiempo que el tema pasará a estudio de asesores jurídicos.

el observador.

 

“ni los colorados se atrevieron a insinuarlo”

“Cambiar la ley de negociación colectiva es un mandado para las patronales”

El sindicalista Richard Read se opone al proyecto enviado por Mujica al Parlamento y dijo que “ni los colorados se atrevieron a insinuarlo”

Es el dirigente del PIT-CNT más afín al astorismo, al punto que integra la mesa chica del Frente Líber Seregni. Sin embargo, Richard Read enfrentó al equipo económico a fin del año pasado. De todas formas, defiende el predominio del ministro Fernando Lorenzo en los temas económicos. El polémico dirigente sindical, que es partidario de introducir modificaciones en el sistema tributario y gravar los bienes suntuarios, en entrevista con El Observador sostuvo que los cambios propuestos por el gobierno en la ley de Negociación Colectiva “son un mandado” para favorecer a las cámaras empresariales. Lo que sigue es un resumen de la entrevista.

¿Qué opinión tiene  acerca de las diferencias que a menudo resurgen entre el presidente José Mujica y Danilo Astori?
Es normal, con hombres políticos de alta responsabilidad y con muchísimos años de militancia arriba. Creo que en dos hombres que además en las internas disputaron la candidatura a presidente por el FA es obvio que había dos visiones de país.

¿Qué opina sobre la posición de Mujica respecto a que la iniciativa económica no sea  exclusividad del Ministerio de Economía?
Las decisiones económicas del país son del presidente, que es quien resuelve la política económica y el ministerio la ejecuta. La gestión la tiene el MEF con el mandato del presidente.

¿Cómo ve la injerencia que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)?
Es una equivocación. No es OPP, son dirigentes políticos que están en la OPP. Que tengan una visión distinta de la economía  es probable. Ahora, sí debemos coincidir en los puntos macro. Ahí no podemos tener dos lecturas, podemos tener matices. La gente de OPP puede pensar distinto, ahora no les corresponde meterse. Es como que el Ministerio de Defensa tenga un equipo de gente que todos los días opine sobre el Sistema Nacional de Salud.

¿Le cree al gobierno cuando se dice que los salarios son responsables de la inflación como pasó en el último conflicto de la bebida?
No le creo porque hombres connotados del gobierno han dicho que el salario no produce inflación. Lo dijo Astori muchas veces y (Fernando) Lorenzo también. Si el salario produce inflación significa que una desaceleración o una rebaja produce una retracción. En la década de 1990 no hubo aumento salarial, hubo rebaja y la inflación era mucho más que ahora. ¿Entonces de qué estamos hablando?

¿Y por qué se salió a decir eso?
Creo que fueron burros, que se equivocaron y que se asustaron. Se apretaron con los índices inflacionarios y salieron a pegarle al que estaba en la puerta, que era yo. Otros dirán que además de burros había mala intención.

Usted integra el FLS y sin embargo desafió la pauta oficial de inflación con sus reivindicaciones. ¿Eso le trajo problemas?
Al contrario. Partimos de la premisa de que quienes dirigen la economía creen que hacen lo mejor para todos, como yo creo que hago lo mejor para la gente que me votó. Opiné desde el plano sindical y ellos desde el político. Si volvemos a tener la misma situación vamos a tener el mismo problema.

¿Cómo ve la idea de revisar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE)?
Hay que gravar a los que más tienen, a los artículos suntuarios, a las multinacionales. O invierten parte de sus ganancias o hay que gravarlas porque toda la utilidad de rentas se raja del país. Hay que hacer énfasis en el campo. Había gente que tenía 1.000 hectáreas en el año 2000. Entonces tenía un patrimonio de US$ 350 mil.000. Ese campo hoy vale  US$ 7 millones. Con lo que le metieron arriba, tiene una rentabilidad que  con los precios de los commodities la hectárea pasó a tener un valor de acuerdo a lo que está produciendo.  Después hay que hablar de la renta que deja ese campo y que no es igual si planto soja o maíz. Ahí hay que meter el diente. Están viniendo para acá porque en la región les están cobrando el impuesto real.

¿Eso no cambia las reglas de juego como suele repetir Astori?
Las reglas de juego son parte del sistema tributario y la sociedad. No es estático ni infinito y tienen que variar de acuerdo a las condiciones. Es lógico. ¿Cuando un dirigente del Ministerio de Economía  sale a decir que hay que desindexar el salario cuando hay un convenio firmado con indexación eso  no cambia las reglas de juego? Es peor porque se cambian reglas que están firmadas. Las balas para los dos lados. Hay que apretar al capital.

¿Por qué hay que gravar los bienes suntuarios?
Porque son prescindibles. Se carga con IVA a productos de consumo masivo y de primera necesidad y es el mismo porcentaje que se paga por un auto cero kilómetro, un televisor de 70 pulgadas, una joya o un yate. No tiene sentido. Si bajamos el IVA dos puntos, de 22% a 20 %, se beneficia toda la sociedad, pero un tipo va  pagar dos puntos menos por un yate que cuesta US$ 5 millones. El efecto de lo que él ahorra es  quizá el consumo mío de fideos durante 35 años. Eso es suntuosidad. Hay que pagarla.

El Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento que modifica puntos de la ley de Negociación Colectiva, entre ellos la ultractividad de los convenios ¿A qué  atribuye que se tome este camino?
En la lógica política mía no lo ubico. En la lógica de ellos, es un mandado para las patronales que están todas contentísimas: quieren quedar bien con la OIT o ideológicamente están convencidos de que lo que están haciendo está bien.
Nadie los obliga a hacerlo, así que algo de que creen que está bien debe haber. Un ministro (por el de Trabajo, Eduardo Brenta) si no está convencido y cree que no está bien hacer tal cosa, por más presión que tenga no la hace y si lo siguen presionando se va para que venga otro a hacer ese trabajo. El ministro cree que eso está bien. Impulsar esta modificación es pegarle a los sectores más débiles del movimiento sindical y favorecer a las empresas.
Ni los colorados se atrevieron  entre el 85 y el 90 a insinuar algo de esto.

 

Proyecto de ley “no logrará ningún fruto”, si los empresarios insisten con su posición ante la OIT y no reconocen los avances y la apuesta al diálogo que ha impulsado el gobierno en materia de legislación laboral.

 

Gobierno amenaza frenar proyecto que modifica negociación colectiva

Objeciones empresariales exponen a Uruguay a caer en “lista negra” de la OIT, dice Brenta

 

 

Si la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye a Uruguay nuevamente en una “lista negra” que integran 24 países acusados de violaciones en materia laboral, el Poder Ejecutivo está decidido a congelar y pedir a todos los partidos políticos que no voten el proyecto de ley que envió el pasado mes al Parlamento para modificar la ley de Negociación Colectiva, adelantó ayer a El Observador el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.

El hecho de que las cámaras de Comercio e Industrias en conjunto con la Organización Internacional de Empleadores (OIE) hayan ampliado su queja original ante el Comité de Libertad Sindical deja poco margen para que Uruguay quede fuera de la “lista negra” de la OIT, que se conocerá en junio.

“¿Qué sentido tiene hacer un seguimiento de la orientaciones que fija la OIT si vas a ir a una lista negra dando todos los pasos?”, se cuestionó el ministro de Trabajo. En ese sentido, anunció que el Ejecutivo no va tomar ninguna iniciativa como impulsar el proyecto de ley que envió al Parlamento para corregir las observaciones que realizó hace dos año la OIT, porque eso “no genera resultados de ninguna clase”. “Es una falta de reconocimiento a lo que el gobierno ha hecho. No vamos a avanzar a cambio de nada”, aseguró.

El asesor laboral de la Cámara de Comercio, Juan Mahilos, confirmó a El Observador la ampliación de la queja que realizaron hace un tiempo junto a la gremial de Industrias y la OIE. El gremialista explicó que las cámaras incluyeron en esa oportunidad su rechazo a las ocupaciones de las empresas. Mahilos reconoció que es probable que Uruguay ingrese a esa lista de países incumplidores, aunque relativizó su impacto.

No obstante, para el ministro de Trabajo esto afectará la “imagen” de Uruguay y puede someter al país a posibles sanciones comerciales en un futuro. De hecho, hay antecedente de Estados o bloques como la Unión Europea (UE) que han  tomado algún tipo de represalia ante un país que esté acusado de no respetar la normativa internacional.

“Si en algún momento Uruguay se expone a un tipo de sanciones comerciales, las cámaras (de Comercio e Industrias) se encargarán de explicarle al resto de los empresarios qué fue lo que hicieron”, alertó Brenta. Agregó que todo el “esfuerzo” por dialogar que impulsó el Ejecutivo para redactar un proyecto de ley “no logrará ningún fruto”, si los empresarios insisten con su posición ante la OIT y no reconocen los avances y la apuesta al diálogo que ha impulsado el gobierno en materia de legislación laboral.

Correcciones
El proyecto de ley que envió el Ejecutivo en marzo al Parlamento pretende corregir las observaciones que había realizado el Comité de Libertad Sindical de la OIT hace más de dos años. Fue redactado por el propio gobierno, ya que durante ese período no se produjo el consenso entre trabajadores y empresarios. El proyecto de ley atiende, según Brenta, las nueve observaciones que había formulado la OIT en su momento.

Por otro lado, el ministro de Trabajo recordó que el gobierno ya corrigió una de las quejas de los empresarios como fue la integración del Consejo Superior Tripartito, que ahora tendrá integración por igual de los tres actores. Antes el Ejecutivo tenía 9 representantes y los trabajadores y empresarios seis cada uno. Ahora todos tienen seis. “Si esto se traduce en que nuevamente vamos a estar bajo la observación del Comité de Libertad Sindical (de la OIT) no vamos a defender el proyecto porque quedaría demostrado que hacer las cosas bien no vale. Por tanto, defenderíamos la ley tal cual está”, confirmó Brenta.

Añadió que esto se lo planteó al propio director general del OIT hace poco más de un mes. “Nosotros no estamos para ser fruto de experimento de nadie. No queremos que nos utilicen como ejemplo ni tampoco en otra discusión en la OIT entre trabajadores y empresarios como si hay derecho de huelga”, explicó. Precisó, que en Uruguay la huelga “no está en debate” porque está asentada en la Constitución.  Para Brenta, aparece como “una gran contradicción” que la OIT cite a Uruguay como ejemplo en políticas de empleo,  evolución de los salarios, informalidad, y después aparezca en un lista de violaciones a las normas del organismo”.

“Esto afecta la imagen del país porque lo expone ante los 24 casos más graves de violaciones de los derechos laborales”, alertó Brenta. En esta lista suelen aparecen países acusados de hechos como asesinatos de sindicalistas.

“La respuesta del sector empresarial fue ampliar la queja. Es decir, elegir un camino de confrontación que tiene como único intento que Uruguay aparezca en esa lista. La conclusión es que los gestos de diálogo no tienen sentido. Hemos puesto la mejilla demasiadas veces”, culminó.

el observador.

El PIT-CNT critica los cambios a la ley
Las críticas más duras que recibió el Poder Ejecutivo por la redacción del proyecto que atendía las recomendaciones de la OIT partieron de la propia central sindical. En particular, por la eliminación de la ultractividad de los convenios salariales. Es decir, que luego de culminado el plazo de los mismos, debería renegociarse un nuevo convenio entre las partes desde cero. El sindicalista Richard Read acusó al gobierno de hacer un “mandado” para las patronales e intentar “quedar bien con la OIT”.