Transversalidad de Género

El objetivo del Departamento de Estrategias Transversales de Género (DETG) es apoyar y promover la incorporación sistemática de la perspectiva de género en las políticas, programas, acciones y actividades de las instituciones gubernamentales y organizaciones de cualquier otro tipo en todo el territorio nacional.

En consonancia con sus objetivos, el Departamento ofrece herramientas para facilitar la legitimación de esta perspectiva así como la consolidación de estructuras encargadas de la temática a la interna de los organismos (Mecanismos para la promoción de las temáticas de género, Observatorios de Género, Comités de Calidad con Equidad, etc.).

Actualmente, su trabajo se orienta a los Ministerios, a otros órganos dependientes del Poder Ejecutivo (como OPP, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, etc.) así como a organizaciones de la sociedad civil y a empresas privadas.

¿Qué es la transversalidad de género?

– El concepto de transversalidad de género

Durante las últimas décadas del siglo XX, y ante la toma de conciencia generalizada entre los Estados de las desigualdades sufridas por las mujeres, se aplicaron desde organismos especializados numerosas “políticas de igualdad”, las que incluían frecuentemente algunas acciones afirmativas.

El bajo impacto de estas políticas en la vida de las mujeres como colectivo no pudo asociarse solamente al bajo presupuesto asignado, y a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) se instaló la reflexión sobre la imposibilidad de que las desigualdades fueran vencidas meramente a través de medidas compensatorias. Es aquí que se comienza a construir la noción de “gender mainstreaming”, lo que significacuestionar la corriente principal de las políticas públicas e instalar la cuestión de género en ellas. Esta idea se traduce originalmente al español como “transversalidad de género”, si bien puede decirse que las formas políticas que han tomado el mainstreaming y la transversalización a lo largo del tiempo y en los diferentes países de habla anglosajona y castellana impliquen que ambos términos no sean siempre intercambiables.

Pero ¿qué supone “instalar la cuestión de género en la corriente principal de las políticas públicas”?

1) Implica, en primer lugar, una toma de conciencia o postura ideológica respecto a las desigualdades de género:

Observar que aún sigue profundamente arraigada en nuestras estructuras sociales y en nuestra cultura la exclusión de las mujeres como ciudadanas, ya que no se garantiza que el principio de igualdad formal ante la ley tenga un correlato en la igualdad real, en tanto no se las reconoce como productoras, no se reconoce el valor económico y social del trabajo no remunerado que muy mayoritariamente recae sobre ellas, e incluso no se las reconoce y tiene en cuenta explícitamente como consumidoras y usuarias de los servicios públicos.

Tener en cuenta que las políticas públicas actúan sobre los comportamientos de las personas -si bien frecuentemente esta incidencia no es explícitamente declarada como objetivo (Rubery, 2003)-. Por consiguiente, las políticas “neutrales”, es decir, aquellas que no se cuestionan sus impactos de género (políticas ciegas al género) suelen tener efectos negativos sobre la distribución social del trabajo en tanto perpetúan las estructuras desigualitarias existentes. Tanto más importante es este dato en cuanto se es consciente de que la exclusión no es mero producto del encuentro de la desigualdad de clase y la género; al intersectarse con otras desigualdades las limitaciones al acceso y al ejercicio de derechos se profundizan. La discriminación étnico-racial, junto con la de género, constituyen los principales ejes estructurantes que determinan los patrones de la vulnerabiliad más allá de la clase social, Las inequidades generacionales, las desigualdes producto de la discapacidad, de la orientación sexual, etc. junto con la de género y raza/etnia establecen complejas formas de relación entre factores de opresión sobre las que sin lugar a dudas las políticas tienen efectos, se lo propongan o no.

Reconocer, en definitiva, que el Estado no es ajeno a lo que la sociedad y el sector privado instalan (y por tanto su rol no se limita a compensar los desequilibrios producidos en estos ámbitos), sino que es el actor privilegiado tanto a la hora de producir desigualdad como de reducirla y evitarla.

2) Involucra, luego, un análisis científico

Realizado a partir de indicadores desagregados por sexo (y/o género, raza/etnia y las demás variables mencionadas siempre que ello sea posible), orientado a eliminar la pretensión de neutralidad y demostrar los verdaderos impactos de género de las políticas. Por supuesto, este análisis puede arrojar tres resultados; que una política efectivamente tiene efectos neutros o al menos impactos no significativos; que existen impactos positivos (en este caso, como externalidad), o que los efectos contribuyen a perpetuar los roles diferenciados y jerarquizados de género imperantes.

3) Y por último, supone la actuación conjunta de los organismos del Estado, impulsados por el organismo rector de las políticas de género, el Inmujeres, para transformar todas y cada una de las políticas que se llevan adelante y para diseñar nuevas políticas con enfoque de género. Así, la pretensión última de la transversalidad de género es que el Estado se transforme a sí mismo.

En consecuencia, la transversalización de género es al mismo tiempo un proceso político y técnico, que requiere de voluntad política, presupuesto y recursos humanos capacitados .

Transversalización de género vs. políticas de igualdad: una falsa oposición

Existe la noción de que la transversalización de género se contrapone a las políticas de igualdad tradicionales. En efecto, ambas estrategias muchas veces compiten entre sí, y en la medida que las políticas de igualdad resultan significativamente menos disruptivas para la lógica del poder imperante, su adopción resulta más sencilla. Por su parte, su fracaso en eliminar las brechas de género e incluso, eventualmente, sus efectos perversos (pues pueden reforzar los roles tradicionales), muchas veces se utiliza como demostración de la ineficacia de las políticas de género en general.

No obstante, dada la tarea titánica que supone la trasnversalización, en tanto no se haya logrado una significativa transformación del Estado, de sus políticas y de la sociedad, las políticas de igualdad siguen siendo necesarias. Y, por supuesto, en tanto medidas compensatorias, no entrañan de ninguna manera un “trato preferencial”.

Líneas de acción: las estrategias de transversalidad de género

La transversalidad de género debe orientarse tanto a cambiar las políticas públicas (y las acciones en general de cualquier tipo de organización con impacto en el entorno social) como a las organizaciones que las producen y a las herramientas con que lo hacen. Es en estos tres sentidos que se orientan las estrategias del Departamento:

1. En lo que refiere a las políticas públicas, el DETG busca reforzar el entramado de género en el Estado y la sociedad, apoyando la creación y fortalecimiento de comisiones de género, mecanismos para el avance de los derechos de las mujeres y/o colectivos más desfavorecidos por cuestiones de género, redes de género o cualesquiera sean las estructuras que cada uno de los organismos del Estado, del sector privado o del tercer sector elijan para generar capacidades técnicas y de negociación a efectos de asegurar la voluntad política de sus autoridades. Desde estos espacios, además del apoyo permanente a la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de las políticas, se realizan análisis de impacto de género de las normas, las políticas y las actuaciones en general (por ejemplo, la oferta de servicios públicos). En base a las evidencias se busca cuestionar, adecuar y transformar las políticas públicas y las acciones que emprenden, afectando a la sociedad, otro tipo de organizaciones no Estatales (empresas privadas, cooperativas, asociaciones, etc.).
2. El propio presupuesto del Estado, como herramienta privilegiada de impacto político, debe reorientarse en su totalidad; desde la actual asignación marginal de recursos para políticas de igualdad – que habilita así la perpetuación de la desigualdad mediante las políticas sostenidas por el resto del presupuesto – hacia la incorporación en todos los organismos públicos, de objetivos estratégicos hacia la igualdad e indicadores de género y desagregados por sexo que permitan, a través del análisis y la reasignación presupuestal, eliminar todas las acciones que produzcan o refuercen la desigualdad.

   Esta estrategia supone, entre otras cosas, apoyar e informar al Consejo Nacional de Género en la elaboración de documentos como las Contribuciones para el diseño de presupuestos públicos con enfoque de género.

3. Para introducir el cambio en las organizaciones, el Departamento ha desarrollado con el apoyo de otras instituciones (como PNUD, LATU, INACAL y PIT-CNT) el Modelo de Calidad con Equidad de Género (MGCEG),que opera como una norma en tanto es una guía de carácter certificable. Mediante el MGCEG se reconoce a las organizaciones públicas y privadas que desarrollan en sus ámbitos laborales un Sistema de gestión de Calidad con equidad de género que visibiliza las inequidades y planifica y cumple anualmente acciones hacia su eliminación.

   Para lograr las estrategias del DETG en los tres sentidos descritos, la capacitación en temáticas asociadas a la gestión y producción de políticas con perspectiva de género y étnico-racial es un instrumento medular. El departamento releva año a año las necesidades de formación de sus interlocutores/as y/o organismos asociados y les da respuesta a través del Departamento de Capacitación del Inmujeres.

Contacto

Responsable del Departamento:
Luciana Fainstain – lfainstain@mides.gub.uy – dtginmujeres@mides.gub.uy
Teléfono: 2400 0302 int. 1654-1655

 

Bitácora de un incrédulo

Por Jorge Zabalza

Alrededor de 1955 la economía nacional entró en picada. Como siempre la clase propietaria intentó volcar el desastre sobre los asalariados y asumieron directamente la conducción de la economía. Su plan era reducir aún más el poder adquisitivo del salario y recuperar la rentabilidad del capital. No les fue tan sencillo concretarlo. Un siglo de lucha social y de prédica revolucionaria consecuente habían preparando a obreros y estudiantes para hacer frente a la ofensiva reaccionaria. Cuando en junio de 1968, Jorge Pacheco Areco lanzó su primer andanada, el movimiento popular ya sabía qué hacer. El abajo luchó y se movilizó aunque fue muy violenta la escalada represiva. Más sangre de obreros y estudiantes derramaba el gobierno, más crecía la resistencia. La bronca popular también se tradujo en expansión del movimiento guerrillero. Cientos de luchadores se plegaron a la guerrilla pese a los duros golpes sufridos.

La toma del cuartel de la Armada, la instalación de la Cárcel del Pueblo y la fuga de Punta Carretas marcaron el momento de mayor peso politico del MLN(T). Para controlar la resistencia popular y destrozar a la guerrilla, los dueños del Uruguay dejaron que las fuerzas armadas fueran ocupando espacios politicos cada vez mayores. Parecía inminente el quiebre de las instituciones y la guerra civil. El surgimiento del Frente Amplio revitalizó la alternativa electoral y parlamentaria, fue el salvavidas de la democracia formal. El elevado grado de conciencia y experiencia alcanzado en la lucha, se canalizó entonces hacia la autorganización de cientos de Comités de Base.

En 1971 el gobierno decretó un aumento del 25% a los salarios públicos y privados. La maniobra logró distender el conflicto y trasladar algunos efectos de la crisis hasta después de las elecciones nacionales de noviembre. En esas condiciones, el deseo de “orden y mano dura” hegemonizó la campaña electoral y terminó triunfando el pachequismo. El país quedó dividido en dos mitades perfectas: “con el pueblo o contra el pueblo”. La victoria electoral legitimó a los más reaccionarios, parecía el momento de tomarse un respiro y esperar mejores condiciones, pero, en una interpretación triunfalista de la coyuntura, el MLN(T) lanzó una ofensiva militar poco entendida por los sectores sociales que simpatizaban con el movimiento. Con ese panorama se ingresó a 1972, año de los actos preparatorios del golpe de Estado.

La previa.

En acuerdo con los grupos más reaccionarios – el llamado “pacto chico”-, en el mes de marzo comenzó a gobernar Juan María Bordaberry. Reafirmó la política económica antipopular. Alentó los atentados y asesinatos por parte de las bandas fascistas de la Juventud Uruguaya de Pié (JUP) y los Escuadrones de la Muerte o Cazatupamaros. Subordinó la policía a los mandos militares. El 13 de abril de 1972, la CNT convocó un paro general que fue masivamente acatado. Al día siguiente, enredado en el mano a mano con la represión, el MLN(T) ejecutó a seis miembros del Escuadrón, pero cayó en una emboscada en la que fueron asesinados ocho compañeros. El gobierno decretó el Estado de Guerra, de “guerra contra todo el pueblo” como la calificaba el documento de julio de 1972 del “Movimiento de Independientes 26 de Marzo”. La primer acción de las fuerzas armadas fue el alevoso asesinato a sangre fría de los ocho compañeros comunistas en el local del Paso Molino. El entierro fue una demostración multitudinaria de indignación.

En el mes de mayo el ejército y la policía (las fuerzas conjuntas) agudizaron la represión. El 18 de mayo el MLN(T) atacó la custodia del general Gravigna y murieron cuatro soldados. El 27 de mayo cayó la Cárcel del Pueblo, un baluarte simbólico. En el mes de julio los parlamentarios, con la sola excepción de los frenteamplistas, aprobaron la ley de Seguridad del Estado. La jurisdicción sobre los presos políticos pasó a los tribunales militares, de hecho se estaba legalizando el empleo sistemático de la tortura. Dos días después Wilson Ferreira Aldunate ya estaba arrepentido de haber votado la ley.

En el mes de julio concentraron en el Batallón de Infantería No.1, conocido como “batallón Florida”, a varios prisioneros que habían sido dirigentes del MLN(T) y estaban recluídos en diferentes unidades. Los sentaron frente a un panel formado por los mandos superiores de las fuerzas armadas más el jefe del ES.MA.CO, coronel Gregorio Alvarez y el jefe del servicio de inteligencia, coronel Ramón Trabal. Solamente por un asunto al que atribuyeran importancia crucial podía reunir semejante plantel. El general Gravigna lo planteó a bocajarro: rendición incondicional del MLN(T) y entrega de Raúl Sendic, el dirigente revolucionario de mayor gravitación política. Ramón Trabal fue el artista creador de esta puesta en escena, la vía más rápida y menos costosa para obtener la victoria. Apoyado por una asamblea de militantes, Raúl Sendic rechazó la rendición e hizo una contraoferta: la paz a condición del compromiso público de las fuerzas armadas con un plan de medidas populares, la primera de ellas una radical reforma agraria. Raúl sacó las “negociaciones” de lo puramente instrumental, elevándolas al plano de lo político e ideológico. Las fuerzas armadas la rechazaron y dieron por finalizadas las tratativas, no querían pacificar nada, se trataba de una simple maniobra y nada más. El balance del primer semestre de 1972, muestra al bloque de poder fortalecido en varios frentes.

Los “ilícitos económicos”

El 4 de agosto la Armada Nacional proclamó su “profundo repudio a cualquier forma de subversión, ya sea la que empuña las armas para asesinar cobardemente, como la que expolia la economía nacional, la que usurpa al pueblo el producto de su trabajo,la que propende a la corrupción moral, administrativa y/o política, la que practica el agio y la especulación en desmedro de la población o la que compromete la sobreranía nacional”. Las fuerzas armadas se embarcaron en una campaña contra los “ilícitos económicos”, operación “limpieza de imagen” y “siembra de confusión” como definía el “Documento de Octubre de 1972” del Movimiento de Independientes “26 de marzo”.

El 24 de agosto fueron conducidos al “Florida” los mismos prisioneros de las “negociaciones” y se les propuso estudiar la documentación capturada al MLN(T) y ayudar a investigar los “ilícitos económicos”. Les prometieron suspender la tortura en todos los cuarteles. No se puede decir que haya sido cumplida la promesa, en el Grupo de Artillería No. 1 (“La Paloma”), por ejemplo, continuaron torturando a compañeras y compañeros mientras otros presos colaboraban en los “ilícitos”. Era más fuerte que ellos, con el mismo placer que torturaban a los “subversivos lo hicieron con los detenidos bajo sospecha de corrupción.

Podía imaginarse que participar en los “ilícitos” servía de apoyo a los oficiales progresistas en su pretendida puja contra la corriente reaccionaria. Forzando aún más la imaginación, se podía especular conque esos oficiales progresistas podrían formar un partido para la transformación económica social y política del país, a imagen y semejanza del proceso acaudillado por el general Velazco Alvarado en el Perú. Sin embargo, en el batallón “Florida” no ocurrió eso: los mismos capitanes que alimentaban expectativas en este grupo de prisioneros, preparaban con el traidor Héctor Amodio Pérez una operación para desacreditar a Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Erro, Líber Seregni y otros dirigentes. Los capitanes cambiaban de careta cuando iban del despacho “operación ilícitos” al despacho “operación golpe de Estado”. En cierto momento dieron por terminada la maniobra y escondieron los 40 expedientes producidos por los prisioneros en el coffre-fort de algún general. El 30 de setiembre de 1972 Wilson Ferreira Aldunate informó al general César Martínez, nuevo comandante del ejército, que el golpismo conspiraba a sus espaldas. En un ensayo escrito para la “Fundación Wilson Ferreira Aldunate”, el Capitán de Navío Tabaré Patrón señala que en setiembre de 1972, el coronel Ramón Trabal ya tenía en el bolsillo los borradores que, una vez corregidos por Gregorio Álvarez, jefe del ES.MA. CO, se convertirían en el Comunicado No. 4 el 9 de febrero de 1973. Al tiempo que desarrollaban el “plan ilícitos”, se preparaba la próxima maniobra de dispersión, la del día del golpe de Estado. En octubre el Supremo Tribunal Militar pidió el desafuero de Enrique Erro basándose en testimonios de Héctor Amodio Pérez. Esta primera vez el pedido no llegó al parlamento pero está claro que daba comienzo a la fase final del golpe.

En la página 178 de su obra “La tregua armada” Fernández Huidobro resume su actuación en el”Batallón Florida”: “Nuestro error en 1972 fue haber creído que era posible influir sobre un sector muy grande. Los antecedentes que citamos anteriormente y ciertos hechos que transcurrían ante nuestros ojos, daban para pensar en ello, Nos equivocamos. La experiencia enseñó que si bien es necesaria y debe ser permanente la labor política en el seno de las FFAA, las fuerzas populares no debemos hacernos ilusiones en cuanto a lograr, en base a ello, ganar para el pueblo a sectores importantes y orgánicos de las FFAA. Éstas están concebidas y montadas de tal modo que la rosca dominante nunca va a perder su control. Otra cosa sería suicida. Dicho aún más claramente, ellas son la garantía real y de última instancia que tiene la rosca para cimentar su poder”. Que se sepa influyeron sobre un único capitán que fue sancionado. Demasiado poco para lo que estaba en juego. Ya era tarde además, se había contribuído a crear la ilusión “perunista”, que en las semanas siguientes tuvo consecuencias desastrosas para el movimiento popular. El error en 1972 fue haberse plegado a las iniciativas de los militares, los antecedentes y la experiencia también enseñaban a negarse a las “negociaciones” y a la participación en los “ilícitos económicos”.

1º de setiembre de 1972, Raúl Sendic fue apresado sin entregarse: el balazo de fusil en la mandíbula lo dejó sin conocimiento y, cuando lo iban a rematar, un oficial de la Armada detuvo al soldado: “no lo hagas, no queremos un Ché Guevara en Uruguay”. El MLN(T) que sobrevivió la caída de Raúl quedó sin capacidad de reacción, una de las condiciones “sine qua non” del golpe de Estado.

El golpe de Estado

El 9 de febrero de 1973, el Comunicado No.4 de las fuerzas conjuntas advirtió a la población que en adelante su misión sería “intervenir en la problemática nacional”, garantizar el desarrollo nacional y emprender “la reorganización moral y material del país ”. En Panamá les habían enseñado que no eran ”una simple fuerza de represión o vigilancia”, tenían un rol político a desempeñar. Redactado por Trabal, el comunicado reafirmaba la decisión irrevocable de aniquilar el marxismo leninismo por ser “incompatible con nuestro tradicional modo de vida”. Aunque muchos leyeran solamente lo que quisieron, nadie podía llamarse a engaño. El 11 de febrero, el editorial de “El Popular” explicaba que “…hay una ‘realidad’ que debe ser cambiada y las Fuerzas Armadas no quieren ser el brazo armado de grupos económicos y políticos que pretendan apartar a las Fuerzas Armadas de sus fines”. Los planteos de los militares eran muy generales y vagos pero el Partido Comunista afirmaba que estaban inscriptos en la corriente general que querían cambiar el modelo de la oligarquía y el imperio e imaginaban alianzas con las corrientes progresistas de las fuerzas armadas.

El 14 de febrero de 1973, en la Base “Boiso Lanza” de la Fuerza Aérea, el presidente constitucional y los mandos de las fuerzas armadas pactaron lo esencial de la doctrina política que rigió al Uruguay los doce años de dictadura. El pacto se concretó en la creación de una nueva institución del Estado, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que Bordaberry definió como “cauces institucionales apropiados para la participación de las FFAA en el quehacer nacional”. En realidad los golpistas no debieron esforzarse mucho para convencerlo, el novel presidente era el más fascista de todos. Entre la hojarasca levantada por los comunicados, podía entreverse al terrorismo de Estado abriéndose paso y tomando los resortes de poder.

Al otro día del pacto, la Mesa Representativa de la CNT declaró que la huelga general sólo podía ser convocada “en la medida que contribuya a avanzar a favor de los intereses populares y en el cumplimiento del Programa de Soluciones a la crisis”. De hecho la postergaron cinco meses. La tendencia mayoritaria de la CNT, los demócratas cristianos, un sector del socialismo y la mayoría del Partido Comunista, se ilusionaron con el “perunismo” tanto como los prisioneros del “Florida”. Quienes no se engañaron fueron los militares que se habían sumado a las filas del pueblo: Montañez, Zufriategui, Aguerre y Licandro. El general Seregni percibió la maniobra pero terminó aceptando la opinión mayoritaria. Don Carlos Quijano alertó sobre los peligros del militarismo desde el semanario “Marcha” y los famosos “Cuadernos”.

En Uruguay no hubo un día ”masacre” como el de Chile, donde el 11 de setiembre de 1973 el ejército disparó sobre la gente a mansalva, arrasó las poblaciones y los cordones industriales y asesinó al compañero Salvador Allende. La “técnica a la uruguaya” hizo pasar disumulado el golpe del Boiso Lanza, oculto por el humo de las operaciones de inteligencia. Al disimulo ayudó la complicidad del “pacto chico”, cuyos integrantes lo revistieron con una pátina de “civilismo”, hipocresía tan propia del país de los amortiguadores. Con el respaldo del imperio, los dos brazos de la oligarquía (el armado y el político) ya estaban en condiciones de arrollar al pueblo que se resistía a dejarse robar impunemente su poder adquisitivo. El golpe de estado estaba dado en febrero de 1973.

Se disipa el humo…

Con el golpe se instaló un régimen muy propio del país de los amortiguadores: una dictadura que coexistía con las organizaciones sociales, los partidos políticos y el parlamento. Los mandos apostaban a manipularlas mediante el temor y nuevas maniobras de inteligencia, pero el engendro apenas pudo sostenerse cinco meses. En ese lapso, los conflictos y luchas se sucedieron, contra la “ley Sanguinetti” en la enseñanza, la huelga de la mutual de futbolistas, la marcha a Montevideo de los obreros textiles de Juan Lacaze, la ocupación de viviendas en el barrio de Cerro Norte severamente reprimida y desalojada brutalmente por el ejército. El punto culminante fue el 29 de marzo, un paro general con ocupaciones de fábricas y centros de estudio, mitines barriales y paralización casi total del Estado. La multitud llenó la Avenida del Obelisco a la Universidad. La CNT les informó que se había reunido con la junta de comandantes y con Gregorio Álvarez . En sus memorias, Pepe D’Elía explica que la intención de la mayoría de la CNT era tender una mano a los militares “progresistas” para impedir que los arrastrara la oligarquía. En aras de esta fantasía se postergó el llamado a la huelga general en rechazo del golpe de Estado. La CNT demoró cinco meses en cumplir con la resolución del Congreso del Pueblo y del programa fundacional de la CNT. El 9 de abril, la casquivana junta desairó a los ilusos: “…si la CNT reconoce la identidad de sus objetivos con los expresados por las fuerzas armadas….éstas entienden que los caminos preconizados por ambas instituciones son irreconciliables”. Por su parte, la “tendencia combativa” sostenía que los gorilas seguían siendo gorilas aunque se vistieran con la seda del comunicado No. 4. Adrián Montañez presentó una Plataforma de Acción Inmediata que fue rechazada por la mayoría que, en cambio, pretendió que el 1º de mayo de 1973 fuera “festivo,optimista y de alegría”, que no incomodara a nadie. Sin embargo, las consignas que corearon las decenas de miles que concurrieron al acto, fueron muy duras y poco amistosas hacia el golpismo cívico militar. Ya existía el clima subjetivo que autoconvocó a la huelga general en junio.

En marzo Wilson Ferreira Aldunate denunció la venta de las reservas de oro del Uruguay y casi llegó al juicio político a Bordaberry. El parlamento se convirtió en caja de resonancia de las denuncias sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos. La junta de comandantes arremetió contra el parlamento que tampoco se dejaba amedrentar. El 25 de abril Bordaberry exigió el desafuero del Senador Enrique Erro por supuestas vinculaciones con el MLN- T y la cámara de diputados lo rechazó por un voto de diferencia. Bordaberry y la junta de comandantes jugaron a dejar aislada a la bancada del Frente Amplio pero la maniobra fracasó. La coexistencia había llegado a su fin. La Justicia Militar intentó procesar al senador Amílcar Vasconcellos por su discurso titulado “febrero amargo”. Hizo detener al capitán de navío Omar Murdoch, presidente del directorio del Partido Nacional. En mayo Ferreira Aldunate denunció la “operación enchastre”: un libro del traidor Héctor Amodio Pérez acusaba de estar vinculados al MLN(T) al propio Wilson y a Seregni, Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz y, por supuesto, a don Enrique Erro. Fracasada también esta maniobra, el 1º de junio el gobierno reimplantó las medidas prontas de seguridad. El grupo de Jorge Batlle rompió con el “pacto chico” y los aislados fueron los sectores que apoyaban el golpe. En la madrugada del 27 de junio de 1973, Bordaberry disolvió el parlamento. El humo del “progresismo perunista” se había disipado.

A la seis de la mañana, los turnos entrantes ocuparon los centros de trabajo, un poco más tarde lo hicieron los estudiantes y la CNT convocó a la huelga general. La lucha popular había despejado las confusiones y falsas expectativas, el pueblo asalariado ganó las calles, fue el momento estelar de su historia.

Las fuerzas armadas en disputa 

Para muchos la declaración de la Armada y el comunicado No. 4 demuestran la existencia de una corriente perunista liderada por Trabal y Álvarez y enfrentada a las logias reaccionarias en la interna militar. Esa lucha de fracciones sirvió de base a muchas decisiones políticas de diferentes partidos y organizaciones sociales. Sin embargo el progresismo adjudicado a Álvarez demostró ser pura fantasía y, según confirma el compañero Pedro Aguerre (padre), sería bastante falso calificar de “perunista” a Trabal. A cuarenta años de los acontecimientos se puede ver que la interna militar estaba agitada por múltiples contradicciones -como todas las internas militares del mundo y de la historia- pero que ellas no pasaban de ser matices en una estructura muy cohesionada por la Doctrina de Seguridad Nacional y el odio al comunismo internacional. Diferencias que nunca fueron suficientes para quebrar la unidad de mando. Entre los mandos militares de 1973 no hubo un general Torrijos como en Panamá ni un general Torres como en Bolivia. Aunque esa fuera la ilusión esperanzada de muchos.

Las técnicas de manipulación de la opinión pública han sido parte de las estrategias político militares desde la antigüedad. Sun Tzu las recomendaba, von Clausewitz también y asimismo Lidell Hart. Kissinger, la CIA y la CNN obtuvieron excelentes resultados, las usaron para ocultar al pueblo norteamericano las barbaridades que se cometían en Vietnam e impedir que supieran que estaban perdiendo la guerra. Si los EEUU fueron capaces de convencer al mundo entero de que Saddam Hussein escondía armas de destrucción masiva en Irak… qué tiene de extraño que algunos oficiales uruguayos convencieran de su “progresismo” a los dirigentes de la izquierda uruguaya?. Primero fueron las “negociaciones”, después los “ilícitos” y finalmente el Comunicado No. 4, una secuencia de maniobras con las mismas características, destinadas a encubrir los objetivos reales de las fuerzas armadas y a diluir las posibles resistencias. Lecciones de uso táctico de las “cortinas de humo”. Sin embargo, a muchos les duele reconocer la trampa en que cayeron y actualmente son los principales interesados en que perdure la hipótesis “fuerzas armadas en disputa”. Solamente cabe desear que su nuevo “error” tenga consecuencias menos trágicas que el error de 1972.

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Cámara de Diputados aprobó impuesto que sustituye a ICIR

La Cámara de Diputados completó ayer la aprobación del proyecto que restablece el Impuesto al Patrimonio para las explotaciones rurales.

La iniciativa fue respaldada por los 50 representantes del Frente Amplio, en 71 legisladores presentes.

Este tributo sustituye al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que fuera declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y que quedó derogado en la jornada de ayer.

El nuevo impuesto va a afectar a 1.400 de las 45.000 unidades productivas registradas en el país, según estimaciones del Gobierno.

Pagarán el tributo quienes posean unidades productivas cuyos activos afectados directa o indirectamente superen los 12.000.000 Unidades Indexadas, que son unos 1,6 millones de dólares a los valores de hoy.

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Trabajadores del gas ocupan oficinas de Conecta S.A

El gremio de trabajadores del gas resolvió ocupar por tiempo indeterminado las oficinas comerciales y operativas de la empresa Conecta S.A., la distribuidora de gas natural para el interior de nuestro país.

El sindicato exige una cláusula de empleo por cinco años, renovable por acuerdo de partes, que asegure “el no despido de los trabajadores ante reestrucutras o cualquier eventualidad de mercado”.

Además, pide una prima anual para todos los empleados de Conecta y que se termine de definir las categorías y salarios de la plantilla de MontevideoGas, que es la concesionaria de la distribución de gas natural en la capital.

Una delegación gremial se reunirá hoy a la hora 9 con el director nacional de Trabajo, Luis Romero, para solicitar la solución inmediata de los reclamos.

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Un 45% de reclamos individuales tuvo acuerdo por un monto superior

Más de 40.000 trabajadores de forma individual reclamaron a sus empresas con asesoramiento del Ministerio de Trabajo. En las audiencias por reclamos menores a 13.000 pesos (20 UR), el 45% de los acuerdos alcanzados fue por un monto superior al reclamado por el trabajador. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, explicó las estadísticas recabadas por su cartera, que corresponden a de enero hasta mayo de 2013.

 Brenta dijo que el asesoramiento individual a trabajadores, que no cuentan con apoyo de organizaciones sindicales, es por liquidación de deudas por parte de la empresas. «Son sectores donde el Estado debe tener un rol mayor de atención, diferente al de quienes corren con el apoyo de una organización sindical. El asesoramiento es gratuito y no tienen que venir acompañados por un abogado ni nada. Vienen y solicitan que se le realice la liquidación en función de lo que sostienen que la empresa adeuda», explicó.

Luego de esto, si es necesario se convoca a una audiencia entre empleador, trabajador y el ministerio. La mayoría de las audiencias incluyen asistencia letrada obligatoria, aunque en un porcentaje importante, aquellas en que los reclamos son menores a 13.000 pesos, el trabajador no necesita obligatoriamente la asistencia letrada.

Brenta destacó que en las audiencias por reclamos menores a 13.000 pesos@*habitualmente con trabajadores de salarios muy bajos que concurren sin asistencia letrada- un 45% de los casos implicó un acuerdo por un monto superior a la suma reclamada por el trabajador. «Esto sucede porque durante la audiencia, el asesor del ministerio que participa puede detectar que existen montos impagos en determinadas áreas o beneficios que el trabajador desconoce y por eso no las reclamó. Se defiende en forma correcta el derecho del trabajador y que rija el convenio que tiene el sector», afirmó.

Según datos del período comprendido entre enero y mayo de este año, hubo 10.458 audiencias y fueron asesorados unos 40.000 trabajadores. En más de un 74% de las audiencias hubo acuerdo y un 24,75% terminó en instancia judicial.

En el caso de las audiencias menores a 13.000 pesos, el porcentaje de acuerdos es del 86% y solo un 13,5% terminaron en juicio. «Estos datos revelan que mediante la intervención de los funcionarios del ministerio se concretan acuerdos entre el reclamo que el trabajador realiza y lo que la empresa entiende que es la deuda que tiene con el trabajador», señaló.

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Senado aprobó por unanimidad proyecto contra bullying

Los senadores de todos los partidos aprobaron la creación de un protocolo para prevenir el maltrato físico, psicológico y social en los centros educativos de todo el país.

(Javier Calvelo/adhocFotos)

El proyecto de cuatro artículos, elaborado por el diputado nacionalista Gonzalo Novales, apunta a controlar el bullying -maltrato físico, psicológico y social- en los centros de estudio de niveles Preescolares, de Primaria y de Secundaria. La semana pasada se había aprobado por unanimidad en comisión.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) será la encargada de crear el protocolo de prevención e intervención que se deberá aplicar.

«Este es un proyecto que no tiene tinte político, tiene una consideración social como padre y como abuelo. Si bien al principio hubo resistencia porque todo el mundo cuida su chacrita, después nos abrieron la puerta. También modificamos cosas para respetar la autonomía de la enseñanza»

Novales dijo que se eligió hacer un protocolo porque si se hacía una ley que previera las situaciones y los remedios el camino era dificilísimo. Por eso se apeló a que las autoridades, que están en conocimiento de las situaciones que se dan todos los días, en seis meses elaboren el procedimiento y la reglamentación de la ley.

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