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Archivos diarios: 18 agosto, 2013

Lunes de ocupación y cortes de calles por conflicto en la salud


NEGOCIACIONES SIN AVANCES

Los trabajadores de Salud Pública ocuparán mañana el Centro de Salud de Ciudad del Plata y realizarán cortes al mediodía sobre la Avenida 8 de Octubre y en la calle 25 de Mayo.

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Los trabajadores ya realizaron una protesta frente al Ministerio de Salud Pública. Foto: El País.

El conflicto en la Salud Pública continúa. Los trabajadores preparan nuevas medidas para mañana que afectarán el tránsito en La Unión y Ciudad Vieja, ya que al mediodía se realizarán cortes de calle sobre la Avenida 8 de Octubre, frente al Hospital Pasteur y en la calle 25 de Mayo, frente al Hospital Maciel.

Además se ocupará el Centro de Salud de Ciudad del Plata, medida que se suma a la que se viene realizando desde hace una semana en el Hospital Vilardebó.

El secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Pablo Cabrera, dijo a Subrayado que “no hubo avances sustanciales” como ellos esperaban y por eso resolvieron implementar estas medidas.

Los trabajadores se mantienen firmes en los reclamos de un salario mínimo de ingreso a la función de $ 26.000 (hoy es de 14.000) y la incorporación de 2.000 nuevos funcionarios.

 

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Buena noticia!!!


PREPARA UN OPERATIVO PREVENTIVO PARA LA MARCHA DEL PRÓXIMO SÁBADO

Inteligencia policial identificó a grupos que provocan disturbios

La Policía ya tiene identificados a los integrantes de los grupos anarquistas que participaron en los últimos incidentes con la Policía. Para el sábado 24, día de la “marcha por el Filtro”, se prepara un operativo preventivo.

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El jueves 15 manifestaron frente al Juzgado de Bartolomé Mitre y Reconquista. Ariel Colmegna

Eduardo Barreneche

Los episodios de 1994, que tuvieron lugar durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, se desarrollaron cuando un grupo de manifestantes resistió la extradición a España de los integrantes de la organización terrorista vasca ETA, Jesús María Goitia, Mikel Ibáñez Oteiza y Luis Lizarride. La gravedad de la situación provocó una intervención policial. En los enfrentamientos falleció el activista Fernando Morroni.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a El País que, en la marcha del próximo sábado, los Servicios de Inteligencia Policial realizarán un seguimiento de los integrantes de los grupos radicales -según la Policía la mayoría de ellos están nucleados en Plenaria, Memoria y Justicia- mientras que otras unidades procurarán que no haya desmanes.

Señalaron que la Policía dispondrá de un operativo de seguridad preventivo con vallados y efectivos para que los radicales no dañen con pintadas a edificios públicos y privados y agregaron que se tratará que la marcha discurra sin incidentes, ya que estos grupos “también tienen derecho a manifestarse”.

La Policía ya tiene identificados a los integrantes de estos grupos, dijeron las fuentes. De todos modos, por el momento no manejan información que indique que podrían generar fuertes disturbios en la marcha del Filtro del próximo sábado.

En los últimos tres meses hubo tres incidentes entre manifestantes y las fuerzas policiales: en la marcha estudiantil del miércoles 14, donde fueron detenidos un uruguayo y un peruano y procesados sin prisión; las protestas frente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) el 25 de julio; y los graves daños al Palacio de Tribunales en la madrugada del 5 de junio.

El jueves 15, la jueza Julia Staricco y la fiscal Adriana Costa procesaron sin prisión por un delito de daños a dos anarquistas -un uruguayo y un peruano que residían en Argentina- que durante la marcha estudiantil del día anterior rompieron un cajero automático, efectuaron pintadas en fachadas de comercios y causaron roturas de vidrios en una iglesia.

 

Al finalizar la instancia judicial, el abogado de los dos anarquistas, Gustavo Salle, dijo, en rueda de prensa, que los efectivos de Inteligencia Policial “tienen absolutamente monitoreados a estos grupos; nos consta que los servicios policiales hacen un seguimiento muy de cerca de los grupos radicales antisistémicos”.

Un informe de Inteligencia Policial enviado a la jueza Staricco involucra a la líder de “Plenaria, Memoria y Justicia”, Irma Leites, en los incidentes durante la marcha estudiantil del miércoles. Este documento tiene anexado varias filmaciones.

Para la Policía, “el núcleo duro y armado” de los anarquistas no superan los 30 integrantes. Todo el movimiento no supera las 200 personas, señalaron fuentes policiales.

La estrategia de los anarquistas es siempre la misma: se suman a una marcha o concentración popular, luego distorsionan la manifestación con pintadas de muros, tirando bombas molotov, dañando instituciones financieras o restaurantes y enfrentándose con piedras a la Policía.

 

 
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COFE evalúa realizar paro nacional de 24 horas


La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) no descarta realizar un paro nacional, coordinando con otros sindicatos, como por ejemplo la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

articulos2_29162El secretario general de COFE, Joselo López, señaló que en primera instancia se pretende el paro sea respaldado por el PIT-CNT.

Aunque aclaró que si la central sindical de trabajadores no decreta la medida, otros gremios podrán coordinar y decretar la paralización de actividades a nivel nacional durante 24 horas.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
Fuente Monte Carlo
VA

 

 
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¡Feliz día a los más pequeños de la casa!


¡Y por supuesto también al niño que todos llevamos dentro!

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Ya era HORA!!!


 TRABAJO DOMÉSTICO

La patrona tiene las de perder

Las empleadas domésticas están mejor asesoradas y han ganado todos los juicios entablados desde que se reconocen sus derechos laborales hasta ahora

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El consultorio jurídico de Juan Ceretta está abierto todos los viernes en la sede del Pit-Cnt. En dos horas recibe a seis mujeres, todas empleadas domésticas, que van a quejarse porque consideran que sus patrones incumplen alguno de sus derechos. Cinco de los seis casos terminan en un reclamo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Desde agosto de 2011, cuando se instaló el consultorio que asesora a las domésticas en forma gratuita por un convenio entre la Facultad de Derecho y el Banco de Previsión Social (BPS), Ceretta envió al MTSS más de 140 reclamos solicitando instancias de conciliación. El abogado informó a El Observador que en 80 % de los casos se llegó a un acuerdo económico. En el otro 20% se procedió a juicio, y en todos aquellos en los que ha habido sentencia, resultaron beneficiadas las trabajadoras por hasta $ 500.000.

Es que, al contrario de lo que ocurre en otros rubros, en el trabajo doméstico son las empleadas las que tienen todas las de ganar. Esto se debe, en parte, a que aún persiste la informalidad en el rubro y si bien muchas veces es una decisión conjunta entre ambas partes, la responsabilidad siempre recae en los empleadores. Se estima que 45% de las 110.000 domésticas en Uruguay están inscriptas en el Banco de Previsión Social (BPS).

Pero, además, las empleadoras no integran una cámara empresarial, de modo que no hay abogados referentes que dominen el tema. Según Ceretta, suelen recurrir a sus contactos (familiares, amigos, conocidos) para que les “den una mano”, pero estos están en desventaja respecto a los abogados de las empleadas, que siempre son los mismos y se han especializado en la normativa.

La explicación que subyace es que en la parte empleadora aún reina el desconocimiento. A Ceretta todavía le sorprende que los patrones vayan a las audiencias de conciliación sin los recibos de sueldo de sus empleadas por no saber que esto es una obligación. Lo mismo sucede con otros derechos de las empleadas, consagrados en la Ley de Trabajo Doméstico aprobada en 2008 (ver recuadro). Por ejemplo, es habitual que inmediatamente después de una inspección del MTSS, las empleadoras despidan a sus empleadas como represalia por haberlas denunciado. En esos casos es sencillo demostrar que hubo un “despido abusivo”, ya que no tienen el recaudo de esperar unos días para echarlas. “El patrón tiene tanta inexperiencia que comete los errores más groseros”, consideró Ceretta.

Del otro lado del mostrador está el abogado Hugo Barone. Él atiende otro consultorio jurídico gratuito que funciona en la sede de la Liga de Amas de Casa y en el que asesora a las empleadoras. A diferencia del consultorio de las empleadas, allí no se ofrece patrocinio. Barone atiende dos días a la semana y recibe unas 10 consultas que habitualmente refieren a temas tributarios y liquidación de haberes.

Los planteos de las empleadoras nunca derivan en un reclamo al MTSS porque todas las situaciones que quieran denunciar están previstas en la normativa. Si la patrona se queja, por ejemplo, de que la empleada falta más de lo que va, Barone le explica que tiene potestad disciplinaria y que puede sancionarla por eso, siempre y cuando se trate de una relación laboral formalizada ante el BPS.

En ese sentido, Barone dijo a El Observador que su consultorio jurídico tiene el cometido de reducir las “grandes vulnerabilidades de información” que tiene la parte empleadora. “Al empleador le cuesta comprender que las trabajadoras domésticas son trabajadoras como otras”, advirtió.

Algunos de los reclamos que recibe Ceretta son derivados al Sindicato Único de Trabajadores Domésticos. Son aquellos que, de acuerdo al criterio del abogado, tienen mayor interés colectivo por la “gravedad” que revisten: trabajadoras que no cobran el salario mínimo, que no gozan de su día de descanso, que trabajan todo el día sin interrupción. Generalmente en estos casos el sindicato solicita a la Inspección General del Trabajo del MTSS que realice inspecciones urgentes. Graciela Espinosa, presidenta del gremio, dijo a El Observador que algunas semanas llegan a solicitar hasta cuatro inspecciones.

Los motivos varían de acuerdo a “modas”, según Espinosa. “Ahora hay más casos de acoso laboral: mujeres que son humilladas hasta la medicación, que vienen al borde de la internación psiquiátrica. Las insultan, les dicen que no sirven para nada. Los gurises chicos les dicen ‘sos la sirvienta de la casa, mi madre te paga para que me banques’”, relató.

En lo que va del año llegaron alrededor de 20 casos de esos al sindicato. Sin embargo, demostrar una situación de acoso laboral es prácticamente imposible. “La ley te dice que hay que tener testigos, pero nosotras trabajamos de la puerta para adentro, y no los podemos filmar ni grabar porque la casa es un ámbito privado”, explicó la sindicalista.

La organización feminista Cotidiano Mujer, que tiene entre sus líneas de trabajo la protección de las empleadas domésticas –y en particular, las extranjeras– también solicita inspecciones al ministerio. Fue justamente por iniciativa de este colectivo que el 2 de agosto de 2012, por primera vez en la historia del país y de la región, se ingresó con una orden judicial a la residencia de una familia denunciada por explotación laboral de cuatro empleadas domésticas. El caso de las bolivianas de Carrasco marcó un hito en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y generó un aumento de las denuncias por incumplimiento.

Hace 15 días Cotidiano Mujer emitió un comunicado en el que informa que en el marco de un juicio laboral iniciado en contra de la familia empleadora, dos de las bolivianas fueron resarcidas “por las horas extras no pagadas y el daño moral generado en virtud de las condiciones de trabajo a las que eran sometidas”. La organización advierte que aún está en curso la instancia penal.

Además de dar respuesta a las denuncias, desde 2010 la Inspección General también actúa de oficio. Andrés Roballo, titular de esa oficina, dijo a El Observador que las inspecciones “han aumentado notablemente”,  lo cual “ha incidido en una mayor formalización”. Las multas van de uno a 150 jornales por trabajador involucrado (pasados a UR) dependiendo de la gravedad de la infracción.

 

Empleadas extranjeras

El caso de Carrasco también puso en el foco a las mujeres extranjeras, muchas veces bolivianas y peruanas pero también brasileñas o paraguayas, que vienen a trabajar de domésticas a Uruguay. El sindicato de empleadas aprovechó para invitarlas a unirse, y desde entonces se han acercado unas 40 trabajadoras.

Espinosa reconoce que las extranjeras representan apenas el 1% de las domésticas. Sin embargo, está convencida de que las patronas las prefieren antes que a las uruguayas y asegura que últimamente ha sabido de “muchos casos” en los que han echado a trabajadoras uruguayas para contratar extranjeras. Esta es otra de las “modas” que se ha impuesto, según la sindicalista.

Hace más de tres años se reúne en Cotidiano Mujer un grupo de mujeres migrantes que se dedican al trabajo doméstico. Habitualmente asisten unas 40, pero han pasado por allí más de 100. “Cuando arrancamos no estaban ni siquiera regularizadas a nivel migratorio. Como la mayoría proviene de la región, habían viajado con su cédula de identidad y nada más. Hubo un avance en ese sentido, y luego empezaron a pedir a sus empleadoras que las regularizaran”, contó a El Observador Valeria España, coordinadora del grupo. Al principio sufrían la reacción de sus jefas: “Si me seguís exigiendo te voy a despedir”, amenazaban. Ahora casi todas están registradas en el BPS.

La mayoría de las migrantes trabajan “sin retiro”, es decir, con cama. Si las empleadoras las prefieren extranjeras, quizás sea porque conocen menos de sus derechos que las uruguayas, dijo España. También es probable que sea más sencillo contratarlas porque no tienen familia ni redes sociales en el país. Tienen la ventaja de acceder a vivienda y comida, pero si las despiden pierden absolutamente todo y quedan en la calle. “A veces no tienen plata ni para volver a sus hogares”, contó el abogado Ceretta.

En el consultorio jurídico que funciona en el Pit-Cnt no solo se evacúan las dudas legales. También hay un equipo de asistentes sociales que atiende a las domésticas porque a menudo sus planteos desnudan realidades más complejas que ameritan otra intervención. Esta semana también empezó a implementarse un convenio con antropólogos de la Facultad de Humanidades para trabajar específicamente con las extranjeras. España, de Cotidiano Mujer, sostuvo que si bien no están llegando en “hordas”, las migrantes vienen en aumento sostenido porque Uruguay les resulta atractivo. Considera que se precisa una “política de apertura” hacia ellas.

 

Premio a la asistencia

La Liga de Amas de Casa representa a la parte empleadora en los Consejos de Salarios que se instalaron en 2008. Los convenios firmados desde entonces implicaron un aumento del 98% del salario de las empleadas. Mabel Lorenzo, presidenta de la asociación, dijo a El Observador que por ese motivo ha recibido “más de un tirón de orejas” de sus representadas. “Pero era un sector muy sumergido y había que equiparar”, argumenta Lorenzo.

En el último Consejo de Salarios se acordó que las domésticas reciban una prima por presentismo, representada en un aumento del 25% de su aguinaldo. Las empleadoras deben manifestar por escrito al BPS si las empleadas no cumplen con la “asistencia perfecta”, y en ese caso no se les adjudica el aumento. Esto empezó a regir para el medio aguinaldo de junio, por lo que aún no se ha evaluado. Asistencia perfecta implica no faltar ni una vez, exceptuando las certificaciones por enfermedad.

Para el año que viene empleadoras y empleadas acordaron elaborar un contrato base de trabajo que especifique las tareas a realizar y la remuneración a percibir. Consideran que esto evitará abusos de ambas partes. A su vez, se definirán categorías de trabajo, ya que en muchos casos las trabajadoras también cuidan niños o adultos mayores.

Mañana es feriado

Mañana 19 de agosto es el Día del Trabajador Doméstico y se considera un feriado pago no laborable para los empleados del sector. Esto fue acordado en 2008.

 

 
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LOS GREMIOS Y LA IZQUIERDA


El infantilismo compañero

Varios sindicatos radicalizaron sus posturas y enfrentan a la izquierda como lo hacían con blancos y con colorados; el gobierno como el PIT-CNT no saben cómo reaccionar

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“Los convenios están para ser cumplidos”. La frase la repiten varios sindicalistas de primera línea del PIT-CNT con años de experiencia en la tarea, como una de las principales enseñanzas que les dejó el histórico dirigente y cofundador del Frente Amplio (FA), José D’Elía. También la repitió varias veces en el último mes el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta. Pero en el último tiempo esas palabras no han encontrado eco en buena parte de la camada de nuevos dirigentes, que aun cuando sus sindicatos tienen compromisos firmados, no dudan un momento en hacer sentir sus reclamos sin considerar el alcance de las medidas.
La forma de proceder de los nuevos dirigentes, que encendió luces de alerta dentro de la central, es también un dolor de cabeza para la coalición de izquierdas y la gestión de gobierno, porque se ha transformado en un problema sin solución. Sin embargo, lejos de ponerles un freno, dentro del FA enfrentar a los sindicatos parece ser un tabú. Afectar o poner en riesgo la relación privilegiada que mantienen con el movimiento sindical desde hace más de 40 años, hasta ahora no estuvo en la agenda.

El politólogo Juan Carlos Doyenart considera que la relación con los sindicatos pasa por el momento más complicado desde que la izquierda está al frente del gobierno. “Sin lugar a dudas existe una cultura de izquierda donde los sindicatos ‘siempre tienen la razón’ por lo cual en esta situación están muy incómodos. Ahora son gobierno y comprenden que el gasto y el reparto tienen un límite”, explicó el analista a El Observador. “Claro que nadie le quiere dar la izquierda a nadie en el FA y tampoco en el aparato sindical, lo cual hace que los sectores más radicales tomen de rehenes a los moderados”, agregó.

Para el politólogo Jorge Lanzaro, si bien los dos gobiernos del FA se distinguen por los avances registrados en las relaciones laborales, hay aspectos que podrían haber funcionado “mejor”. Entre ellos destacó que “la asignación de bienes económicos y recursos de poder no se acompaña de un intercambio político en que el gobierno establezca ‘condicionalidades’ y consiga contraprestaciones”, como por ejemplo en la regulación y autoregulación de salarios y conflictos o acuerdos para la reforma del Estado o la educación, entre otras (ver entrevista).

Los reclamos salariales de los docentes es uno de los frentes de conflicto que se mantiene abierto. Si bien el Poder Ejecutivo está firme en no ceder a la presión de los sindicatos para que se otorguen aumentos superiores a los ya previstos en la Rendición de Cuentas, hasta ahora no encontró la forma de marcarles un límite para que los trabajadores midan sus reivindicaciones (ver página 4). Lo mismo le pasa en la salud pública. Los reclamos por más dinero y las ocupaciones volvieron como hace menos de un año.

El proceder de los sindicatos de “izquierda radical” o de “línea dura” como se les conoce han sido blanco de fuertes críticas por parte del presidente José Mujica a lo largo de su gestión. El mandatario ha dedicado todo tipo de cuestionamientos a la manera en que actúan, y especialmente a los gremialistas de la educación. A modo de ejemplo, a principios del año pasado en su audición radial les atribuyó “actitudes de izquierdismo infantil” que consideran que “todo está mal”. “Hay algunas cabecitas atolondradas que creen que se pueden llevar todo por delante”, había dicho Mujica.

Pero más allá de eso, el gobierno tampoco ha podido frenarlos con la ayuda del  PIT-CNT, porque sus dirigentes de referencia no tienen peso para llegar a esos sectores y sus esfuerzos por calmar las aguas no dejan de ser solo una intención. Mientras, los sectores no alineados siguen en la postura de confrontar, igual que lo hacían en la década de 1990 y principios de 2002 frente a los partidos tradicionales.

 

Conflictividad récord
El primer semestre de 2013 tuvo el mayor nivel de conflictividad desde que el FA asumió el gobierno en 2005, de acuerdo al último informe elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, pese al aumento del salario real y la reducción del desempleo de los últimos ocho años. Los sindicatos de la educación pública tuvieron una violencia “no habitual”, debido a  la ocupación de escuelas por primera vez en la historia y la realización de otro tipo de movilizaciones con convenios colectivos vigentes, dice el informe. Los reclamos por mejoras salariales fueron la causa de más de la mitad de los conflictos y se espera que la tendencia se mantenga de cara a la última parte del año, mientras se desarrollen la ronda de negociación colectiva en el sector privado que involucra a unos 500 mil trabajadores.

 

Cortocircuitos
Desde que asumió el presidente Tabaré Vázquez en el año 2005 y luego con Mujica al frente del Poder Ejecutivo, la postura de la central ha estado caracterizada por el reconocimiento a los logros del “gobierno amigo”, más que por cuestionamientos y reclamos como se acostumbró cuando gobernaron los partidos tradicionales. Después de ocho años eso empezó a pesar en la interna sindical, desde donde se cuestiona el alineamiento con el gobierno e incluso hay quienes están dispuestos a conformar una nueva central de trabajadores.

“Los sectores minoritarios del FA están opuestos a la política económica oficial. Ello genera que el aparato sindical (básicamente de funcionarios públicos) es utilizado para enfrentar la política económica de cuidar el gasto y el déficit fiscal”, afirmó Doyenart.

Las corrientes de tendencia radical vienen ganando espacio. Aunque no tienen una gran presencia dentro del PIT-CNT, sí tienen peso en sindicatos de la enseñanza, municipales y de la administración central. Eso se nota cada vez que se movilizan con huelga y con ocupaciones como cabeza de sus estrategias. Si bien el PIT-CNT insiste en que midan sus acciones, tampoco tiene los resultados que quisiera, porque no logra moderarlos en el uso de sus autonomías al momento de tomar decisiones.

Reclamar está bien
El diputado del Nuevo Espacio y exdirigente sindical, Jorge Pozzi dijo a El Observador que la relación con los sindicatos está dentro de los parámetros  que se podían esperar luego de “dos décadas de retraso en las relaciones laborales”. “Los trabajadores reclaman y está bien. No debemos preocuparnos por eso, debemos atender y negociar en lo público y garantizar la igualdad en la negociación entre privados. Cuanto más se aceiten estos mecanismos menor va a ser la conflictividad y mejor el resultado para todos”, afirmó. Para Pozzi la confrontación que algunos sectores minoritarios del movimiento sindical llevan adelante es “un camino errado”. “Nunca en los últimos años los trabajadores han tenido las herramientas que hoy poseen para lograr sus reivindicaciones. Debemos tratar de convencer, que lo mejor es hacer una apuesta por profundizar este modelo que el FA ha desarrollado”, agregó.

 

Relación privilegiada

En diciembre de 2003 el IV Congreso del Frente Amplio discutió, entre otros puntos, cómo debía ser su relación con el movimiento sindical en el gobierno. “La fuerza política y su gobierno, así como el amplio, multifacético y combativo movimiento de masas, integramos el bloque político y social alternativo, opuesto al bloque de poder. (…) Tenemos todos un mismo proyecto que, en sus grandes líneas, puede ser caracterizado de popular, nacional y democrático, antiimperialista y antioligárquico. (…) Asumimos, como cuestión de principios, la relación con los trabajadores”, dice el documento.
Dos meses antes, en el VIII Congreso del PIT-CNT la central también había discutido el tema. Si bien había sectores que eran partidarios de continuar la línea de confrontación practicada durante las administraciones de blancos y colorados, fueron mayoría quienes estaban a favor buscar acuerdos con el gobierno de Vázquez. “No somos ajenos ni al gobierno, ni a la fuerza política que lo sustenta, en cuanto somos parte de lo uno y de lo otro. (…) El movimiento sindical, desde su irrenunciable independencia de clase, estará en la primera línea de defensa”, dice la resolución, publicada en el trabajo titulado Sindicatos de izquierda ante el primer gobierno uruguayo, elaborado por los expertos en ciencias políticas Luis Senatore y Jaime Yaffé.

“Los cambios de rumbo tensan la hermandad”

Jorge Lanzaro

Doctor en Ciencia Política

¿Cómo define  la relación entre la izquierda y los sindicatos?
La izquierda y los sindicatos han tenido históricamente una relación de hermandad, con relativa autonomía, que se refuerza en los años 1960, al crearse la CNT como central única, en paralelo con sucesivas coaliciones de izquierda, que desembocan en el FA (1962-71). Desde la transición democrática hay un movimiento entrelazado, sindical y partidario, que es fuerza de oposición y vector de crecimiento del FA. El primer gobierno del FA tuvo un perfil “laborista”: se integra con una treintena de cuadros de origen sindical (legisladores y cinco ministros) y brinda a los trabajadores un cúmulo de bienes económicos y políticos, como aumento del salario real, mejoras en el trabajo y la seguridad social, formalización laboral, fuero sindical y sistema de salud. La política del gobierno acordó recursos de poder a los sindicatos, que aumentan en número y afiliados, manteniendo la unidad del PIT-CNT, en contraste con la fragmentación que hay en Brasil, Chile y otros países latinoamericanos. Una pieza crucial, es la restauración ampliada de los Consejos de Salarios, en su tercera época desde 1942 y 1985. La participación corporativa se extiende también en la enseñanza e influye en el sistema de salud.

¿Considera que se deben atender otros aspectos de la relación con los sindicatos?
Hay cosas que podrían funcionar mejor. Más dirigismo gubernamental y efectividad en la negociación tripartita de alto nivel (Consejo Superior de Salarios), ligándola a estrategias de desarrollo. El Ministerio de Trabajo ganó peso, pero podría mejorar sus capacidades institucionales y su competencia para la regulación (salario, productividad, competitividad). La ley de 2009 tiene un sesgo liberal, proclama la autonomía de las partes laborales y quitó facultades regulatorias al gobierno: más allá de la “pautas” – que en general se aplican–  los acuerdos ya no están sujetos a la homologación del Ejecutivo para ser obligatorios. La pulseada con el gremio de la bebida dejó en claro las limitaciones del gobierno. La asignación de bienes económicos y recursos de poder no se acompaña de un intercambio político en que el gobierno establezca “condicionalidades” y consiga contraprestaciones: regulación y autoregulación en salarios y conflictos; facilidades para la reforma del Estado o la educación; mejoramiento en las prácticas y la cultura de los servicios públicos. Esta pauta rige en Montevideo desde la administración Vázquez, con consecuencias deplorables en servicios municipales y en servicios públicos librados a la impunidad privada, como transporte o taxis. Felizmente, hay sectores privados, así como empresas y servicios públicos en que se ha avanzado y mucho, desde 1985 y con el Frente Amplio. El gobierno no ha obrado con todo el potencial de izquierda social democrática que podría tener. Falta definición de las relaciones con sindicatos y empresarios, falta liderazgo político y coaliciones reformistas. Hay zonas exitosas (macroeconomía, telecomunicaciones, energía, etc.) y zonas deficitarias, como educación.

¿Cómo ve los ataques que se realizan al gobierno desde algunos sectores del movimiento sindical y qué peso tiene la relación histórica entre izquierdistas al momento de tener que frenar algunos reclamos?
Los sindicatos están atravesados por la competencia política entre sectores de la propia izquierda, extra e intra Frente Amplio. Esto redunda en las formas de lucha, por disputas ideológicas o primitivismo novato, y  dificulta la puesta en obra de políticas “transformistas”. Es algo que preocupa cada vez más a los dirigentes del FA, con miras a un tercer mandato.  Y está planteado en la interna sindical, incluso entre los cercanos al gobierno, bajo amenaza de ser tachados de oficialistas.  Los cambios de rumbo tensan la hermandad y cuestan bastante, generan polémica en el FA y en el sindicalismo.

 

 
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ERA HORA!!!


PARLAMENTO

Voto electrónico en Diputados mejorará el control de asistencia

Comprarán 164 micrófonos nuevos con identificación de huella digital para la Cámara de Representantes

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El jueves pasado, cuando la Cámara de Representantes se reunió para terminar de votar la Rendición de Cuentas, quedó en evidencia la falta de control de asistencia y permanencia de los legisladores en sala. Aun sabiendo que iban a darse de lleno contra la muralla del Frente Amplio y su mayoría que juega en bloque, los partidos de la oposición habían presentado artículos aditivos al proyecto. Cuando se fue a votar  uno de ellos–el que pretendía aumentar el presupuesto para la educación– solo 22 legisladores levantaron la mano de los 72 que estaban en sala. De ese total, 50 eran del oficialismo –que tiene la mayoría justa– y el resto que sí levantaron la mano eran blancos, colorados e independientes. Sin embargo, la mayoría de los 49 diputados de la oposición estaban afuera de sala.

El episodio generó bromas y reproches por parte de la coalición de izquierdas que, como necesita tener a todos sus integrantes prontos para dar el voto y llegar a la mayoría para imponer su ley, trabaja para tener siempre a sus 50 en sala. Tiene, para ello, al menos tres secretarios de bancada que permanentemente controlan la permanencia en sala, convocan a suplentes y retan a quienes salen, aunque sea por unos minutos para atender una llamada.

Eso cambiará o, al menos, quedará registro cada vez que suceda, si es que finalmente los diputados aceptan la instalación del voto electrónico, cuya licitación avanza. Según dijeron a El Observador fuentes del Parlamento, la Presidencia de la Cámara de Representantes –que encabeza el colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay)– recibió cuatro propuestas de empresas privadas para vender e instalar 164 micrófonos nuevos con identificación de huellas digitales. La inversión aproximada será de US$ 400 mil.

El nuevo sistema podrá detectar cuántos y quiénes votan qué cosa en las diferentes instancias adentro del plenario. Ello, por lo tanto, dejará al descubierto la asistencia y la permanencia de los legisladores.

En la actualidad, con tan solo ir unos minutos a sala cada diputado computa su asistencia. Basta que el funcionario de Cámara encargado de llevar la cuenta lo vea y apunte su ingreso, para que luego no se le incluya la falta y cobre el sueldo de forma íntegra.

Para instrumentar el sistema de voto electrónico los diputados deberán ponerse de acuerdo y aprobar una modificación al reglamento de cámara, por lo que la decisión en última instancia será política.

La Presidencia de Diputados espera un informe técnico de la comisión especializada para adjudicar la licitación y luego enviarla al Tribunal de Cuentas, para finalmente hacer efectiva la compra. De forma paralela, una comisión integrada por funcionarios y los secretarios de sala (que son políticos) se reúnen para redactar un proyecto de reforma al reglamento. Las votaciones en Diputados pueden ser a mano alzada, como es hoy, pero también de forma electrónica. Esta última posibilidad, sin embargo, aporta también datos de quién vota, por lo que se convierte en un sufragio nominal, lo cual ocurre desde siempre si un legislador lo pide. Según supo El Observador, la propuesta de reforma incluirá ese y algún otro cambio, como por ejemplo la potestad para solicitar durante el transcurso de las sesiones que se informe el quórum y, con ello, que sea pública la permanencia de legisladores.

Graban audios para publicar en internet

Otra licitación abreviada de la Cámara de Representantes adjudicó a la empresa Solís & De León la adquisición de un software por el cual serán grabados en formato digital, editados y almacenados los audios que se generen en las sesiones plenarias y las comisiones. El precio total fue de US$ 252.540 (IVA incluido); la firma ganadora fue la única que se presentó al llamado y accedió a rebajar 4% el precio de oferta.

 
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