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Archivos diarios: 7 septiembre, 2013
INFORMACIÓN DE INTERES ULTIMO MES
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Acumulado 2013 – 6,74%
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Índice Medio Salarios(Acum. 12 meses)
Julio 2013 11,85%
Desempleo
Julio 2013- 7,1%
Salario Mínimo Nacional
01/01/2013 – $ 7.920
Salario Mínimo Servicio Doméstico
01/01/2013 – $ 9544,43 Acta de acuerdo
Fuente: http://www.cuestaduarte.org.uy
NUESTRO APOYO a los COMPAÑEROS de Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU).
Estimados compañeros:
Adjuntamos en apoyo la resolución de Asamblea y las medidas de lucha adoptadas por la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU).
Comisión Prensa y Propaganda
PARA LOS QUE MIRAN PA’ OTRO LADO
Vamos a seguir peleando hasta que se concrete!!! sin cuentos!!!! A pesar que tu recibas los beneficios de nuestra LUCHA!!!
Comisión Prensa y Propaganda
Marihuana libre lejos de Monsanto y todas las empresas que especulan con el hambre de millones de personas.
Denuncian a Monsanto tras campaña pro legalización de marihuana transgénica
La campaña televisiva en Uruguay para la “regulación responsable” de la marihuana, a un costo de U$S100.000 estaría siendo financiada en parte por fondos del exterior, provenientes de organizaciones directamente vinculadas con la multinacional Monsanto que, a su vez, planea patentar una nueva semilla de marihuana transgénica en su beneficio
Tras la marihuana pujan fuertes intereses comerciales
Las asociaciones Drug Policy Alliance y Open Society Foundation, fueron reconocidas en el programa Entrelíneas de canal 20 del cable TCC, como las que solventan parte de la campaña en Uruguay. Open Society Foundation, está bajo el mando del multimillonario George Soros, uno de los accionistas de Monsanto, y que también apoya públicamente a Drug Policy Alliance.
La evolución que ha tenido el proyecto de ley de regularización en Uruguay, que apunta a que el fuerte de la producción quede en manos privadas, podría ser un negocio multimillonario, además de proyectable en otros países, para Monsanto, que ya logró que sus semillas “registradas”, constituyan el principal rubro exportador uruguayo: la soja transgénica.
Según publica el periodista Leonardo Haberkorn (http://leonardohaberkorn.blogspot.com/), el vínculo entre los intereses de la multinacional, la campaña publicitaria, y los intereses por la patente sobre la marihuana, son al menos, coincidentes.
Otro fenómeno “coincidente” se registra en México-EE.UU
El ex director de estrategia corporativa de Microsoft, Jamen Shively, anunció que planea la creación de la primera marca nacional de marihuana en los Estados Unidos, con cannabis que espera importar desde México. La nueva empresa tiene ya sede en Seattle, y espera convertirse en líder del cannabis tanto recreativo como medicinal en la nación norteamericana.
El empresario señaló que tendrá una financiación inicial de U$S10 millones para su proyecto, que abarcaría en principio a los dos estados americanos que legalizaron la marihuana recreativa y a los 18 que la permiten para uso medicinal.
“Es un mercado gigante en busca de una marca. Estaríamos felices si tenemos el 40% de la marihuana en todo el mundo”, dijo Shively en declaraciones que publica El Mundo, de España.
10 RESPUESTAS A 10 MENTIRAS SOBRE LA MEGAMINERÍA en Uruguay
La reforma del Código de Minería de 2011, la Ley del Puerto de Aguas Profundas de 2012 y la Ley de Minería de Gran Porte recién votada integran un conjunto orquestado de decisiones políticas y normas legales con la finalidad de abrirle las puertas a una actividad económica -la minería metalífera a cielo abierto- cuya escala y magnitud de los impactos sociales y ambientales no tiene precedentes en el país.
Cuando la sociedad precisaría disponer de la información y el tiempo adecuados para definir cambios de tal importancia, la presencia simultánea de empresas interesadas en esa actividad hace que los debates se realicen en medio de disputas y conflictos concretos. En este proceso se ponen en evidencia no solo simples carencias en el suministro sino también la deformación de la información a la población.
Este material pretende ser un aporte al esclarecimiento de una serie de argumentos falsos relacionados con este tema que han sido usados de manera sistemática para confundir a la población sobre la naturaleza de las decisiones en juego.
1. El Uruguay se quedará con el 50% de las ganancias de las grandes mineras.
Existen dos opciones para calcular el impuesto a la renta: 1) sobre la “renta efectiva“, que es la ganancia declarada por la empresa; y 2) sobre la “renta presunta“, que se deduce de las ventas. La primera opción fue probada en Chile y se vio que las mineras se las arreglan para declarar que tienen pérdidas y no pagar el impuesto. La segunda opción, en cambio, hace muy difícil la evasión. El IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) de la ley uruguaya sigue la primera opción y no incluye medidas para impedir que las empresas inflen costos y escondan las ganancias. Por esta razón, la recaudación por el IRAE será muy pequeña o reducida a cero.
Al impuesto “adicional del IRAE” se lo presenta como dirigido a recaudar más cuando las mineras ganen mucho por los precios muy altos. Pero si el IRAE es ínfimo, el adicional del IRAE, al ser un porcentaje del primero, será ínfimo también.
Como si esto fuera poco, la ley aprobada permite descontar, para el cálculo del IRAE, todas las inversiones hechas por la minera antes de obtener la concesión (estudios de prospección, exploración y el informe de impacto ambiental presentado a la DINAMA). Esta ley permite también descontar el canon del adicional del IRAE. El canon no es un impuesto, es el 5% del valor del mineral que cobra Uruguay por llevarse esa riqueza. Al permitir a la minera que descuente el canon de un impuesto, está reduciendo el canon a cero. Es decir, le están regalando el 100% del valor del mineral.
Por estas razones, la recaudación por IRAE y adicional del IRAE, supuestamente el 50% de las ganancias o el mentado “fifty-fifty”, será insignificante.
2. La ley de MGP impone a las grandes explotaciones mineras mayores impuestos.
Además de ser irrisorios los ingresos por IRAE y adicional del IRAE, esta ley habilita otros beneficios fiscales para las mineras. Cuando el Poder Ejecutivo concurrió a la discusión en el Senado, el ministro Kreimerman explicó que la minera será eximida del pago del Impuesto al Patrimonio, del Impuesto al Valor Agregado y de los aranceles de importación y exportación. Solo por la exención del IVA se calculó que Aratirí será beneficiada con el no pago de 700 a 1.000 millones de dólares.
Este fue uno de los motivos por los cuales los partidos Nacional y Colorado no votaron esta ley. Con tales exenciones se violó un acuerdo de la Comisión Multipartidaria sobre Minería de Gran Porte que decía: “No serán aplicables beneficios tributarios de la Ley de Promoción de inversiones a las actividades extractivas y conexas (…). No serán aplicables subsidios a exportación…”. (Capítulo V. Eje económico, 5.d.)
La empresa minera será subsidiada además por el consumo de agua gratis y energía eléctrica a un tercio de la tarifa residencial, por obras de infraestructura y portuarias a cargo del gobierno por lo que, si se recauda algo, no se recaudará gran cosa.
3. Los asalariados rurales tienen poco trabajo y mal pagado, la minería creará nuevas fuentes de trabajo y con sueldos superiores.
Uruguay tiene hoy unos 70.000 asalariados rurales. En 2006 se aprobaron las leyes de libertad sindical y de regularización laboral en el BPS y, en 2008, la ley de ocho horas en el campo. El trabajador debe cobrar su salario en dinero, junto con la prestación de alimentación y vivienda (o un monto equivalente) fijado en el Consejo de Salarios. El trabajador rural está hoy legalmente protegido. Si se intenta eludirlo, el gobierno tiene la responsabilidad de inspeccionar, sancionar y hacer que se cumpla la ley.
Aratirí (el único proyecto posible en el país de minería de gran porte), promete 1.300 empleos directos para una explotación de 12 años. No es una cifra significativa frente al total de asalariados rurales pero, además, la zona de Valentines está habitada por productores familiares y por asalariados que trabajan en una actividad permanente. ¿A dónde irán ahora los actuales pobladores y adónde irán los trabajadores de Aratirí después de esos 12 años, cuando esa zona rural haya quedado destruida?
El obrero minero, una ínfima minoría incluso en los países ricos en minerales, cobra altos sueldos por la altísima rentabilidad de la minería y porque están pagando los riesgos de salud y de corta vida a los que se ve expuesto ese obrero.
4. El desarrollo de nuevas tecnologías alivia los impactos al medio ambiente.
En realidad, los nuevos equipamientos destruyen mucho más porque la minería a cielo abierto en gran escala está dirigida a explotar yacimientos pobres en metales, de bajo porcentaje de hierro y oro como los existentes justamente en Uruguay.
Para que la actividad minera sea rentable en estos lugares, las máquinas excavadoras y de transporte deben remover volúmenes mucho mayores de roca del subsuelo, usan más explosivos y productos químicos que producen más polvo, ruido y contaminación, y consumen más combustible y energía. Por lo tanto, si se lo compara con otras tecnologías conocidas, el ataque al ambiente es mucho mayor.
La megaminería metalífera a cielo abierto es intrínsecamente destructiva. No es algo excepcional, sus impactos son reconocidos y abundan en el mundo entero.
5. La extracción del hierro contribuye a crear una industria siderúrgica nacional.
Ni Aratirí ni el gobierno están promoviendo con este proyecto una industria siderúrgica nacional. El ritmo de extracción del hierro -18 millones de toneladas por año-, es para exportarlo aprovechando los precios altos del mercado. Por esta razón el proyecto Aratirí tiene tres partes indisociables: mina, mineroducto y puerto oceánico.
Para crear una industria siderúrgica con nuestro hierro, el mineral debe quedar en el país y, en vez de entregarlo a una empresa extranjera, el estado debe organizar la explotación llamando a una licitación. A su vez, el ritmo de extracción debe ser menor, para reducir el impacto ambiental y que la producción se mantenga varias décadas. Solo el montaje de la industria siderúrgica lleva unos cinco años.
La última reforma del Código de Minería definió que el 15% del mineral que extraiga una empresa debe ofrecerlo en el país. Si la oferta dura solo 12 años, como quiere Aratirí, no alcanza para armar una industria siderúrgica.
Durante la discusión parlamentaria, se propuso que la ley de MGP fijara una tasa de extracción anual del hierro para que la explotación durara unos 60 años, pero la mayoría oficialista se opuso a fijar un límite de extracción.
6. Los daños de la minería no son significativos porque el área afectada es pequeña.
En las presentaciones de su proyecto, Aratirí fue aumentando la superficie de impacto de las minas, aceptando que la propuesta había sido insuficiente. En el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el distrito minero ocupaba 4.300 hectáreas. En el segundo EIA subió a 6.210 hectáreas la zona de impacto directo y la franja de amortiguación pasó de 11.500 a 14.505 hectáreas. Aún así, esta franja toma la mitad de la mínima distancia de impacto que, según informes del propio EIA, sería de 3 kilómetros. Si se toma esta distancia, el área afectada llega a unas 30.000 hectáreas.
El daño es mayor aún porque Aratirí posee títulos de prospección en esa zona sobre 120.000 hectáreas y, por la reforma del Código de Minería de 2011, que extendió los plazos, esto significa que los productores rurales son rehenes de las decisiones de la minera por 12 años. ¿Por qué el estado otorgó a esta empresa títulos de tal magnitud? Y, si Aratirí no piensa explotarlos, ¿por qué no devuelve esos títulos?
Se pretende minimizar el daño alegando que es un área pequeña, pero se reconoce la importancia del daño. Además de los impactos durante la explotación, se destruirá un suelo que posibilita la vida y una actividad productiva permanente.
7. La ley exige a las mineras la reconstrucción del ambiente original.
Autoridades del gobierno, incluido el Presidente de la República, José Mujica, afirman que los inmensos cráteres de la mina se vuelven a rellenar y se restaura la actividad productiva anterior. Esto es sencillamente falso, en ninguna parte del mundo esos pozos se rellenan, menos van a hacerlo en Uruguay. No se rellenan porque tiene un alto costo y hacerlo reduce la rentabilidad de las empresas. Incluso se los deja abiertos por si más adelante surge el interés de continuar la extracción.
La ley de minería de gran porte contiene frases genéricas sobre la preservación del medio ambiente y una sección dedicada al plan de cierra de la mina, que incluye la imposición de garantías económicas para el cumplimiento del plan. Pero no define exigencias concretas de restauración del ecosistema precedente y éstas quedan libradas a los resultados de una negociación entre el gobierno y la minera.
Por otra parte, la propuesta de Aratirí ha sido muy clara, tanto en la comunicación a la DINAMA como en la discusión parlamentaria de la ley. Aratirí propone rellenar con agua de lluvia esos pozos, en un proceso que puede demorar hasta 80 años, al final de los cuales no sabe si esa agua estará apta para otros usos en la zona.
8. Se utilizará poca agua porque el proceso trabajará en ciclo cerrado.
Según Aratirí, el agua se gestionará en “circuito cerrado”: uno, formado por la represa de relaves, la represa de agua bruta y la planta de beneficiamiento; y otro, formado por el mineroducto hacia el puerto y un acueducto de retorno. Con este sistema, tendría que reponer por pérdidas 1,1 millón de metros cúbicos anuales (el consumo de 90 hectáreas de arroz). Pero Aratirí prevé un emisario submarino de 2,5 kilómetros de largo, al costado de la terminal portuaria, para descargar en el océano las aguas usadas y contaminadas del distrito minero.
¿Se puede llamar a esto “circuito cerrado”? Evidentemente, no. Es peor.
Además, para extraer el mineral del subsuelo desviarán varios arroyos y el río Yí, contaminarán aguas superficiales, napas freáticas y aguas subterráneas, tanto por el escurrimiento de los cráteres y de los depósitos de estériles, como por la infiltración hacia el suelo de los depósitos de relaves y de agua bruta. Los impactos de estas contaminaciones y las alteraciones del sistema hídrico de la región se extenderán, según el propio informe de Aratirí, entre 3 y 6 kilómetros desde el borde de las instalaciones mineras.
9. La minería se hará en tierras donde no hay posibilidades de desarrollo.
Se ha presentado a la zona potencialmente afectada por el proyecto Aratirí como un rincón abandonado del país. Al decir que pertenece “al Uruguay profundo”, se alude a una zona de pobreza y carente de desarrollo. Se la asocia entonces con el latifundio tradicional para decir que los que se oponen a la minera son “terratenientes”. Es un discurso mentiroso dirigido a las personas que desconocen esa realidad.
Según las estadísticas oficiales, en las tres áreas del proyecto minero, hay 3.573 personas dedicadas a la actividad agropecuaria que se verán directamente afectadas y 4.156 trabajadores con un grado de afectación indirecto. El propio EIA de Aratirí expone que los establecimientos del distrito minero son de los que el Ministerio de Ganadería (MGAP) define como “productores familiares” en la medida en que “el promedio de los establecimientos de la zona” es menor de 500 hectáreas.
Un informe reciente del MGAP calcula una rentabilidad bruta de 160 y neta promedio de 49 dólares por hectárea en la zona y estima que son necesarias 361 hectáreas en propiedad o 550 ha, si el 33.4% fuera arrendada, para que un productor tenga el ingreso medio de los hogares de una localidad pequeña del interior. El mismo informe agrega que, para el productor familiar, la tierra tiene otros valores, además del económico, como son la vivienda, la alimentación, la cultura y el estilo de vida, y que habrá dificultades para el realojamiento de esa población.
10. La minería de gran porte permitirá diversificar la matriz productiva del país.
Justificando la nueva ley de minería de gran porte, el senador Daniel Martínez dijo: “O diversificamos la matriz productiva, avanzamos en sectores de mucha más tecnología y valor agregado o vamos a ser un país pobre toda la vida”. Este argumento va dirigido a sectores preocupados por el desarrollo tecnológico del país, pero es tan vacío de contenido como el que asocia estos proyectos mineros con la industrialización.
No se diversifica la matriz productiva porque es una actividad meramente extractiva. Es decir, extrae el mineral y lo exporta en bruto. En segundo lugar, no es duradera porque, a lo sumo dará para 15 a 20 años y luego se acabó el recurso. Si se pretende diversificar la matriz productiva, debería poder realizarse una actividad permanente. En tercer lugar, es incompatible con otras actividades productivas y destruye el ecosistema, con lo cual, al cabo de un corto lapso, simplemente habremos perdido para siempre una zona productiva.
La minería de gran porte que se pretende instalar solo aumenta la condición primario exportadora de la economía. Sin diversificación productiva ni industrialización, el país será más dependiente aún de los vaivenes del mercado internacional, tanto por las materias primas que debemos vender, como por los productos manufacturados que, sin un cambio sustancial del modelo de desarrollo, seguiremos comprando.
MOVUS. (Movimiento por un Uruguay sustentable)
ESTE 14 DE SETIEMBRE «PLANTA UN ARBOL»
Este 14 de Septiembre, elige un árbol autóctono, un lugar donde pueda crecer, y en el lugar del mundo en donde vives, plantado y cuídalo hasta que sea fuerte. Cada participante se compromete a plantar un árbol en el lugar del mundo en que viva. El árbol deberá en lo posible, ser autóctono y tener posibilidad de crecer en amplitud.
Exhortamos a nuestros amigos nos envíen fotos realizando la tarea con algún texto si así lo desean (puede ser por mensaje o por mail a jaurecologico@gmail.com). Publicaremos en nuestro blog y en el Facebook todas las fotos recibidas.
Mujica propone que funcionarios públicos duren diez años en los cargos y que la prioridad para ingresar la tengan los pobres
El presidente José Mujica considera que Uruguay debería tener un régimen en el que los funcionarios públicos trabajen en el Estado hasta diez años y que en el acceso a esos puestos tengan prioridad las personas pobres, “para resolverles los problemas básicos”.
Se requiere una constante “renovación” de la plantilla de funcionarios públicos, opinó Mujica en la primera parte de una entrevista que mantuvo con el semanario “Voces”, publicada el jueves 29.
El presidente afirmó que hoy en el país están por un lado los trabajadores privados con un sistema y los públicos con otro, por lo que hay una especie de régimen “aristocrático”.
“Trabajadores con coronita, ¡no seas malo!”, exclamó.
“Pienso como idea programática que el país debiera alentar un régimen en que el empleado público esté cinco o diez años, no más. Y elegir fundamentalmente a la gente pobre que quiera hacer una carrera, que durante ese tiempo sea funcionario público para resolverle los problemas básicos. Pero después, para afuera y bailando, no tener una administración de viejos. Que sea en constante renovación”, dijo.
El mandatario agregó que esto busca tener un “sentido democrático”. “Si los uruguayos quieren ser empleados públicos, ¿por qué algunos? ¿Por qué no abrir la cancha para que todos puedan serlo por un tiempo? Que entren con la mentalidad de que no es para siempre, porque el tipo entra y… dentro de cuarenta años me jubilo, ¡no seas malo! Se estancó, se queda ahí, ¿para qué va a luchar? Es hasta una vida triste, porque una vida sin riesgo, sin desafíos… Perdés la aventura de la vida”.
Desde que asumió en el gobierno, el papel de los funcionarios públicos ha sido preocupación de Mujica. En su discurso de asunción el 1º de marzo de 2010, dijo que “el 90% de la eficiencia del Estado se juega en el desempeño de los funcionarios públicos”.
“La sociedad uruguaya ha sido benévola con algunos de sus servidores públicos y casi cruel con otros. Ha permitido que funciones sencillas, que no requieren esfuerzo ni preparación, se paguen en algunas oficinas 10 veces más de lo que recibe quien realiza un trabajo imprescindible y duro, como un policía o un maestro rural. Cuando estas asimetrías duran un tiempo, pueden considerarse errores o desaciertos. Cuando duran décadas, más bien parecen ser manifestaciones de una sociedad que se va volviendo cínica”, dijo.
A la vez opinó que la sociedad uruguaya “ha protegido a sus servidores públicos mucho más que a sus trabajadores privados. Recordemos que en la crisis del año 2002 y 2003, casi 200.000 personas perdieron su trabajo y ninguna fue un funcionario público. Se estima que otras 200.000 sufrieron rebajas en sus salarios, y todos fueron trabajadores privados”.
El artículo 60 de la Constitución declara que los funcionarios presupuestados de la Administración Central son inamovibles y solo pueden ser removidos luego de un trámite que culmina con una decisión del Senado.
Nuevo estatuto. Pero mientras Mujica lanza esta “idea programática”, ya está en vigencia el nuevo estatuto del funcionario público ?”una rayita por el lomo de nada”, según el mandatario? que además de definir la obligación de trabajar ocho horas para los nuevos empleados que ingresen y estipular los feriados no laborales, también incluye consideraciones inéditas que, según expertos, “brinda mayores garantías a los trabajadores”.
Entre otras, según se establece en la ley, los trabajadores estatales pueden acceder a licencia por violencia doméstica.
“En casos de inasistencia al servicio debido a situaciones de violencia doméstica debidamente acreditadas, el jerarca respectivo dispondrá que no se hagan efectivos los descuentos correspondientes”, se indica en la normativa.
Consultado por Búsqueda, el especialista en derecho administrativo Adrián Gutiérrez, socio del estudio Rueda, Abadie y Pereira, dijo que “es novedoso” porque “a nivel privado no hay nada regulado como lo hace este nuevo estatuto”.
Gutiérrez indicó que “habrá que regular la implementación” para aplicar correctamente la norma y opinó que “la forma más clara de poder acreditarlo es un pronunciamiento judicial que estableciera que la persona fue víctima de violencia doméstica”.
Por otra parte, en el nuevo estatuto se indica que los funcionarios deben “dar cumplimiento a las determinaciones de sus superiores jerárquicos” y “si el funcionario entendiere que lo que se le ordena es contrario al derecho o a las normas éticas, podrá pedir a su jerarca que se le reitere la orden por escrito”.
Para el especialista, con esta medida “se otorgan mayores garantías al funcionario para que pueda contar con un elemento de respaldo que acredite que no hubo un incumplimiento de sus funciones”.
¿Cuántos son? La semana pasada, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Julio Martínez, informó sobre la cantidad de personas que tienen una relación laboral con el Estado durante la discusión de la Rendición de Cuentas en el Senado.
Según dijo el jerarca, el total de funcionarios públicos y no públicos es de 284.762. De este número, 268.443 son funcionarios púbicos que se discriminan de la siguiente manera: 103.346 son presupuestados; 27.900 efectivos policiales; 32.846 docentes efectivos; 48.302 contratos permanentes o de función pública; 1.911 contratos policiales ?que tienen menos de cincos años de ejercicio?; 32.807 docentes interinos; 7.474 zafrales y eventuales; 6.000 docentes suplentes y 7.857 con otro tipo de vínculos.
Desde el punto de vista de porcentajes, el 61% es personal presupuestado, docentes efectivos y efectivos policiales; el 31% corresponde a contratos permanentes, contratos policiales y docentes interinos; el 5% refiere a funcionarios zafrales eventuales y docentes suplentes, y 2,9% incluye otros vínculos (contratos realizados por la Administración de Servicios de Salud del Estado, jornaleros, secretarios de ediles, contratos de alta prioridad y alta especialización).
En tanto, la cantidad de vínculos temporales del Estado son 16.319 que se dividen de esta manera: 1.849 becarios, 2.467 pasantes, 430 arrendamientos de obra, 519 arrendamientos de servicios, 34 arrendamientos de obra con financiación de organismos internacionales, 654 arrendamientos de servicios con financiación de organismos internacionales, 2.212 contratos a término, 643 provisoriatos, 2.181 contratos temporales de Derecho Público, 90 contratos laborales, 110 contratos artísticos y 5.130 que están catalogados como “otros no funcionarios” (contratos proyecto Administración Nacional de Educación Pública-ANEP, contratos de horas docentes en centros del Ministerio de Educación y Cultura, docentes en el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, contratos en ASSE, OSE, BPS, adscriptos a los ministros).
A esto se suman la cantidad de funcionarios de los escalafones P y Q, es decir los políticos y los de particular confianza. En total son 1.658 (962 políticos y 696 de particular confianza). El 69% de estos dos escalafones corresponde a los gobiernos departamentales, 12% al Poder Ejecutivo, 9% al Poder Legislativo, 5% a los organismos del 220 de la Constitución (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, entes autónomos y servicios descentralizados no comerciales o industriales), y 5% a entes autónomos y servicios descentralizados comerciales e industriales. (Bùsqueda)
EN EL MTOP PINTO «PRIVILEGIADOS»
El grupo amarillo apadrinado por el Ministro Pintado…denominado APROMTOP (Asociación de Profesionales del MTOP), en su última Asamblea decidió no participar de la Capacitación sobre el Expediente Electrónico… cuando el resto de los Funcionarios del MTOP lo hacen por resolución ministerial. Quiénes se creen que son estos personajes, que por haber pasado por la Universidad, se creen dueños del mundo!!! Nahhh…. los Sindicatos defienden a todos/as los/as trabajadores/as… no sólo a un grupo selecto de «privilegiados». Pensar que el «divisionista» Ministro Pintado les dió vida… dividiendo a los sindicatos. Mientras tanto dicho Ministro que fue Sindicalista va dar cátedra a COFE para intentar convencer a la Directiva de la COFE a aceptar a este grupo corporativo de profesionales del MTOP; yendo en contra de Unidad de los Gremios de la COFE. Nos da vergüenza ajena…
Ponemos a disposición de ustedes el Decreto que dispone el uso del Expediente Electrónico por toda la Administración incluyendo los Profesionales. Pulse aquí
A.FU.SEC. 