Dragado del Martín García es un “problema” con Argentina

GOBIERNO

Según el ministro de Transporte y Obras Públicas, Victor Rossi, ese tema afecta el “relacionamiento” de ambos países

El dragado del canal Martín García, cuyos trabajos el último año debían realizar en conjunto Uruguay y Argentina, se ha convertido “en un problema de relacionamiento” con el vecino país, aseguró ayer el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, durante el Consejo de Ministros realizado en Maldonado.

Al finalizar la concesión de Riovía, empresa que realizaba el dragado, las dos naciones se comprometieron a llevar a cabo las tareas durante 2014, pero incumplimientos y falta de acuerdo en torno al costo de los trabajos impidieron mantener el canal, al punto de que hubo barcos que encallaron en el Martín García.

De esa forma, el gobierno realizó un llamado en las últimas semanas para una nueva licitación para el dragado del canal. “Tenemos que garantizar el dragado. No estamos seguros cual va a hacer el resultado, pero creemos que el llamado que recientemente se concretó es un paso adelante”, indicó Rossi. “Lamentablemente el mantenimiento de los dragados y particularmente el de Martín García se ha convertido en un problema en el relacionamiento con Argentina. El modo en cómo se estaba dragando no era satisfactorio”, añadió el jerarca.

En relación a los trabajos realizados por la draga de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Rossi resaltó que a su vez dedicarán esfuerzos en “fortalecer” la unidad de dragado de la ANP, “que es la más equipada y la que necesita incorporar más equipamientos”, y que ha sido la que ha participado en el convenio entre la ANP y Vías Navegables de Argentina para dragar el Martín García.

“No pongo en duda el esfuerzo de quienes trabajaban en la draga, pero las características de las dragas, de las unidades ahí presentes, y el resultado del trabajo no era satisfactorio. El canal Martín García perdió las condiciones de navegabilidad y eso significa no solo limitación a quienes circulan por el canal sino una pérdida de negocios portuarios y de transporte para Uruguay”, insistió Rossi.  En las afueras de la Intendencia de Maldonado, donde se realizó el Consejo de Ministros, una decena de manifestantes con carteles y pancartas se mostró opuesta a la idea de que una empresa privada vuelva a dragar el canal Martín García. Uno de ellos tomó la palabra durante el foro y cuestionó ese punto frente a Rossi.

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Efecto de la Ley de Vivienda de Interés Social se diluyó en 2014

MONTEVIDEO

Construcción en los barrios de mayor valor de los inmuebles recobró fuerza el año pasado

La aplicación de la Ley de Vivienda de Interés Social, con sus incentivos a la construcción en áreas no tradicionales, implicó un importante traslado de las obras desde las zonas costeras y de mayor valor de los inmuebles hacia los segmentos de valores medios. La Blanqueada, Centro y Prado fueron los que más aumentaron su participación en los últimos años en el área construida, en detrimento de Carrasco, Pocitos y Punta Carretas. Sin embargo, durante el último año, los permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo (IM) mostraron un retroceso en esa tendencia.

Los barrios que presentan los valores más altos de la vivienda registraron un aumento en la superficie aprobada para la construcción de obra nueva de 52% durante 2014 –respecto al año anterior–, según los datos procesados por la Unidad de Análisis Económico de El Observador, a partir de información de la comuna capitalina.

Del análisis y procesamiento de, uno a uno, los proyectos aprobados por la IMM, surge que la superficie a construir en los barrios de segmento medio de precio de inmuebles cayó 8% durante el último año. En tanto, los barrios del segmento de bajo valor inmobiliario mostraron un crecimiento de 4,3% en la cantidad de metros cuadrados aprobados para la construcción de obra nueva.

El traslado de las obras
A fines de 2011, la reglamentación de la Ley de Vivienda de Interés Social trajo consigo importantes incentivos para la construcción en áreas no tradicionales para el sector en al menos 50 años.

Entre 2009 y 2011, 46,9% de la superficie construida en obra nueva estaba concentrada en los barrios de mayor valor de los inmuebles, que son además los barrios costeros. En tanto, los barrios de valores medios de los inmuebles concentraban 34,1% de la superficie aprobada para la construcción.

Esa relación cambió por completo durante los últimos años, a raíz de las exenciones fiscales que introdujo la nueva regulación. En la superficie aprobada para la construcción entre 2012 y 2014, los barrios de mayor valor de la vivienda redujeron a casi la mitad su participación (26,2%). Los barrios medios ganaron peso, al concentrar más de la mitad de los metros cuadrados a construir (53,1%). En tanto, las zonas de menor valor de los inmuebles pasaron de tener una participación de 8,3% en la construcción de obra nueva a 12,3%.

El barrio que más aumentó su partición en ese período fue La Banqueada –de 4,4% a 13,1%–, seguido por El Centro –de 9,3% a 14,5%– y Prado –de 2,1% a 4,8%–.Los que más redujeron su participación durante el mismo período fueron Carrasco –de 12,3% a 4,6%–, Pocitos –de 17% a 10,9%– y Punta Carretas –de 9,7% a 4,8%– .

En el último año, en tanto, ese efecto redistributivo en la superficie en construcción, generado por la Ley de Vivienda de Interés Social, se diluyó parcialmente. En comparación con 2013, la superficie aprobada para la construcción en los lugares de precios altos pasó de 19,5% del total a 26,7%. La porción de ese segmento en 2013 había sido la más baja desde al menos 1998, cuando inicia la serie procesada por la Unidad de Análisis Económico de El Observador.

La caída en la superficie construida en el segmento de vivienda de valor medio redujo la participación de esos barrios en el total construido en la capital, de 59,5% en 2013 a 49,4% durante el último año relevado.

Segmentos y barrios
En el estudio realizado por El Observador se consideraron dentro del segmento de mayor valor los barrios que a diciembre mantenían un precio de venta superior a US$ 2.800 el metro cuadrado en el promedio de las publicaciones en los principales portales de avisos clasificados. En esa categoría ingresaron Carrasco, Punta Gorda, Punta Carretas, Malvín y Pocitos.

El segundo segmento, el de precios medios, incluye barrios con valores de entre US$ 1.600 y
US$ 2.800 el metro cuadrado. Entre los barrios incluidos están Centro, La Blanqueada, Jacinto Vera, Parque Rodó, Barrio Sur, Palermo, Buceo, Ciudad Vieja, Prado, Capurro, Unión y Parque Batlle.

El segmento de precios más bajos comprende Casavalle, Piedras Blancas, Manga, La Comercial, Villa Muñoz, Lavalleja Norte, Nuevo París, Lezica, Colón, Malvín Norte, Maroñas, Paso Molino, La Teja, Belvedere, Sayago y Peñarol. La construcción en el resto de los barrios no se tuvo en cuenta en el estudio por carecer de datos recientes sobre la evolución de los precios.

El precio de los inmuebles siguió en alza
Los inmuebles ofertados en la capital del país mantuvo la tendencia al alza en los precios entre abril y enero de este año, según el relevamiento mensual que realiza la Unidad de Análisis Económico de El Observador. En los nueve meses finalizados en enero, el precio promedio de los inmuebles mostró un incremento de 5,3% medido en dólares. El relevamiento toma en cuenta las publicaciones que se realizan en los principales portales clasificados del país.

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ANEP pretende un presupuesto gradual y vinculado a metas

GOBIERNO

El ministro de Economía, Danilo Astori, pidió tener “especial cautela desde el punto de vista fiscal”

Mientras en una sesión pública del Consejo de Ministros en Maldonado el titular de Economía y Finanzas Danilo Astori  envió ayer un nuevo mensaje de austeridad a todo el Poder Ejecutivo en relación a la ley de Presupuesto, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), definió que trabajará sobre un gasto gradual y vinculado a las metas definidas por el presidente Tabaré Vázquez.
El Codicen proyecta presentar a Economía un presupuesto que tenga un avance “escalonado” de las partidas durante el quinquenio y argumentará sus solicitudes en las metas fijadas por el gobierno para el período, informó a El Observador el presidente del organismo, Wilson Netto, quien presenció la primera reunión del gabinete del período realizada fuera de la Torre Ejecutiva.

El jerarca también informó que los incrementos de dinero para cada año comenzarán a ser analizados después de Semana Santa. La intención del presidente del Codicen es que los aumentos tengan un correlato con los objetivos establecidos por el gobierno.
Para la instancia, las autoridades de la educación presentarán el tiempo en que planean cumplir una meta y el dinero que necesitan para lograr ese objetivo.
Netto afirmó que la ANEP prevé “sumarse” a las “grandes líneas políticas” impartidas por el gobierno y de ese modo “generar un presupuesto que establece metas y financiamiento para acercarse a ellas”.

El presidente Vázquez había afirmado durante la campaña que al finalizar el quinquenio el presupuesto de la enseñanza será equivalente a 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque en la izquierda hubo quienes impulsaron que la partida sea completa desde el inicio del gobierno, el programa –con acento astorista en ese punto– estableció una gradualidad.
“Nosotros tenemos las bases suficientes como para poder aspirar las metas y eso es lo que vamos a plasmar en el presupuesto. Las primeras líneas van a ser establecidas en función de cronogramas anuales claros, pero también de necesidad financiera para llegar a esas metas. Lo vamos a expresar seguramente en porcentajes”, dijo Netto.

“O sea, ¿queremos duplicar el número de bachilleres al 2020? Muy bien, vamos a estudiar la gradualidad y qué costo tendría incrementar por ejemplo en 10%. Pensemos que en este quinquenio incrementó en cinco o seis puntos. Nosotros queremos incrementar 100%. Hay que ver cuánto se requiere para incrementar en 10 puntos, cuánto en 20, 30, y eso lo vamos a ir viendo presupuestalmente en un cronograma que nos permita ver en el tiempo cómo vamos a ir alcanzándolo”, explicó.

El presidente del Codicen agregó que “las discusiones grandes a nivel de economía” serán después de Semana Santa. “Ahí vamos a ver la gradualidad que va a tener ese desarrollo del presupuesto y en función de eso vamos a ir preparando el mensaje presupuestal”, agregó.

Para el año 2020 Vázquez prometió que 100% de los jóvenes de hasta 17 años estén en el sistema educativo y 75% termine el ciclo de enseñanza media, aunque la ministra de Educación, María Julia Muñoz, manifestó dificultades para lograr esos objetivos.

Por estos días, las distintas carteras y organismos descentralizados se aprestan a preparar su aspiración presupuestal para presentarle al Ministerio de Economía y Finanzas. El jefe de esa cartera, Astori, planteó ayer al presidente Vázquez y al resto de los ministros la “obligación” de que los mensajes tengan “especial cautela desde el punto de vista fiscal”.
El de ayer fue un nuevo mensaje de austeridad de Astori a sus compañeros de barco. Por tratarse de una sesión pública del Consejo de Ministros y, sobre todo, por contar con el respaldo del presidente, ningún tripulante podrá hacerse el distraído.

Gobierno monitorea estancamiento en Brasil

El gobierno mira con preocupación el estancamiento de la economía brasileña y su impacto en Uruguay, según afirmaron ayer el vicepresidente, Raúl Sendic, y el ministro de Economía y Finanzas, Astori.

En particular, el ministro de Economía advirtió ayer sobre dificultades que enfrentará Uruguay en el quinquenio por el estancamiento de Brasil, Argentina y  de otro de los principales socios del país, Rusia. Sendic señaló que la situación brasileña es monitoreada “con mucho cuidado”.

“Habíamos previsto que la situación desde el punto de vista económica internacional se podía hacer más compleja”, dijo.  “No podemos ignorar el contexto internacional complicado en que se encuentra el Uruguay. No solo por regiones del mundo que han visto deteriorarse su situación económica, como Europa, Rusia y naturalmente los vecinos. Los vecinos, Argentina y Brasil, están con grandes problemas y eso indefectiblemente tiene impacto sobre la economía uruguaya, que ha buscado alternativas y las ha logrado”, dijo.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/301086/anep-pretende-un-presupuesto-gradual-y-vinculado-a-metas/

 

Gremio de la salud vota en medio del escándalo

ALIADOS DE ALFREDO SILVA PRESENTAN LISTAS SEPARADAS PARA NO PERDER SUFRAGIOS

La noticia divulgada ayer lunes por El País, que da cuenta de una serie de irregularidades en las finanzas de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), cayó como otra bomba en el sindicato, en el cual, mañana, se celebrarán las primeras elecciones tras la caída del exdirector de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de los trabajadores, Alfredo Silva.

Mayoría de la FFSP teme perder votos por el escándalo de Alfredo Silva.

El ala mayoritaria teme perder las elecciones y el clima de nerviosismo se hace sentir más que nunca.

Quienes gobiernan la FFSP están haciendo todo para ganar. Es por eso que han llevado adelante una estrategia que consiste en dividir los votos para luego volver a juntarlos. Desde la principal lista opositora, la 70, acusan: «Se separan para después levantar la mano todos juntos».

La actual presidenta del sindicato, Beatriz Fajián, y el secretario general, Pablo Cabrera, se presentan esta vez con listas diferentes. La primera encabeza la 1865, frentista e independiente, según se definen; el otro, en tanto, lidera la Lista 27, el número dos de esta es el secretario de finanzas del sindicato, Martín Pereira, y ambos responden al sector de la senadora Constanza Moreira en el FA.

Después está la lista 16, armada, según fuentes de la FFSP desde las sombras por el propio Silva, quien no se puede presentar a las elecciones ya que fue suspendido por el sindicato en enero pasado por un lapso de cinco años, luego de que fuera procesado sin prisión acusado de estar involucrado en una trama de sobrefacturaciones con la empresa Buena Estrella, que se encargaba de la limpieza en el Hospital Maciel.

«Se presenta Marita Siri, pero todo el mundo sabe que esa lista la armó Silva», advirtió a El País Gabriela García, quien lidera la lista 70, la cual es cercana al Partido Comunista.

En las elecciones pasadas se presentaron cinco listas; mañana habrá 10. De las restantes la más grande es la 20 de Octubre, del Partido de los Trabajadores.

Irregular.

Desde la lista 70 han advertido que se ha inscripto gente al sindicato en el último momento, para poder completar las nóminas de esta gran cantidad de listas que se presentan. Aunque son 12.000 los habilitados a votar, las asambleas no suelen tener más de 500 personas, y esto solo en momentos críticos, como lo fue el año pasado el caso Silva.

Hasta la tarde de ayer, sin embargo, los líderes del sindicato estaban nerviosos porque había algunas listas que la Corte Electoral todavía no había validado y entregado a la FFSP.

«Estamos ajustados. Esperamos poder armar todas las urnas mañana para el interior, porque los envíos hay que hacerlos por tierra», explicó a El País el vocero en el interior del FFSP, Alejandro Laner.

Auditoría.

García, de la lista 70, advirtió por otra parte que su sector exigirá que la auditoría que se realiza adentro del FFSP sea controlado por el instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, luego de que un primer informe realizado por miembros del propio sindicato en la colonia de vacaciones en Punta Ballena que este posee, diera cuenta de una serie de irregularidades.

El informe demostró el «egreso del banco de la FFSP (salida de caja, giros) con destino a abono de servicio de barométrica por un total de 175.770 pesos» que corresponde solo al período que va desde el 13 de mayo y el 10 de diciembre y del que «no se posee contrapartida de factura y recibo de boleta».

En líneas generales se dio cuenta de «irregularidad en los comprobantes de gastos (…) no se encontraron muchos recibos oficiales y sí varios recibos comerciales». Y de estos últimos señalan los auditores: «Los tuvimos a la vista y nos llamó poderosamente la atención que no importando el rubro del servicio contratado pertenecen a una misma libreta, por lo tanto concluimos que dichos comprobantes no fueron emitidos por los diferentes proveedores de dichos servicios».

Por otro lado, y entre otras irregularidades más, el informe advierte sobre «Juegos Slots» que hay adentro del complejo en Punta Ballena, que pertenecen a «un 3ro. ajeno a la FFSP» y que según pudieron averiguar «el acuerdo era que del total de ganancias se distribuyera un 80% para el empresario y un 20% para la FFSP».

El País intentó comunicarse ayer con fuentes del sector mayoritario adentro de la FFSP, pero no obtuvo respuesta. Fajián, en cambio, sí hizo declaraciones a Metrópolis FM, donde señaló: «No sé lo que se gastó y en qué, no reviso boleta por boleta, pero dinero se perdió».

La presidenta de la FFSP, advirtió sobre la falta de comprobantes que «no todas las empresas dan recibo oficial, depende de lo que sea». Y dijo que la divulgación del informe tiene la intencionalidad política de perjudicarla. «El informe seguramente para alguien va dirigido, y ese alguien soy yo», acusó.

Postergan citaciones a ASSE.

El Juzgado del Crimen Organizado postergó las audiencias solicitadas a miembros y exmiembros del Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) por el caso de corrupción de Alfredo Silva.

Las dos audiencias convocadas para jueves y viernes fueron postergadas a pedido del fiscal, Gilberto Rodríguez, que se encontrará de viaje al igual que el juez del caso, Néstor Valetti. La audiencia convocada para hoy no se realizará a pedido de los propios convocados, que solicitaron cambiar de fecha. Todas las audiencias se realizarán después de la Semana de Turismo. La exministra de Salud Pública Susana Muñiz y los integrantes del directorio de ASSE que compartieron la gestión con el sindicalista Alfredo Silva, procesado por corrupción.

http://www.elpais.com.uy/informacion/gremio-salud-vota-medio-escandalo.html

 

General Flores: un año de atraso y vaticinan fracaso del corredor

A TRES AÑOS DE INICIADAS LAS OBRAS, NI SIQUIERA HA CONCLUIDO LA PRIMERA ETAPA

En octubre de 2012, semanas antes de la inauguración del Corredor Garzón, el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, advirtió por fallas de diseño en el sistema, que mucho después fueron admitidas por la Intendencia de Montevideo. Unos US$ 40 millones de los montevideanos se utilizaron para concretar esta polémica obra.

Las obras están atrasadas y no serán como la IMM pretendía. Foto: F. Flores

También se cuestionó la terminal Colón, sobre la que después la IMM también tuvo que hacer ajustes en su funcionamiento, admitiendo que su emplazamiento no es el más adecuado para los transbordos en la zona.

En su momento, las declaraciones de Salgado incendiaron la pradera. Y la Intendencia, a través de un comunicado, respondió que el empresario «podría generar alarma pública respecto a la seguridad del sistema a implementar y sus fundamentos técnicos».

El tiempo, en definitiva, le dio la razón al presidente de Cutcsa. Y será el que laude, como ocurre tantas veces, en un futuro cercano, sobre el nuevo Corredor General Flores.

Entrevistado por El País, Salgado admitió que tanto en Garzón como en General Flores las experiencias son negativas y no aportan a la buena circulación del tránsito.

«Fui acusado por la intendenta de crear alarma pública, y a la luz de lo que fue pasando simplemente dije una parte de lo que estaba mal», sentenció.

«En cuanto al Corredor Garzón, en primera instancia se sigue haciendo una inversión que no está dando ningún tipo de beneficio a la gente. En el mundo estos corredores se hacen solo con un fin: darle velocidad al transporte público sin hacer subtes, puentes, vías férreas (…). Este corredor no cumple nada de eso, en absoluto, y si vamos a General Flores nos informaron de lo que se quería hacer luego de que la obra ya estaba en su gran mayoría diseñada. Fuimos informados recién cuando Néstor Campal toma la dirección de Movilidad Urbana de la IMM, eso sí se lo tengo que reconocer, pero lo que estaba hecho no se podía hacer de nuevo», agregó el empresario.

Salgado opinó que si tuviese que invertir en General Flores, haría todo lo contrario a lo que ya se hizo. «Desde José Belloni hasta José Batlle y Ordóñez yo no haría nada. Sí gastaría en hacer algo desde Bulevar y General Flores hasta el Palacio Legislativo, que es donde se produce el cuello de botella en las horas pico».

«La estructura que ya estaba hecha en General Flores no perjudicaba en nada la vialidad del transporte», determinó el presidente de Cutcsa.

Belloni.

Salgado también criticó el intercambiador Belloni, indicando que «es aún peor lo que se está gestando allí», porque «se quiere hacer pasar a los ómnibus por ese lugar que antes no estaba y lo único que se va a lograr es una demora en los viajes». Lo mismo que ocurrió con la terminal Colón

El presidente de Cutcsa también dijo que «el lugar donde está ubicado el intercambiador tiene problemas de seguridad a la entrada y salida de coches y aún así siguen con las obras».

«Nosotros queremos alertar que en todo lo que sea para perjudicar al servicio (como la construcción de los corredores y el intercambiador) vamos a estar claramente en contra», advirtió Salgado.

«Acá hay que agilitar, cuando los candidatos a intendentes tienen la varita mágica y enseguida hablan del transporte… No, no es así, acá hay que hablar del tránsito, los ómnibus no pueden volar, hay que crear las condiciones para que el transporte pueda tener facilidad para transitar», sostuvo.

El empresario también aludió al anterior director de Movilidad de la Intendencia, Gerardo Urse (hoy con un cargo jerárquico en AFE). «Que quede claro: este director Campal que entró ya tenía todo hecho; él no tiene nada que ver, acá los responsables son los que también ejecutaron el Corredor Garzón».

El tema está sobre la mesa de los candidatos a la Intendencia de Montevideo y es una de las principales preocupaciones que los vecinos arrastran desde hace un par de años. Es que más allá o más acá, el próximo intendente de Montevideo deberá deliberar cuál será el futuro de las obras y, en todo caso, el mejoramiento de las mismas.

Obras.

Con un año de atraso en las obras del Corredor de General Flores y aproximadamente unos US$ 2.138.000 que solamente le quedaron a la Intendencia para ejecutar, sigue el desarrollo de la primera etapa del Plan de Movilidad para esa zona de Montevideo.

La intervención en la avenida General Flores estaba prevista que comenzara en septiembre de 2011, y que concluyera en dos años. Nada de eso sucedió. Comenzaron en marzo de 2012 y a tres años ni siquiera la primera etapa (que va desde José Belloni hasta Batlle y Ordóñez, ex Propios) culminó.

La Intendencia se desfinanció, entre otras cosas por el gasto de más que tuvo que asumir con el Corredor Garzón.

Según lo que estaba previsto, se usarían para General Flores US$ 11 millones, pero cuando comenzaron las obras, solamente se contaba con US$ 2 millones, debido a que los restantes US$ 9 millones debieron ser usados para Garzón, según datos a los que accedió El País.

Esos US$ 9 millones luego fueron puestos por la IMM a fin de poder continuar con la primera etapa.

Por lo menos hasta junio de 2013 tanto el Corredor Garzón como las obras en General Flores, el Intercambiador Belloni y obras anexas sobre la calle Agraciada, involucraron un gasto que ronda los US$ 109 millones.

Según el estimativo de varias fuentes vinculadas a la actual administración de Ana Olivera, el gasto a marzo de 2015 ronda el entorno de los US$ 120 millones, donde entre otras obras se encuentra el ensanche nuevamente de Garzón, luego de que ya se había terminado la obra.

Las obras en General Flores estuvieron paradas algo más de un mes y medio. En esas fechas, según Campal, se hicieron modificaciones respecto al proyecto central (las tres sendas, las posiciones de las paradas y la coordinación de los semáforos) en conjunto con los representantes de las empresas transportistas y técnicos entendidos en el tema.

ÁMBITO MUNICIPAL.

Intendencia asegura que no será otro Garzón.

Según la comparación hecha por el director de Movilidad Urbana, Néstor Campal, entre el corredor Garzón y el de General Flores, este último atenderá la problemática de las paradas (por ser muy angostas y estar prácticamente pegadas al cordón a escasos centímetros de donde pasan los ómnibus), además del ancho por donde transita el transporte.

El jerarca aseguró que en General Flores «hay margen para atender esos reclamos, porque ya de por sí las sendas son bastante más anchas que otras avenidas». Tal es así que supuestamente los ómnibus podrán sobrepasarse entre sí, algo que no se contempló en Garzón y de lo que se quejan los trabajadores de las líneas de ómnibus.

Otro de los puntos que se tuvieron en cuenta fue puntualmente el cruce entre Batlle y Ordóñez y General Flores, donde se encuentra la circunvalación de la Plaza del Ejército, que cuando llueve fuertemente se torna intransitable porque se inundan las calles.

También se preveía hacer modificaciones en Belloni y en Avenida Italia: en ambos casos se pensó en el ensanche de las vías.

«Si los partidos Blanco y Colorado lo hubiese votado, se habría hecho todo lo que estaba previsto en las dos etapas», se quejó Campal.

Un tema que hereda el próximo intendente.

El plan del equipo de Movilidad de la Intendencia para la segunda etapa de General Flores —que comprende el tramo de Avenida José Batlle y Ordóñez hasta el Palacio Legislativo—, consistía en usar las calles colaterales en ambos sentidos (Marcelino Sosa rumbo al sur y José L. Terra al norte) para descongestionar el tránsito por la avenida, además de ensanchar la misma.

Esta parte de la obra está en el debe de la Intendencia, ya que según explicó Campal, todo dependerá de la nueva administración que asuma el gobierno departamental y de que se pueda someter a votación nuevamente el préstamo del BID.

Como diera cuenta El País, la oposición negó sus votos al Frente Amplio para que la IMM obtenga un nuevo préstamo, por la disconformidad con los resultados del Plan de Movilidad y la forma en la que el tema fue tratado políticamente.

CUATRO FOCOS EN EL TEMA.

Transportista – Juan Salgado – Presidente de Cutcsa.

«La estructura que había en General Flores no perjudicaba en nada la vialidad del transporte» , determinó el presidente de Cutcsa. Salgado también criticó el intercambiador de Belloni, indicando que «es aún peor lo que se está gestando allí». «Lo único que va a lograr es una demora en los viajes», sentenció.

La Intendencia – Néstor Campal – Director de Movilidad Urbana

El director de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal, dijo a El País que el corredor «más o menos podría estar transitable a mediados de abril o principios de mayo», para que recién allí comience su período de pruebas y «se ajusten los semáforos al igual que la iluminación».

Frente Amplio – Lucía Topolansky – Candidata a Intendente.

Lucía Topolansky aseguró a El País que «este tema es para sentarse y hablarlo tranquilamente con los técnicos y especialistas en el tema».

«Ya lo dije hasta el cansancio, pero parece que no se quiere entender. Todas las ciudades modernas tienen corredores, porque es un forma de organizar el tránsito».

Concertación – Álvaro Garcé – Candidato a Intendente.

«No es un corredor, es un trancador; le pedí a la Intendencia que detenga cuanto antes esa obra absurda. Basta simplemente recorrer General Flores: en la parte donde no se le metió mano se puede transitar tranquilamente, en cambio donde se construyó este corredor, el transito es mucho más complicado».

http://www.elpais.com.uy/informacion/general-flores-obras-corredor-atraso.html

 

La patronal de taxis dice que faltan 1.500 choferes

LE PIDE A LA IMM QUE DEJE MANEJAR A MAYORES DE 70 AÑOS

El Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (Cpatu) realizó un planteo a la Junta Departamental de Montevideo para que se le permita contratar a choferes mayores de 18 y 70 años.

La inspección anual de la IMM exige que haya dos choferes por coche. Foto: L. Carreño

Según el Cpatu, faltan 1.500 empleados para cubrir la demanda de la flota de taxis de Montevideo, lo cual genera también problemas al momento de hacer la Inspección Anual Vehicular ante la Intendencia, donde se solicita presentarse con dos choferes por vehículo (hay unos 3.000 taxis en la capital).

Si bien actualmente se puede manejar un taxi hasta los 70 años, antes la IMM daba prórrogas de un año después de esa edad, permitiendo conducir hasta los 75 años.

«Hoy en el taxi tenemos dos problemas: los ingresos y los salarios. Y la gente tiene derecho a elegir; si consigue un trabajo en el que le pagan más, se va a ir, eso es claro. El salario nuestro está por debajo de cualquier otra actividad», declaró ayer a El País el presidente del Cpatu, Óscar Dourado.

«Un chofer que transporta ganado gana $ 55.000 y uno que trabaja en el taxi, $ 20.000 o $ 21.000. No quiero herir susceptibilidades, pero en el ómnibus también se pagan mejores salarios», sentenció.

Según Dourado, «hay personas de más de 70 años que están aptas, que haciéndoles los exámenes psicofísicos pertinentes, podrían seguir trabajando al volante. Porque además, ya tienen experiencia y madurez en el taxi».

El presidente de la gremial de propietarios de coches con taxímetro indicó que hay escasez de choferes profesionales «en todas las actividades» y que «en el camión, en 2016, van a faltar 2.000 choferes».

«Es un hecho real que hubo que hacer una escuela de conductores de retroexcavadoras, porque no había; precisamos conductores preparados en todas las ramas. También es un hecho que si bien nos preocupa, nos pone contentos, porque hay una muy buena ocupación laboral en el Uruguay», comentó.

Primer empleo.

«Cuanto antes los jóvenes sean incluidos en el trabajo, es mejor. Yo empecé a los 18 años a trabajar en el taxi, como antes empezábamos todos», recordó Dourado.

«Obviamente, a los 18 años hay gente que está muy apta para manejar y otra que a los 40, no lo está. No podemos encasillar solamente por la edad a un individuo», opinó.

Según Dourado, «en el transporte colectivo no se seleccionan choferes que tengan más de 47 años, lo mismo que en las emergencias móviles y en las empresas de camiones. Entonces, la gente que tiene más de 50 años viene al taxi, porque necesita seguir trabajando».

Por último, el presidente del Cpatu indicó que la inseguridad también juega en contra a la hora de contratar y mantener a los choferes en el sector, ya que el taxi, sobre todo en la noche, se ha transformado en un empleo de riesgo.

Cantidad de taxis.

La dificultad para conseguir choferes es uno de los motivos esgrimidos por el Cpatu para oponerse a que la Intendencia ofrezca nuevas chapas, por más que en horas pico y días de lluvia conseguir un taxi pueda ser una odisea en Montevideo.

En abril del año pasado, la IMM rechazó un recurso presentado por el Cpatu, con el que se intentaba suspender el llamado a precios para adjudicar 52 permisos de taxi.

Según el gremio, la habilitación de 52 nuevas chapas de taxi en la capital «lesiona derechos consagrados en la Constitución de la República», originando además «un grave perjuicio a los miembros de la institución». Un año antes, la Patronal del Taxi se movilizó hacia la Junta Departamental para evitar que los ediles votaran la habilitación de nuevos permisos.

Trabajo de riesgo y por poca plata.

Óscar Dourado indica que los taxistas perciben salarios de entre $ 20.000 y $ 21.000, y hacen un trabajo de riesgo en muchas ocasiones, cuando «un camionero que transporta ganado, gana unos $ 55.000». Dourado señala que las compañías de ómnibus también pagan mejor y que en muchos casos, no toman choferes de más de 47 años, lo cual hace que los «veteranos» quieran volcarse al taxi.

http://www.elpais.com.uy/informacion/patronal-taxis-dice-faltan-choferes.html