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Archivos diarios: 22 abril, 2015
Día de la Madre Tierra 2015: «Llegó el momento de asumir el liderazgo»
«Las grandes decisiones que tenemos por delante no corresponden solo a los legisladores y los dirigentes mundiales. Hoy, en este Día de la Madre Tierra, hago un llamamiento para que todos nosotros seamos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras decisiones sobre el planeta y lo que supondrán para las generaciones futuras.»
Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon
Día de la Madre Tierra 2015: «Llegó el momento de asumir el liderazgo»
ONU/Logan Abassi.
2015- El 45 aniversario del Día Internacional de la Madre Tierra podría ser un momento decisivo para la causa medioambiental. Es el año en que el crecimiento económico y la sostenibilidad se dan la mano. Es el año en que los líderes mundiales acuerdan finalmente un tratado vinculante sobre el cambio climático. Es el año en que los ciudadanos y las organizaciones dejan de invertir en combustibles fósiles para centrar su atención en las energías renovables. No será un camino fácil pero sí el único para salvaguardar el futuro de nuestro planeta.
El Día Internacional de la Madre Tierra es un recordatorio de que nuestro planeta necesita que todos y cada uno de nosotros se comprometa con esta causa y contribuya a avanzar en la dirección correcta. Llegó el momento de asumir el liderazgo para que nuestros líderes puedan seguir nuestro ejemplo. Para muchos, el cambio climático es un problema lejano pero la realidad es que ya está afectando las vidas de comunidades enteras, animales y personas de todo el mundo. El mundo necesita un cambio profundo. Este 22 de abril es una oportunidad para impulsar el Día Internacional de la Madre Tierra y mostrar a nuestras comunidades y a nuestros líderes que queremos nuevas acciones encaminadas a luchar contra el cambio climático. Llegó la hora de tomar la iniciativa.
En 2015, redefinamos el concepto de progreso.
Desarrollo sostenible
Mil millones de personas todavía viven con menos de 1,25 dólares diarios. Uno de los puntos más delicados de la propuesta de tratado es el referente a la negativa por parte de los países en vías de desarrollo de renunciar a su crecimiento económico, pese al coste medioambiental, ya que Estados Unidos y otros países industrializados son los que más contaminan el planeta con su actividad.
Movimientos de base – Marcar la diferencia
Más de 400.000 personas se unieron en septiembre pasado en Nueva York para la marcha a favor del cambio climático más masiva convocada hasta la fecha. Esta iniciativa tuvo repercusiones mundiales y los participantes pidieron a los líderes mundiales que reconocieran las consecuencias catastróficas que tiene el cambio climático sobre el planeta.
Llegó la hora de un tratado
En los últimos 20 años, se han hecho varios intentos fallidos para alcanzar un tratado internacional para la reducción de los efectos del cambio climático. En 1997 se alcanzó el primer acuerdo internacional sobre esta cuestión, el Protocolo de Kyoto. Estados Unidos, uno de los países que más contamina, no lo ratificó. Desde entonces, se han celebrado varias cumbres internacionales y se han hecho muchos esfuerzos por alcanzar un consenso y ninguno ha tenido éxito.
TISA: la filtración de un nuevo documento revela cómo las grandes corporaciones estadounidenses amenazan la protección de datos y la privacidad
La protección de los consumidores y de su privacidad están en riesgo, además de la soberanía de los gobiernos nacionales, para único beneficio de las empresas de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC).
Esto es lo que se desprende del último documento filtrado de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), al que la ISP se ha opuesto desde comienzos de marzo de 2013, por la falta de transparencia.
El documento, filtrado por la Associated Whistle-Blowing Press (agencia de denuncia de prácticas irregulares), hace alusión a la propuesta del representante de comercio estadounidense (USTR) con fecha 25 de abril de 2014. Se centra en el comercio electrónico, la transferencia de tecnología, el flujo internacional de datos y la neutralidad en Internet.
La propuesta de EE. UU. pretende reforzar los intereses comerciales de su sector de servicios con actividad multinacional, esencialmente a través del comercio electrónico y la inversión directa internacional en productos y servicios.
Esto beneficiaría especialmente al sector de las tecnologías de la comunicación y la información, y protegería la ventaja competitiva de EE. UU., así como los derechos de monopolio sobre la propiedad intelectual y la tecnología.
Si se aprueba, “la propuesta consolidaría además los repositorios de datos en beneficio del gobierno estadounidense, las multinacionales y los intereses comerciales de terceros”, señalan Jane Kelsey, profesora de derecho de la universidad de Auckland, y Burcu Kilic, de la organización de ciudadanos estadounidense Public Citizen.
“Esto favorece ciertos intereses de «seguridad nacional» y fines comerciales”.
Por otro lado, el acuerdo impediría o restringiría la legislación gubernamental que modera la actividad y los beneficios de los principales actores mundiales del sector de servicios, además de garantizar flujos de datos internacionales sin restricciones, lo cual repercutiría en la protección de los consumidores, las leyes de protección de datos, los obstáculos reglamentarios y la política de competencia.
“Es inaceptable que los ciudadanos tengan que depender de documentos filtrados para enterarse de lo que sus gobiernos están negociando en su nombre”, declara Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.
“Sabemos que el acuerdo TISA supondrá mayor desregulación en el sector financiero, impedirá que privatizaciones fallidas vuelvan a manos públicas y socavará las leyes de protección de datos personales. ¿Qué más nos ocultan nuestros gobiernos?”
Según Daniel Bertossa, Director de Política de la ISP: “Esta normas permitirían que datos comerciales y personales sensibles fluyeran fuera de tu país. Tras los recientes escándalos de espionaje es increíble que se lo estén siquiera planteando”.
El acuerdo TISA está siendo negociado entre 23 partes (contando a la UE como una sola) y su objetivo es extender el alcance y las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
A diferencia del GATS, las negociaciones del TISA se están llevando a cabo en secreto y las partes se niegan a publicar los documentos de apoyo y de negociación. Algunos países han difundido parte de sus propuestas (por ejemplo, Suiza y la UE). Sin embargo, la mayor parte de documentos sigue siendo confidencial incluidos los documentos del USTR.
La portada de la propuesta filtrada del USTR lleva el sello de CONFIDENCIAL y la mención “Desclasificar en: cinco años a partir de la entrada en vigor del acuerdo TISA o, si no se llega a ningún acuerdo, a los cinco años del cierre de las negociaciones”. Este es un nivel aún más alto de secretismo que en acuerdos anteriores como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
Antes de que la Internacional de Servicios Públicos (ISP) publicara la primera crítica disponible, El TISA frente a los Servicios Públicos, en marzo de 2014, las negociaciones habían transcurrido en secreto.
El informe de la ISP revela cómo el TISA prohibiría que privatizaciones fallidas volvieran a manos públicas e impondría restricciones a los gobiernos para regular servicios públicos privatizados y otras áreas de interés público como las leyes de protección de los trabajadores, consumidores, pequeñas empresas y el medio ambiente.
El documento sobre servicios financieros filtrado por Wikileaks en mayo de 2014 confirmaba muchos de estos temores ya que se aplican a normativa financiera.
Informe especial de la ISP: El TISA frente a los Servicios Públicos
Tratar a los servicios públicos como mercancías destinadas al comercio crea un error conceptual fundamental acerca de los servicios públicos. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (en inglés, TISA), que se está negociando actualmente en secreto y fuera de las normas de la Organización Mundial del Comercio, es un intento deliberado por privilegiar los beneficios de las empresas y países más ricos del mundo por encima de los que tienen mayores necesidades.
Los servicios públicos están diseñados para satisfacer las necesidades sociales y económicas vitales –tales como la atención de la salud y la educación– de una manera asequible, universal y en función de las necesidades. Los servicios públicos existen porque los mercados no producirán estos resultados. Además, los servicios públicos son fundamentales para garantizar una competencia leal para las empresas y una reglamentación eficaz para evitar los desastres medioambientales, sociales y económicos –tales como la crisis financiera mundial y el calentamiento del planeta. Los acuerdos comerciales promueven conscientemente la comercialización y definen los productos y servicios en términos de su capacidad de ser explotados con fines lucrativos por parte de las empresas mundiales. Incluso los más fervientes partidarios de los acuerdos comerciales admiten que hay ganadores y perdedores en este juego amañado.
Los ganadores son generalmente los países poderosos que son capaces de hacer valer su poder, las empresas multinacionales que son las que se encuentran en mejor situación para aprovechar el nuevo acceso a los mercados y los consumidores adinerados que pueden permitirse las importaciones extranjeras. Los perdedores tienden a ser los trabajadores que se enfrentan a la pérdida de empleo y a una presión a la baja sobre los salarios, los usuarios de los servicios públicos y las pequeñas empresas locales que no pueden competir con las empresas multinacionales.
Preparado para la Internacional de Servicios Públicos por Scott Sinclair, Centro Canadiense de Alternativas Políticas, y Hadrian Mertins-Kirkwood, Instituto de Economía Política, Universidad de Carleton.
Infórmate sobre que es el Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés)
Se lo toma con calma
Uruguay no presentó aún oferta de acceso a mercados ni lista de excepciones en negociaciones del TISA.
En la ronda de negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), realizada la semana pasada en Ginebra, Uruguay no presentó su lista de excepciones ni ofertas de acceso a mercados, confirmó a la diaria una fuente de la cancillería. El TISA se negocia mediante un formato por el que cada país debe explicitar los servicios que no desea incluir en la negociación, y todo lo no explicitado es pasible de liberalización. Según informa la página en internet de la Comisión Europea, Uruguay, junto con Paraguay y Pakistán, son los únicos tres países -de las 24 partes que integran el acuerdo- que aún no han presentado sus ofertas, aunque todavía está a tiempo de hacerlo. El canciller Rodolfo Nin Novoa aclaró en más de una oportunidad que Uruguay pretende incluir como excepción a los monopolios estatales.
En la última ronda de negociaciones, la 12ª, se discutió sobre servicios financieros, telecomunicaciones, políticas internas, transporte marítimo y movimiento de personas. La ronda fue presidida por la Unión Europea, y en la página de la Comisión Europea se explicita que el objetivo de ese bloque es “elevar el nivel de ambición de todos los participantes, actuales y futuros, para que el nivel de compromiso que adopten respecto al acceso a mercados y el trato nacional sea similar para todos”. La Unión Europea también pretende “terminar con los límites a la propiedad extranjera en sectores como las telecomunicaciones”. Al mismo tiempo, el bloque señala que no pretende comprometerse en sectores como el de los servicios públicos de salud.
Las negociaciones del TISA se desarrollan en secreto; esto significa que las propuestas de liberalización de los países y los borradores de acuerdo no son públicos. Lo poco que se conoce es por medio de filtraciones. La más grande se produjo en abril de 2014, cuando Wikileaks publicó un documento sobre servicios financieros que resumía las propuestas de las partes en la materia, con acuerdos y desacuerdos. En ese mismo documento se señala que el texto sólo podrá desclasificarse “cinco años después de la entrada en vigencia del acuerdo” o, en caso de que el acuerdo no se concrete, cinco años después del cierre de las negociaciones. “Este documento debe ser guardado en un lugar cerrado y seguro”, es la recomendación que figura en el texto filtrado.
Allí se explicita que las políticas monetarias y cambiarias de los bancos centrales de los países miembro quedan dentro del alcance del acuerdo, y que éste incluye a los servicios bancarios y financieros y al mercado de los seguros. “Las partes deben detallar los ámbitos en los que existen monopolios y deben comprometerse a eliminarlos o a reducir su alcance”, proponen la UE y Estados Unidos. También sugieren que, ante la aparición de un nuevo servicio financiero, los países parte se comprometen a no adoptar “ninguna ley ni a modificar las existentes” para impedir que ese servicio se establezca. Agregan que la autorización para que el nuevo servicio se instale sólo podrá denegarse por “razones justificadas”.
Un punto en el que existe acuerdo entre todas las partes es en el compromiso de no adoptar “medidas que limiten la expansión de las actividades de los proveedores de servicios financieros” extranjeros en su territorio. Además, la Unión Europea propone que todos los países parte deban comunicar por adelantado a “todas las personas (físicas o jurídicas) interesadas” cualquier medida de aplicación general que se propongan adoptar en materia de regulación de los servicios financieros, para dar una oportunidad a dichas personas de opinar sobre la medida. Deberán especificar por escrito el propósito de la regulación y estarán obligados a dar una respuesta a los comentarios que realicen las partes interesadas sobre la regulación.
Un paciente, un consumidor
En el marco de las negociaciones de setiembre del año pasado, Turquía presentó una propuesta para fomentar el comercio de los servicios de salud entre los países que integren el TISA. El documento tomó estado público el 4 de febrero de este año, cuando el sitio de medios españolesfiltrala.org, de la red Associated Whistleblowing Press, lo difundió. Según aclararon luego voceros de la Comisión Europea, las medidas que se incluyeron en la propuesta de Turquía no han recogido “apoyo de las partes en la negociación”, y enfatizaron que la Unión Europea “nunca ha negociado sobre servicios públicos en el ámbito sanitario, ni sobre la portabilidad de los seguros médicos en cualquiera de sus acuerdos de libre comercio, y no tiene intención de cambiar esto en el futuro”, publicóeldiario.es.
El documento presentado señala que “hasta el momento el sector de los servicios de salud solamente ha desempeñado un papel muy secundario en el comercio internacional de servicios”, y que esto se debe “a que los servicios de atención a la salud son financiados y proporcionados por el Estado o por organizaciones de bienestar social y no tienen prácticamente ningún interés para los competidores extranjeros debido a la ausencia de un objetivo de orientación hacia el mercado para la actividad”. De ahí concluye: “Existe un enorme potencial sin explotar para la globalización de los servicios de asistencia médica”.
La propuesta consiste en facilitar la movilidad de los pacientes (a quienes por momentos nombra como consumidores). Para eso, los profesionales de la salud permitirían, con previa autorización, que sus pacientes fueran tratados en otros países integrantes del TISA, con motivos que pueden ir desde “el largo tiempo de espera en el país de origen, los conocimientos insuficientes sobre un problema médico específico”, hasta “la preferencia personal del paciente”. Luego de recibir tratamiento en el extranjero, los pacientes tendrían derecho a ser reembolsados por el costo de ese tratamiento en su país de origen. El documento concluye: “Reconocemos que la salud no es una mercancía o servicio típico, sino un bien público. Los objetivos comerciales en el sector de la salud deberían ser compatibles con otros objetivos sociales legítimos tales como el acceso universal”.
Natalia Uval, Cecilia Álvarez
COFE convoca paro general parcial en el área metropolitana de 9 a 13:00 hs. para el día 24 de Abril
Nos concentramos para asistir a la movilización en la entrada de Rincón 561.
MESA REPRESENTATIVA DE AFUSEC
Camiones suman al caos del tránsito, pero habrá que esperar dos años por nueva reglamentación
CARGA Y DESCARGA
Mientras que la comuna prepara proyecto, la carga y descarga en doble fila es una constante en zonas de la capital de tránsito desbordado. La IMM no tiene vigilancia especial para este tipo de vehículos
Camiones de 20 metros de largo y 40 toneladas circulan a diario por las mismas calles y en los mismos horarios que los autos particulares. Y por el momento, la zona urbana de Montevideo es un área crítica pero inevitable para los camiones de carga y descarga, según dijo a El Observador el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, Diego Valverde.
Mientras la Intendencia de Montevideo (IMM) desarrolla unproyecto para evitar que los camiones circulen por la ciudad (que se estima estará pronto dentro de dos años), la realidad excede a la normativa vigente: los depósitos se ubican en la zona céntrica de la ciudad y cada vez hay más autos en las calles. En los últimos 10 años, la cantidad de vehículos empadronados prácticamente se duplicó, pasando de casi 100 millones en 2004 a más de 200 millones en 2014, según cifras del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Del total de vehículos, 66.098 son camiones. Solo en Montevideo hay registrados 15.279.
A la espera del plan, camiones cargados con muebles, madera, telas, alimentos, bebidas, e infinidad de productos siguen transitando en calles angostas, estacionando en doble fila o descargando en la vía pública. Aun así, la IMM no prevé la existencia de un inspector específico para el control de estas actividades. Según explicó a El Observador el jefe del departamento de Inspección y Radar de la intendencia, Óscar Sánchez, el transporte de carga “no requiere otro tipo de vigilancia distinto, ya que el propio inspector se ocupa de tomar las medidas correspondientes si detecta la infracción”.
Falta de límites
Desde 2008, la IMM intenta regular la situación como parte delPlan de Movilidad Urbana. De acuerdo a la normativa, los camiones de carga de hasta 16,5 toneladas (16.500 kilos) pueden transitar por la zona A (que abarca desde el Cerro hasta la costa este, pasando por el Centro) en cualquier horario.
En el listado de calles que la reglamentación sugiere como “preferenciales para la carga” se destacan vías como bulevar España, avenida Brasil, bulevar Artigas, Luis Alberto de Herrera, General Rivera, avenida Italia, entre otras. Todas de uso corriente por los conductores y, por lo tanto, de un alto volumen de tránsito. Las únicas calles que se prohíben son 18 de Julio y la rambla Naciones Unidas. “No hay forma de evitarlas y eso es problemático para nosotros. Sería más fácil decir que tenemos una zona de descarga y evitar el vehículo grande, pero también los costos se elevan”, manifestó Valverde. Hacerlo en vehículos chicos parecería ser la solución más rápida, pero también la menos rentable ya que para trasladar la misma carga serían necesarios, al menos, tres camiones chicos.
Las trancas
Ante esta situación y el creciente número de autos en las calles, los conductores intentan realizar los viajes “en los horarios en que el tránsito está muerto”. Por eso salen a las 5 y 6 de la mañana para viajar cómodamente y conseguir estacionamiento, aunque la carga no inicia sino hasta las 8 con la apertura del local. Pero para cuando termina la descarga, el tránsito ya está en pleno movimiento. A las dificultades para circular se les suman las de cargar y descargar los productos. Según la normativa, los vehículos deben estacionar frente al depósito y trasladar la carga directamente desde el inmueble, sin depositarla en la vía pública. No se detalla un tiempo mínimo pero se debe realizar “con el personal necesario para que finalice rápidamente”.
A largo plazo
Mientras que definir zonas de descarga y de circulación para los camiones aparenta una solución posible a largo plazo, la IMM se enfrenta a un problema mayor: la ubicación de los depósitos. Así lo confirmó Sánchez, del departamento de Inspección y Radar de la comuna, y explicó que gran parte de los locales se encuentran en las áreas de mayor movimiento de la ciudad y “no se le puede decir de la noche a la mañana que se tienen que retirar”. Algunas empresas han mostrado iniciativa al instalarse en la zona perimetral y los accesos, pero el proceso de cambio será largo, ya que el Plan de Movilidad Urbana se proyecta hasta 2020.
Para Valverde, el problema no solo está en la ubicación de los depósitos sino también en el surgimiento de otras actividades en los alrededores de estos. “Pusieron la torre de ANTEL en el puerto y ahora la calle Paraguay o la portuaria es un infierno de automóviles que circulan entre los camiones. Si la prioridad es el puerto entonces que la capacidad sea para los camiones, no para los autos ni los edificios”, opinó. Todo parece estar en manos del proyecto que la Administración Nacional de Puertos y la intendencia iniciaron a fines de 2014, que apunta a crear una zona de actividades logísticas para que el transporte pesado evite ingresar en la ciudad y distribuya las mercaderías en diferentes vehículos más chicos. “Es una de las proyecciones de largo plazo que no responden de un día para otro. El resultado se empezará a ver dentro de dos años”, dijo a El Observador el edil frenteamplista Daniel Arbulo el mes pasado.
Cifras
2.190.183 es el total actual de vehículos empadronados todo el país
66.098 son camiones. Solo en Montevideo hay 15.279
En los últimos 10 años, la cantidad de vehículos se duplicó: de casi 100 millones en 2004 a más de 200 millones en 2014
Muñoz enfática: el Ministerio se meterá en asuntos del Codicen
DISCUSIÓN
La delegada Capurro dijo que la ministra violó la autonomía del organismo
La ministra de Educación, María Julia Muñoz, restó importancia a los cuestionamientos que la consejera del Codicen y representante de los docentes, Teresita Capurro, presentó el viernes en la sesión del organismo respecto al modo en cómo habían sido designados los integrantes de los consejos desconcentrados de la ANEP (Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente). A su entender, en el proceso el MEC violó la autonomía de la ANEP.
“Yo no voy a hacer declaraciones de eso porque me parece muy superficial. Que diga lo que quiera. A los problemas que tiene la enseñanza es un tema muy menor”, dijo ayer Muñoz a El Observador al ser consultada al respecto.
El Observador informó ayer que el viernes durante la sesión, donde asumían los nuevos integrantes del Codicen y estos debían votar la integración de los consejos desconcentrados, Capurro apuntó que “la autonomía del ente fue obviada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al anunciar los nombres de los integrantes de los consejos de educación, en diciembre pasado, atribuyéndose potestades que no le corresponden”.
A su entender, en el mecanismo hubo “una desviación de poderes” porque estas autoridades no corresponde elegirlas al Poder Ejecutivo, sino al presidente del Codicen, previa consulta al órgano.
En la sesión, Capurro dejó en claro que su objetivo no era “poner en tela de juicio” a las personas designadas pero “sí los procedimientos puestos de manifiesto”.
Las potestades del ejecutivo
Muñoz -que fue designada en su cargo porque ha sabido “lidiar” con los sindicatos más duros, según manifestó el propio mandatario- señaló que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de designar a tres de los cinco integrantes del Codicen y “también le dice al Codicen a quién quiere para los desconcentrados”.
Los otros dos integrantes del Codicen son representantes docentes, elegidos en elecciones.
Sin embargo, Capurro dejó claro en la sesión del viernes que lo que le molestó fue que “no hubo en cuatro meses un gesto de consulta y/o gentileza hacia quienes tienen que votar estas designaciones (…) se nos presenta una lista de nombres sobre tabla rasa y a carpeta cerrada”.
Al respecto, la ministra de Educación manifestó que tiempo atrás recibió a Capurro en su casa para hablar sobre el tema. Según relató, en la oportunidad no le consultó sobre los nombres para integrar los consejos desconcentrados, sino que le transmitió las razones por las cuales “el Poder Ejecutivo tiene el derecho de pensar en quién es mejor para la enseñanza”.
Consultada sobre si le preocupa que desde el Codicen se alcen voces cuestionando el accionar del MEC, Muñoz respondió: “Para nada. En absoluto”.
Muñoz forma parte del círculo político más íntimo de Vázquez y no solo fue designada para “lidiar” con los gremios más duros, sino además para encabezar una reforma de la enseñanza que, según adelantó Vázquez, cambiará el ADN del sistema educativo.
A su vez, el ahora mandatario anunció en campaña electoral que el MEC tendría un papel más activo en las políticas educativas.
Huelga de maestros
Muñoz tampoco se mostró preocupada por la amenaza de huelga que ahora también lanzó la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) en el marco de la discusión del presupuesto quinquenal. Esta iniciativa se suma a la de los profesores.
Consultada al respecto, la ministra expresó, como lo viene diciendo desde hace tiempo, que llegado el momento conversará las medidas a tomar.
La FUM además no descarta sumarse al paro nacional de 24 horas que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) pretende llevar a cabo en mayo. También existe la posibilidad de que se hagan cinco paros distintos de 24 horas, pero regionales.
En campaña electoral, tanto Vázquez como el vicepresidente Raúl Sendic se mostraron afines a decretar la esencialidad en la enseñanza, algo que no parece contemplado por la ley.
A.FU.SEC. 