Archivos diarios: 14 mayo, 2015
El día viernes 15 (fecha prevista) a las 18 hs. se desarrolla un panel sobre acoso laboral, «mobbing». TEMAS: Ubicación del acoso laboral- Mobbing en el Uruguay. Casos de Jurisprudencia uruguaya. Problemas detectados en el ámbito público. El acoso laboral en las organizaciones y su vinculación con otros problemas del mundo del trabajo. El perfil de los acosadores y los acosados. Escalas de medición para el diagnóstico. Formas de afrontarlo desde la Psicología social.
Médicos y trabajadores arman frente común para plantarse ante el gobierno
ACUERDO
El acuerdo entre el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Uruguaya de la Salud es calificado como un «avance histórico» para dos gremios que nunca funcionaron coordinados
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) -los médicos del país y los trabajadores del sector privado- resolvieron armar un frente común para enfrentar al gobierno y pedirle algunos cambios en el sistema sanitario. Esta estrategia planteada es considerada como un “avance histórico” por el dirigente de la FUS Jorge Bermúdez, quien reconoce que es la primera vez que los trabajadores y los médicos juntan fuerzas para perseguir un mismo objetivo.
“Nosotros planteamos un diálogo social en salud ante una reforma sanitaria que está estancada”, dijo Bermúdez al ser consultado por El Observador, y señaló que en la misma línea de pensamiento actuó el SMU ayer, en un encuentro que mantuvo el gremio con el secretariado ejecutivo del PIT-CNT.
El “diálogo social” al que se refiere Bermúdez se traduce, por ejemplo, en cómo ambos sindicatos pretenden plantarse ante el Poder Ejecutivo para definir los cargos de conducción política en el área de la salud.
Uno de ellos es la Junta Nacional de Salud (Junasa), en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP). Este organismo -integrado por representantes del gobierno, de los trabajadores y de los usuarios- jamás estuvo integrado por un médico. Los médicos, que en algún momento quisieron dar la batalla para tener una silla en él, no lo consiguieron porque la respuesta del gobierno siempre fue: ‘La representación es del sindicato más representativo’. En este caso, era la FUS, integrante del PIT-CNT.
Pero con el nuevo gobierno, la posibilidad estaba sobre la mesa para los médicos. Así fue que, de un tiempo a esta parte, el SMU y la FUS empezaron a conversar y a analizar cómo los dos podrían llegar a formar parte de la Junasa. Hasta que hubo acuerdo. “La Junasa debe tener representación de los médicos y de los trabajadores no médicos. Sin dudas”, afirmó Bermúdez al ser consultado sobre este punto.
Bermúdez, quien ha ocupado en los últimos años el cargo en representación de los trabajadores en la Junasa, advierte que el organismo se convirtió en un “ámbito inhóspito” y que «tiene poco» de conducción política de la reforma sanitaria.
Ahora, el SMU y la FUS deberán definir las estrategias a desplegar ya que enfrente tienen a un Poder Ejecutivo que resolvió por decreto que las personas a ocupar cargos en la salud –tanto en la Junasa como en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)- que hasta ahora se resolvieron mediante elecciones, los definirá el gobierno. La primera elección será de los sindicatos, pero la última palabra la tendrá el presidente, dice el decreto.
Reclamos de la FUS para este período de gobierno
La FUS en su congreso se porpuso dar pelea en tres puntos en este quinquenio. Estos son:
*Reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales, más dos jornadas libres.
*Aumento salarial de 16% anual
*Capacitación profesional de los trabajadores.
Concederán toda la red primaria de rutas a la Corporación Vial
INFRAESTRUCTURA
A los 1.600 kilómetros que gestiona se le añadirán otros 1.600; además se licitarán seis nuevas PPP
El gobierno reconoce las “carencias” que existen en el sistema vial y entiende que será difícil mantener los niveles de crecimiento de la economía si la disponibilidad de rutas y caminos en condiciones se convierte en un obstáculo para el transporte de mercaderías. Por eso, el ministro de Transporte y Obras Públicas puso ayer sobre la mesa el menú de instrumentos que utilizarán para financiar el “shock de infraestructura” prometido durante la campaña electoral.
“Existe una carencia en materia de infraestructura vial”, reconoció ayer el ministro Víctor Rossi, en una conferencia que brindó en el marco del ciclo de desayunos organizado por la revista Somos Uruguay, en el hotel Sheraton.
Para hacer frente a esa situación, el gobierno plantea dos instrumentos, además de la presupuestación de fondos para la inversión en vialidad: la ampliación de concesiones y los proyectos de participación público privada (ver recuadros). Respecto al primer instrumento, el ministro anunció que extenderá la concesión a la Corporación Vial del Uruguay (CUV) –propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)–, que pasará de administrar 1.600 kilómetros de carreteras a 2.800 kilómetros, quedándose con toda la “red primaria de carreteras” –aquellas que van desde Montevideo hasta los límites del país–.
Al mismo tiempo, anunció seis nuevos paquetes de rutas que licitará bajo la modalidad de participación público privada. Un inversor se encargará de la rehabilitación y mantenimiento de la ruta, mientras que el Estado le amortizará su inversión a través de pagos anuales. Actualmente existe un proyecto –que incluye las rutas 21 y 24– en proceso de licitación. Desde el sector privado se critica la inadecuación de las condiciones de los pliegos a las exigencias del sector privado. Al respecto, el ministro Rossi sostuvo que abrirá una instancia de diálogo con constructores, fondos de inversión, asesores e inversores en general, donde su cartera tomará nota de las aspiraciones de los agentes privados.
El objetivo es “elaborar un guante que calce en la necesidad del país, para ahorrar tiempo y trabajo, para evitar muchas veces frustrarnos en cuanto a las respuestas a llamados que no fueron debidamente consultados, medidos y elaborados”, enfatizó.
Concesión a la Corporación Vial
Uno de los principales instrumentos que utilizará el gobierno para rehabilitar y mantener la red vial será la concesión de obra, en particular a la Corporación Vial del Uruguay (CVU). Actualmente el organismo público de derecho privado, propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), posee la concesión de 1.600 kilómetros de carreteras de la red primaria –rutas Interbalnearia, 1 y 11, y un tramo de la 2, 3, 5, 8 y 9–. “Pensamos agregarle 1.200 kilómetros más, lo que permitiría atender prácticamente toda la red primaria de carreteras”, dijo el ministro Víctor Rossi. Al mismo tiempo, buscará el apoyo de la CND para realizar “determinadas obras de rehabilitación y mantenimiento en otros puntos del país” por entre US$ 300 millones y US$ 350 millones. Para eso, el mecanismo de financiamiento propuesto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es la emisión de títulos a través de la Bolsa de Valores de Montevideo, emulando la experiencia exitosa de colocación de obligaciones negociables de la CVU a fines de 2007.El puerto de aguas profundas
El ministro Víctor Rossi aseguró que el proyecto de un puerto de aguas profundas no se encuentra “desactivado” y que sigue siendo un “objetivo” que el país debe tener presente. Sin embargo, dijo que el proyecto “no puede distraer nuestra atención del presente, que es un sistema portuario nacional con un puerto de Montevideo que tiene un conjunto de desafíos que debe resolver hoy”. “Sería muy grave que Uruguay se distrajera”, argumentó. El ministro Víctor Rossi explicitó los mecanismos que usará el Estado para financiar obras viales.
Secretariado ejecutivo del PIT-CNT aprobó un paro general parcial para junio
MOVILIZACIÓN
La medida durará cuatro horas y se espera que se adhiera la totalidad de los gremios
El secretariado general del PIT-CNT aprobó un paro general para el 11 de junio que, de aprobarse por la mesa ejecutiva de la central sindical que se realizará este viernes, irá desde las nueve de la mañana hasta la hora 13. En el caso de la educación, se planteará que el paro se extienda a 24 horas.
Fernando Pereyra, integrante del secretariado del PIT dijo a El Observador que los motivos del paro son las reivindicaciones realizadas durante el acto del 1° de mayo, por ejemplo, el presupuesto destinado a la educación y la salud, el rechazo al TISA, y la preocupación por la situación económica del país, donde los precios aumentan «pero no así los salarios».
«Las movilizaciones del PIT-CNT no se terminan el día en que se realiza el paro o la movilización, sino cuando se cumplen los objetivos», sostuvo Pereyra.
OAS le debe a empresas US$ 15 millones por regasificadora
FIRMAS SOSTIENEN QUE SI NO COBRAN CORREN RIESGOS DE CIERRE
La salida de la constructora OAS del proyecto de la regasificadora no solamente afecta la relación contractual entre Gas Sayago (propiedad de UTE y Ancap y responsable del proyecto) y GNLS (consorcio local conformado por GDF – Suez y la japonesa Marubeni, responsable de la construcción y puesta en funcionamiento del emprendimiento) y pone en duda la continuidad del proyecto.
La salida de OAS del proyecto generó inconvenientes en varios frentes. Foto: Gas Sayago
Además de los puestos de trabajo perdidos por el alejamiento de OAS (700 obreros y más de 80 empleados administrativos), hay un grupo de empresas que habían sido contratadas por esa firma brasileña a las cuales se les deben servicios por US$ 15 millones.
Ayer, en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados se presentaron representantes de seis empresas proveedoras de OAS que habían sido contratadas para las obras de dos muelles y una escollera en Puntas de Sayago.
Esas firmas expresaron en la comisión que tienen créditos impagos por US$ 15 millones, según informó a El País el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. El legislador agregó que los representantes empresariales dijeron «haber sido estafados por OAS y también por GNLS».
Abdala explicó que también le marcan responsabilidad a la segunda porque GNLS les cubrió facturas impagas por OAS de diciembre y enero y entonces las empresas entendieron que la obra se seguiría desarrollando sin problemas. Además, para cumplir con los trabajos en esos meses debieron contratar más personal.
«Los proveedores están con una gran desesperación. Dicen que si la situación no se soluciona van a tener serias dificultades para poder subsistir», transmitió Abdala.
Por su parte, el diputado del Partido Colorado Walter Verri añadió que las empresas también tuvieron que invertir en tecnología para poder desarrollar las exigencias de la constructora.
«Es preocupante que se fundan empresarios locales cuando lo que hicieron fue aportar trabajo para un proyecto que era insignia de Uruguay», dijo el legislador. Luego de recibir a los representantes empresariales, la comisión decidió convocar a la ministra de Industria, Carolina Cosse.
«La intención es que explique la situación real del proceso de la regasificadora y saber mejor cosas que no son claras», dijo Verri.
Los legisladores también quieren llevar a la comisión al Sunca y a representantes de Gas Sayago.
Mientras tanto, las obras en la planta regasificadora llevan paradas 80 días y su futuro es incierto.
«Gnls se burló de nosotros».
Ayer, una delegación de GNLS se presentó nuevamente en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. Abdala fue terminante con la participación de la empresa en el encuentro. «La empresa nos tomó el pelo; se burló de nosotros, mejora hubiera sido que no compareciera en la Comisión. No respondió nada», señaló el legislador nacionalista.
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/oas-le-debe-empresas-us.html
Funcionarios vuelven a parar y abren negociación
REALIZARÁN PAROS DE 24 HORAS EN TODAS LAS SEDES DEL PAÍS
Los funcionarios judiciales retomarán los paros e interrumpirán el funcionamiento de las sedes judiciales de todo el país de forma sorpresiva y por 24 horas. La medida se llevará a cabo diferenciada por departamento y, en Montevideo, por materia (Civil, Laboral, Familia, Penal, Contencioso Administrativo), explicó a El País el sindicalista Luis Kelis.
Los funcionarios judiciales definieron seguir con las medidas sorpresivas. Foto: L. Carreño
El cronograma de paros comprende desde el 21 de mayo hasta el 2 de junio. Cada sede departamental y materia definirá qué día parará y lo hará público con 24 horas de anticipación.
Además, el 3 de junio realizará una marcha nacional con la intención de volver a hacer público su reclamo salarial.
La paralización «no es responsabilidad de los gremios sino el incumplimiento del Poder Ejecutivo», dijo Kelis a El País.
Negociación.
El martes, una delegación de la Asociación de Funcionarios Judiciales se reunió con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para intentar llegar a una salida al conflicto que ya lleva más de cuatro años y cinco meses de medidas distorsivas.
Según Kelis, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, propuso ayer a la Asociación de Funcionarios Judiciales una «salida consensuada» al conflicto. Según el sindicalista, tanto Murro como el subsecretario Julio Baráibar coincidieron en que es necesario llegar a una solución del conflicto que no implique una imposición legislativa susceptible de ser impugnada.
«El ministro reiteró en tres oportunidades que (nos realizará una propuesta) en breve y que va a contener una propuesta para solucionar el todo de todos», dijo Kelis.
Para esto, convocarán a la intergremial para comenzar a discutir el tema en conjunto con los otros sindicatos del Poder Judicial. «Vamos a formalizar un ámbito de negociación permanente con el Poder Ejecutivo», dijo Kelis.
Si bien el conflicto se mantiene en el ámbito de la Justicia, el sindicato está abierto a escuchar una propuesta del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, los funcionarios judiciales adhirieron a la apelación al Ejecutivo, contrario al fallo que lo obliga —junto a la Suprema Corte de Justicia— a abonar un 26% de aumento salarial a los funcionarios. Estos buscan, por otra parte, mayor retroactividad a la otorgada por la Justicia en el fallo de primera instancia.
El reclamo surgió porque la ley de Presupuesto dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, pero los judiciales van «enganchados» con los jueces.
Derogación de la ley 19.310.
La Asociación de Funcionarios Judiciales exige la derogación de la ley 19.310 que busca una solución al conflicto, sin tener en consideración la voluntad de pago manifestada anteriormente por el Poder Ejecutivo. Los funcionarios presentaron un recurso de inconstitucionalidad que está siendo notificado.
http://www.elpais.com.uy/informacion/funcionarios-vuelven-parar-abren-negociacion.html
Concretar obras portuarias es prioridad para el MTOP
OBJETIVO OFICIAL ES DOTAR DE MÁS INFRAESTRUCTURA A LA TERMINAL MONTEVIDEANA
Además de recomponer la infraestructura vial hoy fuertemente deteriorada para evitar «situaciones de crisis», el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se plantea para este quinquenio la concreción de obras en el área de la infraestructura portuaria.
El movimiento portuario creció y se necesita invertir en obras. Foto: Archivo El País
Ese fue uno de los puntos centrales que el ministro Víctor Rossi desarrolló ayer durante una conferencia organizada por la revista «Somos Uruguay». En su presentación el jerarca puntualizó que el próximo Presupuesto quinquenal «va a tener que servir en buena medida» para seguir invirtiendo en vialidad, pero también para «seguir sosteniendo el nivel de obras del sistema nacional de puertos».
A modo de ejemplo, puntualizó que en el puerto de Montevideo hay «objetivos muy necesarios» como la Terminal de Pesca de Capurro, el dragado y la compra de equipamiento para realizarlo, la mejora de los accesos y el desarrollo de la terminal logística de Puntas de Sayago, a lo que se suman la continuación de obras para la renovación y profundización de la cimentación en los muelles de la terminal.
Las prioridades que marcó el ministro Rossi reafirmaron las líneas estratégicas que la Administración Nacional de Puertos (ANP), había planteado semanas atrás al MTOP para los próximos cinco años, como informó El País.
En la misma línea, el diario La Nación había informado el martes que el gobierno se dispone a realizar un relanzamiento de la plataforma portuaria, para lo cual anunciará en los próximos días un amplio paquete de obras.
Otro de los proyectos que tiene la ANP en carpeta es la construcción de otro muelle (llamado D) en el puerto de Montevideo. Lo que se pretende es que sea una ampliación del muelle C que fue inaugurado en febrero.
Además, el consorcio que se interesó en realizar el proyecto pretende que la obra sea una extensión de contrato, ya que es el mismo que construyó el anterior muelle. Consultado por El País, el presidente de la ANP, Alberto Díaz, dijo que es una obra para el quinquenio y para la que se requiere una inversión de unos US$ 60 millones.
Cuando se inauguró el muelle C, hubo contactos entre la ANP y el consorcio conformado por Saceem y Soletanche Bachy para ampliar la obra. La intención es que la nueva escollera tenga una extensión de 180 metros y que la obra sea realizada por el mismo constructor (por haber sido quien se encargó del muelle C) es visto con buenos ojos.
Díaz agregó que aun no se ha recibido una propuesta del consorcio. Por su parte el ministro Rossi dijo a El País que la obra no está entre las principales prioridades. «Si está la plata se hace, de lo contrario no», afirmó.
En otro orden y ante una pregunta realizada desde el público, Rossi negó que la obra del puerto de aguas profundas esté «desactivada» y sostuvo que «sigue siendo un objetivo que el país tiene que tener presente como un objetivo estratégico y permanente». No obstante, dijo que «no se puede distraer la atención de lo que es el presente» y aclaró: «tenemos un sistema portuario nacional con un puerto de Montevideo que tiene un conjunto de desafíos que tenemos que resolver. No abandonamos nada, seguimos trabajando en el futuro, pero hoy tenemos que hacer primero lo que va primero. Sería muy grave que Uruguay distrajera la necesidad de seguir avanzando en cuanto a su participación en la región perfeccionando el sistema portuario nacional», apuntó.
Vinculado al puerto de aguas profundas, el martes un decreto del Consejo de Ministros derogó una normativa anterior que había creado la Comisión Interministerial Puerto de Aguas Profundas (Cipap).
Y encomendó al MTOP que con otros organismos -particularmente el Ministerio de Economía y de Vivienda- impulse y realice un seguimiento del proceso que involucra el análisis de los aspectos técnicos, económicos y constructivos, entre otros, necesarios para concretar la instalación del puerto de aguas profundas en Rocha.
Por otra parte, ayer Rossi señaló que si bien hubo inversiones en el área de infraestructura portuaria «también hay demandas y necesidades no resueltas».
«El Uruguay necesita adelantarse a los acontecimientos porque no hay carga que exista esperando la posibilidad de que se concreten obras de infraestructura portuaria. O están las obras y entonces estará la actividad comercial correspondiente y existirá la carga o no existirá la carga», señaló el titular de Transporte. .
Mejorar rutas con participación privada.
El ministro Rossi anunció ayer algunos detalles de los seis paquetes que se lanzarán para licitar la rehabilitación de 1.300 kilómetros de rutas bajo el régimen de asociaciones de Participación Público Privada (PPP), y que demandarán una inversión de unos US$ 650 millones.
El primero de esos paquetes está compuesto por las rutas 54, 55,57 y un tramo de la ruta 12 incluyendo un bypass a la altura de Carmelo. Esta obra sería de unos 254 kilómetros de rehabilitación por un monto de unos US$ 200 millones.
Un segundo paquete estaría integrado por las rutas 6 y 7 en un primer tramo hasta la ruta 11, incluyendo la rehabilitación de la Avenida Instrucciones desde Bulevar Batlle y Ordóñez hasta el límite departamental de Montevideo. Esta obra incluiría unos 230 kilómetros y alrededor de US$ 240 millones de inversión. Otro paquete sería el primer tramo de la ruta 14 desde Mercedes a Sarandí del Yi incluyendo un bypass de la ruta 6 con el puente nuevo sobre río Yi. El cuarto incluye la rehabilitación de la ruta 9 desde Pan de Azúcar hasta el Chuy, unos 240 kilómetros de extensión.
Además se preparan dos nuevos paquetes para un segundo tramo de la ruta 14 que culminaría con la ruta 15 hasta Rocha, según dijo Rossi. Otras obras a estudio son el mantenimiento de las rutas 26 y 27, junto con el mejoramiento de la ruta 30.
Además Rossi anunció que se ampliarán los contratos de concesión que tiene la Corporación Vial del Uruguay. Actualmente se atienden 1.600 kilómetros y se sumarán otros 1.200 kilómetros para atender toda la red primaria.
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/concretar-obras-portuarias-prioridad-mtop.html
Estudio y denuncias exponen fallas de los planes sociales
1.300 NIÑOS NO SON BENEFICIARIOS DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES
Los números por un lado y las denuncias por otro advierten que los planes sociales que deberían rescatar de la pobreza a las poblaciones más vulnerables no llegan a todos los que deberían llegar.
La asistencia a los más vulnerables no siempre logra el efecto deseado. Foto: Archivo
El 4,3% de los niños uruguayos de 0 a 3 años padece inseguridad alimenticia severa (lo que según la FAO es igual a decir «hambre»). Esto equivale a cerca de 8.000 niños. Y de estos, el 16,2% no recibe una Asignación Familiar (AFAM) que, en el marco del Plan de Equidad, tendría que llegar a todos los hogares de bajos recursos con menores a cargo. Esto quiere decir que unos 1.300 tienen hambre y no cuentan con quien les tienda una mano.
Estos datos se desprenden de la Primera Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil, la cual fue elaborada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto Nacional de Estadística (INE), a la cual accedió El País y que será presentada de manera oficial la semana próxima.
La página web del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) señala que todas «las embarazadas (prenatal), los niños y adolescentes menores de 18 años, que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica» deberían cobrar las AFAM. El trámite lo tienen que llevar a cabo las mismas familias a través de este Ministerio o del Banco de Previsión Social (BPS). Sin embargo, hay algo que, evidentemente, está fallando en el sistema.
El estudio señala que las diversas modalidades de AFAM alcanzan al 86% de los hogares más pobres y, peor aun, solo al 83,8% de los hogares donde se encuentran menores con inseguridad alimentaria severa. O sea que un 16,2% están por fuera de este plan.
Además, solo recibe la prestación el 80,4% de los hogares con inseguridad alimentaria moderada y el 70,6% con inseguridad alimentaria leve. De todas formas, el informe concluye en que «estos valores indican una adecuada cobertura del programa hacia un grupo poblacional con autopercepción de vulnerabilidad».
En tanto, en el caso de la Tarjeta Uruguay Social, la cual depende del Mides, del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), cuyo «objetivo principal es permitir que las personas más desprotegidas accedan a los productos de la canasta básica y tengan la posibilidad de seleccionar de acuerdo a sus necesidades y a las características de su núcleo familiar», según la web de la cartera de Desarrollo Social, el nivel de llegara es aun menor.
La encuesta dice que «al analizar según condición de pobreza, se constata que aproximadamente un tercio de los niños accede» a Uruguay Social. Solo «el 16% de los niños con retraso de talla y un 10% de los niños con problemas de obesidad» reciben la prestación. En términos de inseguridad alimenticia señala que «la cobertura correspondió al 36% de los hogares con inseguridad severa. Esto quiere decir que en los hogares de más de 5.000 niños uruguayos que padecen hambre no se recibe esta prestación. En los niños con inseguridad alimenticia moderada la tarjeta llega al 32,6% y con inseguridad leve al 18%.
Otros programas.
El estudio también analiza el alcance de dos programas creados para ayudar a los más desprotegidos, uno es Uruguay Crece Contigo (UCC) y el otro Cercanías. El primero, cuyo objetivo es asegurar los cuidados adecuados en las mujeres embarazadas y de los niños menores de cuatro años, que está orientado a la población vulnerable y hasta marzo de 2015 estuvo localizado en la OPP pasando en esa fecha al Mides, cubre a 4% del total de niños con retraso de talla y solo a 8% de aquellos que padecen inseguridad alimenticia severa. Por tanto, 7.300 niños de entre 0 y 3 años con hambre no son beneficiados con este plan.
En el caso de Cercanías, cuyo objetivo es «fortalecer las capacidades familiares llegando a treinta mil hogares en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema para asegurarles el acceso a prestaciones sociales» y que es una iniciativa del Mides, el Ministerio de Vivienda, el INAU, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y ASSE, alcanza a 5,8% de los niños en condición de pobreza y a 17% de los hogares con inseguridad alimenticia severa. O sea que más de 6.500 menores entre 0 y 3 tampoco se benefician de este proyecto.
Polémica.
La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, negó que los datos del estudio sean certeros al advertir ayer que no hay niños que estén «pasando hambre», porque si esto fuera verdad su cartera «estaría en una omisión de asistencia total».
Los datos del estudio oficial, sin embargo, son claros en señalar que en total un 41,5% de los niños dentro de la franja antes dicha padece algún tipo de inseguridad alimenticia: 28,3% tiene una falta de seguridad leve, 8,9% falta de seguridad moderada y 4,3% una inseguridad severa.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuyos parámetros fueron utilizados para la encuesta, también es clara en que la inseguridad alimentaria severa es igual a decir «hambre». «En la categoría de inseguridad alimentaria leve, los hogares comienzan experimentando preocupación en torno al acceso a los alimentos, pasando a sacrificar la calidad de la dieta. En la siguiente fase de inseguridad alimentaria (moderada), se observan restricciones a la cantidad, para finalmente llegar al nivel más severo donde se presentan situaciones de hambre en adultos y finalmente en niños», define la FAO.
La encuesta también da cuenta de otros datos que develan la existencia de grandes diferencias entre las clases sociales: «12,3% de los niños que nacieron con bajo peso presentó retraso de talla. Entre los niños que integran hogares en situación de pobreza de ingresos, el indicador alcanza a 6,7%, al tiempo que se reduce a 3,8% entre los hogares que superan el umbral de pobreza»
El martes, cuando parte de estos datos fueron dados a conocer en un evento en la Intendencia de Municipal de Montevideo (IMM), el director de la Salud de la comuna, Pablo Anzalone, advirtió en Twitter que «4% de los niños pasan hambre en Uruguay. Pero nos cuesta decirlo». La ministra Arismendi, molesta por estos dichos, advirtió ayer en declaraciones a Subrayado: sobre ese tema «pregúntele a Anzalone. No está pasando en el Uruguay».
Contexto.
El problema del hambre en Uruguay salió a luz la semana pasada cuando se supo que en el liceo de Parque del Plata, a menos de una hora de Montevideo, 50 de los 300 alumnos que cursan en el turno de la mañana llegan al centro con hambre, según denunciaron los mismos docentes. Tras esto, los sindicatos de profesores advirtieron que esta es una realidad común en los liceos de la periferia de Montevideo y de Canelones.
La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, a diferencia de Arismendi, reconoció la situación e instó a la ANEP a que le busque una solución al asunto.
Secundaria habilitó más becas de merienda para los 70 alumnos que están en el plan de tutorías (o sea los que más tiempos pasan en el centro educativo) y se dispuso a investigar con la ayuda del Mides por qué las familias de los jóvenes que llegan en esa condición a la institución no reciben (no les alcanza o no usan como deberían) prestaciones del Estado.
La Anemia golpea el doble a los más pobres.
El estudio de la OPP, la UdelaR y el INE, señala que los niños de entre 0 y 3 años de los hogares más pobres padecen anemia casi el doble que los menos desfavorecidos.
El «9% de los niños fueron diagnosticados alguna vez por anemia, con variaciones significativas por condición de pobreza (13,1% en hogares bajo la línea de pobreza versus 7,5% en el resto). Estos bajos valores contrastan fuertemente con los resultados de estudios clínicos, que ubicaban la prevalencia para menores de dos años en 31%», advierte el informe.
http://www.elpais.com.uy/informacion/estudio-denuncias-fallas-planes-sociales.html
A.FU.SEC. 