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Buscamos brindar una  comunicación clasista, democrática y con independencia política sindical Gremial. Para ello pusimos en pie este sitio, como un recurso más de todos aquellos con los cuales desde hace años venimos manteniendo un debate fraternal.

 

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Mesa Representativa de A.FU.SEC. – Comisión de Prensa y Propaganda

 
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Publicado por en 9 junio, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Ministerio de Transporte recurrirá al ahorro privado para financiar carreteras


Se definió que Corporación Vial emita en la Bolsa para conseguir recursos

inundaciones

El Estado financiará obras de infraestructura vial con dinero de privados que compren títulos, a través de la Bolsa de Valores de Montevideo, que emitirá la Corporación Vial del Uruguay (CVU).

La idea fue presentada la semana pasada en el Parlamento por el ministro de Transporte, Victor Rossi, quien explicó los planes de esa secretaría que se concentrará en mejorar el sistema carretero.

Fuentes del Poder Ejecutivo explicaron ayer a El Observador que buena parte de las inversiones se canalizarán a través de la Corporación Vial –una empresa pública que se mueve bajo el derecho privado– que, según el ministro, proyecta obras por US$ 678 millones en cinco años.

Fuentes de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) comentaron que aún no está definido el monto que se abrirá al público para que participe comprando títulos, aunque estimaron que serán decenas de millones de dólares.

Además de conseguir financiamiento de la sociedad –camino que la CVU ya exploró– se busca dinamizar el mercado bursátil.

En el ámbito público, ANCAP con su empresa Ducsa, y UTE con el negocio de la energía eólica, cotizaron en la Bolsa y tuvieron éxito para conseguir recursos.

Actualmente, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ajustan detalles del plan de inversión vial para el período, que rondará los US$ 2.000 millones, dijo a El Observador Fernando Nopitsch, director Nacional de Vialidad.

A los US$ 678 millones que manejará la Corporación Vial se le agregarán otros US$ 400 millones; habrá además obras de Participación Pública Privada (PPP) por unos US$ 700 millones; y luego están los recursos que surgirán del Presupuesto Nacional que aún se construye bajo la mirada de Economía que pidió “cautela”.

El ministro Rossi explicó en la comisión de Transporte del Senado que para comprometer la participación del ahorro privado hay ciertos mecanismos, “algunos históricos y otros más nuevos”.

Por un lado está la concesión de obra pública, como las de Ruta 8 y 5 que serán ampliadas; y por otro lado está la concesión pública-pública a través de la Corporación Vial y la Corporación Nacional de Desarrollo.

La CVU atiende 1.661 kilómetros de la red primaria y será ampliada en unos mil kilómetros más.

El ministro dijo que la Corporación podrá “descontar o colocar papeles en la bolsa de valores” para financiarse.

A los US$ 678 millones que manejará la Corporación Vial se le agregarán otros US$ 400 millones; habrá además obras de Participación Pública Privada (PPP) por unos US$ 700 millones; y luego están los recursos que surgirán del Presupuesto Nacional que aún se construye bajo la mirada de Economía que pidió “cautela”.

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Respecto a los Proyectos Públicos Privados (PPP) se impulsarán “modificaciones”, dijo Rossi, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

El objetivo es “facilitar y acortar los tiempos” del proceso, que es a riesgo de los privados, que reciben la concesión por 20 años y obtienen el compromiso del Estado de pagar un canon semestral.

Rossi dijo en la comisión que estudia ocho paquetes PPP. Una es para Colonia que comprenderá a las rutas 12, 54 y 57 e incluirá un baipás con el puente nuevo de Carmelo.

Esa inversión es de US$ 75 millones. Otra PPP incluirá a la Ruta 6 en San Ramón; y la Ruta 7 hasta Fray Marcos con un tramo de la Ruta 12 y la rehabilitación de avenida de las Instrucciones hasta avenida José Batlle y Ordoñez.

El costo previsto son US$ 90 millones.

También con privados se hará la Ruta 14, desde Mercedes hasta Ruta 6 incluyendo el puente sobre el Río Yí y un baipás que unirá Ruta 6 con la 14. Esa inversión son US$ 74 millones.

Después están las obras en ruta 14 desde Ruta 6 hasta Rocha y faltan definir tramos que incluirán a la Ruta 15. La inversión llegará a US$ 140 millones.

Otra PPP se proyecta para la Ruta 9 de Pan de Azúcar a Chuy; otra es para Ruta 26 entre Paysandú y Tacuarembó que demandará US$ 52 millones; y otra es, para Ruta 26, de Tacuarembó a Río Branco que requerirá una inversión de US$ 70 millones.

El octavo proyecto se definirá en función de las necesidades.

La intención del Poder Ejecutivo es hacer los llamados para cuatro PPP en este año, y los tres restantes en la primera mitad del año 2016.

Contrapunto entre Lacalle Pou y Rossi

El proyectado puerto de aguas profundas de Rocha -que fue uno de los proyectos impulsados personalmente por el expresidente José Mujica- fue centro de debate entre el ministro Rossi y el senador nacionalista Luis Lacalle Pou.

El ministro informó en el Parlamento que se trabaja en un Sistema Nacional de Puertos y dijo que para el de aguas profundas se continuará haciendo estudios porque “tiene un enorme valor estratégico”.

Aclaró que este gobierno no será el que corte “la cinta” del puerto de Rocha sobre el “que se avanzará”.

El senador Lacalle Pou recordó que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde Rossi también fue su ministro de Transporte, se compraron 51.000 hectáreas en La Paloma por US$ 14.5 millones y lo único que hubo fue marchas y contramarchas de los gobiernos de izquierda.

El senador dijo que detrás del puerto esta Aratirí, extremo que negó el ministro de Transporte y Obras Pública.

Viaducto para ingresar al puerto

El ministro Víctor Rossi dijo que uno de los temas que le preocupa y quiere resolver refiere al acceso al puerto de Montevideo.

Informó que incluso trabaja sobre la idea de que construir “un viaducto” que permita pasar por encima de algunos puntos críticos donde se generan diversos nudos que son difíciles de superar de otra manera”, afirmó.

El crecimiento del puerto capitalino, el principal del país, derivó en problemas de almacenamiento y en una congestión de los camiones que transportan contenedores.

http://www.elobservador.com.uy/ministerio-transporte-recurrira-al-ahorro-privado-financiar-carreteras-n652683

 
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ANCAP investiga llamado: 60% quedó fuera tras test psicolaboral


ancap
El sindicato adiverte escasa exigencia académica y límite de edad
El directorio de Ancap inició una investigación interna para aclarar el proceso de selección en un llamado para cargos de operador de refinado de combustible, en el que 54 de 90 personas quedaron fuera de concurso luego de presentarse al examen psicolaboral.

La proporción de personas descartadas luego de esta etapa llamó la atención del sindicato y del propio directorio, ya que supera ampliamente las cifras que normalmente se registran en los diversos llamados. Por esta razón, el viernes las autoridades de Ancap decidieron solicitar información sobre el proceso a la dirección de Recursos Humanos, adelantó a El Observador el director Ruben Barboza.

Gerardo Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Funcionarios del ente (Fancap) señaló a El Observador que por lo general en un concurso, luego del examen psicolaboral queda afuera 10% de los concursantes, sin embargo, en este llamado, el número de los que no aprobaron la evaluación se elevó a 60%.

“Nunca pasó una cosa de estas. Algún error tiene que haber, ya sea en el perfil que exigieron o en la exigencia que tuvieron en el perfil psicolaboral”, afirmó el funcionario.

Una de las personas que quedó fuera del concurso –quien prefirió mantener su anonimato– señaló que además se trata de personas preparadas y con trayectoria.

Al llamado, que se abrió en marzo y todavía no culminó, se presentaron aproximadamente 400 personas, que como primer paso debieron rendir una prueba de conocimiento. A partir de allí quedaron seleccionadas 90. De estas, 70 fueron evaluadas psicolaboralmente en la consultora privada Human Phi y las otras 20 en la propia Ancap. Esta evaluación dejó por el camino a 40 concursantes del primer grupo y a 14 del segundo, señaló la fuente consultada.

Esto llamó la atención de los concursantes descartados, que con ayuda del sindicato, presentaron el lunes pasado un recurso en ANCAP solicitando información sobre la organización y el desarrollo del llamado.

Exigencia académica

Entre los requisitos necesarios para presentarse al llamado,ANCAP solicitaba ser ciudadano natural o legal, tener entre 18 y 40 años, tener completo el bachillerato de Secundaria o el tecnológico deUTU. En caso de ser estudiante universitario, se exigía tener 20% de los créditos aprobados para los estudiantes que estuviesen cursando actualmente, y 50% de los créditos aprobados para quienes no hubieran rendido exámenes en los últimos dos años.

Rodríguez dijo que el sindicato negoció con la empresa las bases del llamado porque habían puntos con los que no coincidían. “Nuestra pretensión es que no hubiera límite de edad. Logramos cambiar algo y pasar del límite de 35 años a 40. Además, pudimos pasar de una exigencia máxima de 10% de créditos universitarios a 20%”, explicó.

En tanto, Barboza explicó que la escasa exigencia académica se debe a que “hay preocupación por parte de la empresa de que la gente tenga perspectiva de quedarse en ella”, ya que supone una inversión en formación. No obstante, afirmó que se trata de un cargo “muy exigente”.

 
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Adeom Salto paraliza la intendencia por tiempo indeterminado


“La mala gestión del gobierno que se está yendo llevó a este caos”, dijo Carlos Fraga, dirigente del gremio municipal
trabajadores salto
La asamblea general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Salto confirmó este lunes que a partir de las 00:00 horas del martes paralizará la intendencia por tiempo indeterminado. Hasta que el gremio no llegue a un acuerdo con las autoridades por los sueldos adeudados sólo estarán operativos los servicios de necrópolis, recolección de residuos hospitalarios y suministro de agua potable a zonas carenciadas -la tarea no podrá realizarse porque está roto el camión-, confirmó a El Observador Juan Carlos Gómez, presidente de Adeom en el departamento. Finalmente, el servicio municipal de transporte urbano no será cubierto por una guardia gremial.
La medida implica que alrededor de 1.800 empleados públicos concurran a sus lugares de trabajo pero no realicen tareas

Negociaciones

La asociación de municipales salteños mantuvo la semana pasada reuniones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la comisión legislativa de la Cámara de Diputados, el exintendente colorado Germán Coutinho y Andrés Lima, intendente electo por el Frente Amplio. Según dijo el dirigente Carlos Fraga a El Observador, desde la OPP “existe la voluntad de solucionar el tema pero hay problemas coyunturales que tiene el departamento”. Adeom pidió en las respectivas reuniones que se dieran “garantías” de que el dinero que llegue a la comuna se destine al pago de sueldos. Según expresó Lima en El Observador TV, la intendencia adeuda $ 70 millones a los trabajadores de salario de mayo, y no tiene caja para hacer frente a los sueldos de junio y el medio aguinaldo, otros $ 110 millones.

Adeom plantea la creación de una “cuatripartita” entre los funcionarios, el Ministerio de Trabajo y los intendentes saliente y entrante. “Es para tener la seguridad de que esa plata va a ser volcada a los trabajadores y no a todas las cuentas políticas que haya por ahí”, explicó el dirigente. Existe la sospecha de –en el caso de que la comuna reciba un préstamo o un adelanto- “se van a cobrar primero los fiduciarios, los préstamos y negocios que tuvo la Intendencia”. Entre las “cuentas políticas” mencionadas por Fraga, se encuentran las liquidaciones de los directores que abandonan sus cargos con el cambio de gobierno: alrededor de $ 400.000.

Cuentas en rojo

“Si bien es un servicio social, creemos que no se puede sostener más en el tiempo el precio del boleto”, manifestó el dirigente de Adeom, y sostuvo que el gremio expresó al intendente electo la “necesidad” de realizar una reestructura en el transporte municipal para lograr solvencia económica. “La flota se va deteriorando y no se puede realizar inversiones porque no hay un ingreso para equilibrar”, agregó. Según los números que maneja Adeom, la empresa pierde alrededor de $ 50 millones anuales.

Además del transporte, las Termas del Daymán y Arapey son otro factor de pérdidas para la Intendencia de Salto. Durante los últimos cinco años, los centros termales cerraron los balances en números rojos. “Por ahí la gestión no es la más correcta y hay que ver si el cúmulo de dinero que ingresa a las termas fue bien derivado a gastos comunes de las termas”, advirtió Fraga. “La mala gestión del gobierno que se está yendo llevó a este caos”, concluyó.

Lima busca una solución

El jueves 4 de junio, en Torre Ejecutiva, Álvaro García, director de la OPP, se reunió con Lima, Barreiro y el anterior intendente de Salto, Germán Coutinho. Luego de la reunión, Lima recalcó la importancia de que por primera vez ambos gobiernos, tanto el entrante como el saliente, pudieron reunirse para discutir el tema. Explicó que el objetivo de las partes es lograr una solución integral que involucre “no sólo el pago de los salarios de mayo, junio y los medios aguinaldos, sino también hacer frente al endeudamiento que va a hacer frente esta Intendencia durante los próximos cinco años”.

Según explicó el futuro jefe comunal, todavía no se llegó a una solución concreta y que al momento de conseguirla, esta se hará pública”. También anunció que ANCAP restablecerá el vínculo comercial con la Intendencia a partir del mes de julio, por lo que volverán a suministrarle combustible. “Vamos a pagar a mes vencido y con la deuda de $30 millones vamos a firmar un convenio y lo iremos pagando de a poco”, dijo Lima.

Barreiro, por su parte, declaró que “decir ahora por que se llegó a esto no tiene sentido, sino que lo importante es ver como salimos de esto”. Explicó que tal vez se dio porque la gestión anterior “priorizó inversiones, tuvo desfasajes financieros y muchas veces no contó con los recursos necesarios”

http://www.elobservador.com.uy/adeom-salto-paraliza-la-intendencia-tiempo-indeterminado-n651841

 
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Banco Mundial alerta por aumento de desempleo en la región


EN AMÉRICA LATINA POR MENOR CRECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS

El economista jefe del Banco Mundial, Augusto de la Torre, advirtió que la desaceleración del crecimiento en América Latina se está “filtrando” al mercado laboral con un aumento del desempleo sobre todo en los países que exportan materias primas.

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Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial. Foto: Leonardo Carreño

El funcionario afirmó que el proceso de bajo crecimiento de Latinoamérica es “más pronunciado del esperado” y sostuvo que los salarios han empezado a caer y los índices de desocupación a subir en países como Brasil. En este sentido, afirmó que el fenómeno que va a aparecer en los siguientes meses será el impacto rezagado que la desaceleración económica ha tenido sobre los mercados laborales, un tema de preocupación que centrará el debate en la próxima reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

“El futuro de Latinoamérica no se ve marcado por una crisis financiera sino por un bajo crecimiento y unos mercados laborales más débiles”, dijo. Añadió que es difícil anticipar el impacto cuantitativo en el empleo porque a las crisis anteriores se le unían crisis financieras, y en esta ocasión no se ha producido.

De la Torre añadió que Latinoamérica es ahora “menos vulnerable” a los riesgos financieros y cuenta con un sistema bancario más sólido.

Además, recordó que los últimos pronósticos del Banco Mundial sobre crecimiento medio en la región se sitúan entre el 2% y el 2,5%, y advirtió de que la expansión de la economía latinoamericana ha ido siempre ligada a factores externos favorables, como el crecimiento de China, de Estados Unidos o los precios del petróleo.

“Una gran lección que ha dejado la bonanza de los últimos años es que se creó un espejismo y se llegó a pensar que el crecimiento iba a ser un fenómeno permanente”, expresó.

Para alcanzar tasas de crecimiento más altas, De la Torre abogó porque los gobiernos eviten tentaciones fiscales expansivas y populistas y prioricen políticas para tener una inflación baja y estable. [EFE]

 

 
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Paro en la salud: reclamo por salarios, seguridad y jornadas de seis horas


EN CONFLICTO

gremios salud

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) hace un paro de 24 horas en el día de hoy en reclamo de un salario mínimo de 30.000 pesos y de mayor seguridad en las instituciones. Marchan desde el Pereira Rossell hasta el edificio de ASSE.

“Pedimos más seguridad. Ya se dieron situaciones graves en el Hospital Vilardebó y en el Maciel. Pero el peligro existe no solo en esos centros, sino en todos”, advirtió días atrás a El País el secretario general de la Federación Martín Pereira.

La Federación Uruguaya de Salud planteó tiempo atrás realizar jornadas laborales de seis horas en lugar de ocho y esta mañana Pereira dijo en Inicio de Jornada de radio Carve que desde la Federación reclaman mantener esta cantidad, que es la que actualmente hacen: “Salió una propuesta tanto del presidente Tabaré Vázquez, como de la presidenta de ASSE de aumentar la carga horaria a ocho horas, y nosotros tenemos la propuesta de seguir con las seis horas”.

Pereira señaló que “está estudiado que cuando se trabaja con la vida y la muerte, más de seis horas sería perjudicial para la salud mental de los trabajadores”, y que “lamentablemente existe mucho multiempleo en la salud y trabajar ocho horas significaría que muchos compañeros estarían haciendo 16 diarias”.

“Queremos un salario digno por seis horas de trabajo, que se genere más empleo en la salud y que el usuario sea atendido como es debido”, señaló.

Pereira dijo que “hoy un salario de ingreso anda alrededor de los 15 mil pesos en ASSE” y que un funcionario de por ejemplo, 30 años de trabajo, cuenta con “alrededor de mil cien pesos por antigüedad nada más”.

Uno de los temas que más preocupa a los sindicalistas es el del pabellón 11 del Vilardebó, donde internos judiciales a veces se tornan violentos con el personal.

Semanas atrás dos internos se escaparon del pabellón, supuestamente de máxima seguridad. Uno de ellos volvió por su cuenta al hospital mientras que el otro, en tanto, asaltó un ómnibus con un arma blanca e hirió al conductor. Un rato más tarde fue atrapado por la policía. La FFSP repetirá hoy su reclamo de que se cree un hospital psiquiátrico, una acción que ya fue prometida por el gobierno.

Por otro lado, la Federación pide un salario mínimo de 30.000 pesos, 6.000 más de los que dijo que iban a reclamar su presidente, Pablo Cabrera, en una entrevista realizada hace un mes con El País.

http://www.elpais.com.uy/informacion/paro-salud-publica-salarios-inseguridad.html

 
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El Pit-Cnt reivindica el derecho de huelga ante la OIT


EN MEDIO DE DEBATE GLOBAL, PERO EMPRESARIOS LO VINCULAN A CONSEJOS DE SALARIOS

El Pit-Cnt reivindicó en la 104ª Conferencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el derecho a realizar huelga como parte de las libertades sindicales en Uruguay.

conflictividad

Se espera una aumento de la conflictividad sindical por la ronda salarial. Foto: F. Flores

El sector empresarial no ha realizado críticas hacia la posibilidad de realizar una huelga —aunque sí marcó su férrea oposición sobre las ocupaciones—, pero entiende que la postura de la central sindical —más allá que se fundamenta en una discusión a nivel mundial— es manejada como una demostración de fuerza de cara al comienzo de algunas negociaciones en los Consejos de Salarios que deberían producirse a partir del mes próximo.

Las diferencias internacionales sobre el derecho de huelga se sustentan fundamentalmente en un convenio de la OIT, el 87. El sector empleador sostiene que ni en ese convenio ni en ningún otro está regulado el derecho de huelga. Y por ese motivo, entonces, la OIT no debería pronunciarse a favor o contra de la medida sindical —algo que sí ha hecho a través de su Comisión de Expertos—, precisamente por no existir reglamentación.

Pero las representaciones de trabajadores entienden que ese convenio sí alude al derecho de huelga y la discusión al respecto viene desde la anterior Conferencia de la OIT.

En medio de esa discusión internacional, en su declaración en la Conferencia de la OIT, el Pit Cnt reivindicó el derecho de huelga.

La delegación de la central sindical, encabezada por los integrantes del Secretariado Ejecutivo, José Lorenzo López (COFE) y Fernando Gambera (AEBU) expresó que “el derecho de huelga es un derecho inherente a la libertad sindical y se encuentra consagrado en el convenio 87 (de OIT), que consagra un verdadero estatuto de la libertad sindical. Por lo cual ratificamos nuestra defensa del derecho de huelga”. En Uruguay, la huelga está consagrada como un derecho gremial de los trabajadores en la Constitución.

Sin embargo, una fuente empresarial señaló a El País que “no hay ningún instrumento internacional que regule el derecho de huelga, así como tampoco no está en el país, porque la Constitución es lo único que vale. No hay ninguna reglamentación del derecho de huelga en Uruguay y tampoco existe en el derecho internacional. Entonces no se puede decir qué está bien y qué está mal (en la OIT) porque no hay referencia. Igualmente, nosotros nunca apuntamos contra la huelga, sí contra la ocupación cuando se la menciona como una extensión de la huelga”.

Igualmente, el sector empresarial entiende que pese a la discusión internacional sobre el derecho de huelga hay un mensaje implícito de la central sindical cuando se acercan los Consejos de Salarios. Y de allí la reivindicación de la huelga como una medida para potenciar los reclamos salariales de los sindicatos. “Es un arma para la fecha, con sentido internacional. Ahora (los sindicatos) van a tirar con todo”, expresó a El País otra fuente empresarial.

Los empresarios esperan una arremetida sindical en los Consejos de Salarios, ya que el Pit-Cnt ha adelantado su postura de reivindicar los salarios sumergidos y continuar defendiendo la redistribución de la riqueza.

Y en los primeros grupos de negociación —con convenios que vencen el 30 de junio— hay sindicatos de peso dentro de la central sindical que actualmente mantienen conflictos puntuales con sectores industriales.

Lifan.

La semana pasada, la dirección de la ensambladora de autos de origen asiático Lifan decidió despedir a cinco trabajadores. Inmediatamente, la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y de Ramas Afines (Untmra, que además de la industria metalúrgica y de ensamblado de autos también tiene organización sindical en el sector de aparatos electrónicos, talleres mecánicos, auxilio automotriz, extracción de piedras preciosas, productos plásticos, juguetes e industrialización de vidrio) ocupó la planta. Los convenios colectivos en los que participa la Untmra vencen el 30 de junio.

El vicepresidente de Lifan, Pablo Revetria, dijo a El País que el sindicato para levantar la ocupación planteó a la empresa que dejara sin efecto los despidos, algo que la dirección de la compañía no aceptó.

La negativa surgió porque la empresa entendía que para negociar ninguna de las dos partes debía cambiar su postura: el sindicato podía seguir con la ocupación y la compañía mantener los despidos.

“No era necesario, porque si no nos poníamos de acuerdo había otra vez que empezar de nuevo. Ellos ocupar y nosotros volver a despedir a los trabajadores”, dijo Revetria.

Lifan sostiene que tiene entre un 18% y 20% de ausentismo laboral y eso más algunas infracciones y actitudes de los trabajadores son causales de despido.

“Pero, cada vez que queremos sacar un trabajador es un lío, entonces entendemos que como empresa no podemos gestionar el personal”, expresó Revetria. Para la negociación con el sindicato y en el ámbito de la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) la empresa pidió poder acceder a los legajos de los trabajadores para demostrar las causas de los despidos, pero eso no le fue permitido porque la empresa está ocupada.

Sin acuerdo entonces, el sindicato metalúrgico continúa con la medida.

Junio y julio: meses decisivos.

Un informe de la Cámara de Comercio divulgado ayer señaló que este mes y el próximo “serán decisivos para el futuro de la economía uruguaya, en el sentido de que se establecerá no sólo la programación de gastos e ingresos públicos para los próximos cinco años, sino que también se llevará adelante el inicio de nuevas negociaciones salariales”.

La gremial empresarial sostuvo que en esas negociaciones “la participación del gobierno será clave a la hora de fijar su posición en materia de pautas de ajustes, así como de la negociación que se dé entre trabajadores y empleadores, logrando resultados positivos y realistas que tengan en consideración la nueva realidad económica que el país está y estará enfrentando en los próximos años”.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/central-sindical-reivindica-derecho-huelga.html

 
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El gobierno ve que las comunas no se esfuerzan para cobrar más


Más allá de que en la coyuntura actual la atención se centra en la complicada situación de las finanzas de Salto, los problemas económicos de las comunas son recurrentes y en el gobierno se evalúa que a veces las administraciones departamentales incurren en lo que podría llamarse “pereza fiscal”.

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Comuna salteña se quedó sin dinero; conflicto puede afectar a población. Foto: V.Massarino.

Esto implica que se muestran demasiado optimistas con respecto a los ingresos que van a tener y toman pocas acciones destinadas a recaudar y abatir la morosidad, explicó a El País una fuente del gobierno.

“Hay cierta pereza fiscal porque siempre es más fácil reclamar más transferencias. No hay gestión de cobro de los tributos y se recurre fácilmente a las amnistías pero en realidad hay que llamar a la gente, avisarle sobre los vencimientos. Lo importante es que se haga el esfuerzo no que todas las intendencias cobren lo mismo. Además, hay más necesidades de la población y eso a veces no se refleja en la carga tributaria. No se hace uso del verdadero potencial tributario. La Constitución dice que los presupuestos deben presentarse equilibrados. Se presentan contablemente equilibrados pero en realidad no lo están”, explicó la fuente dejando entrever que en algunos casos hay margen para subir impuestos en los departamentos.

Algunas de las intendencias dependen de las transferencias del Gobierno central todavía más de lo que indican las cifras oficiales, agregaron las fuentes. De todas formas, el gobierno no tiene previsto, al menos por ahora, impulsar modificaciones a la normativa que alteren esta situación ya que las intendencias son autónomas, dijeron las fuentes. Como algunas intendencias tienen problemas a veces para saldar sus deudas pagan tasas de interés relativamente elevadas, explicaron las fuentes. A esto se suma, para agregar dificultades, que los sueldos son un componente “muy inflexible” de los presupuestos municipales y el garantizar el pago de salarios hace que no se puedan contar con insumos y materiales para encarar obras.

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En el caso de Salto, el gobierno evalúa que se subsidió de manera insostenible al boleto, se encararon obras que no eran absolutamente necesarias y se incrementó el personal.

Ceder impuestos.

Conrado Ramos, exsubdirector de Planeamiento y Presupuesto y excandidato a vicepresidente del Partido Independiente, considera que hay que ir a una verdadera descentralización de la estructura tributaria, como la que existe en muchos países del mundo. Pero considera que el gobierno probablemente no dé pasos en ese sentido porque desconfía de la capacidad de gestión de las comunas.

“Las intendencias no pueden tratar directamente ni con la Corporación Andina de Fomento, ni con el Banco Mundial, ni con el Banco Interamericano de Desarrollo. No pueden encarar obras grandes de infraestructura y es como que fueran menores de edad. Incluso el BID planteó que pudiesen tomar cierto margen de endeudamiento. Se podría descentralizar más a cambio de que mejoren su calidad institucional y fortalezcan sus áreas financieras porque si no, todo sería un “engaña pichanga”. En algún momento habrá que discutirlo pero, claro, ahora no se plantea porque las intendencias han mostrado irresponsabilidad. El gobierno no se anima a descentralizar, porque no han sido serias”, sostuvo. Al fortalecimiento institucional habría que sumar acciones y desmontar, por ejemplo, el sistema de “patronazgo” político, cree Ramos.

El exsubdirector de OPP advirtió que el fortalecimiento también es necesario porque hay departamentos “con poca gente y que pueden cobrar poca patente y poco de Contribución Inmobiliaria”.

Ramos cuestionó la falta de previsión del gobierno para lidiar con la situación de Salto. “Hay un marco de autonomía pero; ¿se desayunan ahora? Todos sabíamos que lo de Salto era insostenible ¿No hubo alertas? A las intendencias que viven de las transferencias; ¿no se les pueden condicionar esas transferencias?”, se preguntó Ramos. A su juicio, el alineamiento partidario de las comunas también incide y algunas, como Canelones, aun en dificultades, pueden enfrentarlas mejor porque acceden más fácilmente al respaldo del gobierno central y porque se benefician de refinanciaciones con estiramiento de los plazos de vencimiento. “Hay mucho que no sale a la luz”, sostuvo.

Un mayor control de las finanzas municipales se podría obtener con una modificación legal que diera mayor fuerza coercitiva a las observaciones del Tribunal de Cuentas más importantes, opinó. El técnico entiende que se han verificado situaciones de “descontrol” y que la plantilla del Estado “ha crecido muchísimo” y eso incluye a la municipal, que lo ha hecho a través de diversas modalidades. “Algunas decisiones del Tribunal debieran tener carácter suspensivo si hubiese apoyo parlamentario pero a su vez el tribunal no tendría que estar observando asuntos menores, bobadas”, consideró.

PARO TOTALEN SALTO.

Termas de Daymán afectadas.

El paro de los funcionarios de la intendencia de Salto llevó al cierre de las instalaciones municipales en las termas del Daymán. La detención de actividades y la suspensión de los servicios del transporte de pasajeros en la capital departamental (donde es municipal) afecta a vecinos de barrios como el Nuevo Uruguay, ubicados a varios kilómetros del centro de la ciudad. La asamblea del sindicato municipal salteño decidió ayer por unanimidad decretar un paro total. Solo se atenderán los servicios que el gremio ha declarado esenciales como los de necrópolis, recolección de residuos hospitalarios y del hogar del adulto mayor, la alimentación de los animales del zoológico y el trabajo de la oficina del Plan Alimentario de Instituto Nacional de Alimentación, que comenzó con las entregas de canastas a enfermos crónicos. Una moción de un asambleísta para que no se suspendiera el servicio de transporte urbano, debido a su impacto social, fue rechazada. Los buses no salieron a las 5.10 como hacían siempre.

Municipales dispuestos a presionar.

El sindicato municipal salteño va a presionar. Su asamblea decidió que mañana, cuando probablemente se reúna la Junta Departamental para tratar el tema de la autorización para la obtención de recursos económicos para asumir los compromisos de pago de los sueldos de mayo, junio y el medio aguinaldo, los trabajadores concurrirán masivamente a pedir a los ediles que se pongan de acuerdo para encontrar un mecanismo. Mientras tanto, la olla popular instalada frente a la sede central de la Intendencia continuará funcionando a mediodía y por la noche. Podría trasladarse frente a la junta cuando esta sesione.

El futuro intendente, Andrés Lima, mantuvo una larga reunión ayer con la Mesa Política departamental frenteamplista y los ediles de la coalición de izquierda barajando soluciones. Pero las alternativas no llegaron a tiempo para que los municipales cobraran sus salarios y, por lo tanto, no pudo evitarse el paro. La intendencia salteña, que conduce interinamente el colorado Manuel Barreiro, tiene un déficit de US$ 26 millones aunque el Frente Amplio y el sindicato municipal consideran que rondaría los US$ 44 millones. El gobierno aguarda que Lima llegue a un acuerdo con Barreiro para reencauzar las finanzas municipales.

http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-ve-que-comunas-no.html

 
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BPS vigilará a médicos por ola de certificados truchos


PREOCUPA AL ORGANISMO EL ELEVADO MONTO QUE PAGA POR EL BENEFICIO

Alertado por la gran cantidad de licencias médicas que se otorgan, el Banco de Previsión Social (BPS) se prepara para llevar adelante una serie de medidas para profundizar los controles. Entre otras acciones, se hará una modificación en uno de los software que utiliza el organismo para poder identificar a los médicos que hacen más certificaciones.

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El País publicó el pasado domingo el caso de un médico que vende certificados por 300 pesos con patologías inexistentes.

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Hasta ahora el sistema informático que utiliza el BPS ordena los certificados por el nombre de los directores técnicos de las instituciones que las expiden. La idea del nuevo directorio es que en el registro se clarifique nombre, apellido y número de caja profesional de quien firma la licencia médica.

“Queremos que quede claro quiénes son los médicos que hacen más certificaciones”, dijo a El País la representante de los empresarios en el BPS, Elvira Domínguez. La jerarca también señaló que el nuevo directorio del organismo tiene “una mayor disposición” para revisar el aumento de licencias médicas que hubo en los últimos años. Incluso, adelantó que mañana se reunirán a analizar el tema.

Desde el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), en tanto, su secretario médico, Gustavo Grecco, manifestó que le “parece bien el cambio de software”. Y que “todo lo que contribuya a clarificar y hacer que todo sea más cristalino es positivo”.

En 2014, el BPS pagó 149 millones de dólares por subsidios de enfermedad y complemento de accidentes de trabajo. Los beneficiarios fueron 441.736 trabajadores. En 2013, el pago había sido por 123,5 millones de dólares para 429.572 beneficiarios. El incremento, entonces, fue de 20,3% en apenas un año. Desde 2010, las cifras de subsidios han aumentado exponencialmente.

Domínguez advirtió que el número de licencias médicas está “muy por encima” del coeficiente histórico y que “la gente se está certificando entre un 40 y 50 por ciento más” de lo que se debería.

La irregularidad implica un gasto de “74 millones de dólares que se podrían ahorrar”, para mejorar otras prestaciones, precisó la jerarca del BPS.

En la edición del pasado domingo, El País publicó el caso de un médico que, por un costo de 300 pesos, hace certificados injustificados.

Éste doctor se cuidaba de que sus certificaciones —realizadas con firma, sello y boleta original del Sistema Nacional de Certificación Laboral— no llegaran al BPS ya que firmaba licencias por tres días consecutivos y no más.

Recién al tercer día las licencias llegan al Banco, los primeros tres, en la mayoría de los sectores, los paga el empleador.

En el caso de este médico, que fue denunciado a El País por el dueño de una barraca, al firmar estos certificados obligaba al empresario a pagarle a los obreros los días que no iban al trabajo..

“La mayoría de los sectores, entre ellos los trabajadores de las barracas, cobran a cuenta del empleador los primeros tres días en que faltan. Lo mismo ocurre con los docentes. Así que para el empresario no está solo el perjuicio de perder a un trabajador, sino que además tiene que pagarle”, dijo Domínguez. En la nota del domingo, un periodista de El País se hizo pasar por el empleado de una barraca, pidió un certificado y el médico se lo vendió.

El doctor, que no fue identificado en la nota, ya fue, sin embargo, detectado por el BPS y se inició una investigación. Recientemente recibieron una denuncia de otro médico que vende certificados.

También se investiga al profesional de una mutualista que hizo un certificado retroactivo. El caso salió a la luz tras la denuncia de una empresa, que señaló que un trabajador, luego de faltar por varios días, presentó un certificado falso; cuando se le hizo notar la falta, al otro día se apareció con un certificado original, con nombre y sello del médico de un prestador de salud.

El problema del exceso de certificaciones (la mayoría por dolencias físicas y problemas mentales) también llega a Primaria, Secundaria y UTU, según han denunciado las autoridades. Según las cifras del BPS (ver gráfica), quienes trabajan en el rubro de la salud son los que más se certifican.

Colegio Médico y SMU condenan a doctor.

Tanto el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), como el Colegio Médico, salieron a condenar al médico que firma licencias por enfermedad injustificadas por un costo de 300 pesos, caso que fue publicado por El País en la edición del pasado domingo.

Desde el SMU, su secretario médico, Gustavo Grecco, sostuvo que “es espantoso lo que hace”, y que ni bien asuma la semana que viene el nuevo ejecutivo se “analizará el caso”.

En tanto, desde el Colegio Médico, su presidente, Jorge Torres, condenó el hecho, pero advirtió que “esa no es una práctica habitual”. Sobre si se va a tomar alguna medida, señaló que “el Colegio no actúa de oficio” y que recién intercederá en caso de que haya una denuncia en la Justicia.

“Los médicos hacen muchos certificados en el transcurso de su actividad diaria. Pero de ese tipo de conducta yo no tengo referencias reiteradas. De ser cierto, naturalmente que esto constituye una falta ética. En este sentido el Colegio no actúa de oficio, porque el reglamento así no lo dispone, sino que actúa ante las denuncias que se hagan; en caso de que haya un debido proceso, entonces, ahí es que se define si hay una falta o no, en función, justamente de los códigos”, explicó Torres.

El médico que certificó de manera irregular al periodista de El País, que se hizo pasar por el empleado de una barraca, fue denunciado a este medio por el dueño de un negocio del ramo ubicado en la Costa de Oro. Lo que le llamó la atención fue que su empresa está muy lejos del kilómetro 16 de Camino Maldonado, donde está el consultorio del doctor. Además, los trabajadores certificados también viven en lugares diferentes. “Tengo un trabajador que faltó y se presentó sin comprobante, por lo cual se le dieron tres días de suspensión por acumulación de faltas. Al retorno de la suspensión aparece con el certificado que lo redime de la sanción. No sólo faltó de gusto, sino que se tomó 3 días que con el papelito ahora son pagos”, dijo el empresario.

http://www.elpais.com.uy/informacion/bps-vigilara-medicos-ola-certificados.html

 
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Publicado por en 9 junio, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 
 
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