COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA DE AFUSEC
Archivos diarios: 27 julio, 2015
FIRMAS POR CINEMATECA
Estimados, un socio de Cinemateca comenzó esta solicitud de firmas para que el Estado apoye en forma sostenida la tarea de Cinemateca Uruguaya que, como ya es de público conocimiento, es imposible de sostener exclusivamente con lo aportado por los socios y la venta de entradas.
Les envío la petición de firmas y desde ya les agradecemos a todos los que firmen.
La Cinemateca Uruguaya es una filmoteca con sede en Montevideo, Uruguay, fundada el 21 de abril de 1952. Es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la cultura cinematográfica y artística en general.
Organismo fundamental en los cimientos de la educación audiovisual. Esta institución es pilar único en conservación y difusión de la historia del cine en nuestro país. La caída de este organismo seria de gran impacto negativo en la educación y la perdida total del material fílmico de archivo en Uruguay.
El Estado debe apoyar de manera sostenida y suficiente a esta organización que enriquece tanto nuestra cultura.
FIRMÁ AQUÍ: https://secure.avaaz.org/es/petition/Estado_Uruguayo_Salvar_la_Cinemateca_Uruguaya/?fFQducb&pv=3
Silvana Silveira
Departamento Comercial y Medios
Cinemateca Uruguaya
T: 2412 85 16
Sindicato del BSE denuncia “inacción” del actual directorio
“EL DIRECTORIO DEL BSE NO TIENE VOLUNTAD POLÍTICA”, AFIRMÓ EL PRESIDENTE DEL SINDICATO
El Sindicato del Banco de Seguros del Estado reconoce grandes discrepancias con el Directorio ya que “hay temas que están a estudio desde hace seis, siete y ocho meses y sin embargo no tienen resolución” con el agravante que el actual Presidente, funcionario de carrera con más de cuarenta años en el Banco y que también integró el sindicato bancario “conoce el boliche de los dos lados del mostrador”.
Además acusan al Directorio de “no tener voluntad política” para resolver varias reivindicaciones planteadas por el gremio.
Hugo Pío, que es desde hace 23 años presidente de la comisión representativa de AEBU en el BSE y desde hace 25 concejero de la banca oficial de todo el país, manejó estos y otros temas, en diálogo con LA REPÚBLICA.
Según Pío, como sindicato evidentemente “no estamos en el mejor reconocimiento por parte del Directorio, en virtud que hay temas que están planteados desde hace seis, siete y hasta ocho meses, -algunos en la órbita del Directorio y otros en la Administración- y sin embargo no han sido resueltos”.
Dijo que el sindicato integra una cantidad importante de comisiones bipartitas, donde desarrollan los diferentes temas del diario quehacer sindical y las problemáticas que el banco tiene, desde la óptica sindical.
El dirigente sindical reconoce que hay una relación “normal” con la Administración, como cualquier sindicato. Pero luego viene el tema de la resolución política, que le corresponde obviamente al Directorio “y ahí es donde hemos encontrado dificultades en este primer semestre del año.
Teniendo el ingrediente un poco asombroso del hecho que quien es presidente del Banco de Seguros, -ratificado por el Ejecutivo y venia en el Parlamento-, ya era presidente en los cinco años anteriores; fue vicepresidente del primer gobierno frenteamplista en el BSE; es un funcionario de carrera con mas de cuarenta años en el Banco y también integro el sindicato bancario, (fue presidente del mismo en alguna oportunidad), por lo cual, estamos hablando de una persona que conoce el boliche de los dos lados del mostrador”.
Y como si fuera poco Pío dice que ahora se suma en la vicepresidencia, un contador, funcionario de carrera del Banco, ex Director de Finanzas y que conoce perfectamente el tema sindical por ser afiliado a AEBU “y sin embargo igual encontramos dificultades importantes. Por eso digo que todo esto nos asombra, porque además desde el sindicato no somos los que solo planteamos problemas, porque para cada problema llevamos una o más soluciones a los efectos de poder dialogar con sustento”.
Pío confiesa que tras una reciente reunión con el Directorio junto a varios compañeros del sindicato “nos retiramos muy preocupados, porque entendemos que no es la mejor forma de actuar del Directorio” y vuelve a hacer hincapié en los temas no resueltos pese a estar planteados “muchos de ellos antes de fin de año”.
Ante esto se ha determinado por parte del gremio realizar tres asambleas informativas, este miércoles, jueves y viernes en Casa Central, Sanatorio del Banco y en Edificio automóviles, en Bulevar y Burgues, “para informar todo esto a los compañeros y ver como seguimos.
A esto se suma el paro que tenemos los bancarios oficiales el martes 28 y el paro general del PIT-CNT del 6 de agosto, todo enrabado en una señal política del sindicato hacia las autoridades políticas del Banco, con el fin de revertir esta situación del Directorio de los temas planteados por AEBU y los otros que no pasaron por los ámbitos bipartitos respectivos” agregó el dirigente.
Una serie de reivindicaciones, molestias acumuladas
Pio enumeró solo algunos de los planteos reivindicativos señalando que por ejemplo se reclama la equiparación de todos los beneficios de la banca oficial, licencias en general, tercerizaciones del BSE, donde el sindicato reclama llenar las vacantes con funcionarios genuinos del Banco y no con empresas tercerizadas. Se reclama beneficio de 42 horas anuales para salidas permitidas en lugar las actuales 38, planteo que se realizó en noviembre pasado y aún no ha habido novedades.
Y existen grandes molestias en otros temas particulares. Uno es el tema “Partidas y quebrantos” el cual el Directorio resolvió por cuenta propia, incluyéndolo en el presupuesto 2016, sin darle participación -como debería ser-, al sindicato. Otro es un Seguro de vida y ahorro para los funcionarios que tiene resolución de Directorio del 30 de diciembre pero aún no se instrumentó.
Y hay otro que es el de Remuneración por cumplimiento de metas”, que según el dirigente “en plata, para nosotros significa dos sueldos mas, el 14 y 15. O sea están los doce de enero a diciembre, el 13, que es el aguinaldo y los bancos tienen dos mas, pero tiene que ver con las metas o con el cumplimiento de ellas”.
Y como corolario dijo Pio, “Tenemos además un tema vinculado con una situación que se dio en el departamento de automóviles, donde no existe hoy el mejor clima de trabajo. Nosotros incluso hemos entregado al Directorio en forma escrita una batería de aspectos desde nuestra óptica sindical, que mejoraría la gestión y sería más ejecutiva para beneficio del Banco y de los asegurados” señaló.
Finalmente dice que “ante la actitud parsimoniosa, desde la inacción del Directorio desde el punto de vista político, nosotros desde nuestra comisión representativa, resolvimos por unanimidad comenzar con estas instancias de paros, charlas, etc., reiteramos como clara señal…”
Asambleas
El sindicato convocó a tres asambleas de caracter informativo para este miércoles, jueves y viernes en Casa Central.
http://www.republica.com.uy/sindicato-del-bse/528250/
Discuten quién debe investigar los acosos cometidos por jerarcas
En el gobierno comenzó a delinearse la idea para que los casos de acoso sexual que involucren a jerarcas de la administración pública sean investigados por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y no por el Ministerio de Trabajo, como ocurre hoy. Se busca que las investigaciones ofrezcan mayores garantías y, por lo tanto, que las realice un organismo independiente no sujeto al Poder Ejecutivo. Formalmente la Institución es un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo.
La propuesta que se analiza entre la Inddhh y el Ministerio de Trabajo –encargado hoy de recibir las denuncias de acoso laboral y sexual– se conoce en momentos en que la Justicia penal tramita una denuncia de acoso sexual contra el exsubsecretario de Educación, Óscar Gómez.
Actualmente ese tipo de denuncias se presentan ante la Justicia o en el Ministerio de Trabajo.
En el caso del ministerio, las tramita la Inspección General del Trabajo, que dirige Gerardo Rey.
Las denuncias por acoso moral presentadas este año en el MTSS hasta junio fueron 83. En 2014 fueron 285 y en el año 2013, 327
Las dudas acerca de la eficacia de las investigaciones surgieron específicamente para los casos donde se involucra a la cúpula de la administración estatal, por ejemplo cuando se trata de ministros, o subsecretarios. En esos casos, –excepto cuando actúa la Justicia– los funcionarios a investigar están administrativamente por encima de la oficina que deberá averiguar si hubo o no acoso. Es decir, en el esquema actual, un inspector subalterno del Ministerio de Trabajo debe investigar a un jefe político.
Juan Faroppa, presidente de la Inddhh, comentó a El Observador que el tema aún no está definido pero se trabaja en esa dirección.
De hecho, el jueves hubo una reunión de técnicos del Ministerio de Trabajo y de la Inddhh “para decidir criterios comunes en acoso sexual para ambos organismos”, dijo Faroppa. También se definirán procedimientos de actuación, considerando que la Institución de Derechos Humanos no tiene hoy capacidad para hacer inspecciones. En todo caso, si hoy la institución recibe una denuncia de ese tipo “la toma”, aclaró Faroppa.
Las denuncias por acoso sexual presentadas desde enero a junio de 2015 fueron 25. La mayoría (22) las presentaron mujeres. El año pasado las denuncias fueron 60; en 2013, 86 y en 2012, 64, según datos oficiales
En materia legal, el país cuenta con una ley que sanciona el acoso sexual pero no hay ley para el acoso laboral.
Sobre ese punto está trabajando la senadora Carol Aviaga (Partido Nacional) buscando unificar los puntos de vista de las partes involucradas, explicó a El Observador.
La semana pasada, la senadora se reunió con los presidentes de la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio, para conocer los protocolos que utilizan las empresas. En la administración pública, también hay protocolos para casos de acoso, una conducta que es difícil de probar. Aviaga organizó además un seminario donde participaron sicólogos, la Universidad de la República y sindicalistas.
En tanto, el diputado blanco Pablo Abdala presentó un proyecto de ley.
Gerardo Rey, inspector general de Trabajo, comentó a El Observador que las denuncias por acoso sexual “saltaron en la estadística” a partir de la aprobación de la ley en el año 2007. También se comprobó que hubo denuncias que luego fueron descartadas porque no configuran acoso, que debe ser “sostenido en el tiempo, frecuente y discriminatorio”, dijo.
La psicóloga Silvana Giachero, especialista en recursos humanos, afirmó el jueves en Metrópolis FM que el acoso laboral, ya en 2011 según la Organización Internacional del Trabajo, era el mayor factor de riesgo psicosocial, “el que más enferma al trabajador”, y “hay una tendencia al aumento a nivel mundial”.
“Los victimarios tienen un perfil psicopatológico, manipulan, son depredadores, y no es una cuestión de género”, dijo. Giachero comentó que muchas veces son mujeres las que acosan a otras mujeres. “El acoso que más se da es de arriba hacia abajo”, o sea de un jefe a un subalterno. Pero “en Uruguay también estoy viendo que cada vez más hay más casos en el área de la educación y salud, donde el acoso es de abajo hacia arriba”, explicó.
Rey señaló que el ministerio recibe en total 4.000 denuncias por año, de las cuales 80 corresponden a acoso sexual. Los registros muestran que desde 2012 a la fecha más del 90% de las denuncias de acoso sexual provienen del ámbito privado. “El acoso está relacionado con situaciones de poder”, afirmó Rey.
Proyecto de Abdala propone medidas preventivas
El diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional) presentó un proyecto de ley sobre acoso laboral donde propone “ampliar las potestades” de la Inspección General del Trabajo. El texto, que según dijo Abdala a El Observador viene a cubrir “un vacío legal”, habilitará que en el proceso de la investigación, ante “una denuncia fundada”, se puedan tomar medidas preventivas, como ser separar de la sección al trabajador víctima de acoso a los efectos de protegerlo. Eso lo definirán los inspectores del Ministerio de Trabajo, en acuerdo o no, con los empleadores.
El texto, en el que trabajó un equipo de profesionales encabezado por Soledad de Franco, prevé que cuando se compruebe el acoso se configure una “mala conducta”, donde el acosador puede ser despedido sin recibir indemnización. Lo mismo ocurrirá para los casos de denuncias falsas, donde la mala conducta será del denunciante. El proyecto establece sanciones que van desde el apercibiminento al cobro de multas de hasta 1.000 unidades reajustables (hoy son unos $ 811 mil). Las empresas deberán tener códigos de conducta y protocolos para casos de acoso laboral.
http://www.elobservador.com.uy/discuten-quien-debe-investigar-los-acosos-cometidos-jerarcas-n663738
