COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA DE AFUSEC
Archivos diarios: 27 julio, 2015
FIRMAS POR CINEMATECA
Estimados, un socio de Cinemateca comenzó esta solicitud de firmas para que el Estado apoye en forma sostenida la tarea de Cinemateca Uruguaya que, como ya es de público conocimiento, es imposible de sostener exclusivamente con lo aportado por los socios y la venta de entradas.
Les envío la petición de firmas y desde ya les agradecemos a todos los que firmen.
La Cinemateca Uruguaya es una filmoteca con sede en Montevideo, Uruguay, fundada el 21 de abril de 1952. Es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la cultura cinematográfica y artística en general.
Organismo fundamental en los cimientos de la educación audiovisual. Esta institución es pilar único en conservación y difusión de la historia del cine en nuestro país. La caída de este organismo seria de gran impacto negativo en la educación y la perdida total del material fílmico de archivo en Uruguay.
El Estado debe apoyar de manera sostenida y suficiente a esta organización que enriquece tanto nuestra cultura.
FIRMÁ AQUÍ: https://secure.avaaz.org/es/petition/Estado_Uruguayo_Salvar_la_Cinemateca_Uruguaya/?fFQducb&pv=3
Silvana Silveira
Departamento Comercial y Medios
Cinemateca Uruguaya
T: 2412 85 16
Sindicato del BSE denuncia “inacción” del actual directorio
“EL DIRECTORIO DEL BSE NO TIENE VOLUNTAD POLÍTICA”, AFIRMÓ EL PRESIDENTE DEL SINDICATO
El Sindicato del Banco de Seguros del Estado reconoce grandes discrepancias con el Directorio ya que “hay temas que están a estudio desde hace seis, siete y ocho meses y sin embargo no tienen resolución” con el agravante que el actual Presidente, funcionario de carrera con más de cuarenta años en el Banco y que también integró el sindicato bancario “conoce el boliche de los dos lados del mostrador”.
Además acusan al Directorio de “no tener voluntad política” para resolver varias reivindicaciones planteadas por el gremio.
Hugo Pío, que es desde hace 23 años presidente de la comisión representativa de AEBU en el BSE y desde hace 25 concejero de la banca oficial de todo el país, manejó estos y otros temas, en diálogo con LA REPÚBLICA.
Según Pío, como sindicato evidentemente “no estamos en el mejor reconocimiento por parte del Directorio, en virtud que hay temas que están planteados desde hace seis, siete y hasta ocho meses, -algunos en la órbita del Directorio y otros en la Administración- y sin embargo no han sido resueltos”.
Dijo que el sindicato integra una cantidad importante de comisiones bipartitas, donde desarrollan los diferentes temas del diario quehacer sindical y las problemáticas que el banco tiene, desde la óptica sindical.
El dirigente sindical reconoce que hay una relación “normal” con la Administración, como cualquier sindicato. Pero luego viene el tema de la resolución política, que le corresponde obviamente al Directorio “y ahí es donde hemos encontrado dificultades en este primer semestre del año.
Teniendo el ingrediente un poco asombroso del hecho que quien es presidente del Banco de Seguros, -ratificado por el Ejecutivo y venia en el Parlamento-, ya era presidente en los cinco años anteriores; fue vicepresidente del primer gobierno frenteamplista en el BSE; es un funcionario de carrera con mas de cuarenta años en el Banco y también integro el sindicato bancario, (fue presidente del mismo en alguna oportunidad), por lo cual, estamos hablando de una persona que conoce el boliche de los dos lados del mostrador”.
Y como si fuera poco Pío dice que ahora se suma en la vicepresidencia, un contador, funcionario de carrera del Banco, ex Director de Finanzas y que conoce perfectamente el tema sindical por ser afiliado a AEBU “y sin embargo igual encontramos dificultades importantes. Por eso digo que todo esto nos asombra, porque además desde el sindicato no somos los que solo planteamos problemas, porque para cada problema llevamos una o más soluciones a los efectos de poder dialogar con sustento”.
Pío confiesa que tras una reciente reunión con el Directorio junto a varios compañeros del sindicato “nos retiramos muy preocupados, porque entendemos que no es la mejor forma de actuar del Directorio” y vuelve a hacer hincapié en los temas no resueltos pese a estar planteados “muchos de ellos antes de fin de año”.
Ante esto se ha determinado por parte del gremio realizar tres asambleas informativas, este miércoles, jueves y viernes en Casa Central, Sanatorio del Banco y en Edificio automóviles, en Bulevar y Burgues, “para informar todo esto a los compañeros y ver como seguimos.
A esto se suma el paro que tenemos los bancarios oficiales el martes 28 y el paro general del PIT-CNT del 6 de agosto, todo enrabado en una señal política del sindicato hacia las autoridades políticas del Banco, con el fin de revertir esta situación del Directorio de los temas planteados por AEBU y los otros que no pasaron por los ámbitos bipartitos respectivos” agregó el dirigente.
Una serie de reivindicaciones, molestias acumuladas
Pio enumeró solo algunos de los planteos reivindicativos señalando que por ejemplo se reclama la equiparación de todos los beneficios de la banca oficial, licencias en general, tercerizaciones del BSE, donde el sindicato reclama llenar las vacantes con funcionarios genuinos del Banco y no con empresas tercerizadas. Se reclama beneficio de 42 horas anuales para salidas permitidas en lugar las actuales 38, planteo que se realizó en noviembre pasado y aún no ha habido novedades.
Y existen grandes molestias en otros temas particulares. Uno es el tema “Partidas y quebrantos” el cual el Directorio resolvió por cuenta propia, incluyéndolo en el presupuesto 2016, sin darle participación -como debería ser-, al sindicato. Otro es un Seguro de vida y ahorro para los funcionarios que tiene resolución de Directorio del 30 de diciembre pero aún no se instrumentó.
Y hay otro que es el de Remuneración por cumplimiento de metas”, que según el dirigente “en plata, para nosotros significa dos sueldos mas, el 14 y 15. O sea están los doce de enero a diciembre, el 13, que es el aguinaldo y los bancos tienen dos mas, pero tiene que ver con las metas o con el cumplimiento de ellas”.
Y como corolario dijo Pio, “Tenemos además un tema vinculado con una situación que se dio en el departamento de automóviles, donde no existe hoy el mejor clima de trabajo. Nosotros incluso hemos entregado al Directorio en forma escrita una batería de aspectos desde nuestra óptica sindical, que mejoraría la gestión y sería más ejecutiva para beneficio del Banco y de los asegurados” señaló.
Finalmente dice que “ante la actitud parsimoniosa, desde la inacción del Directorio desde el punto de vista político, nosotros desde nuestra comisión representativa, resolvimos por unanimidad comenzar con estas instancias de paros, charlas, etc., reiteramos como clara señal…”
Asambleas
El sindicato convocó a tres asambleas de caracter informativo para este miércoles, jueves y viernes en Casa Central.
http://www.republica.com.uy/sindicato-del-bse/528250/
Discuten quién debe investigar los acosos cometidos por jerarcas
En el gobierno comenzó a delinearse la idea para que los casos de acoso sexual que involucren a jerarcas de la administración pública sean investigados por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y no por el Ministerio de Trabajo, como ocurre hoy. Se busca que las investigaciones ofrezcan mayores garantías y, por lo tanto, que las realice un organismo independiente no sujeto al Poder Ejecutivo. Formalmente la Institución es un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo.
La propuesta que se analiza entre la Inddhh y el Ministerio de Trabajo –encargado hoy de recibir las denuncias de acoso laboral y sexual– se conoce en momentos en que la Justicia penal tramita una denuncia de acoso sexual contra el exsubsecretario de Educación, Óscar Gómez.
Actualmente ese tipo de denuncias se presentan ante la Justicia o en el Ministerio de Trabajo.
En el caso del ministerio, las tramita la Inspección General del Trabajo, que dirige Gerardo Rey.
Las denuncias por acoso moral presentadas este año en el MTSS hasta junio fueron 83. En 2014 fueron 285 y en el año 2013, 327
Las dudas acerca de la eficacia de las investigaciones surgieron específicamente para los casos donde se involucra a la cúpula de la administración estatal, por ejemplo cuando se trata de ministros, o subsecretarios. En esos casos, –excepto cuando actúa la Justicia– los funcionarios a investigar están administrativamente por encima de la oficina que deberá averiguar si hubo o no acoso. Es decir, en el esquema actual, un inspector subalterno del Ministerio de Trabajo debe investigar a un jefe político.
Juan Faroppa, presidente de la Inddhh, comentó a El Observador que el tema aún no está definido pero se trabaja en esa dirección.
De hecho, el jueves hubo una reunión de técnicos del Ministerio de Trabajo y de la Inddhh «para decidir criterios comunes en acoso sexual para ambos organismos», dijo Faroppa. También se definirán procedimientos de actuación, considerando que la Institución de Derechos Humanos no tiene hoy capacidad para hacer inspecciones. En todo caso, si hoy la institución recibe una denuncia de ese tipo «la toma», aclaró Faroppa.
Las denuncias por acoso sexual presentadas desde enero a junio de 2015 fueron 25. La mayoría (22) las presentaron mujeres. El año pasado las denuncias fueron 60; en 2013, 86 y en 2012, 64, según datos oficiales
En materia legal, el país cuenta con una ley que sanciona el acoso sexual pero no hay ley para el acoso laboral.
Sobre ese punto está trabajando la senadora Carol Aviaga (Partido Nacional) buscando unificar los puntos de vista de las partes involucradas, explicó a El Observador.
La semana pasada, la senadora se reunió con los presidentes de la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio, para conocer los protocolos que utilizan las empresas. En la administración pública, también hay protocolos para casos de acoso, una conducta que es difícil de probar. Aviaga organizó además un seminario donde participaron sicólogos, la Universidad de la República y sindicalistas.
En tanto, el diputado blanco Pablo Abdala presentó un proyecto de ley.
Gerardo Rey, inspector general de Trabajo, comentó a El Observador que las denuncias por acoso sexual «saltaron en la estadística» a partir de la aprobación de la ley en el año 2007. También se comprobó que hubo denuncias que luego fueron descartadas porque no configuran acoso, que debe ser «sostenido en el tiempo, frecuente y discriminatorio», dijo.
La psicóloga Silvana Giachero, especialista en recursos humanos, afirmó el jueves en Metrópolis FM que el acoso laboral, ya en 2011 según la Organización Internacional del Trabajo, era el mayor factor de riesgo psicosocial, «el que más enferma al trabajador», y «hay una tendencia al aumento a nivel mundial».
«Los victimarios tienen un perfil psicopatológico, manipulan, son depredadores, y no es una cuestión de género», dijo. Giachero comentó que muchas veces son mujeres las que acosan a otras mujeres. «El acoso que más se da es de arriba hacia abajo», o sea de un jefe a un subalterno. Pero «en Uruguay también estoy viendo que cada vez más hay más casos en el área de la educación y salud, donde el acoso es de abajo hacia arriba», explicó.
Rey señaló que el ministerio recibe en total 4.000 denuncias por año, de las cuales 80 corresponden a acoso sexual. Los registros muestran que desde 2012 a la fecha más del 90% de las denuncias de acoso sexual provienen del ámbito privado. «El acoso está relacionado con situaciones de poder», afirmó Rey.
Proyecto de Abdala propone medidas preventivas
El diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional) presentó un proyecto de ley sobre acoso laboral donde propone «ampliar las potestades» de la Inspección General del Trabajo. El texto, que según dijo Abdala a El Observador viene a cubrir «un vacío legal», habilitará que en el proceso de la investigación, ante «una denuncia fundada», se puedan tomar medidas preventivas, como ser separar de la sección al trabajador víctima de acoso a los efectos de protegerlo. Eso lo definirán los inspectores del Ministerio de Trabajo, en acuerdo o no, con los empleadores.
El texto, en el que trabajó un equipo de profesionales encabezado por Soledad de Franco, prevé que cuando se compruebe el acoso se configure una «mala conducta», donde el acosador puede ser despedido sin recibir indemnización. Lo mismo ocurrirá para los casos de denuncias falsas, donde la mala conducta será del denunciante. El proyecto establece sanciones que van desde el apercibiminento al cobro de multas de hasta 1.000 unidades reajustables (hoy son unos $ 811 mil). Las empresas deberán tener códigos de conducta y protocolos para casos de acoso laboral.
http://www.elobservador.com.uy/discuten-quien-debe-investigar-los-acosos-cometidos-jerarcas-n663738
PIT-CNT lanza campaña para llegar a los 500.000 afiliados en tres años
Cuando a los trabajadores nos va bien, al país le va bien». Con esa consigna los representantes del movimiento sindical saldrán el próximo 30 de julio a recorrer el barrio Reus, cuna de comerciantes de Montevideo, para intentar convencerlos de adherir al paro general de 24 horas previsto para el próximo 6 de agosto. El objetivo es claro: lograr que ese día la ciudad quede parada en serio. Que sean muchos más de los 405 mil afiliados que tiene la central los que no vayan a trabajar y que el gobierno no tenga cómo mirar para otro lado.
Esa medida es solo el inicio de una campaña por todo el país para lograr llegar antes del próximo congreso al medio millón de afiliados. Pocos días atrás la encuestadora Equipos divulgó números que hicieron ruido. Solo 22% de los trabajadores uruguayos está afiliado a algún gremio. Y si bien esos números se mantienen parejos desde los últimos años, y en el PIT-CNT insisten en que en comparación con la región el sindicalismo uruguayo está mucho mejor sostenido, la cifra aún no les conforma.
Pero además, el movimiento sindical se ha visto alejado en varias oportunidades de la gente. Y a muchos de sus dirigentes eso les duele al punto de que vuelven a revisar la modalidad de las medidas que llevan adelante. Este tema, está claro, no es de fácil solución. Hay quienes no ceden a la idea de no parar, afecte a quien afecte, y con todo el costo social que eso implica.
Entonces, una vez más, saldrán a la calle a buscar nuevos socios y a «vender» todas las conquistas de los últimos años, desde que la izquierda llegó al gobierno.
La nueva dirección del PIT-CNT, electa en el último congreso de junio, ya tiene claramente identificados a los trabajadores que quiere atraer.
150.000 Afiliados. En 2005, cuando Tabaré Vázquez obtuvo su primera Presidencia, el movimiento sindical tenia casi tres veces menos afiliados que hoy, que cuenta con 405.000
Los dirigentes reconocen que hay sindicatos clave a los que aún no han podido llegar con la efectividad que pretenden y ahí es donde piensan poner todas las fuerzas. Uno de ellos es especialmente significativo: el sector doméstico. A pesar de los avances que se han conseguido en el sector, su inclusión en los Consejos de Salarios y la fijación de laudos, entre otras cosas, la dificultad que implica afiliar a las trabajadoras ha llevado a que, por ejemplo, se las aborde en paradas de ómnibus o en la calle para hablarles de la importancia de que estén representadas por su gremio. Ir casa por casa con los empleadores presentes a hablar con las trabajadoras es imposible, por lo que las opciones no abundan. Cada semana llegan entre 40 y 50 mujeres a consultar a la sede del PIT-CNT, pero los temores a las represalias patronales sobran. Una situación similar ocurre en el sector rural.
Pero también hay un rubro que si bien logró una afiliación importante –de 4.000 a 30.000 en los últimos años– aún no conforma. El sector comercio y servicios, cuyas condiciones salariales mejoraron pero aún son insuficientes, es un área en la que todavía se concentran gran parte de los «diezmilpesistas». El fin de la central es que esos 30 mil afiliados se conviertan en 60 mil.
Qué prometen
Para poder convencer y lograr esa anhelada afiliación que cumpla con el medio millón de trabajadores sindicalizados, el PIT-CNT repetirá una fórmula que ya aplicó en los últimos años de administraciones frenteamplistas: los logros.
«Es suficientemente visible lo que ha logrado el movimiento sindical como para que la mayoría de los trabajadores decidan estar afiliados» dijo a El Observador el presidente de la central, Fernando Pereira. Derechos laborales, seguridad social, leyes que los protegen y beneficios salariales serán los principales aspectos que abordarán ante los eventuales nuevos miembros. «A veces no hemos logrado llegar de la mejor manera. En la próxima campaña mostraremos lo mismo, y mostraremos que vamos por mejores salarios, vamos a pelear porque haya ajustes anuales y porque el crecimiento salarial acompañe el crecimiento de la riqueza», agregó.
Paros incómodos
A pesar de los logros, el PIT-CNT identifica algunas situaciones que lo ponen en la vereda de enfrente de quienes deberían ser sus principales aliados y defendidos. Cuando se resuelve un paro de transporte que deja a la mitad de la gente imposibilitada de moverse, de llegar a sus trabajos, de ir a la consulta con el médico o llevar a los hijos a la escuela, todas esas conquistas salariales y de libertades quedan automáticamente tapadas. Lo mismo ocurre cuando los que resuelven no ir a trabajar son los maestros y profesores. Que la razón sea válida no evita que los niños pierdan clases y que eso además signifique un problema para las familias. Y los médicos o los funcionarios de la salud entran en la misma bolsa.
Entonces, ¿sirve para algo? Esa es una de las preguntas que el movimiento obrero se viene haciendo desde hace años y aún no ha logrado acuerdo.
La orientación que marcó el último congreso es que «las medidas que se tomen tengan los consensos más amplios en los sindicatos y que la sociedad las entienda», dijo Pereira. «Las medidas antipopulares hay que trabajarlas al detalle porque claramente cuanto mayor poder tenga el movimiento sindical, mejor va a proteger a los débiles», agregó.
Pero al momento no se ha encontrado la forma de que esas medidas antipopulares tengan otra alternativa.
Mal momento
El PIT-CNT no está en el mejor momento de la relación con el gobierno. De poco ha servido la afinidad ideológica y la presencia del histórico dirigente Juan Castillo –ahora director de Trabajo– para lograr plasmar las aspiraciones sindicales en la actual ronda de negociación salarial. Si bien la presencia de Castillo incidió para «aflojar» la primera postura del gobierno en los lineamientos salariales, no ha logrado conformar a los dirigentes, que resolvieron mantener el paro general del 6 de agosto. Es decir, si la cosa mejoraba, no se paraba. Pero no.
El Poder Ejecutivo casi no se movió de los lineamientos que sugirió para iniciar la sexta ronda de negociación de los Consejos de Salarios. Esos lineamientos suponen un intento por moderar los ajustes de salarios y conservar la mayor cantidad de empleo. Así las cosas, el PIT-CNT se prepara para dar batalla en la negociación con los empresarios que iniciarán 47 grupos para imponer algunas de sus aspiraciones.
«Está cerrada la fase del Poder Ejecutivo para negociar los criterios para la negociación colectiva. Hay un movimiento que es insuficiente con respecto a los planteos de la central sindical. Ahora se abre una fase por rama de actividad donde los trabajadores busquen las mejores opciones para sus convenios colectivos», anunció 10 días atrás el secretario general de la central, Marcelo Abdala.
Para esta ronda el gobierno planteó que los sindicatos y empresas se autoclasifiquen como sectores «en problemas», «intermedios» o «dinámicos».
Los «dinámicos» son los que están creciendo más de 4% anualmente. Estos deberán dar un aumento nominal anual de 10% en el primer año del convenio, 9% en el segundo y 8% en el tercero. Para los «intermedios» los ajustes serán de 8,5%, 7,5% y 7%. En los sectores «en dificultades», los incrementos propuestos son de 8%, 6,5% y 6%. En los convenios a tres años, al final del segundo se puede aplicar un ajuste salarial adicional como correctivo si la inflación supera el porcentaje de ajuste nominal pactado. Lo mismo se repetirá al tercer año. Para los convenios a dos años el correctivo se aplicará al final del segundo.
Los empresarios se han mostrado en términos generales afines a estas sugerencias del Ejecutivo en el grueso de las empresas, ya que consideran que en el actual escenario no hay condiciones para un aumento del salario real. Ese concepto de ninguna forma es aceptado por la central, que prepara la lucha y promete dejar la ciudad paralizada el próximo 6 de agosto.
El 75% de los trabajadores no está afiliado a un gremio
El 75% de los trabajadores en Uruguay no es miembro de ningún sindicato, asociación de trabajadores o gremio profesional. Así lo reveló el estudio Monitor de trabajo, realizado por la consultora Equipos Mori, que se presentó la semana pasada en el hotel Figari de Carrasco. De ese 75%, el 55% dice que «no existe un sindicato, asociación de trabajadores o gremio profesional» en su sector, y 20% de los encuestados admitió que si bien existe una asociación de este tipo, decide no pertenecer a ella.
«Solo» 22% de los encuestados contestó que pertenece a un sindicato, una cifra considerada «baja», por el gerente general de Equipos, Marcos Aguiar. El 3% restante dijo no saber si estaba asociado a alguno de estos grupos.
El estudio también reveló que los encuestados de nivel socioeconómico (NSE) «bajo» están menos sindicalizados que los de nivel «alto»: mientras entre los primeros el 14% dijo pertenecer a un sindicato o gremio profesional, entre los segundos esa cifra llegó a 32%.
En el mismo sentido, los trabajadores más jóvenes están menos sindicalizados que los mayores: el 16% de los encuestados de entre 18 y 29 años forma parte de un gremio de profesionales, sindicato o asociación, mientras que 26% de quienes tienen de 40 a 49, y de los mayores de 50, manifestaron integrar uno de estos grupos.
Para la directora del área de desarrollo social de Equipos Mori, María Julia Acosta, esto «refuerza las desigualdades, porque los que tienen menos niveles de asociación son los más jóvenes y los de nivel socioeconómico más bajo, es decir, los más vulnerables».
Sin embargo, el presidente del PIT-CNT difiere con las consideraciones de los directores de la encuestadora.
«El número de afiliación es muy alto, hay cientos de miles de empresas que tienen unipersonales que no se pueden afiliar, o empresas familiares» en las que tampoco la afiliación es una costumbre.
Agregó que en los sectores en los que hay trabajadores «afiliables» hay «hegemonía». Señaló como ejemplos a maestros, profesores, la construcción, la federación de la salud o los funcionarios municipales, entre otros.
http://www.elobservador.com.uy/pit-cnt-lanza-campana-llegar-los-500000-afiliados-tres-anos-n663734
El BPS vuelve a suspender las asignaciones por no estudiar
EN LO QUE VA DEL AÑO YA SE BAJARON 20; EN 2014 MÁS DE 20.000 PERDIERON EL BENEFICIO
A pesar de las dos visiones que hay en el gobierno de Tabaré Vázquez sobre las leyes sociales, el Banco de Previsión Social (BPS) analizará los datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan sus hijos a estudiar.
BPS: «Se debe cumplir con todas las condiciones de derecho» para recibir asignación familiar.
En 2014 se dieron de baja 51.000 asignaciones, número que fue descendiendo con el correr de los meses y al culminar el año quedó en la mitad.
El presidente del BPS, Heber Galli, dijo a El País que se analizarán los datos y que en lo que va del año ya se rechazaron 20 solicitudes para asignaciones familiares, justamente porque las personas no tenían los cer-tificados de estudio. «Si no lo traen no se la damos, es así de claro», sentenció.
Galli entiende que es un «error técnico» llamar contraprestación a la atención de salud y a la asistencia a un centro educativo y afirma que son «condición de derecho».
«¿Cuáles son los requisitos para acceder a una asignación? Estar por debajo de un determina umbral de ingreso per cápita, cumplir con lo que da un algoritmo de situación socioeconómica y que los muchachos en edad de estudiar concurran a un centro formal y que los más chiquititos tengan atendida su salud. Esto es lo que yo miro cuando me solicitan una asignación. Es una condición de derecho», explicó.
El tema estuvo en el ojo de la tormenta poco antes que el Frente Amplio iniciara su tercer gobierno, cuando la elegida por el presidente Tabaré Vázquez para ocupar el cargo de ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que no se puede exigir una contraprestación a cambio de las transferencias monetarias que brinda el Mides porque eso implica «culpabilizar» a los beneficiarios.
«La contraprestación lo que hace es culpabilizar, yo te doy esto pero entonces me tenés que cumplir en esto y en lo otro», había dicho Arismendi a El País.
A partir de 2013 la ANEP, el BPS y el Sistema de Información Integrado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) implementaron un plan de cruzamiento de datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan a sus hijos a estudiar. Hasta ese entonces, por más que la condición de derecho estaba en la ley, no se tenía en cuenta.
«Si la familia tiene un golpe de fortuna y cambia su situación socioeconómica, si recibe por herencia una buena vivienda se tiene que suspender. Las personas deben de cumplir con todas las condiciones de derecho, no son contraprestaciones. Y el BPS lo tiene que controlar», insistió Galli.
Cambia todo cambia.
El gobierno intentará eliminar las diferencias internas que hay sobre las leyes sociales y analiza unificar las transferencias. Para Galli habría que introducir un concepto de «salario familiar» focalizado en los sectores vulnerables o de bajos ingresos.
«Hay quienes preguntan, ¿si no están mandando los gurises a estudiar y les sacás la prestación, van a ir a estudiar si tienen menos recursos? No sé si van a ir, pero si el tema son los recursos deberíamos dar otra discusión. Tendríamos que analizar el tema desde un concep-to más amplio que la asignación que es el salario familiar», opinó Galli.
El concepto «salario familiar» existió en Uruguay hace varios años, hoy lo más similar es la tarjeta Uruguay Social que otorga una transferencia monetaria a aquellos hogares «que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica».
El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplica la prestación ubicándose entre unos $ 1.368 y $ 3.678.
A su vez se dan dos asignaciones, una por la ley 18.227 y otra por la ley 15.084 que tienen montos y condiciones de derecho diferentes (ver detalles en nota aparte).
«Yo creo que hay que unificar y focalizarnos en los sectores vulnerables y de bajos ingresos», agregó Galli.
En el mes de julio la ministra de Desarrollo Social visitó la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, y reconoció que el gobierno trabaja en una especie de unificación de las asignaciones familiares y la tarjeta de Uruguay Social aunque evitó dar mayores detalles.
Según datos del BPS al pasado mes de febrero, el Estado otorgaba 495.000 asignaciones familiares en total: 111.000 a través de la ley 15.084 y 384.000 por la ley 18.227. El monto total que pagó el Estado por ellas fue 441 millones de pesos.
«El número de asignaciones se ha sostenido en el tiempo. También es verdad que se da el fenómeno de traspasamiento de una a la otra. La 18.227 no pone la condición de ser trabajador formal y en la otra sí. Además marcan limites de ingreso del hogar distintos», explicó el presidente del banco.
lEY 18.227: más allá del trabajo
La asignación es para los niños y adolescentes que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del INAU. Los solicitantes deben presentar
ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes, situación sanitaria y la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza. La asignación familiar se da hasta los 14 años del beneficiario en todos los casos, hasta los 16 cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria, y hasta los 18 cuando curse estudios de nivel superior.
¿QUE DICE LA LEGISLACIÓN?
Ley 15.084 es solo para empleados
Es para todo empleado de la actividad privada que preste servicios remunerados a terceros y que tenga hijos o menores a su cargo. «El monto mensual a servir por beneficiario no será inferior al 8% (ocho por ciento) del salario mínimo nacional mensual en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo», detalla. Establece que se otorga hasta los 16 años cuando se compruebe que el beneficiario no ha podido completar el ciclo de Educación Primaria, hasta los catorce años por un impedimento plenamente justificado así como también cuando sea hijo de empleado fallecido absolutamente incapacitado para el trabajo o que sufra privación de libertad.
Requisitos de la tarjeta
El programa Tarjeta Uruguay Social (TUS) otorga una transferencia monetaria a aquellos hogares «que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica». Tiene como objetivo principal asistir a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad. El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A su vez, a aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplica la prestación ubicándose entre $ 1.368 y $ 3.678. La población objetivo son 60.000 hogares.
http://www.elpais.com.uy/informacion/bps-vuelve-suspender-asignaciones-no.html
Se enlentece demanda por créditos
HORACIO BAFICO Y GUSTAVO MICHELIN
El mercado anticipó menor dinamismo de la economía y, ante alza del dólar y problemas regionales, modera su endeudamiento
El comportamiento del crédito al sector privado durante el primer semestre del año refleja la cautela instalada en un mercado que no luce tan dinámico. Más allá de la sorpresa que señalan las nuevas autoridades ante la situación financiera que encontraron y supuestamente no conocían en profundidad, lo que refuerza su propio mensaje de austeridad a futuro, por distintas razones los agentes económicos ya estaban actuando en consecuencia.
En primer lugar porque ya descontaban la nueva realidad. El contexto económico regional y la incertidumbre a nivel internacional llamaban a prudencia al sector empresarial a la hora de aumentar su endeudamiento. Esa misma situación llevó a las instituciones financieras también a ser cautas a la hora de otorgar nuevos préstamos.
A nivel de las familias, sin un conocimiento de la realidad tan detallado, pero con una intuición muy aguda, ante la aceleración del ritmo devaluatorio lentamente comenzó a moderarse la expansión del gasto, al punto que por primera vez en varios años el consumo privado está creciendo a un ritmo menor que el del PIB.
Moderación.
Todo ello se ve reflejado en una evolución del crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado residente, que al mes de mayo de este año mostraba un saldo inferior al registrado en diciembre de 2014 en US$ 100 millones, y también inferior en la misma magnitud al presentado un año atrás. Más allá de la innegable moderación del crédito, los números hay que analizarlos adecuadamente, ya que esconden distintas variaciones de precios relativos. No hay que olvidar que las familias son uno de los principales demandantes de crédito, y sus obligaciones están denominadas fundamentalmente en moneda nacional. Por su parte, el endeudamiento empresarial se da mayoritariamente en moneda extranjera.
Al medirse el saldo del crédito al sector privado en dólares estadounidenses, el efecto devaluación contribuye a la baja en esa moneda. Pero en términos del poder adquisitivo ello no necesariamente es así. Lo correcto es analizar la evolución del crédito por separado según la moneda en que se concedió.
Los datos a mayo señalan que el sector privado residente adeudaba al sistema financiero US$ 14.273 millones por concepto de créditos recibidos. Tal como se muestra en el Gráfico N° 1, los saldos han venido cayendo lentamente en los primeros meses del presente año y se encuentran levemente por debajo del nivel alcanzado un año atrás. El gráfico muestra un comportamiento errático durante el pasado año, con un aumento importante del crédito en el segundo trimestre y una caída similar en el siguiente. Por otra parte los resultados se ven alterados, por el crédito a los pasivos que otorga el BROU en cada diciembre.
Esos aspectos determinan que el análisis separado por moneda y depurado del efecto BROU sea el más adecuado.
El crédito en moneda nacional se dirige fundamentalmente hacia las familias. Hacia allí canaliza el sistema financiero el 80% de estas colocaciones.
Pesos.
La información que divulga el BCU respecto a esos préstamos está expresada en dólares, por lo que para análisis el comportamiento de los préstamos en pesos hay que convertir los datos a moneda nacional. Por otra parte, la inflación resta poder adquisitivo a esos pesos, por lo que para medir su impacto real sobre la economía y sobre el potencial de gasto de los deudores, hay que ajustarlos por la variación de los precios.
El Gráfico N° 2 muestra la evolución real del crédito en pesos, pero no de una manera lineal, sino comparando por año el desempeño de 2013, 2014 y los cinco primeros meses de 2015. Se construyó un índice con base 100 en enero de cada año, y la idea es mostrar el dinamismo relativo en cada uno de esos períodos. Se ve claramente que durante el año 2014 el crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado en moneda nacional evolucionó a un ritmo más lento que en 2013, y que en lo que va del presente ejercicio se sigue enlenteciendo.
Los préstamos a las familias se canalizan aproximadamente en un 55% al consumo y un 45% a la compra o refacción de inmuebles. Son dos grandes líneas de crédito diferentes, pero que tienen algunos puntos en común. En primer lugar la capacidad de pago del deudor. En tal sentido evolucionan de la mano del empleo y los salarios. Otro elemento importante, desde la óptica de las familias, es el monto de la cuota. Se conjugan aquí el plazo de los préstamos y las tasas de interés.
Analizando la evolución de cada una de ellas por separado se constata un descenso en los saldos de los préstamos para consumo y un aumento de los de vivienda. En el caso de los primeros se observa una conducta más prudente de los bancos. De hecho el saldo nominal del crédito al consumo está cayendo desde el pico alcanzado en febrero. Efecto devaluación mediante, el endeudamiento por consumo de los privados residentes con el sistema financiero disminuyó en US$ 350 millones en los tres meses siguientes. El aumento de la morosidad sin duda que jugó un papel muy importante en ello. En los últimos meses se ha venido incrementando hasta alcanzar el 3,6% del total de los créditos concedidos.
Por su parte el crédito para vivienda, si bien también se está moderando, creció 5,6% en términos reales en el último año. Una característica importante de esta modalidad, de hecho de todos los préstamos a las familias otorgados por el sistema financiero, es la alta participación de aquellos créditos en los que existe acuerdo para que se debite automáticamente en una cuenta del deudor en la institución acreedora el monto de la cuota, lo que reduce el riesgo de no pago. La morosidad de estos préstamos se ubica en el 2%.
Pero así como se enlenteció el crédito bancario al consumo, aumentó el que conceden las administradoras de crédito. El saldo del crédito bancario al consumo es de unos US$ 2.750 millones y el de las administradoras de crédito de US$ 740 millones. En el Gráfico N° 3 se muestra la variación del crédito al consumo donde se constata que en los tres últimos trimestres los préstamos otorgados por las administradoras de crédito crecieron a un ritmo mayor.
La evolución del crédito en dólares hay que analizarla cuidadosamente, a la luz del particular comportamiento mostrado en el segundo trimestre del pasado año. El Gráfico N° 4 muestra que hasta mayo del pasado año crecía a tasas muy importantes, lo que se ve reflejado en una pendiente de la curva bastante empinada. Entre 2013 y la primera mitad de 2014 los préstamos en dólares aumentaron a una tasa promedio anual del 17%. Luego caen bruscamente, se recuperan en el último trimestre, pero la tendencia mostrada en lo que va de 2015 es de una mayor moderación. La tendencia anualizada al cabo de los cinco primeros meses del año es de un crecimiento del 5,7%.
Varios son los factores que explican esta evolución. El propio enlentecimiento de la economía es uno de ellos. En particular las empresas son más reticentes a endeudarse ya que no hay tantas perspectivas favorables como en el pasado. Varios sectores de actividad vinculados a la exportación enfrentan un contexto menos dinámico, caracterizado por menores precios internacionales y una estructura de costos internos que les resta competitividad. El crédito en moneda extranjera se otorga básicamente al sector empresarial. No hay que perder de vista que el crédito en moneda extranjera se concede básicamente a las empresas (un 85% de los préstamos otorgados a las empresas son en m/e).
Por otra parte, el comportamiento del crédito en dólares refleja sin duda las expectativas de una mayor devaluación que hace que aumente el costo esperado del préstamo.
Todo ello se ve reflejado en la morosidad del sector empresarial, que experimentó un aumento importante a lo largo del último año, pasando del 1,2% en mayo de 2014, al 2% en la actualidad. Si bien son niveles bajos, la tendencia es clara.
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A.FU.SEC. 