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Archivos diarios: 11 agosto, 2015

ASAMBLEA DE A.FU.SEC.


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Publicado por en 11 agosto, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Documento presentado por el Poder Ejecutivo en el Ámbito Superior de Negociación de Públicos.


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COMISIÓN DE PRENSA Y PROPAGANDA DE AFUSEC

 
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Publicado por en 11 agosto, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

MEC interviene para evitar textos tendenciosos en libros de estudio


Advierten que no hay criterios establecidos sobre materiales educativos

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El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de la dirección nacional de Educación trabaja en la elaboración de una política nacional en torno a programas y materiales educativos, adelantó a El Observador el director nacional de Educación, Juan Pedro Mir.

La política formará parte del plan nacional de educación en Derechos Humanos que la cartera lanzará este quinquenio, y tiene como objetivo establecer pautas de elaboración y difusión de materiales educativos y libros de texto en consonancia con la política educativa a nivel nacional en lo que tiene que ver con la inclusión social, género, lucha contra la xenofobia y racismo.

Mir indicó que con esto no se pretende violar la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ya que esta continuará teniendo libertad para comprar por licitación los libros que estime pertinentes o para recomendar a sus docentes los textos a trabajar.

No obstante, advirtió: “Yo como director nacional de Educación no me voy a callar la boca respecto a esto. Todos los países serios toman los materiales educativos como una política de Estado para evitar que a los gurises se les lave la cabeza”. En cambio en Uruguay “no se ha construido una política nacional sobre materiales educativos y no hay criterio alguno”.

El jerarca aclaró que la voluntad no es censurar, dado que “en Uruguay la enseñanza es tan libre y tan abierta que no hay libro prohibido”, pero sí establecer qué miradas, enfoques y contenidos debería tener un material educativo para cierta edad en cada materia. La idea es que estos criterios queden a disposición de editoriales, instituciones, entes y docentes para que lo tomen en cuenta a la hora de elaborar, elegir o recomendar un libro.

Lo que no dicen los libros

El jueves pasado el semanario Búsqueda informó sobre los contenidos de un libro de historia de la editorial Santillana para alumnos de sexto de liceo. El texto se refiere al neoliberalismo como “una escuela de pensamiento económico” para la cual “no son prioridades” la justicia, la igualdad y la libertad. Según el semanario, el texto señala también que este modelo fue aplicado por los gobiernos colorados y blancos post dictadura, cuya condición de “democráticos” es dudosa.

Mir prefirió no referirse al texto, pero aseguró que a su entender “el principal problema de los materiales educativos es de lo que no se habla”, como son los distintos papeles de género, la cuestión racial y la inclusión de la lengua portuguesa en los materiales educativos, dado que en la frontera es la lengua materna de muchos niños, que hoy no tienen libros de texto en su idioma. Aseguró que los mismos criterios deberán tenerse en cuenta a la hora de hablar de la historia reciente.

“En los libros de Primaria la referencia a la esclavitud es mínima. Y los aportes de la cultura afro a la nuestra también”, subrayó. Por el contrario, afirmó que se debe trabajar para visualizar a las personas afrodescendientes en tareas diversas y de poder adquisitivo medio alto.

Al respecto, señaló que en los últimos meses estuvo trabajando en torno a esto con la comunidad afro y la judía y en ambas existe preocupación sobre como se abordan ciertos temas en los materiales educativos.

El director destacó que “los materiales son suficientemente importantes para tener una política con miras a un proyecto educativo”.

Actualmente, el mercado de libros en Uruguay es básicamente privado. “El Estado es malo en la distribución de libros, pero esto no debe quedar librado al mercado”, sostuvo Mir. Agregó que con esta política el estado tendrá también más variedad para seleccionar textos.

http://www.elobservador.com.uy/mec-interviene-evitar-textos-tendenciosos-libros-estudio-n667813

 
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López Mena va tras una PPP con el Estado por la terminal


EL GOBIERNO ESPERA DECISIÓN DEL TCA PARA LLAMAR A UNA NUEVA LICITACIÓN

El empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, prepara un proyecto que será presentado en los próximos meses para la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo. El proyecto será tratado conjuntamente con el gobierno a fin de poder concretarse una asociación público-privada si se llega a algún acuerdo.

Lopez Mena

El dueño de Buquebus se reunió ayer con Rossi y entregará proyecto en unos meses.

López Mena dijo ayer luego de reunirse con el ministro de Transporte, Víctor Rossi, que “no hay un lugar fijado para la nueva terminal. Nosotros compramos propiedades en Capurro para desarrollar algo ahí, pero hay muchos problemas de entendimiento entre distintas reparticiones del Estado y hay lugares en donde podría funcionar mucho mejor. Entonces vamos a estudiar esos lugares, haremos un preproyecto, buscaremos un estudio de factibilidad y después un estudio económico. Eso podría estar en cinco o seis meses y se trabajaría junto al ministro de Transporte”, dijo López Mena.

El empresario tomó esta alternativa luego de que el gobierno de Tabaré Vázquez decidiera no prolongarle a Buquebus la concesión de la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo.

En este sentido, López Mena admitió que en un momento se sintió “triste, no así preocupado pero si triste” al no extenderse la concesión, “porque uno hace cosas que primero son un sueño. Tengo sueños con que podamos tener una terminal mucho mejor, hacer inversiones porque es parte del éxito de una compañía”.

La concesión.

En 1994, el empresario argentino, nacionalizado uruguayo, firmó un contrato con la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la concesión de la terminal fluviomarítima de pasajeros a un plazo de 10 años prorrogables a 30 años, es decir, hasta 2024. Un año después, en 1995 comenzó a operar. En 2005, durante la primera administración de Tabaré Vázquez, el Ministerio de Transporte, entonces también dirigido por Víctor Rossi, concedió una prórro- ga por cinco años más. En 2010 comenzó a correr una nueva prórroga por otros cinco años, pero recién se firmó el año pasado y la autorización fue retroactiva. En ese momento, una resolución del presidente José Mujica, estableció que esa sería la última prórroga que se le concedería a Buquebus y que para la nueva concesión de la terminal de pasajeros debería realizarse una licitación.

En desacuerdo con la decisión presidencial, Buquebus presentó un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que todavía no tiene resolución.

Con este contexto fue que el gobierno armó un nuevo proceso licitatorio que será presentado públicamente luego de que se expida el TCA.

Ideas del gobierno.

El ministro Rossi dijo en conferencia de prensa que espera que las condiciones del nuevo proyecto para la terminal portuaria “sean mejores o por lo menos iguales que los servicios que se les brindará a los pasajeros y por qué no ir mejorando en este sentido”.

Rossi indicó que a partir de septiembre, se espera que la ANP gestione el puerto de Montevideo pero que a la misma vez se están esperando llamados para la futura terminal.

“Por un lado el cambio de administración se confirma y por otro lado ya estamos pensando en el contendido del llamado que no se va a dar a corto plazo, se va a realizar en el correr de los próximos meses” dijo Rossi.

El ministro dijo a El País que las ideas sobre la nueva terminal y su posicionamiento son variadas. “En principio hay que ver cuál es el fallo del TCA y luego veremos, esperemos que sea a favor del Estado”, aseguró Rossi. En caso de que no sea así, Buquebus seguirá siendo administrador de la terminal.

Rossi dijo que el futuro de la actual terminal puede ser desde un depósito hasta un lugar de paseo. El ministro de Transporte indicó que “en definitiva ahí no puede estar la terminar porque interfiere con los barcos de carga, se cruzan a la llegada del puerto”.

La decisión de Mujica que abrió la negociación.

El empresario Juan Carlos López Mena mantuvo discrepancias con el expresidente José Mujica, luego de que este le asegurara que no habría ningún cambio en cuanto a la concesión que mantenía Buquebus por la terminal en el puerto de Montevideo. En este sentido el ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo en El País TV que “Mujica firmó el 26 de febrero de 2015 una resolución que encarga a la ANP que haga un llamado y no se renueve. Frente a esa realidad nosotros no vamos a enmendarle la plana al presidente Mujica”.

http://www.elpais.com.uy/informacion/lopez-mena-ppp-terminal.html

 
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Maestros fijaron paro de 24 horas, pero sin fecha


CODICEN BUSCA UNA SALIDA PARA DESTRABAR CONFLICTO CON LA FUM

La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), que nuclea a todos los maestros del país, decidió en su Mesa Representativa convocar a un paro de 24 horas, aún sin fecha fijada, ante la falta de acuerdo con el Poder Ejecutivo en el presupuesto y los lineamientos en general que el sindicato de la educación propone para el próximo quinquenio.

FUM

Elbia Pereira(FUM). Foto: Archivo .

Elbia Pereira, secretaria general de la FUM, dijo a El País que la Mesa Representativa se reunió el sábado y frente a los planteos recibidos por el Poder Ejecutivo para el inicio de la negociación “entendimos que en cierta medida solo contempla algunas de las exigencias que estaban planteadas por parte de los trabajadores”.

En este sentido, Pereira indicó que “frente a este panorama se entendió que la medida de paro de 24 horas era apropiada facultando al secretariado a poner una fecha”.

Desde el sindicato de maestros estiman que mañana miércoles podrían fijar el día que se llevará adelante el paro. “Es posible que este miércoles se evalúen instancias futuras de negociación y se pueda fijar el día definitivo del paro, porque mañana (por hoy martes) tenemos una reunión con el Consejo Directivo Central (Codicen) a las 18 horas y ahí veremos qué nos van a plantear”, admitió Pereira.

La sindicalista también señaló que “igualmente pensamos que hubo un avance porque previo a la presentación de las pautas todo era una total incertidumbre en el ramo”.

Huelga en secundaria.

Por su parte la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo sigue adelante con la huelga propuesta para el próximo lunes 17 de agosto.

En este sentido el gremio de docentes de Secundaria sigue sosteniendo la medida porque “por el momento no hay razón para dejarla sin efecto”, según dijeron a El País.

Esto desencadenó semanas atrás que la ministra de Educación, María Julia Muñoz, se enfrentara a los profesores asegurando que si paraban sus actividades tendrían que “trabajar hasta el verano” o “hasta Navidad”. Por el mismo lado fueron las declaraciones del presidente del Codicen, Wilson Netto, quien advirtió que quienes paren “no cobrarán sus sueldos”.

http://www.elpais.com.uy/informacion/maestros-fijaron-paro-horas-fecha.html

 
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Técnicos proponen nuevas reglas en empresas estatales


ANALIZAR ESQUEMA LEGAL, BUSCAR CAPITAL PRIVADO, SON ALGUNAS

Aumentar la captación de capitales privados “en las propias empresas estatales o mediante procesos de asociación”, regular de forma independiente las actividades “bajo régimen de monopolio”, revisar el “esquema legal de funcionamiento” y “mejorar sustancialmente la rendición de cuentas de la gestión”, son algunos aspectos que un grupo de técnicos independientes propone para las empresas públicas en el área energética (UTE y Ancap).

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UTE enfrenta “nueva complejidad” con un “arreglo institucional” que sirve para ello, sostienen.

El informe “Nuevas reglas de gobierno para las empresas estatales del sector de la energía del Uruguay” —al que accedió El País— fue elaborado por “un grupo de trabajo con la participación del Consejo Honorario del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica (UCU)” y otros profesionales.

El grupo está conformado por los economistas Javier de Haedo (exdirector de OPP) y Pablo Rosselli (socio de Deloitte), los ingenieros Omar Paganini (vicerrector de la UCU), Andrés Tierno Abreu (expresidente de Ancap) y Alfonso Blanco (consultor en temas de energía) y los contadores Alejandro Perroni (exgerente general de UTE) y Bruno Gili (socio de CPA Ferrere).

En el documento sostienen que “en paralelo con el desarrollo de los aspectos específicos del sector de la energía, resultará clave en los próximos años la mejora sustancial de la institucionalidad del sector y de las prácticas de gobierno de las empresas que en él actúan”.

“El país tiene en las empresas estatales del sector energía herramientas valiosas para su desarrollo, y su trayectoria pasada así lo demuestra. No obstante, el arreglo institucional existente no podrá dar cuenta de la nueva complejidad del sector”, afirman.

Por eso proponen varios aspectos a cambiar o mejorar. Uno es “mejorar la gobernanza del sector —una determinada institucionalidad con las reglas de gobierno correspondientes para cada entidad— es un asunto crítico porque aseguraría un sistema de incentivos que alentaría de forma consistente a los jerarcas de turno a cumplir con los objetivos de rentabilidad, servicio al cliente y desarrollo del negocio”.

Otro punto es “mejorar sustancialmente la rendición de cuentas (el accountability) de la gestión. Es necesario contar con sistemas efectivos, trazables y transparentes de control de la gestión sobre las inversiones realizadas, la estructura de financiamiento, los dividendos generados”.

Ven “necesario aumentar la captación de capitales privados, también en las propias empresas estatales o mediante procesos de asociación, para lograr desarrollar las inversiones requeridas a nivel de infraestructura del sector para completar la transformación en curso”.

Entienden que pueden “existir actividades a ser prestadas bajo régimen de monopolio”, pero “es necesario que las mismas sean reguladas en forma independiente por un órgano competente para proteger los intereses de los clientes y de la sociedad toda”, indican.

Señalan que “muchas veces las empresas estatales han operado como agencias de desarrollo, financiando obras y servicios que tienen interés público pero trascienden al interés empresarial. No obstante, entendemos que este tipo de emprendimientos se debe transparentar, evitando los subsidios implícitos”.

Entienden “necesario analizar también el esquema legal de funcionamiento de las empresas estatales, que obedece a un modelo antiguo, cuando las mismas se consideraron parte de la administración estatal. Las reglas de derecho deben ser un instrumento al servicio de los objetivos planteados”.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/tecnicos-proponen-nuevas-reglas-empresas.html

 
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Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT define hoy qué hacer con su vicepresidente; hay opiniones divididas en la central.


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Joselo López, ayer, en la sede de COFE. Foto: Pablo Vignali

El aplauso duró más de lo previsto. Los dirigentes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentes en la sede de su sindicato festejaron una declaración leída por su secretario general, Joselo López, poniéndose de pie y haciendo chocar sus palmas por casi un minuto. La suerte del vicepresidente en el PIT-CNT se define hoy en el Secretariado Ejecutivo de la central.

López anunció ayer de tarde, durante una conferencia de prensa que convocó COFE, que le exigirá hoy al Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores la creación de una comisión investigadora que incluya a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, a su equipo de abogados y a representantes de todas las corrientes representadas en el Secretariado. Esta comisión, sostuvo, tendrá como objetivo “evaluar a fondo el accionar de nuestro sindicato y el mío, durante los hechos que se dieron en todo el 24 de julio en el Hogar Ceprili [Centro de Privación de Libertad]”. Ése fue el día en el que se registró el video que evidencia cómo fueron reducidos dos jóvenes recluidos en el centro. La metodología utilizada para reducir a los adolescentes fue cuestionada por organizaciones políticas y sociales, y por dirigentes del PIT-CNT.

Además de la conformación de la investigadora, hoy se discutirá en el Secretariado Ejecutivo si López debe continuar siendo vicepresidente de la central, al menos mientras sesione la comisión. Algunos dirigentes consideran que debería dar un paso al costado. Uno de ellos es Richard Read, de la Federación de Empleados y Obreros de la Bebida. Su agrupación, la 5 de Marzo, es la única que tiene una postura definida con respecto a este tema, aunque el único miembro con voto en el Secretariado es Read. La lista 41, cuyo principal dirigente es López, apoya a este dirigente y tiene tres votos en el Secretariado, aunque uno de ellos es quien está en cuestión. Según pudo saber la diaria, la corriente sindical Articulación -que tiene cuatro votos en el organismo- no propondrá que López se aparte de su cargo. En tanto, la lista 1, integrada mayoritariamente por dirigentes afines al Partido Comunista del Uruguay, definirá hoy, antes del encuentro, su postura, y entre sus dirigentes hay posiciones divergentes. El dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud Jorge Bermúdez dijo que se reservará su opinión en el debate del Secretariado, aunque sostuvo que no está de acuerdo con “tomar la cabeza de alguien, ponerla en una bandeja y decir ‘acá está la solución de un problema’”. En cambio, Daniel Diverio, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), dijo que si bien “se puede investigar todo lo que se quiera, este tipo de actitudes no requieren investigación, no son de trabajadores y no tienen dos lecturas. Aquel que no rechace la situación del Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente] no merece estar en una responsabilidad gremial”.

La defensa

La declaración leída ayer por López buscó transmitir el compromiso de su gremio, el Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU), con las condiciones de reclusión de los adolescentes en los centros del Sirpa. Según dijo, el único sumario del que fue objeto data de 2008 y fue a causa de “haber mostrado públicamente las condiciones deplorables en las que estaban los adolescentes privados de libertad, después de haber recorrido muchos ámbitos del sistema político sin tener respuesta”.

López ya había sostenido la semana pasada que el accionar de los funcionarios estuvo “dentro del protocolo”. No obstante, ayer cuestionó al funcionario que le pega a uno de los menores algunos puntapiés mientras está siendo reducido en el suelo, y sostuvo que a esa persona se la sancionará y se le retirará la asistencia legal si pertenece al sindicato. Según agregó más tarde el secretario general del SUINAU, Carlos Salaberry, el agresor aún no fue identificado. “Nunca vi lo sucedido en ese momento, pero se insiste en obviar el detalle”, justificó López, que aparece por primera vez en la filmación una vez que las agresiones ya fueron consumadas.

El dirigente tampoco perdió la oportunidad de cuestionar a varias organizaciones sociales que lo criticaron, y sostuvo que éstas “respaldan el accionar de una persona que tiene un pasado con más sombras que luces en ámbitos de conducción del Estado: empezó su carrera en servicios penitenciarios en la dictadura, siguió como jerarca en los gobiernos blancos y colorados, donde, según expresa la prensa de la época, tuvo un sumario administrativo con pedido de destitución por conjunción del interés público con el privado”. De este modo hacía referencia a la actual presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, quien denunció los hechos ocurridos el 24 de julio en el Ceprili y que, según el SUINAU, fue la responsable de la filtración del video. López sostuvo que el enfrentamiento de esta jerarca con el sindicato surge debido a que éste salió “al cruce” de la propuesta de la jerarca de “pasar a jóvenes privados de libertad que cumplen la mayoría de edad a las cárceles de adultos”, y también de reabrir el hogar Ser de la Colonia Berro. “No vemos a ninguna de estas organizaciones cuestionar nada de esto. Todo lo contrario”, sostuvo el jerarca. Agregó que “seguramente lo hacen motivados por mantener los recursos económicos que el INAU les destina a las ONG”.

El dirigente aseguró que el sindicato le pedirá a la Justicia que se investigue “por qué en un día tan complicado, en el que sucedieron varios hechos de violencia, los asesores de la presidenta [Fulco], que fueron designados para brindar una supervisión permanente, no se hicieron presentes en el centro”. Luego los dirigentes mostraron una serie de fotos que ilustraban la agresión que sufren los funcionarios del Sirpa por parte de los reclusos. “Somos plenamente conscientes de que la violencia no se combate con más violencia, pero tenemos la necesidad de mostrar en qué condiciones trabajan nuestros compañeros. A nuestras compañeras los jóvenes les tiran orín, materia fecal, semen, las queman con jugos hirviendo, agua caliente, las atacan con golpes de puño y con puntas que pueden herir de muerte”. “Mucho de lo que ha pasado en estos días se enmarca en un operativo político a varias puntas, entre otras, para descentrar la atención de lo que fue el paro más grande de los últimos años que haya realizado el PIT-CNT”, aseguró.

La otra versión

Salaberry dijo que con el video que se filtró se armó una “versión” de los hechos que explota “una situación que naturalmente impresiona a quienes están fuera del sistema”. Según dijo, más temprano en el Ceprili había habido un intento de fuga de seis internos, que fue controlado, pero dejó como saldo cuatro trabajadores lastimados. A partir de eso se resolvió el traslado de 32 jóvenes. En ese marco fue que llegaron “distintos apoyos para ese operativo de traslado”. Eso derivó, aseguró Salaberry, en la cantidad de gente presente en la reducción de los menores. Además, López y otros integrantes de la mesa del sindicato del Sirpa estaban en “una reunión con el equipo de dirección del Ceprili al momento del intento de motín”.

“Es falso que en ese momento se estuviera realizando una asamblea”, dijo Salaberry. Sin embargo, el propio López había dicho la semana pasada a El Observador que “en ese momento hay una asamblea funcionando. Muchos de los que estábamos ahí entramos porque no estaban las autoridades”. Según Salaberry, el único hecho reprobable fueron los puntapiés. Lo demás fue “un procedimiento que para nosotros es habitual: tratar de aplacar un motín mediante la reducción”. Incluso, sostuvo el dirigente, el voluminoso número de funcionarios que participaron en la “reducción” terminó por “favorecer que fuera un procedimiento menos violento”. “El uso de la fuerza que se hizo fue bastante disminuido”, señaló.

Nombre por nombre

Fulco llegó ayer al juzgado penal con un conjunto de hojas impresas con los fotogramas del video de lo sucedido en el Ceprili el 24 de julio. Junto a la imagen de cada funcionario, detalló su nombre y apellido, para ponerlos a disposición del juez Gustavo Iribarren. La directora del Sirpa llegó acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y la presidenta del INAU, Marisa Lindner. Ambas la esperaron el tiempo que duró el interrogatorio, y cuando salió se marcharon con ella en el mismo auto, como una señal de respaldo político. El juez pidió a Fulco detalles de lo sucedido el 24 de julio, “casi el minuto a minuto de lo que pasó”, explicó la directora del Sirpa, quien agregó que está a disposición “por si nos llaman de vuelta”.

También declaró ayer Mirtha Guianze, del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, quien también presentó una denuncia penal por el mismo hecho. Guianze explicó la función de la INDDHH y contó la visita que realizaron técnicos del Mecanismo al Ceprili el 28 de julio. Los técnicos, un psicólogo y una abogada, también declararon ante la Justicia ayer. Contaron que algunos de los jóvenes recluidos en el centro no quisieron hablar, pero que otros declararon que los habían “picado” (golpeado). Ahora el juez citará uno por uno a los funcionarios identificados en el video.

 
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