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Archivos diarios: 14 agosto, 2015

Comercio se enfría y empresarios proyectan recorte de personal


El sector comercio y servicios atravesó un proceso de “desaceleración importante” en sus ventas durante el primer semestre de este año, tendencia que se mantendría para lo que resta del año, producto de un mercado laboral menos dinámico, una baja en el poder adquisitivo, acompañado de un menor optimismo de los consumidores y de avidez por el crédito, advirtió ayer la gremial del sector en su encuesta del segundo trimestre del año. Más de un tercio de los empresarios proyecta reducir su plantilla de trabajadores.
Con este panorama, la cámara alerta que sería “fundamental determinar ajustes salariales que están de acuerdo al comportamiento de los diferentes sectores de actividad y sus capacidad de productividad” para evitar “efectos no deseados” como reducción de puestos de trabajo y presiones adicionales sobre los precios internos.
Según la encuesta, si bien la evolución de los precios en los últimos meses registraron subas importantes en la mayoría de los bienes de consumo considerados, las empresas “no han trasladado los mayores costos del precio final de los productos, como medida para no desalentar la demanda en un contexto de menores ventas”.
El precio del dólar durante el segundo trimestre cerró en promedio 16% por encima del registrado en igual período del año pasado.
Los rubros que más se vieron perjudicados fueron los dedicados a la comercialización de bienes durables importados como electrodomésticos, ferreterías, pinturerías, vehículos y maquinaria agrícola. Precisamente, la apreciación de la moneda norteamericana es uno de los “factores que genera mayor preocupación”, según la opinión que transmitieron los empresarios. A esto hay que sumarle un pobre desempeño del sector hotelero, producto de un contexto regional adverso.
“Los empresarios no son optimistas acerca de que la situación económica del país mejore en los próximos meses”, señala. Solo el 2% de los consultados planean aumentar su nivel de inversión durante el próximo semestre. Además, el 38% encuestado prevé reducir su plantilla de trabajadores en igual período, hecho que coincide con el 69% de los empresarios que considera que aumentará el peso de los costos salariales en lo que resta del año.
Durante el segundo trimestre, algunos indicadores clave como el desempleo que trepó al 7,4% o la inflación que supera el 9%, se tradujeron en una mayor cautela del consumidor que se refleja “en una menor predisposición a contraer crédito” y en su intensión de adquirir bienes y servicios.
De un total de 28 sectores del comercio y servicios de Montevideo, solamente ocho registraron un aumento de sus ventas en términos reales durante el segundo trimestre, los restantes 20 mostraron caídas (ver gráfica). En el primer trimestre, el 46% de los rubros había mostrado un repunte en su nivel de ventas, porcentaje que cayó al 19% en el período abril-junio.
“Con estos resultados a la vista, queda en evidencia que la actividad comercial sigue resintiéndose trimestre a trimestre de forma generalizada. Dicho deterioro se ha venido manifestando como producto de las condiciones desfavorables que imperan en el contexto internacional y que se han traducido en desequilibrios a nivel interno”, explica la encuesta.
 
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Billetera veloz: una cualidad de los políticos, sean del partido que sean


La oposición se ha caracterizado por remarcar de forma sistemática los excesos en gastos del gobierno nacional frenteamplista en los últimos años y ha mantenido una postura firme sobre la importancia de ahorrar en períodos de bonanza económica, como sucedió durante gran parte de la administración de Tabaré Vázquez y de José Mujica. Sin embargo, llegada la hora de tomar las decisiones la mayoría de los intendentes, sean del partido que sean, no lograron una administración que les permita contar con un margen de dinero para los tiempos difíciles.
El director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ernesto Talvi, mostró en una conferencia el pasado martes la falta de ahorro que tuvieron las intendencias durante la época de crecimiento y la no adecuación de sus gastos una vez que la economía comenzó a dar señales de enfriamiento.
La conducta –remarcó el experto– se vio reflejada tanto en administraciones frenteamplistas como blancas y coloradas, lo que llevó a que varias se encontraran con un panorama deficitario.
El deterioro de las cuentas públicas de las intendencias –dijo Talvi– fue muy parecido cualitativamente a lo que ocurrió en el gobierno nacional. “Se gastaron cada peso que entró durante el boom, y cuando este acabó no supieron ajustarse a la nueva realidad. Si separamos las del Frente Amplio con las de los partidos tradicionales el panorama es idéntico”, dijo (ver gráfica).
Según entiende Talvi, el gobierno nacional puede darse ese lujo porque puede emitir deuda. Las intendencias tienen una capacidad limitada de endeudamiento y por tanto, excederse en sus gastos trae aparejados problemas de solvencia económica. Puso como ejemplo el caso de Salto, en donde hace un mes la comuna debió pedir un préstamo al Banco República, y el de Montevideo, donde la administración tuvo que retrasar el pago a proveedores por la falta de dinero.
El senador Luis Lacalle Pou se refirió días atrás al manejo de la economía por parte del gobierno nacional y en ese sentido dijo que las administraciones del Frente Amplio “son directamente responsables de la vulnerabilidad y dificultades” que enfrenta el país, puesto que gobernaron los últimos 10 años sin aprovechar la bonanza ni tener en cuenta los ciclos económicos. “Esta va a ser recordada como la década de las oportunidades desperdiciadas”, acotó durante una sesión en el Parlamento a principios de mayo. Sin embargo, en 2013 fueron varias las intendencias nacionalistas que mostraron números rojos. Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, San José, Soriano y Treinta y Tres tuvieron en ese año resultados financieros negativos, según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto publicados por El País en junio.
La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, que se encuentra ejerciendo por segundo período consecutivo, tuvo que tomar la decisión de no cobrar su sueldo hasta tanto los números de su comuna empiecen a cerrar. A apenas días de asumir, varias intendencias se vieron en la obligación de dar de baja a funcionarios contratados para poder sanear las finanzas heredadas del período anterior: Artigas –donde el FA perdió la intendencia–, Río Negro –que pasó de estar en manos nacionalistas a estar a cargo del FA– son solo dos ejemplos. Salto fue uno de los departamentos cuya deuda tuvo más repercusión. La comuna había sido administrada por el colorado Germán Coutinho y luego recibió el mando el frenteamplista Andrés Lima.
En su conferencia, Talvi destacó que el deterioro que tuvieron los departamentos fue similar al que tuvo el gobierno nacional. Señaló que en el último período 13 intendencias se vieron deficitarias al iniciarse el enfriamiento de la economía.
La gráfica presentada por el economista muestra que las intendencias frenteamplistas desde 2008 han mantenido los gastos por encima de sus ingresos. Sin embargo, el comportamiento de los jefes comunales blancos y colorados no ha sido muy diferente. Si bien entre 2004 y 2010 han tenido momentos en que los ingresos superaban sus gastos, luego de ese año la capacidad de ahorro pasó prácticamente a cero. Luego de 2011, el comportamiento de intendentes de oposición fue el mismo que el frenteamplista: se gastó más de lo que se podía.
El economista hizo hincapié en la atención que se le debe prestar a esta situación, debido a que varios casos de economías desequilibradas en la región comenzaron o se vieron agravadas a raíz de las situaciones financieras de gobiernos locales financiados por bancos estatales.
 
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Personal de Fripur trabajará hasta el miércoles y ya se habla de cierre


Todavía no hubo comunicación oficial; hoy habrá negociación tripartita

Para el sindicato de la empresa procesadora de alimentos Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur), el cierre de la firma ya es un hecho. Pese al hermetismo que, dicen, ha reinado alrededor del asunto, los trabajadores irán a la planta ubicada sobre la calle Rondeau hasta el 19 de agosto. Lo que pasará después es todavía una interrogante.
frippur
Angustia e indignación eran ayer los sentimientos predominantes entre los 960 empleados –la mayoría mujeres, muchas jefas de hogar–, de acuerdo al sindicato.
Ayer hubo varias reuniones por este tema en el Ministerio de Trabajo (MTSS), tal como había adelantado Búsqueda. Primero, el titular de la cartera, Ernesto Murro, estuvo con autoridades de la empresa. Fuentes de Fripur calificaron el encuentro como “muy positivo”. “Estamos buscando junto a las autoridades una salida”, agregaron.
Luego fue el turno del sindicato. Murro propuso, de acuerdo a la delegada sindical de Fripur, Jimena Peralta, la formación de una cooperativa. Los trabajadores se negaron. “Para los trabajadores no sirve, porque hay que tener un capital muy grande para mantener eso abierto”, explico Peralta.
El viernes en la tarde tendrá lugar una tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Según Peralta, ahí se definirán detalles concernientes al cierre que se decretaría oficialmente el lunes, luego de un cuarto intermedio.

Ayer y hoy

Hasta no hace tanto la situación era otra en Fripur, dijo Peralta. Cuatro años atrás más de 2.000 personas trabajaban allí. En ese momento se armaban 12 líneas de producción, conformadas cada una por 25 operarios. Hoy ese número descendió a tres.

La dirigente sindical apuntó que a la mala situación que atraviesa el sector en general se suman problemas propios de la empresa. A modo de ejemplo, sostuvo que los responsables de Fripur pidieron préstamos, pero que ese dinero no fue inyectado allí sino que terminó en otros negocios. Para los trabajadores, este desenlace no es sorpresivo.
En julio del año pasado la empresa se presentó a concurso de acreedores. En junio, Fripur tenía una deuda con el sector financiero uruguayo que ascendía a US$ 42,3 millones, según la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central. De ese total, US$ 40,4 millones ya vencieron.
Desde 2013 la firma no otorga licencia a sus empleados. “Llevamos dos años sin descansar, porque ellos alegan que no hay plata” para pagar, dijo Peralta. Los días de pago también varían, explicó, pero ya se “acostumbraron”. Peralta recordó que los trabajadores se han manifestado de varias maneras en los últimos tiempos para denunciar esta situación. “El día lunes hicimos una movilización y un escrache frente a la casa de Máximo Fernández (uno de los dueños, junto a su hermano Alberto). Eso no viene desde ahora, viene desde hace más de dos años”, indicó.

Un tercio

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), Carlos Vega, dijo a El Obsevador que si bien en el resto de las plantas la situación no es tan “desesperante” como en Fripur, el problema no se ciñe a esta empresa.

Desde el sector señalan como responsables de este bajón a una merma en la captura de peces y al cierre de mercados importantes para la producción nacional, como Nigeria, entre otros.
El sector pesquero emplea a alrededor de 8.000 personas, de las cuales 3.000 son personal de planta. De cerrar Fripur, un tercio de estos trabajadores quedarían desempleados. “Veremos cómo solucionamos primero el tema de Fripur. De una vez por todas tendríamos que darnos vuelta y empezar a mirar al agua”, dijo Vega.

Sector afectado

La industria pesquera registró en el segundo trimestre de este año una caída en el nivel de producción de 46,6% en la medición interanual, siendo la mayor caída en la producción desde al menos 12 años, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Mientras que en igual período del año pasado, la producción pesquera había aumentado 3,9%, a partir del trimestre siguiente comenzó un periodo de descenso, acentuando cada vez más la pérdida de volumen producido. Así, en los tres primeros meses de este año, la caída fue de 25,5%, tras el deterioro previo de 24% en el último cuarto de 2014 y de 22,5% en los tres meses finalizados en setiembre.
Este declive provocó que la cantidad de horas de trabajo en ese sector continuara su tendencia a la baja, cumpliendo casi 20 trimestres consecutivos de destrucción de fuerza laboral. En el período relevado se perdieron 37,1% horas trabajadas respecto al segundo cuarto de 2014 –mayor caída desde al menos 2007–. En el trimestre pasado la caída fue de 20,3%, y en el último cuarto del año pasado, de 19,7%.
 
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Denunciaron trampas de comercios para no dar rebajas de IVA


CONSUMO

En el primer año de funcionamiento de la ley de inclusión financiera el Ministerio de Economía recibió 478 consultas que derivaron en 60 denuncias.

rebaja iva

La rebaja del IVA impactó a la baja en el IPC. Foto: Archivo

Consumidores enojados y desconcertados al intentar hacer uso del beneficio del IVA con tarjeta de débito o crédito y no poder lograrlo, dejaron en evidencia ante el Ministerio de Economía las diferentes prácticas que aplicaron comercios que no cumplían con la ley.

Según un relevamiento del Ministerio de Economía, en el primer año de aplicación de la Ley de Inclusión Financiera, la gran mayoría de las consultas que recibieron “fueron motivadas porque el comerciante o el agente de cobranza no realizaba el descuento correspondiente”.

A esto se sumaron reclamos porque “el comerciante realizaba discriminación en el precio del servicio o del producto dependiendo si la compra era realizada en efectivo o con tarjeta de débito” y porque “el comerciante exigía un pago mínimo para realizar la compra con tarjeta de crédito y/o débito”.

Pero también hubo denuncias de que comerciantes negaban el descuento por “acumulación de descuentos” o por “descuento menor al legal por pago con tarjeta de débito o crédito”, comercios que no poseían POS para realizar la transacción, entre otros.

El Área de Defensa del Consumidor recibió 478 consultas de consumidores sobre la ley que finalmente derivaron en 60 denuncias, en su mayoría (42) porque no se aplicaba el descuento aunque también figuraron por generar discriminación entre pago efectivo y débito (13), entre otras.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/denunciaron-trampas-comercios-no-dar.html

 
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Sodre dice que acató observación de Auditoría


LA AIN DETECTÓ GRAVES PROBLEMAS DE GESTIÓN EN LA SALA ADELA RETA

El presidente del Sodre, Jorge Orrico, dijo a El País que el informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) que constató irregularidades que “comprometen la transparencia” de la administración por parte de Conafin Afisa del fideicomiso del Auditorio Adela Reta, corresponde al período pasado y no se ha detectado que las falencias detectadas ocasionaran un “daño económico” al Estado.

sodre

Sodre afirma que el Estado no sufrió daño patrimonial por errores.

Desde el 3 de septiembre de 2012 Conafin Afisa se encarga del fideicomiso Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural del Sodre, destinado al financiamiento de las actividades e inversiones que se desarrollen en el marco del programa de gestión artística en la sala Adela Reta. El informe de la AIN publicado por El País en la edición del jueves, afirma que “la gestión económica y financiera llevada a cabo por el fiduciario (Conafin AFISA) presenta apartamientos del marco legal, de los principios contables y de buena administración que comprometen la transparencia y efectividad de la misma”. Sostiene que “se realizaron transferencias de fondos sin autorización del fideicomitente, depósitos de ingresos en cuentas no pertenecientes al fideicomiso, ingresos por venta de entradas que no se depositaron en cuentas del Sodre ni fueron transferidos a la Cuenta Única Nacional”. Además, se constataron diferencias en la registración según la fuente de información, registros contables sin comprobantes, documentos que no cumplen las formalidades requeridas para respaldar gastos, errores y omisiones en las rendiciones de cuentas, compras de activos imputados a gastos, derechos y obligaciones de contratos comerciales y canjes no registrados contablemente.

El Sodre emitió ayer un comunicado en el que señaló que el informe de la Auditoría “fue respondido por el Sodre y como resultado fueron levantadas las observaciones. Además, como expresa la propia AIN en su devolución de fecha 16/9/2014, el Sodre ha implementado las medidas y recomendaciones, ajustándose los procedimientos”. Orrico dijo que se corrigieron los criterios que la AIN marcó como equivocados y no hubo daño patrimonial al Estado.

http://www.elpais.com.uy/informacion/sodre-dice-que-acato-observacion.html

 
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Diferencias de pautas salariales para privados y para públicos


TEMA DE ANÁLISIS

El gobierno decidió presentar a los trabajadores del sector público una pauta distinta a la que comunicó semanas atrás como lineamiento para las negociaciones de los salarios en el sector privado. Esto provocó interpretaciones confusas sobre la conveniencia de un criterio u otro.

pautas salariales

En el sector público se plantea seguir con el mismo criterio.

Como las dos propuestas están totalmente indexadas al final del período, todos los empleados tendrán la garantía que el nivel de poder adquisitivo previo al inicio del convenio como mínimo se mantiene al final del mismo. Por lo tanto las diferencias sustanciales están en la trayectoria.

En ese sentido, el aumento inicial que el gobierno espera se acuerde para los sueldos del sector privado será superior al incremento que el propio Estado pagará a sus funcionarios.

Este aumento más alto ocurrirá incluso con aquellos sectores o empresas que en la actualidad están en dificultades financieras o problemas para sostener el nivel de actividad. Por lo tanto, seguir las pautas para esas empresas o sectores de actividad resultará inevitablemente en menos gente ocupada y situaciones de conflicto en la negociación salarial.

Lamentablemente este enfrentamiento se está provocando antes de que se inicien las conversaciones con declaraciones de diferentes actores de la negociación tripartita. El gobierno debería apostar sinceramente al diálogo en esta instancia en lugar de permitir que el conflicto sea lo que marque el clima de la mesa de diálogo por la cultura del empleo.

El problema financiero para las empresas privadas surge del mayor aumento inicial que le toca a los convenios que terminen en junio y diciembre del 2015. Mientras los salarios privados pasarán a ajustarse por un valor nominal muy similar al de la inflación prevista por el mercado, los públicos seguirán modificándose en función del objetivo inflacionario del gobierno.

Hasta el momento se utilizaba en los dos casos la base de aumentar por la inflación que el gobierno se fijaba como objetivo (5%) y corregir al final del año por la diferencia con la variación observada en el Índice de Precios del Consumo (IPC) en el período.

En el sector público se plantea seguir con el mismo criterio mientras que para el privado el lineamiento es que las partes acuerden un aumento sustancialmente superior en el primer período (entre 8% y 10%).

Como los salarios públicos y los privados vienen de convenios con la lógica de aumentar por inflación prevista y ajustar al final, en el comienzo del nuevo convenio tendrán que respetar dicha cláusula e incrementar los salarios para reflejar la inflación al cierre del período. Esto implica en junio del 2015 un aumento adicional del 3,5% porque la inflación en el año terminado en dicho mes fue del 8,5%.

Pensando en los convenios privados que terminen en diciembre del 2015, seguramente el ajuste será mayor porque la inflación en el primer semestre fue 5,6% y las expectativas relevadas por el Banco Central (BCU) indican un 3,5% para el segundo semestre. Por lo tanto si se proyecta una inflación del 9,3% para el año 2015, los convenios que renueven desde enero del 2016 tendrán un ajuste del orden del 4,3%.

El impacto será diferente en los dos sectores. En los sueldos públicos el aumento será 5% más 4,3% por lo tanto igualará la inflación de 9,3% que se registró en el año. Es por eso que la modalidad de ajuste predominante hasta ahora se parece mucho a la indexación mirando para atrás lo ocurrido en el período anterior. Esto ocurre porque el 5% propuesto como objetivo siempre se encuentra por debajo de lo que se registra en la realidad.

Este aumento es notoriamente inferior al que deberán otorgar los privados que sigan las pautas del gobierno.

De acuerdo a las mismas se deberá aumentar entre 8% y 10% en el primer año. A esta variación hay que agregarle el 4,3% que estimamos por correctivo del convenio que termina. Por lo tanto se darán aumentos de sueldos privados en enero del 2016 entre el 12,6% y el 14,7% al tratarse de tasas acumulativas.

El cambio de criterio tiene un costo al inicio pero deja las cosas más claras para adelante si la inflación sigue en niveles altos.

Por ejemplo si la inflación en el primer año se mantiene por debajo del 8% entonces los salarios del sector privado no tendrán un ajuste correctivo por diferencias en la inflación que si lo tendría el salario del sector público.

Si la inflación en el 2016 resultara del 7,5% por ejemplo, entonces en el sector privado no habría obligación de nuevos incrementos mientras que el salario del sector público deberá recoger en el aumento de enero del 2017 un 2,5% de correctivo por inflación.

Esto sería muy bueno para los trabajadores privados pero hay dudas que las empresas lo puedan cumplir.

El problema se observará en las empresas que tienen dificultades porque el aumento nominal del 8% que pide el gobierno en sus lineamientos implica en términos medios que de entrada dichas empresas deberán reconocer un aumento similar al que surge de las expectativas de mercado para el año 2016. Pero no hay que perder de vista que la masa salarial de estas empresas que se encuentran en dificultades deberá subir por el 3,5% de desfasaje entre el aumento concedido en base a la inflación prevista y la real del período anterior, que a los efectos de las pautas actuales es como que se adelantara 12 meses.

Para completar este panorama complicado para la negociación se debe agregar la iniciativa de que los salarios más bajos registren aumentos extraordinarios del 3,5% y 2,5% según el monto del salario.

Esto suena de alta justicia redistributiva y de una búsqueda por lograr niveles salariales más dignos en la economía, al tener mayor poder adquisitivo. Lamentablemente, la creación de estos puestos de trabajo no se puede decretar por el gobierno y si no hay posibilidades de trabajo en los niveles más bajos de capacitación, el impacto negativo corre por el lado del desempleo.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/diferencias-pautas-salariales-privados-publicos.html

 
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Los estudiantes ocupan UdelaR y liceo Miranda


ALUMNOS EN PIE DE GUERRA EN PLENA LUCHA POR PRESUPUESTO

A partir de la tarde de ayer, la Universidad de la República (UdelaR) está ocupada por estudiantes y docentes en el marco de la lucha por el presupuesto. Esto un día antes de que el rectorado presente una propuesta al gobierno sobre el incremento presupuestal que pretenden. En tanto, en el marco de la misma pelea, alumnos continuaban ayer ocupando el Liceo Miranda.

universidad

Estudiantes tomaron en la tarde de ayer la Universidad de la República. Foto: F. Ponzetto

El reclamo de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), que impulsaron la ocupación y que cuentan con el apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), es que se llegue al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, pero con la salvedad de que este se reparta solo entre la UdelaR y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La pelea que dan alumnos y docentes tiene que ver con que se aumente el porcentaje del PBI, que hoy está en 4,5%, pero que además se excluya de los gastos de este la formación militar, la policial, el Plan Ceibal y otras cosas que, para ellos, no pueden considerarse dentro del presupuesto educativo.

La ocupación se levantará a las 16 horas de hoy y a las 17 el rector Roberto Markarian, junto con otros miembros del Consejo Directivo Central (CDC), presentará la propuesta presupuestal. Dos semanas atrás el órgano rector de la institución votó un pedido que implica un aumento del 90%, en comparación con lo que se les adjudicó en el anterior quinquenio. Esto se traduce en un monto de 322 millones de dólares.

Además, hoy también se realizará la marcha por el Día de Mártires Estudiantiles, en los 47 años de la muerte de Líber Arce. En la misma también se reclamará por el presupuesto.

Secundaria.

En tanto, estudiantes del Liceo Miranda vienen ocupando las instalaciones de la institución desde el pasado martes, también en reclamo del 6% del PIB para la ANEP y la UdelaR, para denunciar “la deficiente educación pública en general” y advirtiendo carencias de infraestructura importante en el centro.

Estos señalaron ayer a través de un comunicado la existencia de “hostigamiento policial” que buscaría disuadir las medidas de fuerza.

“Debido al hostigamiento policial que hemos recibido en diferentes ocasiones durante el desarrollo de la ocupación, coches particulares con matrícula del Ministerio del Interior, los cuales tenían su conductor cubriendo su rostro con pasamontañas, un coche de inteligencia fichando compañeros en el Liceo Miranda y en el corte de calles del Zorrilla, así como también fuimos fotografiados y provocados por policías que se acercaban en la madrugada buscando respuestas violentas, hemos decidido no brindar el acceso para la toma de imágenes del interior del instituto ni de nuestros compañeros”, señalaron a través de un escrito que enviaron a El País.

Sobre las carencias del centro, señalaron que están “conviviendo con goteras importantes que inundan el liceo, nidos de ratas, utilizando agua contaminada de los tanques, totalmente expuestos en caso de incendio por no existir ningún extintor ni bomba de agua para uso de bomberos”.

La Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES), decidió ocupar el Codicen el próximo lunes, cuando iniciará un paro de 48 horas.

http://www.elpais.com.uy/informacion/estudiantes-ocupan-udelar-liceo-miranda.html

 
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El gobierno le baja el pulgar a Joselo; lo quiere fuera del Estado


DEFENSA DE LOS SINDICALISTAS ADUJO QUE EL PROTOCOLO ES POCO CLARO Y VETUSTO

El gobierno le bajó el pulgar al sindicalista Joselo López, el mismo día en que este se presentó a declarar ante la Justicia por el violento operativo que se llevó a cabo el 24 de julio en uno de los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Piden su destitución.

joselo lopez

En medio del cruce de acusaciones, entre la dirección del Sirpa que va contra la violencia de los trabajadores que participaron del operativo, y los funcionarios que advierten sobre una “operación política” por parte de la directora Gabriela Fulco en contra de López, el gobierno salió con los tapones de punta contra el sindicalista.

“No debe haber matones trabajando para el Estado”, dijo la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, en referencia a López. Lo hizo un día después que la oposición votó en el Parlamento una interpelación a su colega de la cartera de Desarrollo Social, Marina Arismendi. El INAU depende de esta última secretaría de Estado. Muñoz y Arismendi pertenecen al grupo de ministros más cercanos al presidente Tabaré Vázquez. Y no son los únicos que salieron contra el sindicalista, también lo hizo días atrás el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

“Pasó los límites”, “rompió los códigos”, insistió Muñoz en una columna en el semanario Voces. También aseguró que José DElía, el histórico presidente del Pit-Cnt, “no toleraría en sus filas a este tipo de gente” y que por eso cree que “este hombre”, en referencia a López, “que miraba” lo que sucedía y que “justificó como dentro de las pautas” a “los que usan y abusan de la fuerza bruta”, no es capaz de llevar a cabo “la tarea que realiza y menos de ser sindicalista”.

Muñoz insistió en que un país que “quiere profundizar la democracia no tiene espacio entre sus filas de constructores de una cultura de paz para dirigentes de este tipo”.

“Me di cuenta que ninguna organización social y menos la representante de trabajadores honestos, puede apañar esta violación (…) Los que sólo saben hacerse respetar por el uso de la fuerza deben reeducarse, pero no prestar funciones en el Estado”, insistió. Luego, en declaraciones a Subrayado, consultada sobre si López debe ser destituido, afirmó: “¡Por supuesto!”.

En una conferencia de prensa llevada cabo en la sede central de COFE, gremio del que López sigue siendo secretario general —el martes se lo obligó a tomar licencia como vicepresidente del Pit-Cnt hasta que se lleve a cabo una investigación sobre los incidentes en el INAU—, este precisó que no vio al que pateó en el piso a los dos menores, y que el resto del procedimiento estaba dentro de lo previsible en un operativo como este.

Protocolo.

La carta que juegan los abogados del sindicato, que representan a 32 de los 36 funcionarios que participaron del operativo —todos menos al que golpea a los dos menores y a otros tres que decidieron poner un abogado por su cuenta—, es que no hay un protocolo específico para impedir un intento de motín.

“Lo que está establecido es que hay que reducir al menor: llevarlo al piso, esposarlo, ponerle grilletes y llevar la situación a la normalidad. Pero faltan elementos de calidad y cantidad. El protocolo mantiene rasgos que son demasiado genéricos”, dijo en rueda de prensa uno de los abogados del sindicato del INAU, Juan Raúl Williman, luego de que declararan algunos funcionarios, entre ellos López,

El protocolo, por ejemplo, según Williman, no advierte cuántas personas deben entrar a un pabellón cuando se presenta una situación de estas características. El video del operativo que se llevó a cabo en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), muestra a 36 personas para reducir a tres jóvenes.

“Que hayan entrado al lugar tantos funcionarios es algo raro”, reconoció Williman, pero también advirtió que se trató de un hecho excepcional por varias circunstancias. Primero, porque estaba presente una unidad de seguridad y traslado, ya que 26 jóvenes iban a ser llevados a otros centros. Segundo, porque se juntaron el turno de la tarde y de la noche, ya que a las 16 horas había habido un intento de fuga y los primeros se habían quedado a hacer las actas. Y tercero, porque tres sindicalistas, entre ellos López, iban a tener una reunión con la dirección del centro.

La versión del abogado, que es la de los sindicalistas, difiere a la dada en un principio por la directora del Sirpa, Fulco, quien advirtió que la gran cantidad de trabajadores que había en el lugar se debía a una asamblea.

Sobre las particularidades del protocolo, Fulco se limitó a decir días atrás a El País que este se resume en que “no puede haber un uso indebido de la fuerza”.

Declaraciones.

La declaración de López fue similar a la de los otros indagados. Primero le mostraron el video y se reconoció donde estaba. Williman dijo que este aparece en la cinta recién en el cuarto minuto. Luego cuestionaron qué hacía en ese momento en el Ceprili y también le preguntaron sobre su historial dentro de la institución Sirpa.

El miércoles declararon 12 funcionarios. Ayer estaba previsto que lo haga la misma cantidad, pero un paro judicial lo impidió; declararon siete. Los otros cinco quedan para el lunes. Mañana declaran 12 más.

También restan declarar cuatro de 13 menores que fueron citados, ya que cuando comparecieron al juzgado el pasado martes generaron disturbios que impidieron culminar el procedimiento.

“Definiría esta investigación como profunda. Se están tomando los tiempos necesarios para determinar lo más eficientemente posible si existieron conductas ilícitas, en caso de que esto sea así cuáles son y quiénes las cometieron”, resumió a El País el otro abogado del sindicato, Juan Fagúndez.

Varias ONG, Amnistía Internacional, la Universidad de la República y parlamentarios, condenaron la violencia de los funcionarios del INAU.

Tres menores se escaparon el martes, y según denunció el sindicato, aunque fue negado por las autoridades el miércoles hubo un motín en el Hogar Ser.

Fugado se entregó con su padre y el Sirpa aún busca responsables.

De los tres menores que se escaparon el martes del Centro de Privación de Libertad (Ceprili), uno fue entregado por su padre, según precisó ayer a El País la presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco.

La fuga fue en el mismo pabellón donde se realizó el polémico operativo que puso en la mira al sindicato del INAU y en especial al vicepresidente del Pit-Cnt —hoy obligado a tomar licencia—, Joselo López.

Fulco ya había dicho el martes también a El País que la fuga de los tres menores evidenciaba que hubo “irregularidades” por parte de los funcionarios”, los cuales “habilitaron la situación que se dio”.

El INAU inició el mismo día de la fuga una investigación interna que, según fuentes que participan de esta, constataron la falta de un candado en una de las puertas de salida del pabellón.

En un momento, el sindicato del INAU hizo correr la versión de que algunos funcionarios habían resultado heridos en estas fugas, sin embargo esto fue desmentido por la presidenta del Sirpa.

Fulco, por otra parte, sostuvo que la información de las investigaciones que se están haciendo son remitidas a los jueces de las causas de los tres menores que se fugaron, de los cuales aún se desconoce el paradero de dos de ellos.

http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-le-baja-pulgar-joselo.html

 
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