Pese a las obligaciones, no todos los sectores cumplieron con la ley luego de la campaña
Cuando la euforia de la campaña política se acaba, es el momento en el cual los contadores responsables de las finanzas de los partidos políticos cargan con la mayor responsabilidad: transparentar ante la opinión pública los ingresos y gastos en que incurrió su agrupación durante el período electoral. La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos es estricta –y muy clara– en los lineamientos a seguir, en qué información se debe proporcionar y cómo. Aun así, al igual que en 2009, algunos sectores se saltaron las normas y omitieron entregar información que la ley les obliga sobre sus benefactores.
El procesamiento de la información divulgada por la Corte Electoral y publicada en el Diario Oficial realizado por El Observador sobre las rendiciones de cuentas de las fórmulas electorales y de las listas al Senado para los comicios de octubre, da cuenta de omisiones en algunas de las declaraciones del Frente Amplio y un caso de aportes que se choca con el marco legal en el Partido Colorado.
En el caso del partido en el gobierno, la rendición de cuentas de la lista al Senado del MPP, encabezada por el expresidente y actual senador José Mujica, omite identificar a los donantes nominativos. Según la ley vigente, «las donaciones que reciban los partidos políticos o sectores internos o listas de candidatos a efectos de sus campañas electorales (…) deberán ser siempre nominativas. Se entenderá por tales aquéllas donde queden registrados con toda precisión el nombre y demás datos identificatorios del donante».
El MPP, en el apartado «Donaciones Nominativas», en lugar de enumerar cada uno de sus benefactores, publica una única línea que bajo el origen «varios», carga los $ 2.725.250 recibidos del sector privado. Las donaciones nominativas están comprendidas en el rango entre 4.000 y 300.000 unidades indexadas –entre $ 11.750 y $ 881.220 a la cotización del 31 de octubre–, por debajo de esos montos la ley habilita a realizar «donaciones anónimas» y por encima, queda prohibida cualquier contribución individual.
En el caso de la lista al Senado del Partido Socialista, encabezada por el ahora intendente de Montevideo Daniel Martínez, también se encuentra una única línea, por $ 1.338.765, con la aclaración «se adjunta detalle». Sin embargo, no hay disponible en la web de la Corte Electoral ni en la publicación en el Diario Oficial ningún documento anexo.
Algo similar sucede en la lista al Senado encabazada por el vicepresidente Raúl Sendic, a la hora de detallar los aportes realizados por miembros elegibles dentro de la lista. En una única línea carga $ 312.451 sin especificar el donante, cuando el modelo de presentación de la rendición de cuentas da espacio para que se enumere cada uno de los contribuyentes individualizados e incluso aclara: «Agregue tantas filas como sea necesario». En la columna «descripción» de ese único registro, la agrupación de Sendic pone, «según detalle», pero en ningún lugar del documento público se desarrollan las contribuciones individuales de los candidatos.
También en la lista de Sendic al Senado, a uno de los donantes nominativos se lo identifica como «Rodríguez», sin mencionar su nombre de pila o cualquier otra referencia que haga posible trazar el origen de su aporte de $ 24.400.
Aportes indebidos
El texto de la ley aprobada en mayo de 2009 por todos los partidos en el Parlamento, establece impedimentos más directos para los casos de donaciones privadas de empresas concesionarias o adjudicatarias de obra pública, de organizaciones delictivas, asociaciones profesionales, gremiales o sindicatos. Tampoco por parte de entidades extranjeras o fundaciones, por parte de personas que estén subordinadas al que recibe el dinero ni de personas públicas no estatales.
La rendición de cuentas del Partido Colorado enumera una a una las contribuciones nominativas que recibió para su campaña. Con fechas 26 de agosto y 29 de setiembre, aparecen dos contribuciones realizadas por «Laboratorios Nacionales», por $ 48.302 y $49.548, respectivamente.
La Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) es la gremial que nuclea a las principales empresas farmacéuticas con actividades en el país. Algunas de estas firmas aparecen a título individual entre los donantes tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional y la ley las habilita a hacerlo. Sin embargo, en el caso de la ALN, el marco normativo prohibe su contribución a la campaña política. Según establece el artículo 45, «los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente (…) contribuciones o donaciones de asociaciones profesionales, gremiales, sindicales o laborales de cualquier tipo».
Si bien la ley plantea una serie de prohibiciones a los partidos, pero también abre algunas ventanas para relativizar esos impedimentos. Por ejemplo, impide que los partidos reciban dinero por parte de empresas que tengan contrato de obra pública, pero sí acepta que lo hagan firmas que tengan contratos de servicios públicos u otra clase de concesiones.
Terminales Graneleras Uruguayas (TGU) –que tiene una concesión que no es de obra en el Puerto de Nueva Palmira– y Baluma –dueña de 55% del paquete accionario del hotel Conrad– aparecen entre los donantes. En el primer caso, tanto al Partido Colorado como el Partido Nacional, y en el segundo caso solo a la fórmula encabezada por Luis Lacalle Pou.
Otro caso que, si bien está amparado en la ley, choca con el espíritu de desvincular del financiamiento de los partidos a quienes tienen directamente intereses económicos estrechamente vinculados al Estado, se encuentra dentro del Frente Amplio. Alejandro Ruibal, vicepresidente de Saceem –constructora concesionaria de varias obras públicas– aparece entre los donantes de la lista al Senado del Frente Liber Seregni, encabezada por el ministro de Economía, Danilo Astori. La ley no prohíbe expresamente que empresarios o responsables de empresas concesionarias o adjudicatarias de obra pública realicen donaciones a título personal.
Denuncia 2009
En la campaña de 2009, cuando se aplicó por primera vez la ley de financiamiento de los partidos, se detectaron algunas irregularidades. Tras una investigación del portal Sudestada, algunas firmas que operan en el mercado local resultaron favorecidas con licitaciones millonarias luego de que sus responsables aportaran para las campañas del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Independiente y para Propuesta Batllista (Partido Colorado). Uruguay Transparente –capítulo uruguayo de Transparencia Internacional– presentó denuncia ante la Corte Electoral y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), basado en la investigación de Sudestada.
Concretamente, Eduardo Eurnekian y su hijo Martín (cuyo grupo Puertas del Sur tiene varias concesiones) aportaron a los cuatro partidos políticos más grandes. Por su parte, Tenaris Global Service SA (del grupo Techint, adjudicatario de obra pública) repartió el dinero en partes iguales entre el Frente Amplio y el Partido Nacional.
La Corte Electoral archivó la denuncia de Uruguay Libre, porque esa organización no pudo acreditar su personería jurídica. Sin embargo, la corporación electoral inició una investigación de oficio. Fue así que la Corte intimó a los partidos involucrados, pero ninguno respondió. Tuvo que volver a intimarlos, esa vez bajo apercibimiento, y entonces sí todos enviaron sus respuestas de por qué recibieron ese dinero para financiar sus campañas.
El caso lo tomó la comisión de Asuntos Electorales de la Corte. Según pudo saber El Observador, hasta el viernes no hubo resolución de ese cuerpo. Sin embargo la ministra de la Corte Electoral, Margarita Reyes, estimó que se le dará la razón a los partidos, ya que sus respuestas son razonables. La funcionaria contó a El Observador que los partidos explicaron que las donaciones denunciadas fueron «a título personal» por parte de los empresarios, y en ninguno de los casos superó el monto establecido por la ley.
En su redacción, el artículo 45 de la lay de financiamiento de los partidos dice que no deberán aceptar contribuciones de adjudicatarios o censionarios de obra pública «directa o indirectamente». Pero los partidos políticos entienden que una donación a título personal del responsable de una empresa, está del todo desvinculada de los intereses de la firma.
El artículo 46 castiga con una multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución irregular aceptada o del gasto no registrado. «Dicho monto podrá ser descontado de los derechos de reposición de los gastos de campaña que pudieren corresponder por su participación en comicios nacionales o departamentales y en las elecciones internas», agrega la norma. La multa podrá ser de hasta 10 veces el monto recibido o no informado si se violan determinadas disposiciones, como la donación por parte de empresas públicas no estatales.
El juego de la mosqueta
La financiación de los partidos políticos en una campaña electoral es el motivo del breve ensayo titulado Jugando a la mosqueta, del politólogo Daniel Chasquetti publicado en el libro Final abierto, un conjunto de reflexiones teóricas del Instituto de Ciencia Política sobre la campaña electoral 2014, publicado por la editorial Estuario. «La forma en cómo ingresa dinero no solo afecta la equidad de la competencia sino también la legitimidad del régimen democrático», escribió Chasquetti en uno de los enunciados iniciales del trabajo.
El analista recuerda que Uruguay legisló en 1928 sobre la transferencia de dineros públicos a los partidos en base a los votos obtenidos por cada uno. Pero esto no fue suficiente para que el poder económico se metiera en la campaña. Según Chasquetti, los partidos carecen de voluntad para reunir la información y divulgarla. «Los partidos han creado un sistema donde se publicita poco, se oculta mucho y se dejan muchas cuestiones libradas al azar», escribe.
http://www.elobservador.com.uy/la-transparencia-los-partidos-politicos-esta-falta-n675319
A.FU.SEC. 