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Archivos diarios: 7 septiembre, 2015

Gabinete analiza el rechazo que expresó Frente Amplio al TISA


CONSEJO DE MINISTROS

presidencia

El Poder Ejecutivo tratará esta mañana en el Consejo de Ministros el rechazo al Tratado de Comercio de Servicios que manifestó el Frente Amplio el sábado en su Plenario.

La mayoría de las bases y de los sectores del Frente Amplio coicidieron en que el TISA es “inconveniente” para el Uruguay, a pesar de que el canciller Rodolfo Nin Novoa es partidario de seguir haciendo presencia en las negociaciones.

El ministro considera que no estar sentado a la mesa de discusión supone perder credibilidad; tenía previsto presentar en Ginebra, el día 15 de este mes, la postura oficial sobre acceso a diferentes mercados y una lista de excepciones.

A partir de las 9 y hasta las 11 el Gabinete abordará la postura a tomar, así como también qué pasos concretos se dan de aquí al encuentro en Suiza, puesto que entonces vence el plazo para que Uruguay presente sus listas.

El presidente Tabaré Vázquez había manifestado en mayo que la decisión de participar o no en esta ronda era “una decisión política”, y pidió de forma expresa al Frente Amplio que tuviera una discusión sobre el tema. Su postura fue destacada el sábado en el Plenario, donde se saludó su consulta a la fuerza política.

La moción que planteó la inconveniencia de seguir negociando obtuvo 117 votos. Según informa La Diaria, la apoyaron casi todas las bases, el MPP, el Partido Socialista, el partido Comunista, la Lista 711, La Vertiente Artiguista y la 5005.

En cambio defendieron la presencia del Uruguay en las conversaciones el sector De Frente, la Corriente de Izquierda y el Frente Líber Seregni, pero solo sumaron 22 votos.

La senadora del MPP Lucía Topolansky resumió el debate diciendo que “por el momento no es conveniente estar” en las conversaciones del acuerdo, pero al mismo tiempo resaltó que “la decisión de lo que se vaya a hacer (sobre el Tisa) le corresponde al gobierno”. Según comentó al diario La República, el presidente “es libre de hacer los que corresponda”.

El rechazo del Frente Amplio al Tisa le granjeó al gobierno aliados inesperados en la oposición: el senador colorado Pedro Bordaberry tuiteó en la misma tarde del sábado que hoy convocará al canciller al Parlamento para que concurra en régimen de comisión general.

Para Bordaberry ése es el ámbito donde se debe resolver “si Uruguay debe seguir negociando o no”. Según escribió el líder colorado, “si sumamos los sectores del FA, los del PN y el PC que queremos que se siga negociando, somos el 70% de Uruguay. Pongamos lo que hay que poner en estos momentos”, señaló.

En la misma línea se manifestó el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que espera que Vázquez se “mantenga firme, (…) ya que tiene el apoyo de la mayoría del sistema político”. También anunció que impulsará en el Senado una declaración “de apoyo al gobierno para que continúe negociaciones”.

En el Partido Nacional también se manifestaron contrarios a la recomendación del Plenario. El senador Jorge Larrañaga resaltó que “hay que hacer primar el interés nacional y no una ideología”, mientras que el senador Luis Lacalle Pou remarcó: “No sentarse a negociar la posibilidad de un acuerdo es simplemente inentendible”.

http://www.espectador.com/politica/322725/gabinete-analiza-el-rechazo-que-expreso-frente-amplio-al-tisa

 
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Publicado por en 7 septiembre, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

Dificultades en la aplicación de la ley de nocturnidad


HUGO BARRETO EXPLICÓ ALGUNAS DE LAS SOLUCIONES

El trabajo nocturno no es solo un problema en si mismo para quien lo desempeña a diario sino también lo es la ley que desde el 1º de junio intenta regular ese régimen laboral que se desarrolla a contramano de la vida cotidiana.

trabajo nocturno

Hugo Barreto se desempeña como asesor del director nacional de Trabajo Juan Castillo en el ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En diálogo con LA REPUBLICA, Barreto confesó que la ley tiene problemas en su redacción y por lo tanto, en su ejecución. Barreto trabajó en el decreto reglamentario “pero nos encontramos, al momento de aplicarla, que tiene muchos aspectos de difícil implementación”.

Antecedente

La ley de nocturnidad que lleva el número 19.313 fue aprobada por unanimidad en el parlamento. El 13 de febrero de este año 2015 fue sancionada por la cámara alta en el poder Legislativo. Tiene cinco artículos y, precisamente el último, dictamina que la norma debía estar vigente el 1º de julio del corriente año; hace poco más de un mes.

Según cifras oficiales, en Uruguay hay casi 70 mil personas que se desempeñan en régimen laboral nocturno si por nocturnidad se entiende el período de tiempo que se extiende desde las 22 y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, como esclarece la ley vigente.

El proyecto de ley recoge la posición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del convenio 171 y aplica tanto a las empresas tanto públicas como privadas.

Originalmente, el proyecto de ley establecía un beneficio económico para los trabajadores nocturnos del 30% y la obligatoriedad de la conformación de una comisión de salud con atención psicológica permanente regida por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Estos dos aspectos finalmente se modificaron y la ley suprimió la comisión de salud con atención psicológica y se redujo de 30 a 20% la sobretasa salarial.

Interpretaciones

La ley, en su segundo artículo, establece textualmente que a la mujer grávida o que ha dado a luz hasta un año posterior a su alumbramiento, se le asignará un horario de trabajo diurno por parte del empleador por la sola voluntad de la trabajadora y sin que esto signifique una pérdida de la compensación por trabajo nocturno.

“Aquí nos encontramos con el primer problema” relata Barreto “y fue porque existen casos de empresas que no tienen la posibilidad real de ubicar a la mujer que ha dado a luz en un puesto de trabajo diurno, ya sea porque su rama laboral es esencialmente en la noche o porque la trabajadora no tiene un lugar, por su actividad, en horas del día”.

Reconoce que la ley tiene problemas intrínsicos de “difícil solución” como, por ejemplo, la implementación de la compensación del 20% dictada en su artículo tercero.

Textualmente, se señala el otorgamiento de una sobretasa mínima del 20% para las distintas áreas de actividad, o su equivalente en reducción horaria, en aquellos casos que no lo tengan comprendido en su salario específico o en su forma de remuneración. Cuando la compensación sea menor, se ajustará al mínimo establecido en la presente ley.

Lo mismo se aplicará en los casos de reducción horaria. Barreto contó que el problema detectado es que no se especifica la base de cálculo salarial para aplicar esa compensación del 20% porque “no se sabe si es sobre el mínimo, sobre el básico o sobre el básico más eventuales partidas extraordinarias”.

Otro problema legal es que, dijo Barreto, “la ley es una innovación a medias porque nos encontramos con que la compensación por nocturnidad ya existía en casi todas las áreas e incluso la que se otorgaba era superior al 20%”. Aclaró que en el decreto reglamentario se encontró una solución a este problema: se incluyó una cláusula en la que se optaba por el régimen compensatorio más favorable para el trabajador nocturno.

Dos caminos posibles

El asesor de la DINATRA Hugo Barreto reconoció que las soluciones a los flancos que dejó expuesta la ley de nocturnidad no se han encontrado.Sin embargo, el jerarca entiende que “existen dos caminos posibles” para enmendar los errores abarcativos de la norma.

Uno –señaló- sería la redacción de una norma interpretativa; una solución legislativa usual que en el parlamento se suele apelar para cubrir falencias legales.

La otra, contó Barreto, es que en la ronda de negociación colectiva inserta en los Consejos de Salarios, se intervenga en cada caso particular. Recordó que en el decreto de los consejos salariales existe una cláusula que se señala que en casos de dudas sobre reglamentos laborales, las partes podrían acudir al Consejo de Salarios para arribar a acuerdos.

http://www.republica.com.uy/dificultades-en-la-aplicacion/535770/

 
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Publicado por en 7 septiembre, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

Experto advierte que artículo del MSP es inconstitucional


El texto del Presupuesto establece las condicionantes para otorgar medicación

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El gobierno incluyó en la ley de Presupuesto un artículo que establece la forma en la que el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos brindarán medicamentos o tratamientos a los usuarios.

Pero apenas publicado, ya contó con el rechazo de abogados que entienden que esto limitará la acción del Poder Judicial a la hora de ordenar que se entreguen medicamentos cuando lo entiende correspondiente, y lo consideraron inconstitucional.

El artículo dice que “la responsabilidad del Estado, así como de las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), con relación a la población usuaria de dicho Sistema, queda limitada al suministro de los programas integrales de prestaciones consagradas en el artículo 45 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, no siendo de su cargo la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública, ni de aquellos que aún definidos y aprobados, sean destinados a atender patologías ajenas a las previstas en los mencionados Programas, Catálogo o Formularios, y de acuerdo a la normatización o protocolarización definida por el Ministerio de Salud Pública o el Fondo Nacional de Recursos”.

El constitucionalista Martín Risso dijo a El Observador que el artículo “es inconstitucionalporque limita sin habilitación constitucional la oración final del artículo 44 de la Constitución. La Carta manda al Estado brindar asistencia gratuita a los carentes de recursos suficientes y el proyecto excluye una cantidad de prestaciones”.

El artículo mencionado por Risso dice que “el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. El abogado considera que la oración final del artículo 44 es una norma preceptiva que establece lo que se denomina “derecho subjetivo perfecto” de los carentes de recursos suficientes y frente a eso “la única actitud jurídicamente válida del Estado es satisfacer ese derecho proporcionando gratuitamente la atención que se requiere”.

El abogado indicó que desde hace cerca de diez años “el Poder Judicial viene ordenando el cumplimiento del artículo 44 y ha ordenado que se entreguen medicamentos en muchísimos casos. Ahora, en lugar de cumplir con la Constitución y con los criterios jurisprudenciales mayoritarios, se inventó esto”.

Días atrás se dio el caso del niño Agustín Cal, que a través de la Justicia reclamó un medicamento para tratar un tumor cerebral. Luego de analizar el tema el MSP accedió a brindar el medicamento.
Risso consideró que lo establecido en el Presupuesto “desde el punto de vista ético y moral es inaceptable” porque “se deja sin asistencia a quienes más lo necesitan”.
En el mismo sentido se manifestó el abogado Juan Ceretta, quien a través de su cuenta de Facebook indicó que a través del artículo incluído en el Presupuesto se busca “bloquear por vía legal los amparos de medicamentos”.

http://www.elobservador.com.uy/experto-advierte-que-articulo-del-msp-es-inconstitucional-n675329

 
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Publicado por en 7 septiembre, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

Por repunte de inflación, PIT-CNT pedirá correctivo salarial anual


La central sindical volverá a solicitar al gobierno “más flexibilidad” en las pautas

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La inflación no da señales de moderarse y eso es una “piedra en el camino” para la negociación de salarios en el sector privado que está comenzando. Las pautas oficiales nunca convencieron al PIT-CNT que apunta a concretar ajustes superiores. Para la nueva ronda el gobierno fijó lineamientos de ajustes nominales que prevén aumentos salariales moderados y que mayoritariamente son bien vistos por los empresarios.

En esas fórmulas los correctivos por inflación observada se aplicarán –si son necesarios– al terminar el segundo año de los convenios a tres años, y otro al finalizar el tercero. Por otra parte, para aquellos convenios a dos años –que comenzará a negociarse en 2016– se planteó instrumentar un único correctivo al finalizar el convenio en caso que la inflación observada esté por encima del aumento de salario nominal que percibió cada trabajador.

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El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo a El Observador que esta semana se solicitará un nuevo encuentro con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, para plantear que los correctivos sean anuales. “El movimiento obrero insistirá con que los criterios sean más flexibles para garantizar y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”, dijo.

Hasta ahora los correctivos por inflación se aplicaban generalmente cada seis meses o un año, de forma que el trabajador no viera deteriorado su nivel de ingreso real por un período mayor cuando la inflación superaba el centro del rango meta (5%).

El nuevo dato de inflación no ayuda en nada al clima de la negociación que en más de un sector ya viene complicada. El Índice de Precios del Consumo (IPC) se aceleró en agosto por sexto mes consecutivo y trepó a 9,5% en los últimos 12 meses.

La mayoría de los pronósticos coincide en que el riesgo de que la inflación llegue a los dos dígitos es creciente. En este sentido, la economista de Deloitte, Tamara Schandy, dijo a El Observador que esa situación “conspira” contra la iniciativa de cambio en el esquema de negociación salarial que busca ir hacia aumentos nominales semestrales y posponiendo el correctivo por inflación. “Es probable que desde este frente sigamos teniendo presiones importantes para la dinámica del IPC”, dijo.

Las pautas del Ejecutivo sugieren ajustes salariales nominales en función de la realidad de cada sector. Para aquellos más dinámicos (crecen por encima de 4% anual) se plantea elevar 10% los salarios el primer año, 9% el segundo y 8% el tercero. En tanto, para aquellas ramas menos dinámicas –que crecen por debajo del 4%–, los ajustes serán de 8,5%, 7,5% y 7%, respectivamente. En los sectores “en dificultades”, los incrementos propuestos son de 8%, 6,5% y 6%. Las autoridades proyectan un descenso gradual de la inflación que cerraría este año en 8,4%, 7,6% el año próximo y 6,3% en 2017.

Negociaciones “en cero”

Hay sectores como la salud privada, bebida, industria metalúrgica, vestimenta, curtiembres y restaurantes y hoteles, que ya comenzaron las negociaciones para renovar los convenios colectivos que vencieron entre junio y agosto. En algunos de estos casos las conversaciones llevan más de un mes sin que se registren avances.

Un ejemplo es el sector de la bebida. El dirigente de la Federación de Obreros de la Bebida (FOEB) Richard Read, dijo a El Observador que las negociaciones “están en cero”. “No hemos avanzado en nada porque no hay voluntad en las empresas. En dos meses hubo solo dos reuniones”, argumentó.

La FOEB planteó “una mixtura” de ajustes semestrales y anuales que al cabo de tres años cuando finalice el convenio reportaría un incremento de salario real de entre 4% y 5% contemplando una tendencia de inflación de 9,5% anual y el cobro de partidas compensatorias. La plataforma también incluye la propuesta de que las empresas financien en parte la construcción de un centro CAIF.

Curtiembres “en problemas”

En la industria del cuero las conversaciones comenzaron el 26 de agosto y ya hubo dos reuniones. La Unión de Obreros Curtidores (UOC) pidió ajustes por inflación más 6% de incremento real en dos años. El pedido fue rechazado por la cámara de la industria que se clasifica como “sector en problemas”. El dirigente de la UOC, Carlos Bico, dijo que “autoclasificarse” como pide el gobierno es “muy complicado” porque la realidad de las empresas “es muy distinta”.

En la industria de la vestimenta también hubo dos reuniones y el panorama no difiere demasiado. El presidente de la cámara, Elbio Fuscaldo, dijo a El Observador que el sector está en “ruinas”. “Es un dato de la realidad. Las exportaciones a Argentina desaparecieron, con Brasil están en vías de extinción y en el mercado local las compras públicas no cumplen las cuotas de reserva”. El sindicato quiere negociar como un sector en condición “media”.

Untmra espera por fondo social

Otros que se aprestan a iniciar la ronda salarial son varios sectores vinculados a la industria del metal, maquinaria y plástico. Antes de pasar a la negociación por rama de las condiciones salariales se definió que se termine de cerrar la conformación de un fondo social con aportes patronales similar al que existe en la industria de la construcción. Además, la Untmra reclamará aumentos anuales de 3 puntos por encima de la inflación para la industria.

http://www.elobservador.com.uy/por-repunte-inflacion-pit-cnt-pedira-correctivo-salarial-anual-n675357

 
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Gobierno rebate el planteo sobre quincemilpesistas del PIT-CNT


El Poder Ejecutivo asegura que 90% de esos trabajadores no son pobres

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En la exposición de motivos del proyecto de ley de Presupuesto Nacional enviado el lunes pasado al Parlamento, el gobierno rebate el planteo del PIT-CNT sobre la cantidad de trabajadores que cobran menos de $ 15 mil pesos al año. Ese grupo de asalariados son casi 40% del toral de los trabajadores en Uruguay.

La central de trabajadores, por medio del Instituto Cuesta Duarte, los bautizó quincemilpesistas y analiza su comportamiento de forma periódica. Primero agrupó a los que recibían menos de $ 10 mil por mes, y desde hace un tiempo subió el listón cinco mil pesos más. Lo hace para plantear las desigualdades que todavía existen en el mercado laboral, a pesar de la baja tasa de desocupación (7,4% en junio, según elInstituto Nacional de Estadística).

Al repasar sus logros, el gobierno dedica en el Presupuesto un capítulo especial para analizar los trabajadores de menores ingresos. Allí toma el concepto de quincemilpesistas y plantea sus matices con el PIT-CNT.

Según el Ejecutivo es cierto que en 2014 fueron 38,8% del total los trabajadores que recibieron un salario mensual por debajo de los $ 15 mil, pero también recuerda que en 2010 ese grupo representaba 54,2% del total de ocupados. Por eso destaca la caída de 24% de los quincemilpesistas en cuatro años.

Para el gobierno “es necesario destacar” que del total de quincemilpesistas (445 mil) estimados en 2014, “cerca de 396.000 de ellos no son pobres, es decir que casi 90% tienen un ingreso per cápita del hogar que se encuentra por encima de la línea de pobreza”. A su vez, como segundo argumento de matiz con la visión del PIT-CNT, la administración de Tabaré Vázquez segura que 56% de ese grupo de trabajadores “no son jefes de hogar”, sino que complementa los ingresos con un cónyuge u otro integrante del hogar.

“En suma, estos trabajadores de bajos ingresos en su amplia mayoría no viven en hogares pobres ni son los principales proveedores del hogar. Sin embargo, presentan una mayor incidencia de informalidad en su trabajo en relación a los trabajadores con ingresos más altos y son mayormente asalariados privados o cuentapropistas.

Del mismo modo, en la exposición de motivos del Presupuesto el gobierno asegura que en el actual período las políticas públicas, “y en especial las políticas sociales, laborales y de capacitación, deberán enfocarse en mejorar los activos materiales e inmateriales para los que tienen menos acceso”.

Alejandra Pico, integrante del Cuesta Duarte, dijo a El Observador que entiende el planteo del gobierno, pero advirtió que la central enfoca su análisis en lo que debería percibir un trabajador según el desempeño de las ramas de actividad. “Nosotros planteamos lo que se paga por 40 horas a un trabajador en una economía muy dinámica”, explicó.

“Consideramos que nuestro enfoque es el adecuado, porque apuntamos a las personas. Buscamos mirar lo que pasa con esa persona, si es razonable que ese tipo de salario, sobre todo en sectores como elcomercio“, insistió Pico.

En el informe de mayo de este año, el Cuesta Duarte indica que “pese al crecimiento ininterrumpido de los salarios reales durante estos últimos 10 años”, las cifras de quincemilpesistas muestran “la magnitud y profundidad de la problemática de los salarios sumergidos, que pese al buen desempeño económico de los últimos años aún persiste en nuestra economía”.

El análisis del instituto concluyó, por otra parte, que en 2014 fueron más de 64.000 los asalariados totales que percibieron un salario mínimo nacional ($ 8960 ese año)o menos, “de los cuales casi la mitad son cotizantes a la seguridad”.

Domésticas y rurales los más sumergidos

“Si bien los salarios sumergidos son un fenómeno extendido a todos los sectores de actividad”, asegura el Cuesta Duarte, hay algunas ramas de actividad cuyos salarios de la mayoría de sus trabajadores está por debajo del umbral estudiado por la central. “Los sectores más afectados son el servicio doméstico con casi 63% de trabajadoras con salarios que no alcanzan los $ 15.000 líquidos, seguidos por el sector rural y el comercio en los cuales la proporción de estos niveles salariales se ubica próxima al 60%. Estos 3 sectores suman más de 233.000 asalariados que padecen esta realidad, casi la mitad de total”, asegura el informe del Cuesta Duarte de mayo de este año. Para solucionarlo, el instituto del PIT-CNT propone incrementar el salario mínimo nacional y aplicar medidas para que suban más los sueldos más sumergidos.

http://www.elobservador.com.uy/gobierno-rebate-el-planteo-quincemilpesistas-del-pit-cnt-n675321

 
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Publicado por en 7 septiembre, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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La transparencia de los partidos políticos está en falta


Pese a las obligaciones, no todos los sectores cumplieron con la ley luego de la campaña

votar

Cuando la euforia de la campaña política se acaba, es el momento en el cual los contadores responsables de las finanzas de los partidos políticos cargan con la mayor responsabilidad: transparentar ante la opinión pública los ingresos y gastos en que incurrió su agrupación durante el período electoral. La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos es estricta –y muy clara– en los lineamientos a seguir, en qué información se debe proporcionar y cómo. Aun así, al igual que en 2009, algunos sectores se saltaron las normas y omitieron entregar información que la ley les obliga sobre sus benefactores.

El procesamiento de la información divulgada por la Corte Electoral y publicada en el Diario Oficial realizado por El Observador sobre las rendiciones de cuentas de las fórmulas electorales y de las listas al Senado para los comicios de octubre, da cuenta de omisiones en algunas de las declaraciones del Frente Amplio y un caso de aportes que se choca con el marco legal en el Partido Colorado.

En el caso del partido en el gobierno, la rendición de cuentas de la lista al Senado del MPP, encabezada por el expresidente y actual senador José Mujica, omite identificar a los donantes nominativos. Según la ley vigente, “las donaciones que reciban los partidos políticos o sectores internos o listas de candidatos a efectos de sus campañas electorales (…) deberán ser siempre nominativas. Se entenderá por tales aquéllas donde queden registrados con toda precisión el nombre y demás datos identificatorios del donante”.

El MPP, en el apartado “Donaciones Nominativas”, en lugar de enumerar cada uno de sus benefactores, publica una única línea que bajo el origen “varios”, carga los $ 2.725.250 recibidos del sector privado. Las donaciones nominativas están comprendidas en el rango entre 4.000 y 300.000 unidades indexadas –entre $ 11.750 y $ 881.220 a la cotización del 31 de octubre–, por debajo de esos montos la ley habilita a realizar “donaciones anónimas” y por encima, queda prohibida cualquier contribución individual.

En el caso de la lista al Senado del Partido Socialista, encabezada por el ahora intendente de Montevideo Daniel Martínez, también se encuentra una única línea, por $ 1.338.765, con la aclaración “se adjunta detalle”. Sin embargo, no hay disponible en la web de la Corte Electoral ni en la publicación en el Diario Oficial ningún documento anexo.

Algo similar sucede en la lista al Senado encabazada por el vicepresidente Raúl Sendic, a la hora de detallar los aportes realizados por miembros elegibles dentro de la lista. En una única línea carga $ 312.451 sin especificar el donante, cuando el modelo de presentación de la rendición de cuentas da espacio para que se enumere cada uno de los contribuyentes individualizados e incluso aclara: “Agregue tantas filas como sea necesario”. En la columna “descripción” de ese único registro, la agrupación de Sendic pone, “según detalle”, pero en ningún lugar del documento público se desarrollan las contribuciones individuales de los candidatos.

También en la lista de Sendic al Senado, a uno de los donantes nominativos se lo identifica como “Rodríguez”, sin mencionar su nombre de pila o cualquier otra referencia que haga posible trazar el origen de su aporte de $ 24.400.

Aportes indebidos
El texto de la ley aprobada en mayo de 2009 por todos los partidos en el Parlamento, establece impedimentos más directos para los casos de donaciones privadas de empresas concesionarias o adjudicatarias de obra pública, de organizaciones delictivas, asociaciones profesionales, gremiales o sindicatos. Tampoco por parte de entidades extranjeras o fundaciones, por parte de personas que estén subordinadas al que recibe el dinero ni de personas públicas no estatales.

La rendición de cuentas del Partido Colorado enumera una a una las contribuciones nominativas que recibió para su campaña. Con fechas 26 de agosto y 29 de setiembre, aparecen dos contribuciones realizadas por “Laboratorios Nacionales”, por $ 48.302 y $49.548, respectivamente.

La Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) es la gremial que nuclea a las principales empresas farmacéuticas con actividades en el país. Algunas de estas firmas aparecen a título individual entre los donantes tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional y la ley las habilita a hacerlo. Sin embargo, en el caso de la ALN, el marco normativo prohibe su contribución a la campaña política. Según establece el artículo 45, “los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente (…) contribuciones o donaciones de asociaciones profesionales, gremiales, sindicales o laborales de cualquier tipo”.

Si bien la ley plantea una serie de prohibiciones a los partidos, pero también abre algunas ventanas para relativizar esos impedimentos. Por ejemplo, impide que los partidos reciban dinero por parte de empresas que tengan contrato de obra pública, pero sí acepta que lo hagan firmas que tengan contratos de servicios públicos u otra clase de concesiones.

Terminales Graneleras Uruguayas (TGU) –que tiene una concesión que no es de obra en el Puerto de Nueva Palmira– y Baluma –dueña de 55% del paquete accionario del hotel Conrad– aparecen entre los donantes. En el primer caso, tanto al Partido Colorado como el Partido Nacional, y en el segundo caso solo a la fórmula encabezada por Luis Lacalle Pou.

Otro caso que, si bien está amparado en la ley, choca con el espíritu de desvincular del financiamiento de los partidos a quienes tienen directamente intereses económicos estrechamente vinculados al Estado, se encuentra dentro del Frente Amplio. Alejandro Ruibal, vicepresidente de Saceem –constructora concesionaria de varias obras públicas– aparece entre los donantes de la lista al Senado del Frente Liber Seregni, encabezada por el ministro de Economía, Danilo Astori. La ley no prohíbe expresamente que empresarios o responsables de empresas concesionarias o adjudicatarias de obra pública realicen donaciones a título personal.

Denuncia 2009
En la campaña de 2009, cuando se aplicó por primera vez la ley de financiamiento de los partidos, se detectaron algunas irregularidades. Tras una investigación del portal Sudestada, algunas firmas que operan en el mercado local resultaron favorecidas con licitaciones millonarias luego de que sus responsables aportaran para las campañas del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Independiente y para Propuesta Batllista (Partido Colorado). Uruguay Transparente –capítulo uruguayo de Transparencia Internacional– presentó denuncia ante la Corte Electoral y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), basado en la investigación de Sudestada.

Concretamente, Eduardo Eurnekian y su hijo Martín (cuyo grupo Puertas del Sur tiene varias concesiones) aportaron a los cuatro partidos políticos más grandes. Por su parte, Tenaris Global Service SA (del grupo Techint, adjudicatario de obra pública) repartió el dinero en partes iguales entre el Frente Amplio y el Partido Nacional.

La Corte Electoral archivó la denuncia de Uruguay Libre, porque esa organización no pudo acreditar su personería jurídica. Sin embargo, la corporación electoral inició una investigación de oficio. Fue así que la Corte intimó a los partidos involucrados, pero ninguno respondió. Tuvo que volver a intimarlos, esa vez bajo apercibimiento, y entonces sí todos enviaron sus respuestas de por qué recibieron ese dinero para financiar sus campañas.

El caso lo tomó la comisión de Asuntos Electorales de la Corte. Según pudo saber El Observador, hasta el viernes no hubo resolución de ese cuerpo. Sin embargo la ministra de la Corte Electoral, Margarita Reyes, estimó que se le dará la razón a los partidos, ya que sus respuestas son razonables. La funcionaria contó a El Observador que los partidos explicaron que las donaciones denunciadas fueron “a título personal” por parte de los empresarios, y en ninguno de los casos superó el monto establecido por la ley.

En su redacción, el artículo 45 de la lay de financiamiento de los partidos dice que no deberán aceptar contribuciones de adjudicatarios o censionarios de obra pública “directa o indirectamente”. Pero los partidos políticos entienden que una donación a título personal del responsable de una empresa, está del todo desvinculada de los intereses de la firma.

El artículo 46 castiga con una multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución irregular aceptada o del gasto no registrado. “Dicho monto podrá ser descontado de los derechos de reposición de los gastos de campaña que pudieren corresponder por su participación en comicios nacionales o departamentales y en las elecciones internas”, agrega la norma. La multa podrá ser de hasta 10 veces el monto recibido o no informado si se violan determinadas disposiciones, como la donación por parte de empresas públicas no estatales.

El juego de la mosqueta

La financiación de los partidos políticos en una campaña electoral es el motivo del breve ensayo titulado Jugando a la mosqueta, del politólogo Daniel Chasquetti publicado en el libro Final abierto, un conjunto de reflexiones teóricas del Instituto de Ciencia Política sobre la campaña electoral 2014, publicado por la editorial Estuario. “La forma en cómo ingresa dinero no solo afecta la equidad de la competencia sino también la legitimidad del régimen democrático”, escribió Chasquetti en uno de los enunciados iniciales del trabajo.

El analista recuerda que Uruguay legisló en 1928 sobre la transferencia de dineros públicos a los partidos en base a los votos obtenidos por cada uno. Pero esto no fue suficiente para que el poder económico se metiera en la campaña. Según Chasquetti, los partidos carecen de voluntad para reunir la información y divulgarla. “Los partidos han creado un sistema donde se publicita poco, se oculta mucho y se dejan muchas cuestiones libradas al azar”, escribe.

http://www.elobservador.com.uy/la-transparencia-los-partidos-politicos-esta-falta-n675319

 
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Publicado por en 7 septiembre, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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