COMISIÓN DE PRENSA Y PROPAGANDA DE AFUSEC
Archivos diarios: 21 septiembre, 2015
Enlentecimiento de la economía pero sin recesión
EL ANÁLISIS
Primer semestre del año retrocedió 0,6% en comparación con el segundo de 2014.
Los resultados de las Cuentas Nacionales al segundo trimestre del año confirman el diagnóstico de un enlentecimiento de la economía uruguaya. Hay sorpresas muy negativas pero que no cambian el diagnóstico, al igual que los desvíos positivos del primer trimestre tampoco movieron mucho el sentir del conjunto de colegas que analiza la coyuntura. El escenario externo es muy complicado, la capacidad de respuesta de la economía es limitada y se enfrentan cuellos de botella que alimentan la expectativa de que las tasas de crecimiento bajen fuertemente hacia un nivel por debajo de la tendencia de largo plazo de aquí al 2016.
Por la violencia del cambio de rumbo que se generó con los últimos datos de los componentes del PIB, y algunos indicadores de avanzada del tercer trimestre, todo parece indicar que el freno se sentirá en una amplitud de sectores o actividades de la economía. De todas formas vale aclarar que no se espera una crisis profunda o una recesión de magnitud. El sentir está más bien dirigido al estancamiento o falta de capacidad para generar crecimiento.
Un elemento puntual que provocó una estadística muy negativa en el segundo trimestre del año es la sequía que sufrió la economía en ese período de tiempo. Esto afectó negativamente la producción de energía eléctrica sobre la base hidráulica que es la que mayor valor agregado tiene y por lo tanto contribuye más al PIB que la generación con combustibles. Hay efectos adicionales de la sequía en la producción agrícola por la soja que no llegó a ser tan dramático y generalizado como parecía en un primer momento, pero que mermó la productividad por hectárea plantada. En la ganadería tampoco se vivieron situaciones dramáticas y el efecto negativo fue limitado.
La variación del PIB en el segundo trimestre en comparación con el mismo período de 2014 fue negativa por primera vez desde la crisis del 2002. La tasa en este caso fue del -0,1% pero, si se excluye de la medición el sector de electricidad, gas y agua, se observa un aumento del 1,5%. Por lo tanto todavía hay números para sostener la esperanza. A pesar de que se encuentren tasas todavía positivas, es cierto que la economía está sometida a una prueba de crisis.
Cuando se analiza la serie desestacionalizada que presenta el BCU, se observa que el segundo trimestre fue inferior en -1,8% al nivel observado en el primer trimestre del año. Es una caída de magnitud, que no solo cambia la tendencia fuertemente, sino que pone en duda lo que pueda ocurrir con todo el año. Al igual que en la comparación con el año anterior, en este caso la incidencia de Electricidad, Gas y Agua es muy fuerte, ya que registra una contracción del -54,5%.
Si se toma el conjunto del primer semestre se relativiza el problema de la sequía y la distorsión que provoca la presencia de los feriados de semana de turismo en los primeros días de abril. En el primer gráfico del cuadro adjunto se ilustran las variaciones desestacionalizadas de cada semestre con el anterior. Es claro el enlentecimiento que viene sufriendo la economía desde mediados del año pasado y cómo en la primera mitad de 2015 se observa por primera vez desde 2012 una tasa negativa.
Uno de los datos que más impactó es la caída en el consumo privado. En el segundo trimestre las estimaciones preliminares señalan una caída del 1,1% respecto al mismo período del año pasado. El contraste con las tasas superiores al 4% anual es visible en el gráfico del medio en el cuadro adjunto. Hay un par de explicaciones para la caída en la estadística del consumo privado. Por un lado, la suba del dólar impactó fuertemente en el consumo de productos importados, sobre todo los de alto valor unitario como automotores y otros bienes duraderos. Si bien se denomina consumo privado, por razones estadísticas incluye algunas variaciones de existencias que no se pueden estimar individualmente. En cuanto aumenta la incertidumbre, suben las tasas de interés y sube el dólar, se procesa un ajuste en stocks por la simple no reposición por parte de los importadores. Tomando en cuenta este efecto, seguramente el consumo privado propiamente dicho no tuvo un impacto negativo tan importante. De todas formas y sin lugar a dudas, hay un enlentecimiento en el consumo privado que posiblemente siga presente en el tercer trimestre.
En el cuadro también se ilustra en la línea de más abajo una evolución reciente del saldo externo de la economía. Se trata de una diferencia entre exportaciones e importaciones considerando los bienes y servicios y midiéndolo en un equivalente a unidades físicas, tal como procede en las cuentas nacionales. El saldo es deficitario y forma parte de uno de los desequilibrios fundamentales de la economía uruguaya. La diferencia se profundizó en los últimos años y desde mediados del año pasado se registra un ajuste hacia el menor nivel de déficit pero con una evolución muy gradual tal como se ilustra en el gráfico.
Mientras los costos en dólares sigan altos y los precios de importación estén bajos, es probable que se mantenga el déficit. El ideal para la economía sería un ajuste gradual hacia menor déficit junto con la baja del valor en dólares de los salarios y otros costos de producción. Si esto no es posible es factible que se sigan acumulando saldos deficitarios, y con ello crecerá la vulnerabilidad de la economía a los shocks negativos externos.
El otro componente importante de la demanda global es la inversión. En el último gráfico del cuadro se presenta la evolución a precios constante y se comprueba que se llegó en los comienzos del 2014 a los niveles máximos y se frenó el crecimiento. La presencia de megaproyectos permitió este ascenso y el desafío para los próximos años estará en sostener con inversiones de empresas o con nuevos megaemprendimientos un nivel de inversiones que asegure el crecimiento futuro y con él la creación de nuevos puestos de trabajo.
http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/enlentecimiento-economia-recesion.html
Hubo el doble de subsidiados por el seguro de enfermedad que en 2010
El gasto creció 16% el el último año; cantidad de beneficiarios se frenó
El año pasado la cantidad de subsidios por enfermedad que otorga el Banco de Previsión Social (BPS) se mantuvo prácticamente igual a la de 2013. Sí se percibió un aumento del gasto total destinado a esta prestación, de acuerdo a los datos que se desprenden del Boletín Estadístico 2015 de esta institución. Desde una perspectiva de más largo plazo, el número de beneficiarios se duplicó durante los últimos cuatro años. El BPS realiza controles periódicos para evitar abusos por parte de los trabajadores certificados y a partir de hoy los duplicará.
Mientras que en 2013 los subsidios habían sido unos 411.600, un año después ese número había crecido un magro 1%, hasta llegar a unos 416.300. En 2010, los subsidios por enfermedad habían sido 223.649.
Por el lado del dinero destinado, en tanto, en 2014 se llegó a $ 3.500 millones en valores corrientes –el equivalente a US$ 181,9 millones de 2014– frente a los $ 2.800 millones pagados en los 12 meses anteriores. Si a esa variación se descuenta la inflación, se trata de un aumento de 15,8% interanual a precios constantes.
Duración. El BPS cubre al trabajador hasta un año por enfermedad, con una prórroga máxima de un año, o dos años alternados dentro de los últimos cuatro por la misma enfermedad.
Requisito. Pueden cobrarlo los trabajadores que hayan cotizado 75 jornales o tres meses en el año inmediato anterior a la enfermedad.
El año 2010 marcó un antes y un después en el terreno de las certificaciones laborales. Ese año se implantó el Sistema Nacional de Certificación Laboral, con el objetivo de generar un procedimiento que permitiera que el trabajador probara su enfermedad de manera más fácil y efectiva, explicó Rosario Oiz, directora del BPS. El hecho de que el procedimiento se volviera automático –el trabajador ya no tiene que dirigirse al BPS sino que su centro médico envía la información a la institución–, agregó, hacía esperar que la cantidad de trabajadores que apelaban a este beneficio trepara.
A esto se sumó durante el periodo pasado una norma que aumentó los topes de cobertura del subsidio por enfermedad, al mismo tiempo que se empezaron a tener en cuenta todas las remuneraciones del trabajador para determinar el monto que le corresponde de subsidio. En promedio, el año pasado el subsidio por enfermedad llegó a $ 8.362.
Todo esto sucedió, además, en años de expansión de la población económicamente activa, por una parte, y de tasa de desempleo en sus mínimos históricos, expresó Oiz, y añadió que ahora se llegó a una meseta.
Cómo fiscalizar
Con el nuevo sistema, el BPS se enfrentó al desafío de cómo fiscalizar si los subsidios estaban siendo entregados de manera correcta. «Para saber, no ya si el volumen de las certificaciones está bien que haya aumentado –porque en realidad tenía que aumentar–, pero sí para controlar que no se abusara del sistema», explicó Oiz.
Para esto, el organismo trazó desde que entró a regir el nuevo sistema en 2010 una estrategia para fiscalizar las certificaciones que terminan convirtiéndose en prestaciones.
De manera mensual, el BPS identifica un grupo de personas que está recibiendo la prestación en ese momento de fiscalización. Para esto, se toman en cuenta de manera especial las certificaciones más largas, explicó la directora. Por una parte, a algunos trabajadores –tanto en Montevideo como en el interior– se les inspecciona su historia clínica.
La otra herramienta de fiscalización –aplicada a personas que hace mucho tiempo que están certificadas por enfermedades, que no parecen requerir de tanto reposo– implica la convocatoria del trabajador a una junta médica en el BPS. Si no acude la primera vez que se lo cita, se lo vuelve a convocar, y si tampoco concurre a esa segunda instancia por razones que no puede justificar, de forma automática se le suspende el pago de la prestación.
El BPS aplica estos controles a poco más de mil personas por mes. Los números muestran, dijo Oiz, que de este total alrededor de 20% está percibiendo el subsidio de manera injustificada y debería volver a su puesto de trabajo.
A partir de hoy aumentará la cantidad de controles, que pasarán a ser más de 2.000 por mes. «Casi duplicamos el volumen de trabajo», indicó Oiz. La directora del BPS sostuvo que «se gasta una cifra importante (en el subsidio por enfermedad). Lo que no compartimos es que todo eso se gaste porque la gente abusa».
En 2014 las autoridades del BPS tuvieron discrepancias respecto a este punto. La representante de las empresas en el directorio del BPS, Elvira Domínguez, había sostenido en setiembre del año pasado que el organismo perdía US$ 5 millones por mes debido a certificaciones falsas presentadas por trabajadores que no padecían la enfermedad que alegaban. En ese momento, el presidente del BPS, Heber Galli, salió a negar estas afirmaciones.
Evitando las situaciones indebidas
En los últimos meses, el BPS ha empezado a analizar dos aspectos. Por una parte, si hay trabajadores que con cierta periodicidad se certifican «por alguna enfermedad que no amerite que todos los meses tenga tantos días de licencia», explicó Oiz. Algunas de estas situaciones se han detectado, agregó, y en estos casos se recurre a una junta médica. Además, se empezó a monitorear si hay médicos con una «cantidad inusual» de certificaciones.
Asimismo, el BPS está estudiando otras opciones con el objetivo de mejorar la fiscalización. Por este motivo, considera cuál sería la muestra estadísticamente representativa a alcanzar para controlar de manera más eficiente si las personas certificadas están actuando de buena fe.
http://www.elobservador.com.uy/hubo-el-doble-subsidiados-el-seguro-enfermedad-que-2010-n679131
Estudiantes siguen ocupando la sede del Codicen
RECLAMAN UN MENSAJE COMPLEMENTARIO; EL GOBIERNO NO LO ENVIÓ
Un grupo de estudiantes de Secundaria agremiados en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media (CEEM), junto a los gremios de los liceos Miranda y Bauzá, están ocupando las oficinas del Codicen.
La sede del Codicen fue ocupada por estudiantes. Foto: Archivo El País
Horas antes, los gremios habían publicado a través de su página de Facebook que el viernes se presentaron en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), «exigiendo a las autoridades del mismo una mesa de negociación para solicitar el pedido complementario al Poder Ejecutivo, que habilitaría a destinar un mayor presupuesto para la educación pública». Los estudiantes sostienen que la mesa de negociación solicitada «fue negada, con amenazas de desalojo por la fuerza a la delegación que nos representaba». El gobierno siempre dejó claro que no tenía intención de enviar ningún mensaje complementario al Presupuesto. De hecho, ayer venció el plazo legal para hacerlo.
Los estudiantes señalaron que «por este motivo y porque en días anteriores participamos de una mesa de representación con el Codicen, donde se comprometieron a establecer un contacto con las autoridades del MEF, compromiso no cumplido» ocupan la sede del organismo, en reclamo de «una instancia de negociación».
«Indignados por el poco interés» en atender sus reclamos, los estudiantes decidieron ocupar las oficinas «por tiempo indeterminado», explicaron los estudiantes.
Aunque van más de 36 horas de ocupación, los estudiantes siguen sin obtener una instancia de diálogo y las autoridades les ordenaron desalojar el edificio, pero, según aseguraron, lograron evitarlo «gracias a la ayuda de docentes, sindicatos de la educación, organizaciones sociales, gremios estudiantiles, madres y padres».
El gobierno quiere que se recuperen las clases perdidas por el prolongado conflicto de la educación que afectó a escuelas y liceos. En al menos cuatro liceos montevideanos se extenderán los cursos, confirmó Secundaria ayer.
http://www.elpais.com.uy/informacion/estudiantes-siguen-ocupando-sede-codicen.html
Polémica por 50% militares de menos
PRESUPUESTO ELIMINA VACANTES DE SOLDADO PARA DAR AUMENTO DE $ 1.000 MÁS AL MES
Por tercer gobierno consecutivo, el Frente Amplio relega a los militares en materia presupuestal y asigna prioridad a la Policía.
Con la propuesta presupuestal bajará notoriamente la cantidad de efectivos. Foto: F. Ponzetto
Incluso, en la ley de Presupuesto a estudio del Parlamento, se dispone la eliminación del 50% de las vacantes de soldado, lo que a juicio de la oposición terminará afectando el funcionamiento de las Fuerzas Armadas que solo con la mitad de su personal no tendrán más remedio que suprimir unidades, e incluso se afectará su presencia en las misiones de paz de la ONU.
Aunque la idea del ministerio es que no se resientan los servicios con las vacantes suprimidas mes a mes, los números oficiales hablan por sí: solo en el Ejército, que tiene la mayor cantidad de soldados, por año se generan 1.300 vacantes.
Con esa misma relación de rebaja de marineros, la Armada va a tener que custodiar no sólo las 350 millas a las que va a extenderse el territorio marítimo (82.000 kilómetros cuadrados más que hoy) y la responsabilidad del país por accidentes que ocurran hasta la mitad del océano Atlántico, sino también la regasificadora y las posibles plataformas en busca de petróleo.
Semanas antes de ser enviado el Presupuesto al Parlamento, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro había dicho a El País que estaba «trabajando» con Economía, y que le había pedido apoyo al presidente Tabaré Vázquez para mejorar los sueldos de los militares porque eran «miserables».
Hoy un soldado o marinero gana $ 11.923 líquidos por mes y un policía que recién ingresa cobra $ 29.000. Con la reducción de la mitad de las vacantes que el Ministerio de Defensa propone al Parlamento en la ley de Presupuesto, habrá muchos menos soldados y marineros, y a los que se queden el ministerio conseguirá pagarle apenas $ 1.000 más por mes.
La información fue proporcionada en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes por el subsecretario de Defensa Jorge Menéndez y otros jerarcas de la cartera cuando comparecieran a defender la propuesta del Ejecutivo.
Menéndez informó que actualmente, el gasto presupuestal en Defensa es de 0,95% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir que está por debajo de la media de América del Sur, que está en 1,1%.
Menéndez indicó que hoy un soldado de primera está ganando en la mano $ 11.923; un aprendiz $ 4.840; un cabo de primera $ 15.759; un cabo de segunda $ 13.000. De acuerdo a un artículo del Presupuesto, el soldado de primera pasará a ganar $ 13.176; el cabo de segunda a $ 14.239 y el cabo de primera a $ 16.415 líquidos.
Seguro de paro.
Las diferencias notorias entre lo que gana un soldado y un agente policial despertaron un debate en la comisión e incluso sobre qué Fuerzas Armadas debe tener un país sin hipótesis de conflicto con otros Estados. Por ejemplo, el nacionalista Gustavo Penadés rechazó que la propuesta supresión del 50% de las vacantes sea «una variable de ajuste» para mejorar en algo los salarios de los subalternos «que se quedan», al tiempo que demandó «una decisión de carácter político para definir qué rol de las Fuerzas Armadas tenemos».
Le respondió el frenteamplista Jorge Pozzi, que recordó que «en ningún momento» el Frente Amplio fijó a la defensa nacional como prioridad presupuestal y, a pesar de ello, «eso fue avalado por la ciudadanía mediante el voto».
Descartó «una acción deliberada» del Frente «para el ataque, la destrucción o la desaparición de las Fuerzas Armadas».
Mario Ayala, del Partido Nacional, aportó otro enfoque: «creo que se da esto porque las Fuerzas Armadas tienen una muy mala opinión pública, producto de una campaña de muchísimos años de desprestigio y de ataque. Todavía hoy sigue recibiendo un ataque sistemático de ciertos sectores sociales o políticos que han debilitado su imagen», dijo.
Su colega oficialista Gonzalo Mujica, arremetió contra la propuesta oficial al afirmar que «no me gusta que se supriman plazas para mejorar salarios; me gustaría que se mejoraran salarios como tratamos de hacerlo con la enseñanza, la salud, la policía».
Añadió que «el desprestigio lo tienen por lo que hicieron y de eso se tienen que hacer cargo siempre. Va a haber un oficial de las Fuerzas Armadas dentro de 20 años que va a tener que explicar por qué su institución reprimió a su pueblo en la década del setenta».
Dijo que a los militares se los trata «lo mejor que se puede con los recursos que se tienen».
Intervino entonces Hernán Planchón, número tres de Defensa, para decir que «cuando la construcción crece o cuando hay algún emprendimiento, como Montes del Plata, el personal militar pide la baja y se va a esos lugares donde se les paga mejor. Pero cuando hay una retracción económica hay lista de espera en nuestros cuarteles».
Por eso definió la situación de empleo en las Fuerzas Armadas como «una forma de seguro de paro».
Ángel Sánchez, jefe de Recursos Humanos del MDN, informó que «por año se generan 1.300 vacantes» en las Fuerzas Armadas.
http://www.elpais.com.uy/informacion/polemica-militares-menos-ley-presupuesto.html
Ancap sigue perdiendo: ya gastó US$ 8 millones en un remolcador
LA EMPRESA LO DEBE ALQUILAR POR FALLA EN LA CONSTRUCCIÓN, SOSTUVO DELGADO
El 10 de mayo de 2013, hace más de dos años, la Armada botó el remolcador empujador «Ky Chororo», construido junto con dos barcazas a pedido de Ancap, por US$ 12,5 millones.
Según informó en su momento la Presidencia, el navío permitiría generar un ahorro de US$ 300.000 por mes a la empresa petrolera. Pero lejos de cumplir con su objetivo, el remolcador nunca funcionó porque tiene errores técnicos graves: el ruido que genera su motor no está aislado y en consecuencia no se puede estar dentro de él.
Eso ha hecho que Ancap pagara a una empresa privada el alquiler de una embarcación similar para el traslado de materiales por US$ 4 millones entre 2010 y 2012, y otros US$ 4 millones desde que el remolcador, cuyo nombre rememora una pieza musical del poeta y cantor sanducero Aníbal Sampayo, fuera inaugurado en una ceremonia oficial por las autoridades de Ancap y el entonces presidente José Mujica.
En el momento de su inauguración, el entonces presidente del ente petrolero Raúl Sendic destacó que la embarcación significaba «un estímulo a la construcción naval en el Uruguay», al tiempo que subrayó «la captación de mano de obra calificada».
El negocio de la adquisición del remolcador y las dos barcazas forma parte del séptimo capítulo de denuncias presentado a la comisión investigadora del Senado sobre la gestión de Ancap por el senador nacionalista Álvaro Delgado, y en función del cual el Partido Nacional promoverá la comparecencia ante la comisión legislativa del jefe de la Armada, almirante Leonardo Alonso.
Inclusive, el actual presidente de Ancap, José Coya, explicó en agosto ante la comisión investigadora que por la imposibilidad de utilización del remolcador «Ky Chororo», Ancap decidió suspender las últimas cuotas que restaba abonarle a la fuerza naval.
Además han existido dificultades para acordar las condiciones de trabajo entre Ancap y el sindicato de trabajadores Fancap, que ha sido muy crítico con este negocio de la petrolera. Algunas fuentes sindicales indicaron a El País que antes de su botadura hubo que hacer reformas en el barco para agregar una cama adicional porque el sindicato exigió un tripulante más al planificado originalmente.
Para el sindicato es igualmente grave que mientras el «Ky Chororo» no navega, Ancap debe seguir arrendando a la empresa Nautimill S.A. otro remolcador por el que ha pagado varios millones de dólares. «La empresa que alquila el barco cobró más de US$ 4 millones entre 2013 y 2014, y ya había cobrado otros US$ 4 millones entre 2010 y 2012», dijeron los informantes.
El remolcador fue construido por el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamentos de la Armada (SCRA) en conjunto con empresas privadas vinculadas a la electrónica, hidráulica y carpintería.
La embarcación, junto a las barcazas del organismo «Garzas Viajeras», botada en septiembre de 2010, y «Río de los Pájaros», bautizada en mayo de 2011, debía transportar naftas, gasoil, etanol y biodiesel entre los puertos de Paysandú, Nueva Palmira y la Terminal de La Teja, a partir del mes de julio de 2013.
Los nombres de las dos barcazas aluden también a dos composiciones de Sampayo, lo cual evidencia que en el directorio de Ancap había una clara preferencia por el compositor.
http://www.elpais.com.uy/informacion/ancap-sigue-perdiendo-ya-gasto.html
Sector plástico jaqueado por costos y baja competitividad
PREOCUPACIÓN INDUSTRIAL POR FÁBRICAS CERRADAS E IMPORTACIÓN SIN CONTROLES
Varios factores se conjugan para que la industria plástica se encuentre en una situación delicada. Los industriales enumeran la pérdida de competitividad, empresas cerradas, aumentos salariales muy fuertes y una poca colaboración del gobierno al sector como los principales componentes de un escenario sombrío.
Un documento elaborado por la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP) al que accedió El País, señaló que el sector está compuesto —entre un 85% a 90%— por pequeñas y medianas empresas donde se observan diferentes situaciones económicas, productivas y de mercado.
El escrito sostuvo que las importaciones llegadas a Uruguay desde China, India y otros países asiáticos, la crisis europea, los impactos de la crisis regional y las medidas restrictivas al comercio aplicadas por el gobierno argentino en los últimos años colocan a la industria en «un estado de gran incertidumbre y futuro incierto».
La gremial afirmó que la mayoría de las empresas del sector sufrieron un marcado descenso en su rentabilidad por factores externos e internos.
Y allí señala también la falta de control de calidad a esas importaciones asiáticas y el aumento de los costos internos en la producción como la mano de obra o las tarifas de energía y otros servicios públicos, como principales aspectos que perjudicaron a las empresas a nivel interno.
Escenario.
Según datos de la Unión de Exportadores (UEU), el rubro «plásticos y manufacturas» tuvo una caída de las exportaciones medidas en dólares de 3,3% el año pasado en comparación con 2013.
A su vez, en el acumulado de los primeros ocho meses del año las ventas externas descendieron 14,6% en relación al mismo período de 2014. La industria fue de las que más sintió el impacto de las restricciones del gobierno argentino a las importaciones.
Por otra parte, el estudio de la AUIP analizó las remuneraciones salariales del sector entre 2005 (cuando en el primer gobierno de Tabaré Vázquez se reinstalaron los Consejos de Salarios) hasta 2014. Allí, el porcentaje de aumento promedio del salario real en el período fue de 82,4%.
La gremial también dedicó un capítulo sobre el cierre de empresas. Para hacerlo, realizó un relevamiento entre las 65 empresas que forman parte de la cámara. De esas 65, entre 2011 y este año dejaron de funcionar 18 fábricas.
El cierre dejó sin trabajo a aproximadamente 800 personas de la industria. Los principales motivos que expresaron las empresas para el cese de actividad fueron el endeudamiento, las dificultades económicas, una muy baja rentabilidad y la pérdida de competitividad en el mercado interno.
Otro comparativo que efectuó la AUIP fue sobre la evolución de la tarifa de energía eléctrica entre 2005 y 2014.
Tomando como fuente a UTE, la gremial concluyó que los medianos consumidores conectados a baja tensión tuvieron un aumento en la tarifa medido en dólares de 105%; para los grandes consumidores conectados a baja tensión la suba fue de 142%, y a los grandes consumidores conectados a media tensión se les aplicó un incremento tarifario de 141% en ese período.
La presidenta de la AUIP, Esperanza Romaris, dijo a El País que «si el gobierno no hace nada, la perspectiva para la industria plástica es bastante negativa».
Una de las principales preocupaciones de los industriales del sector es la falta de control en el ingreso de productos importados, algo que no ocurre cuando los artículos locales salen al exterior.
Ejemplificó con las ventas hacia Argentina, destino a donde su empresa exportó el año pasado conservadores plásticos para alimentos.
«Para hacer la exportación tuve que sacar un certificado del producto por un laboratorio reconocido en Uruguay, que fue el LATU. El estudio se realiza sobre el producto y sobre el color del producto. Eso se tiene que mandar al importador. Al recibirlo, el comprador lo presenta al Instituto Nacional de Alimentación de Argentina y ellos dan el visto bueno para que se pueda exportar».
Ese es el primer paso, pero los controles siguen. «Cuando llega la mercadería a Argentina va a un depósito fiscal que lo paga el importador. Ahí va de nuevo el Instituto Nacional de Alimentación y levanta muestras para verificar que coincida con el certificado del LATU. Después de esa verificación habilita a la Aduana para que se pueda liberar la mercadería del depósito», explicó.
«Así hacen, con esos controles, que no entren artículos de China o de otros mercados de Asia que no cumplen con exigencias de calidad. Acá, en Uruguay, no se hace nada de eso. Hay cero control de todo lo que entra importado al país», afirmó Romaris.
Esa falta de controles es que permite el ingreso de artículos plásticos que compiten deslealmente con los de producción nacional, aseguran los industriales. «Necesitamos que se haga algo; los industriales estamos cansados de reuniones. Se están cerrando fábricas; perdiendo puestos de trabajo», sostuvo. Como una medida que ayude al sector plástico en el mercado interno, los propietarios solicitan al gobierno que un porcentaje de las compras estatales —el 30%— se le realice a la industria nacional.
Exoneraciones y aportes al BPS
La Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP) también planteó otra serie de medidas que colaboren a paliar la pérdida de competitividad del sector. Entre ellas destacó una exoneración del IVA y su anticipo de 10% para las empresas industriales que importen materia prima.
También pidió que se establezca para esas compras una tarifa portuaria mínima. Además, reclamó la «adecuación» de los aportes patronales a la seguridad social de «forma tal que los mismos sean un aporte al financiamiento de las cargas públicas y no un lastre al desarrollo productivo, económico y social del país». La reducción de los aportes patronales ha sido reclamado por la industria en general en los últimos tiempos, pero la solicitud no ha tenido eco en el gobierno.
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/sector-plastico-jaqueado-costos-baja.html
Si se quejan es porque no quieren que alguien oficial tenga precio testigo.
EL SECTOR PRIVADO CREE QUE UNA EMPRESA PÚBLICA SE RESERVARÍA MERCADO
Constructores inquietos por posible competencia estatal
La idea impulsada por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de que se cree una empresa pública que se encargue de realizar la mayor parte de las obras para el Estado que sean medianas y pequeñas, no cayó bien en la Cámara de la Construcción que la percibe como una iniciativa que agranda el Estado y que puede crear una potencial competencia que podría contar con ventajas indebidas.
Se busca crear empresa que construya y refaccione centros educativos estatales.
El director de Arquitectura, Daoiz Uriarte, había dicho a El País que el proyecto de ley está «prácticamente pronto» y se presentará este año para su consideración parlamentaria.
«Hay que entender que el Estado tiene necesidad de hacer obras de urgencia y el sector privado no siempre da respuestas acordes a las necesidades del momento. La empresa privada, por sobre todas las cosas, debe trabajar para los privados y no vivir de lo público», argumentó el funcionario. La idea del ministerio es que esa empresa actúe como «ente testigo» en las licitaciones públicas. Uriarte también argumentó que las direcciones ministeriales no pueden pagar horas extra, lo que conspira contra sus posibilidades de entregar obras en tiempo. Esa dificultad se subsanaría con la creación de una empresa pública.
Objeciones.
Pero Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción, dijo a El País que ha propuesto a cuatro gobiernos distintos analizar con la cátedra de Costos de la Facultad de Ingeniería estatal la composición de los costos en la obra pública, pero que el planteo siempre fue rechazado. «Se dice que los privados cobran mucho y bla, bla, pero nunca se pudo hacer una radiografía. Hay que ver el proyecto final (de creación de la empresa pública) pero parece haber una vocación muy clara de ir contra las empresas medianas y pequeñas que hacen obra pública», sostuvo Otegui. Y mostró su inquietud por la posibilidad de que al sector privado le aparezca una competencia que no tenga costos transparentes, que tenga una «reserva de mercado» y cuyas pérdidas queden diluidas y absorbidas por las cuentas generales del Estado. «Por el contrario, si el privado pierde, quiebra», señaló Otegui.
El empresario, que preside la gremial más vinculada a la obra pública, recordó que la «idea no es novedosa» en la medida que ya existió algo similar a lo que ahora se pretende recrear en la Corporación Nacional de Desarrollo hasta 2002, y ese organismo debió ser liquidado. Para Otegui, la creación de una nueva empresa pública, «es desacertada». «Los grandes proyectos de infraestructura, los medianos y los chicos los hicieron los privados que están en todas las canchas», sostuvo Otegui.
El empresario explicó que la construcción en Uruguay tiene tres grandes motores, todos necesarios. El 47% aproximadamente de la actividad la explica la obra realizada por privados que no tiene destino de vivienda, algo más de 26% la obra pública y el resto corresponde a los proyectos inmobiliarios privados. En los últimos 26 meses se perdieron 19.000 empleos en la construcción y la situación se mantendrá parecida en lo que falta del año y parte de 2016 porque los tres «motores» se han desacelerado. Aunque para Otegui Uruguay está «muy lejos» de la crisis de 2002, debe trabajarse en la mejora de la competitividad y de los costos internos y en una mayor inserción internacional. La creación de una empresa pública de la construcción, insistió, puede afectar en este contexto a medianas y pequeñas empresas.
Además, Otegui advirtió que si bien son bienvenidos los anuncios de inversiones en infraestructura por más de US$12.000 millones (un tercio provistos por el sector privado) debe considerarse, con respecto a los fondos estatales, que estos dependen de la votación del Presupuesto Nacional, por lo que hasta ahora «no son más que una intención razonable». Y los recursos privados se canalizarán a obras en la medida que se perfeccione el actual marco legal de los proyectos «público- privados».
«El crecimiento de un país no necesariamente tiene techo, pero también (cuando decrece) es difícil encontrar el piso», advirtió el empresario.
Otro elemento que maneja el Ministerio de Transporte para impulsar la nueva empresa pública es que hay obras que no resultan atractivas para el sector privado. Entre ellas Uriarte mencionó el mantenimiento patrimonial del Estado. La nueva empresa pondrá énfasis en la construcción o refacción de centros de estudio en todo el país. Otra posible obra sería la construcción de un centro modelo para la reclusión de jóvenes infractores para el Inau.
«No creo que alguien pueda sentir que le robamos un pedacito del mercado», consideró Uriarte. En principio la idea no es competir con privados en algo que no sea obra pública, salvo «en alguna actividad de interés social que involucre al patrimonio nacional y en la que la participación sea accesoria», explicó.
El sindicato de la Construcción (Sunca) ve, a priori, con buenos ojos la iniciativa gubernamental aunque no fue consultado. Daniel Diverio, dirigente del sindicato e integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, consideró que la iniciativa «es interesante porque en general los entes testigos ayudan». Según el sindicalista, «pueden ayudar a mejorar los precios porque, sobre todo en la vialidad, hay un grupo de 4 o 5 empresas que son un casi monopolio y es complicado».
Lejos del pico de ocupación
El sindicato de la construcción reconoce que hay una pérdida de fuentes de trabajo en el sector de por lo menos 10.000 empleos. Daniel Diverio, dirigente del Sunca, comentó a El País que en noviembre del año pasado había 65.700 trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social y que a mayo pasado esa cantidad se había reducido a 55.000.
«La construcción tuvo históricamente de promedio entre 35.000 y 40.000 empleados y sabíamos que era muy complicado mantener el nivel excepcional al que se llegó en 2013 de 68.000 personas. Pero nos preocupa que haya alternativas para quienes habían comenzado a trabajar en la construcción y que provenían del comercio o de la industria textil donde ganaban $10.000», dijo el sindicalista.
http://www.elpais.com.uy/informacion/constructores-inquietos-posible-competencia-estatal.html
A.FU.SEC. 