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Judiciales en estado de alerta “ante avasallamiento del Estado”

18 Nov

Cientos de trabajadores judiciales se concentraron hoy miércoles 16 en la Plaza Libertad y luego marcharon hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde se informó que se declaraban en estado alerta “ante el avasallamiento del Estado, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y el incumplimiento de la sentencia judicial”.

judiciales

A medida que los funcionarios marchaban con sus banderas y reclamos se iban sumando más personas. La certeza del “justo reclamo” es muy sentida por los trabajadores y la larga lucha en varios ámbitos, incluido el judicial, finalmente dio sus frutos: se reconoció la deuda.

Se recordó durante el acto que el 30 de marzo del corriente se dio a conocer una sentencia, luego de todo un proceso de liquidación y de estudio, del Juzgado Civil. Este escrito fue enviado al MEF y en el mismo se solicitaba el depósito de los haberes adeudados a los trabajadores del poder judicial.

“Desde esa fecha hasta ahora ninguna autoridad de gobierno nos ha comunicado nada sobre el pago de esa deuda. Por eso afirmamos que  las sentencias judiciales deben cumplirse. Basta de dilatorias”, le informó al Portal Carlos Fessler, Secretario General de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU)”.

PROCLAMA

“Los trabajadores judiciales recorrimos un largo camino en nuestra pretensión de que se cumpla con lo dispuesto por ley.

Actuamoscon enorme paciencia y responsabilidad por la importancia social de las tareas que desempeñamos, evitando generar perjuicios a la población, en particular a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En el año 2010, el Parlamento incluyó en el Presupuesto Nacional, la equiparación de las remuneraciones de los Ministros con la de los Senadores de la República. Esta decisión determinó el incremento salarial de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y por las normas que regulan la escala salarial del Poder Judicial, el aumento de sueldos para todos sus funcionarios.

Posiblemente la ley votada por los parlamentarios tuviera como único objetivo beneficiar a algunos Ministros y cargos de confianza. Quizás fue así, pero también llevó justicia para los trabajadores de uno de los sectores más rezagados del Estado en materia salarial.

Cuando el sistema político, incapaz de resolver sus conflictos recurre al Poder Judicial, cuando se votan códigos y normas que pretenden soluciones casi mágicas a los problemas sociales y de seguridad, sin la asignación de los recursos necesarios, es el propio Estado que promulgando leyes inconstitucionales busca dilatar el cumplimiento de las sentencias judiciales socavando el estado de Derecho.

Desde de abril de 2011, el gobierno nacional, a través de sus representantes en el Parlamento, aprobó un conjunto de normas inconstitucionales desconociendo los derechos de los trabajadores del Estado, en particular de los judiciales. El peso del aparato estatal, se puso al servicio de ese objetivo.

Esta situación, que no admitió espacios de diálogo por parte del gobierno, llevó a los trabajadores judiciales al único camino posible, confiar en la Justicia e iniciar una demanda contra el Estado, reclamando a la Suprema Corte de Justicia el cumplimiento de la ley.

A finales del 2014, el gobierno quiso imponer una “solución” legislativa, que fue declarada parcialmente inconstitucional en el año 2015. Esto abrió un espacio de trabajo que permitió la firma de un convenio con el Poder Ejecutivo, acordándose la conformación de un futuro  ámbito para la discusión y búsqueda de soluciones a los temas pendientes, lo que no se concretó.

En marzo de este año, el juicio llegó a su fin y los trabajadores obtuvimos una sentencia favorable a nuestro reclamo. El Estado fue condenado y tras una trabajosa liquidación, el pasado 28 de setiembre, el Juzgado Civil de 19° Turno, ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas el depósito de los haberes de los reclamantes y el cumplimiento de la sentencia que también contiene una “condena a futuro”, disponiendo se proceda a la adecuación salarial establecida en la Ley de Presupuesto del año 2010.

La Suprema Corte de Justicia, en nota remitida al Ministro de Economía, solicitó los créditos necesarios para cumplir con lo ordenado en la sentencia.

Ante el silencio oficial, la Asociación de Funcionarios Judiciales, solicitó al Ministerio de Trabajo, se convoque al ámbito acordado, para que el Poder Ejecutivo se exprese sobre el cumplimiento de la sentencia judicial.

Dicha reunión tuvo lugar el pasado 20 de octubre, participando el Ministro de Trabajo por el Poder Ejecutivo, con la notoria ausencia del Ministerio de Economía. En la instancia, el Ministro escuchó el planteo de las gremiales y solicitó una nueva reunión en un plazo de 15 días ya que el Presidente de la República no se encontraba en el país.

Cuando la Justicia uruguaya es reconocida internacionalmente por su transparencia, ocupando el primer lugar en Latinoamérica, siendo esto motivo de orgullo para el país, el Poder Ejecutivo desconoce con su actitud el derecho y el valor de los trabajadores de la Justicia

En la tarde de ayer, y sin que nos llamara a sorpresa, tomamos conocimiento de que el Ministerio de Economía comunicó a la Suprema Corte de Justicia, que por tratarse de una sentencia que refiere a sumas derivadas de diferencias salariales, utilizará el procedimiento establecido en el art. 733.

El mismo artículo 733, que votado el año pasado en la ley de presupuesto, colocó al Estado como un deudor privilegiado que por su sola voluntad, desconociendo el principio de igualdad consagrado constitucionalmente y la separación de poderes,  puede determinar cuándo y cómo pagará a los trabajadores los derechos reconocidos por la Justicia.

El mismo artículo que hemos recurrido por inconstitucional y que la Central de Trabajadores denunció en la OIT por contravenir los más elementales derechos del trabajo

Esta práctica ha sido la constante en todo este proceso,  legislar para dilatar la justicia de nuestro reclamo.

Frente a esta situación: Los trabajadores judiciales nos declaramos en estado alerta ante el avasallamiento del Estado, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores  y el incumplimiento de la sentencia judicial.

Las Sentencias judiciales deben cumplirse. Basta de dilatorias”.

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Publicado por en 18 noviembre, 2016 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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