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ACUERDO EN DEBATE Fin del conflicto salarial de judiciales aún está en duda Ejecutivo hizo propuesta a funcionarios, pero no todos están de acuerdo.

03 Feb

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Los funcionarios tienen a su favor una sentencia de inconstitucionalidad. Foto: F. Flores

Somos muy optimistas que este larguísimo diferendo salarial se pueda terminar al inicio de este año”, dijo el presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, ilusionado al asumir esta semana en referencia al viejo problema que suscitó el artículo de la ley de Presupuesto del año 2010 que “enganchó” las remuneraciones de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia con las de los ministros de Estado y los legisladores. Sin embargo el fin del conflicto todavía está por verse.

Todos los colectivos han llegado a un acuerdo salvo los funcionarios judiciales y los actuarios.

El lunes se reunió la Asociación de Funcionarios Judiciales con el ministro de Trabajo Ernesto Murro, el director de Trabajo, Juan Castillo y el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri. Allí el Ejecutivo volvió a plantear que le es imposible pagar el 100% de lo que establece la sentencia por razones económicas, pero ofreció (luego de dos propuestas que habían sido rechazadas) una adecuación salarial de un 15,76% en lugar del 21,06% que surge de la liquidación original, según comunicó la Asociación.

A su vez, en cuanto a la deuda generada desde el 23 de diciembre 2012 hasta el 31 de diciembre pasado —que suma unos US$ 35 millones— se propuso pagar entorno al 70% del monto total.

La propuesta resultó ser mejor que la planteada a jueces, fiscales y defensores, pero el visto bueno no está asegurado.

El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Carlos Fessler, dijo a El País que “hay gente que considera que la propuesta es razonable para encontrar definitivamente una solución y otros compañeros que no”, por lo que la resolución final quedará a la espera de la “discusión que se dé entre los compañeros en la asamblea” que se realizará el próximo miércoles. En total son 3.800 funcionarios los afectados por la resolución.

Según planteó el Ejecutivo, “solamente percibirán este incremento y el pago de lo adeudado quienes adhieran expresamente al convenio que se firmará si la asamblea lo aprueba”, informó la Asociación.

La carta bajo el brazo que tienen los funcionarios es que tienen a su favor una sentencia judicial que no tenía ninguno de los otros colectivos. En la misma se estableció la forma de liquidación, pero no se contempló los derechos que se pudieran haber generado entre abril del 2011 y diciembre de 2012.

Acuerdo.

El resto de los involucrados en el conflicto acordaron sobre fin del año pasado. Precisamente, el lunes pasado el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que procura “brindar una solución definitiva al diferendo público de naturaleza salarial que se mantiene con los diversos colectivos del Poder Judicial, magistrados de la Fiscalía General de la Nación y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. El miércoles el Senado tratará el proyecto.

Todos los cargos y escalafones del Poder Judicial y cargos equiparados ya tuvieron en 2015 una partida por única vez con un incremento salarial de un 7,76%.

El proyecto de ley ahora estableció un pago por única vez a realizarse en tres cuotas anuales y consecutivas y un aumento permanente en las remuneraciones a realizarse en dos etapas entre 2017 y 2018. Como requisito de los convenios, el Ejecutivo estableció que debía tener una adhesión mínima del 80% de los involucrados. Pero también incluyó un plazo perentorio de 30 días a partir de la promulgación de la ley para que puedan adherirse nuevos funcionarios con el fin de alcanzar un mayor número de potenciales adhesiones.

La Asociación de Magistrados del Uruguay firmó su acuerdo en diciembre pasado con un 93% de adhesión desestimando otras acciones judiciales. El acuerdo en este caso fue una adecuación de 14% a pagar en dos cuotas en 2017 y 2018 y la mitad de las diferencias acumuladas a pagar en tres cuotas anuales: marzo 2017, enero 2018 y enero 2019.

En el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Fiscalía la adhesión superó el 85% y entre Defensores hubo un 82%, dijo Chediak, quien también sostuvo esta semana que “esperamos una solución (del resto de los colectivos) porque es una amenaza, una espada de Damocles porque sin los técnicos no podemos poner en práctica el Código de Proceso Penal”.

Las claves del “enganche” salarial.

En el año 2010, el Poder Ejecutivo del presidente José Mujica quiso mejorar las remuneraciones de los secretarios de Estado y las equiparó a través del artículo 64 del Presupuesto con las de los legisladores. La redacción dada a la norma dejó abierta la posibilidad de que el aumento (26%) también incluyera a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. A su vez, en el Poder Judicial, por ley, los jueces deben ganar un porcentaje del salario de los ministros de la SCJ. Lo mismo ocurre con los funcionarios administrativos y profesionales que no tienen la calidad de magistrados (actuarios, peritos, defensores de oficio, etcétera), que están “enganchados” al sueldo de los integrantes de la SCJ. Otras normas también vinculan los salarios de los funcionarios de las fiscalías, los de los distintos registros y los de la Procuraduría General de la Nación.

El Poder Legislativo aprobó una ley interpretativa en la que estableció que los aumentos regían solamente para los ministros del Poder Ejecutivo. Esa norma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y comenzaron entonces los reclamos judiciales.

http://www.elpais.com.uy/informacion/conflicto-salarial-judiciales-aun-duda.html

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Publicado por en 3 febrero, 2017 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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