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Gobierno interviene para que se apruebe nueva ley de violencia doméstica. Ingresó al Parlamento hace casi un año y se trataron menos de 20 de los 103 artículos que tiene; legisladores lo atribuyen a la complejidad de la norma

23 Feb

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Veintinueve en 2015 y seis en lo que va de 2016, a las que se suman dos casos que son investigados por la Justicia. Esa es la cantidad de mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas desde que el 29 de diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que agrava penas a quienes matan a mujeres por razones de género. Casi cuatro meses después, el 11 de abril de 2016, se presentó un proyecto integral para “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género” que comenzó a ser estudiado en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado.
De esa fecha a esta parte, donde fueron más de 30 los feminicidios, de los 103 artículos que tiene el documento los parlamentarios analizaron menos de 20. La principal razón de la demora es que al tratarse de un proyecto integral se abordan diferentes aspectos, que van desde lo preventivo, a lo penal, pasando por el acceso a la salud y la educación. La senadora nacionalista Verónica Alonso, integrante de la comisión que tiene a estudio el proyecto, indicó a El Observador que se estuvo trabajando a lo largo de 2016 y la idea es volver a tratarlo en marzo, cuando se retoma el funcionamiento normal de las comisiones. De todos modos, al ritmo actual, el proyecto – que cuenta con el apoyo de todo el espectro político- demoraría al menos un año en ser ley.
Mientras que a nivel parlamentario buscan apurar la aprobación del feminicidio como un agravante del homicidio en otra ley, con penas que pueden ir de los 15 a 30 años, el gobierno pide acelerar el proyecto integral. La Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia entiende que un “cambio cultural” es la principal transformación que debe incorporar la sociedad uruguaya para terminar con la violencia contra mujeres, niñas y niños, según indicó ayer en un comunicado.
Allí se dice que el proyecto de ley integral contra la violencia de género, que está a estudio del Parlamento, “es la expresión normativa e institucional necesaria para poder encauzar el cambio cultural” en tanto que “reconoce la violencia basada en género como una violación a los derechos humanos”.
Según el organismo, el proyecto tiene una mirada “holística” para combatir las distintas violencias. “No solo tipifica el delito de femicidio, sino que también promueve formas de prevención de la violencia, protección, apoyo y empoderamiento de las víctimas, proponiendo un abordaje integral de la situación”, se dice en el comunicado.
La Secretaría de Derechos Humanos realizará el 24 de marzo una actividad centrada en la temática titulada “Cambio cultural, derechos humanos y violencia de género”.
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (Inmujeres-Mides), Mariella Mazzotti, dijo días atrás en diálogo con El Observador que “la aprobación de la ley integral es lo que va a dar herramientas” para combatir la violencia de género.
Si el proyecto se aprueba, ese organismo será el encargado de monitorear el cumplimiento de la norma y presidirá las comisiones que se crearán a nivel departamental, así como el Consejo Nacional por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres –órgano que la ley prevé que se cree-. Otro de los motivos de la demora en su tratamiento es la discusión de determinados conceptos, según indicó a El Observador la senadora del Frente Amplio Patricia Ayala. “Hay cosas que queremos discutir un poco más y tener certezas. Está el tema de si pueden haber algunas inconstitucionalidades, que queremos salvarlas, y se crean figuras que queremos estar seguros de que no van a hacer caer otras. Es mejor tener certeza de que no vamos a estar dejando sin efecto otras figuras que no queremos que desaparezcan”, sostuvo.
El proyecto se divide en capítulos relacionados con los sistemas de respuesta a casos de violencia de género a nivel institucional, lineamientos para políticas públicas, las redes de atención a mujeres y los procesos de protección, investigación y penalización.
Está planteado, por ejemplo, que a nivel educativo se incluyan contenidos curriculares sobre perspectiva de género, que se difundan materiales para la prevención y detección precoz de la violencia de género y que se prohíba “toda medida discriminatoria hacia estudiantes o docentes, basada en su orientación sexual o identidad de género”.
También prohíbe a las empresas a despedir en un lapso de sesis meses a las mujeres víctimas de violencia cuando se establecen medidas preventivas para el agresor.

Una ley exprés

En julio de 2002 un hombre mató a su esposa y sus cuatro hijos utilizando un martillo como arma homicida. El caso fue tan estremecedor que generó una movida a nivel parlamentario prácticamente de inmediato. En un fin de semana, quedó aprobada la ley de violencia doméstica, que se llegó a conocer, popular y tristemente, como “la ley del martillo”.
Esa ley aprobada en pocas horas es la que rige actualmente y la primera en la que se declaró “de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección tempran a, atención y erradicación de la violencia doméstica”.
A su vez, la ley define las “manifestaciones” de violencia doméstica como físicas, psicológica o emocional, sexual y patrimonial.
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Publicado por en 23 febrero, 2017 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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