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Archivos diarios: 11 mayo, 2017

Inspección de Trabajo detecta que INDDHH estuvo “omisa” ante un caso de acoso sexual en sus propias oficinas


La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) constató la existencia de un caso de acoso sexual dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), e incluso detectó notorias fallas en la forma en que este organismo actuó una vez que sus autoridades estuvieron al tanto de la situación, al punto de definir que esta tuvo una “actitud omisa”. La situación generó que las mujeres que en ese momento trabajaban allí realizaran un paro en protesta por la situación. Si bien la víctima ya no tiene ninguna vinculación con la institución, el funcionario que la acosó aún trabaja allí.

Piropos, insinuaciones provocativas, frases fuera de lugar en presencia de otras personas, malos tratos y apodos sugerentes fueron algunas de las actitudes que la denunciante describió a la hora de ser entrevistada por la IGTSS, en noviembre de 2015. Incluso, el expediente del caso, al que accedió la diaria, señala que la ex funcionaria se sintió especialmente incómoda porque el funcionario era muy allegado a quien por ese entonces presidía la INDDHH, Juan Faroppa.

Tras las situaciones de acoso, la denunciante decidió tomar cartas en el asunto y optó por reunirse con integrantes de la dirección para describir la situación. El informe que contiene el expediente, fechado el 24 de abril de 2017, relata la versión de la ex funcionaria, quien fue invitada a una reunión con su propio denunciado tras el encuentro: “Cuando [el denunciado] llegó, le dijo que quería hablar con ella, que fuera a su oficina, pasara y cerrara la puerta. Tuvo mucho temor en ese momento, pero él le reconoció diciendo que podría negar los hechos, los cuales aislados no tenían importancia pero sumados parecían horribles. Ella le contestó que mil veces le había dicho que no le gustaban sus piropos ni la forma en que se los decía, y él le prometió intentar cambiar avisándole que iba a preguntarle a otras mujeres si habían sentido lo mismo que ella, lo que finalmente hizo pero con otras compañeras, no a las que formaban parte de la oficina, sino a otras que trabajaban en otro espacio físico”.

A raíz de esta situación, algunas mujeres en la INDDHH se manifestaron mediante un paro: “El viernes ella y sus compañeras directas decidieron faltar, en protesta por la decisión que había tomado el Consejo Directivo [de] que ella fuera a hablar con él. Luego de esa situación, la denunciante expresó que el propio [denunciado] le solicitó al Consejo que se enviara la denuncia al Ministerio” de Trabajo y Seguridad Social, pero este “adoptó una actitud burlona” y le pedía permiso “absolutamente por todo, enviándole mails formales”. Además, la denunciante cuestionó que la Institución “no tomó ninguna medida”, como separarlos del lugar físico que ambos ocupaban o cambiarles el horario.

Por su parte, el denunciado manifestó ante la IGTSS que la denunciante nunca le había hecho notar que sus posibles actitudes le molestaban, sostuvo que no tenía un cargo de jerarquía respecto de ella y dijo que les consultó a otras secretarias si se habían sentido coaccionadas por él, y ellas le contestaron que no.

Fallo adverso

Si bien desde el punto de vista “estrictamente formal”, la IGTSS consideró que se cumplió con “todas y cada una de las etapas previstas dentro del procedimiento administrativo”, esta unidad ejecutora también observó que la conducta de la INDDHH fue “omisa” en cuanto a “difundir la existencia de una política institucional contra el acoso”, y también a la hora de “adoptar medidas que prevengan, desalienten y sancionen las conductas de acoso sexual”. “La propia institución reconoce que no existieron medidas de comunicación y difusión de la ley, ni había un protocolo para actuar ante estas situaciones”, asegura el informe.

La INDDHH también falló a la hora de “mantener en reserva las actuaciones”. Incluso, se cuestiona que se le haya dado la oportunidad al denunciante “de disculparse a puertas cerradas con la denunciante exponiéndola ante él”. Además, esto supuso una falla en “la obligación de proteger la integridad psicofísica de la denunciante”, dado que la INDDHH “no tomó una actitud inmediata, ni separó a los involucrados”, sino que en cambio, eventualmente se trasladó a otro lugar a la denunciante, algo que además generó malestar entre los empleados del sector.

Según el expediente, los testigos notificaron que a la denunciante “se la comenzó a ver retraída, se ponía abrigos encima y no se quitaba el tapado en la oficina luego de realizada la denuncia y, habiendo quedado en su mismo puesto de trabajo, estaba angustiada, se fue inhibiendo, se apagó, quedó muy triste”.

El informe además destaca que los testigos resaltaron “la diferencia de edad entre la denunciante y el denunciado”, así como que este último “ejercía abuso de poder en la Institución, que es una persona invasiva, que se empoderó luego de la denuncia” y “en vez de bajar el perfil se elevó, lo que generó un ambiente de nerviosismo y angustia”.

Respecto de la relación laboral entre ambos, la IGTSS asegura que si bien no era de “jerarquía”, sí había “subordinación técnica, lo cual influye en el relacionamiento entre los trabajadores”.

Finalmente, se concluye que “surgen indicios suficientes” para afirmar que hubo “actos calificados por la Ley 18.561 como acoso sexual”. Aunque la IGTSS deja en claro que lo hecho por el denunciado no fueron “hechos graves de dicho acoso, ni tampoco existieron promesas de trato diferencial, o amenazas de pérdida de empleo a cambio de favores sexuales”, de todas formas esta persona tuvo “un conjunto de actitudes y expresiones verbales inadecuadas e inapropiadas en el ámbito laboral, lo que generó un ambiente hostil y desagradable para los que trabajaban, además de resultar humillante y ofensivo para la denunciante”.

El informe finalmente intima a la INDDHH a que todo su personal participe en un curso de capacitación sobre los alcances de la Ley de Acoso Sexual, y que instrumente un “protocolo de actuación a desarrollar ante denuncias de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores”.

Derecho a réplica

La IGTSS demoró más de un año en completar un procedimiento que la Ley de Acoso Sexual prevé en un máximo de 20 días, una vez completada la “sustanciación de la denuncia”. El inspector general de Trabajo, Gerardo Rey, explicó que si bien el proceso “pudo haber sido largo, claramente fue garantista” de cada una de las partes. Además, dijo que nunca recibió ningún tipo de “apuro” de la INDDHH sobre el tema. “Es un caso complejo, pero no es un caso de acoso sexual grave”, consideró. Según dijo, “este tipo de situaciones demuestran que la institucionalidad funciona, y que se actúa con la misma rigurosidad tanto en el sector público como en el privado”.

Por su parte, Faroppa, que tiene un estrecho vínculo personal con el denunciado, dijo que no influyó en nada en la investigación que fue llevada adelante por la IGTSS. “No tuve ninguna intervención en la investigación y no corresponde que ni yo ni la institución opinemos sobre el contenido del informe”, aseguró.

Faroppa informó además que el denunciado continúa trabajando en la INDDHH, a la que ingresó por concurso. Su continuidad, dijo, “depende de lo que se determine en una eventual investigación sumarial, y en caso de hacerse deberá ser profesional y no con los integrantes del Consejo Directivo”. En cambio, la denunciada no trabaja más en el organismo, explicó otra de las directoras, Mariana González, porque culminó su relación contractual.

Después de la primera vista al procedimiento de la IGTSS, la situación llegó a generar “diferencias” en el Consejo Directivo de la institución, al punto de que incluyó una votación dividida “en cuanto a lo que había que contestar y si habíamos actuado a tiempo”, dijo Faroppa. El jerarca sostuvo que ahora la INDDHH se encuentra “evaluando los pasos que vamos a dar” respecto de esta situación. “Vamos a cumplir lo que dice la IGTSS. No tenemos otra salida, ni otra alternativa, ni podemos hacer otra cosa que educar con el ejemplo. Si les exigimos a otros organismos del Estado que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros”.

Este integrante del Consejo Directivo adelantó que también hay un caso de acoso laboral dentro de la INDDHH, que involucra a un “alto jerarca” de la institución, aunque se privó de adelantar de quién se trata. “No estamos libres de este tipo de situaciones, pero no podemos esconderlas y no denunciarlas. En ambos casos la INDDHH se puso a disposición de la IGTSS y vamos a cumplir con lo que se nos diga”. Además, dijo que “sería bueno” que la INDDHH hiciera un “pronunciamiento público” tras “estudiar si no estamos vulnerando los derechos del denunciado y la denunciante”.

Respecto de la falta de respuestas, dijo que el caso de acoso sexual sucedió en un momento en el que el “desarrollo institucional” era muy pobre y “no habíamos adecuado nuestro funcionamiento”. No obstante, aseguró que nunca se promovió una reunión “a puertas cerradas” entre la denunciante y el denunciado.

El caso salta a la luz pocos meses antes de que culmine el mandato de los actuales directores de la INDDHH. Todos podrán ser reelectos por un nuevo período de cinco años, pero tres de ellos no continuarían por decisión propia.

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Publicado por en 11 mayo, 2017 en Comisión Prensa y Propaganda

 

Udelar pedirá presupuesto sobre la base del 6% +1% y reclamará 11 millones de dólares anuales para obras en el Clínicas


La Universidad de la República (Udelar) se prepara para volver a discutir con el gobierno su presupuesto hasta 2020. El rector Roberto Markarian estimó, en entrevista con la diaria, que a la institución que dirige le corresponde 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), tomando en cuenta el compromiso electoral de otorgar 6% del PIB para la educación y 1% para ciencia e investigación, y sobre esas bases insistirán con su pedido presupuestal original. Markarian defendió la existencia del Fondo de Solidaridad, pero consideró “razonables las protestas” por cómo se presentaron los cambios a los contribuyentes. También explicó sus dichos sobre la Universidad de la Educación: opinó que sería “un error” que el proyecto quedara “exclusivamente en manos de los parlamentarios”, y pidió que no ocurra como con la Universidad Tecnológica, “a la que le cuesta arrancar”. En la interna universitaria tampoco la tiene fácil: los estudiantes rechazaron su candidato para la prorrectoría de Extensión y presentaron otra opción. Markarian fue tajante y aseguró que, tras una reunión con el candidato de los estudiantes, se “convenció” de que esa persona “no debería integrar” su equipo. En las próximas semanas intentará “conseguir un candidato de consenso”.

–¿Cuál va a ser el planteo de la Udelar con miras a esta Rendición de Cuentas?

-La propuesta va a ser tomar como base la solicitud presupuestal de hace dos años, y en la Rendición de Cuentas, pedir lo que nos falta para llegar a lo que queríamos tener en 2018 y 2019, tanto en lo que tiene que ver con el presupuesto para enseñanza e investigación como para salud. Creo que es fácilmente entendible que lo pedimos por fuera de lo que pedimos para investigación y enseñanza, por el hecho de tener un Hospital de Clínicas [HC] muy grande, y otros servicios de salud incorporados a la universidad. Para investigación es 1% del PIB, y 6% para enseñanza, y de acuerdo con lo que calculamos, nos corresponde aproximadamente 2,5% de toda la cifra que da eso; de investigación, casi todo, y de enseñanza, un quinto. Ese número, cuando elaboramos el presupuesto en 2015, dio ciertas cantidades por año, pero nos dieron mucho menos, del orden de 30-33% de lo solicitado para 2017, y estamos pidiendo llegar a esos números en 2018. Eso da una cifra muy grande. Respecto de la parte de salud, vamos a actualizar con el mismo criterio los montos que se gestionan por intermedio de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], y una cifra que habíamos pedido para construcción en el HC, 11 millones de dólares, va a ir con una explicación muy detallada de cómo eso congenia con el pedido que estamos haciendo para refuncionalizar el hospital. Si se quiere, tenemos una mejor fundamentación ahora, porque tenemos un gran proyecto, aprobado por unanimidad en el CDC, y vamos a pedir ejecutar una parte de ese proyecto, que básicamente se refiere a lo que es el área crítica del hospital, que incluye la emergencia, el CTI y cirugía, las partes más caras de cualquier hospital. Si saliera esto, la obra por PPP [contrato de participación público-privada] sería más chica.

–¿Ya tuvieron contactos con el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]?

-No. Tuvimos reuniones con las presidencias de los partidos políticos -con el Partido Nacional, el Independiente, el Frente Amplio- para plantearles ideas generales. Con el MEF aún no, por eso hubo acuerdo entre los miembros de la Comisión de Presupuesto en que el CDC resuelva estos criterios generales para abrir la discusión en dos puntas: una es claramente sindical, en la mesa de los sindicatos públicos, una discusión que los trabajadores no docentes quieren que esa discusión entre para eventualmente firmar convenio colectivo con el Poder Ejecutivo; la otra es la oficial, la institucional, que entremos en tratativas con el MEF bastante antes de que este presente su propuesta. Van las dos al Parlamento, y queríamos ver si logramos discutir un poco para mejorar la propuesta que pudiera hacer el Poder Ejecutivo.

–¿Qué opina sobre la discusión que se tuvo lugar en la Udelar sobre el Fondo de Solidaridad?

-La declaración sobre el Fondo salió por unanimidad en el CDC; yo no estaba en esa sesión porque estaba en el viaje, pero la apoyo globalmente. Reivindica la necesidad que tiene la institución de esos fondos y a la vez considera que la ley merece modificaciones, en cuanto a que la política de obtención de fondos podría ser más equitativa; eso lo acompaño íntegramente. Considero que sería inadecuado modificar el sistema por la Rendición de Cuentas; creo que en eso estamos todos de acuerdo y querríamos que se discutiera aparte, una discusión que tiene que incluir a los administradores del fondo, a la institución universitaria, al MEF. Querríamos que se abriera una discusión sobre cómo modificar el sistema de aportes sin modificar los montos finales que se aporta, y esa es una discusión delicada que estamos dispuestos a dar; yo diría que las autoridades del fondo están de acuerdo en que hay que darla, y también en que darla sin fundamentaciones, sin un estudio detallado, sería muy malo. Ahora creo que estamos en un impasse. Hay un aspecto raro, que no está del todo dicho en la declaración, y es un problema típicamente táctico, más que de largo plazo: del modo en que se presentaron las cosas, era razonable que se generaran las protestas. El modo de aportar se modificó por la Ley de Presupuesto, y juro que nosotros no nos habíamos dado cuenta de que se había incluido eso en la ley. Posteriormente, la reglamentación pasó todo el 2016 en trámites entre el Ministerio de Educación y Cultura [MEC] y el MEF, y se hizo pública en enero de 2017, cuando ya había que pagarlo, y se estableció que era mensual. De repente, los profesionales se enteraron de que tenían que pagar el impuesto mensualmente en enero del año en que tenían que hacerlo; parece una cosa muy irregular, porque en cualquier lugar se da tiempo para ese tipo de cosas.

–¿No comparte la propuesta de eliminar el Fondo?

-No, no la comparto, de ninguna manera. Defiendo que hay que aportar; nosotros somos beneficiarios de un aporte que el Estado hace para la mejora de nuestra formación intelectual, cultural, científica, artística, y nosotros nos beneficiamos de eso, porque efectivamente está demostrado que lo que ganan los profesionales universitarios es casi el doble que lo que gana el promedio de uruguayos que tienen la misma edad. Últimamente nadie afirma que eso hace que la enseñanza pública sea paga; creo que es una exageración. Todo el mundo paga por la educación; los impuestos que pagan los uruguayos van para algún lado, en particular para solventar esta institución. No es gratis. Que los beneficiarios del sistema educativo aportemos un poco más, en particular para nuestra alma máter, la institución que nos dio lo que tenemos, yo lo veo razonable.

–Usted hizo algunas declaraciones sobre el proyecto de ley de la Universidad de Educación, que está por enviarse al Parlamento, que fueron cuestionadas por algunos colectivos. ¿Cuál era su preocupación al pedir que no se creara una universidad “obligados” por las circunstancias políticas, o que no se crearan “cargos con gente chambona”?

-Una universidad es una institución mayor. El hecho de que Uruguay tenga una universidad tan grande, que incluye a 80% de los universitarios del país, la coloca en una situación distinta de la de otros países; eso es decididamente una excepción. Una institución universitaria de educación, que el país necesita, tiene que darse utilizando los recursos con los que el país cuenta en esa materia; esa es la preocupación central de todos nosotros, más allá de lo que a veces decimos. Entonces, que la creación de la universidad quede en manos exclusivamente de los parlamentarios, y que no haya ninguna participación de las instituciones mayores de educación superior del país, es un error que creo que está en vías de ser corregido. Hemos tenido reuniones con el MEC, con los parlamentarios que están llevando este asunto, y ellos mismos han visto que está mal que ellos hagan una ley tan técnica, y que lo hagan inconsultamente. Creo que ese reclamo, que nosotros estamos haciendo con mucha sobriedad en el Sistema Nacional de Educación Pública, va por buen camino; es posible que prontamente se conforme un equipo técnico, con los entes de la educación y el MEC, para analizar cómo debería ser. Creo que entreverar la Rendición de Cuentas con esta discusión sería un grave error. Creo que se ha comprendido que es un tema muy específico, que no se trata sólo, como pasó con la Utec [Universidad Tecnológica], de decidir cómo va a ser la dirección; es mucho más fino. Creo que el ejemplo de la Utec es bueno, porque se creó y le cuesta arrancar, porque salió una cosa muy poco específica, más allá de que en la Utec, de todo lo del cogobierno todavía no hay nada [la primera elección se prorrogó para 2019]. Todas las carreras de la Utec tienen cupos; esa es una de las cosas que se ha olvidado. Nos presionan para que saquemos los cupos, y en la institución nueva, que debería estar adaptada a los tiempos, todas las carreras son con cupos. No lo digo críticamente, observo que hay cierta incoherencia en los planteos que se hacen. Uno dirá: “La Utec es tan chica que no vale la pena armar lío”, y yo capaz que lo acepto. El crecimiento de la educación superior en el interior del país se está dando dentro de la Udelar y no por medio de la institución que fue creada para eso; se afirma que la Utec es para el interior. Esa es nuestra preocupación, y creo que nuestra prédica ha sido bien entendida, dejando de lado modos de hablar y malentendidos que de nuestra parte han sido aclarados en el ámbito que correspondía: hemos tenido entrevistas con la Comisión Permanente de la Asamblea Técnico Docente de Formación en Educación, y hemos aclarado lo que quisimos decir.

–Uno de los escollos principales, que sí es parlamentario, es la creación del ente autónomo, que requiere mayorías.

-Nosotros insistimos en que la discusión debería ser académica y en cómo debería ser una institución universitaria de educación. En cuanto al gobierno, después lo vemos, va a depender de mayorías, o no. Está claro que para eso las mayorías no están, porque sobre ese punto la oposición ha sido categórica, que no quiere que sea igual a las otras instituciones de enseñanza. Pero el problema es que estamos más atrás que eso: no sabemos muy bien qué es lo que queremos, cuál es el carácter universitario, más allá de decir “es una universidad”. Hay esfuerzos, que reconocemos, del Consejo de Formación en Educación, por ir ganando estos espacios, pero aun así creo que los aportes que podemos hacer nosotros, no sólo temáticos, sino epistemológicos, de concepción de universidad… Diría que la tradición del país es lo suficientemente rica como para que efectivamente se tenga en cuenta no sólo la vertiente de lo que ya existe -parecería que se tomara sólo eso en cuenta-, sino los aportes que se puedan hacer desde afuera, en una dirección coincidente en el objetivo, que es darle un carácter universitario a la formación de maestros y profesores. Es prioritario que se avance en eso.

–Usted ha planteado la necesidad de reformar la Ley Orgánica. ¿En qué está eso?

-No está habiendo discusiones específicas sobre la Ley Orgánica. Sí digo que, muy relacionado con eso, estamos organizando varios seminarios críticos sobre el Plan Maggiolo en agosto, de manera de hacer, a 50 años del Plan, una revisión crítica: no se trata sólo de decir “qué bárbaro [Óscar] Maggiolo”, sino de ver qué aplicabilidad tiene lo que Maggiolo quiso hacer, y eso indirectamente se refiere a los sustentos de la Ley Orgánica. No hay una discusión en términos jurídicos, pero sí la hay respecto del estatuto del personal docente, que fue otra cosa que planteé en su momento, y en pocos meses vamos a tener novedades sobre una propuesta de modificación del estatuto.

–Después de la renuncia de Hugo Rodríguez al cargo de prorrector de Extensión, usted presentó un candidato para sustituirlo, Alejandro Maiche, sobre el que no hubo acuerdo en la comisión del CDC que evaluó el tema. Luego, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay [FEUU] presentó otro candidato, Alejandro Casas. ¿Qué opinión le merece?

-La ordenanza establece con precisión el modo de elegir y el modo de operar de los prorrectores. El de prorrector es un cargo coordinado por el rector. Pero el régimen de elección no contempla esto, porque cualquier claustrista puede proponer un candidato y, aunque el rector esté en contra de él, se podría nombrarlo. Yo he dejado claro que voy a ejercer el derecho de tener colaboradores del rectorado que sean colaboradores del rectorado. La explicación que he dado sobre eso es muy clara. Formalmente, el de rector es un cargo único, podría no tener ni un colaborador, y es absurdo. El rector administra 450 millones de dólares de las finanzas públicas, gobierna una institución que tiene más de 100.000 estudiantes, más de 10.000 docentes, que tiene centenares de metros cuadrados construidos a lo largo y ancho del país, y es absurdo que se le nombre colaboradores que no cuentan con su confianza. No tiene sentido que alguien piense que se puede trabajar bien en condiciones en las que los que colaboran con el rector podrían no ser afines a él y que le discutan todo. Esta mesa no es para discutir qué vamos a hacer en esta universidad, sino cómo lo vamos a hacer; el qué lo resuelve el CDC con la adaptación que el rector hace de eso, que es quien ejecuta las resoluciones del CDC. Y esto es de buena gestión, de buena administración pública; si fuera lo contrario, esto sería un aquelarre, y yo no estoy dispuesto a aceptar un aquelarre al dirigir esta institución, por tener gente que no tenga la jerarquía necesaria para asumir una función de ese tipo. No se puede nombrar para el segundo escalón de dirección de la universidad gente que no esté apta para los cargos, y eso podría pasar, insisto: la Asamblea General del Claustro [AGC] podría decidir y nombrar un prorrector. Me he reunido con el candidato que presentó la FEUU y me he convencido de que esa persona no debería integrar el equipo del rector, y se lo he manifestado a él personalmente. No es conveniente que el equipo rectoral incluya a esa persona. Ayer me reuní con delegados de los tres órdenes para manifestarles esto. Creo que no es conveniente que yo salga a polemizar sobre los aspectos parciales de la presentación, que es una discusión interna, pero creo que es bueno que se sepa que esa es mi opinión, y lo hago por la responsabilidad del cargo: no puede ser que alguien conciba que el rector puede actuar solo. El cargo es demasiado importante, por lo que administra y por la obligación que tiene con el Estado, que es cumplir la Ley Orgánica. ¿Cómo hacés para cumplir con el artículo 2 si estás solo?

–¿Se corre riesgo de que el área quede en un segundo plano?

-Es un área importante, que tiene peso en la institución, que es polémica -eso es sabido y no lo voy a negar-, a la que el CDC le ha dado una riqueza más grande de la que tenía anteriormente -en particular, se creó un área de derechos humanos, que no existía-, pero además se quiere contemplar todo lo que tiene que ver con las relaciones con el medio, algo que no consiste meramente en preocuparse por un sector de la sociedad uruguaya: es Uruguay todo, y eso lo tenemos que hacer coordinando los trabajos que se llevan a cabo en los servicios, que son los grandes ejecutores.

–¿Cómo va a seguir el trámite? ¿Se van a presentar los dos candidatos a la AGC? Más allá de las decisiones personales que pueda tomar cada uno de ellos…

-Cuando se discuta en el Claustro, ellos tienen que firmar su aceptación, y hasta ese momento no son candidatos. Falta un mes para que eso ocurra. En la comisión no nos pusimos de acuerdo, y ahora el asunto está en el CDC. Eso se va a hacer tal como está establecido.

–¿Descarta la posibilidad de presentar otro candidato?

-No, no la descarto. Dije en la comisión, que visto que no hay un acuerdo sobre el candidato que presenté, sobre la base de que el mío es el que presenté, estoy dispuesto a abrir un compás; les rogué que lo abriéramos, para eventualmente llegar a un candidato de consenso. Yo iba a consultarlos cuando tuviera otro nombre, y les pedí otros nombres, también a los decanos les voy a pedir que propongan candidatos, para cumplir con la política del CDC en esta materia. La discusión es muy sana. Es una ordenanza que hay que cambiar con cuidado, pero creo que el rector debería tener una capacidad propositiva mayor; no que no se le pueda vetar al candidato, sino que el rector debería ser el que propone a la persona.

 
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Publicado por en 11 mayo, 2017 en Comisión Prensa y Propaganda

 

TRANSPORTE DE CARGA Transporte de carga por tren seguirá con déficit durante 2017 Director blanco pide ofrecer condiciones atractivas a clientes.


Servicios Logísticos Ferroviarios, la operadora de carga por tren propiedad del Estado, perdió en los últimos tres ejercicios un acumulado de US$ 3 millones y se aguarda que 2017 lo cierre también en rojo.

Alfonso Lereté, director blanco de AFE, dijo a El País “nos preocupa y mucho esa pérdida; se tenía pensado superarla durante este año, pero las proyecciones del gerente general y colaboradores llevó ese momento al año 2018 y se está dando por hecho que el 2017 será otro año deficitario”.

Lereté cuestionó que los gastos de representación se hayan incrementado 1.537% y lo atribuyó en parte a que los maquinistas pernoctan en hoteles y ya no en las casillas refaccionadas de AFE. “Nuevamente planteamos que, si la empresa funciona bajo el derecho privado, sería bueno evaluar la gestión del gerente general y el gerente comercial. Si se perdieron clientes, se bajó la carga, si hay US$ 3 millones de pérdida acumulada, es lógico pensar en evaluar la continuidad de ambos gerentes”, señaló.

Para Lereté debe realizarse un relanzamiento público de la nueva operadora, potenciar su marca, recomponer su cartera de clientes y frenar la caída de la carga transportada, planteándole a los clientes un esquema de pagos que incentive y favorezca la operativa a través del ferrocarril.

El director también apuntó que, cuando se constituyó, la empresa recibió vagones en mal estado, chocados y una vida útil corta. “El resultado de tan lamentable gestión fue que el pasado 6 de diciembre la empresa realizó un remate de chatarra (vagones en desuso y alguna locomotora que no logró mantener ni reparar”, señaló. A su vez, marcó su preocupación por la inexistencia de una política para lidiar con los deudores “incobrables” y por la pérdida de clientes sobre la que no ha recibido información detallada.

Las principales mercaderías que transportan los trenes uruguayos son arroz, combustibles, madera y “clinker”.

Lereté ha propuesto que se asegure a Servicios Logísticos Ferroviarios un porcentaje del transporte de la pasta de celulosa que eventualmente se fabrique en la segunda planta de elaboración del producto que planea construir la empresa UPM. La empresa ha señalado que pretende transportar la mercadería con sus propios trenes. De todas formas, la empresa finlandesa necesita una mejora radical de las vías férreas entre la zona de Paso de los Toros y Montevideo que, de concretarse, supondría una mejora en la infraestructura que beneficiaría a varios sectores de actividad.

http://www.elpais.com.uy/informacion/transporte-carga-tren-seguira-deficit.html

 
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Publicado por en 11 mayo, 2017 en Comisión Prensa y Propaganda

 

UNA DÉCADA DEL FONASA MSP buscará garantizar atención de urgencia sin importar prestador Hay 350 convenios de complementación firmados y buscan más acuerdos.


Cualquier habitante de Uruguay podrá atenderse, ante una urgencia, en cualquiera de los 43 prestadores de salud del país. Esta idea es la esencia de un proyecto que el Ministerio de Salud enviará al Parlamento la próxima semana.

La normativa busca garantizar la atención médica sin la necesidad de estar afiliado al centro más cercano a donde se encuentra la persona. Y, a la vez, apunta a que los prestadores se complementen en tecnología y servicios especiales.

La iniciativa cobra relevancia para cuando la persona está lejos de su domicilio. La idea es que “la atención de urgencia se pueda resolver sin ponerse a pensar cuántos kilómetros tiene que hacer para llegar a un lugar donde hay un convenio con la institución en la que está afiliado”, resumió el ministro de Salud, Jorge Basso. El prestador del que es “socio” el paciente luego deberá reintegrar el dinero a quien ofreció el servicio, siempre en base a “precios de referencia”, aclaró.

A diferencia de una emergencia, en que está en riesgo la vida (o clave uno en la jerga médica), en la urgencia la persona puede requerir una atención en el domicilio o en un sanatorio. Hasta la fecha, todos los prestadores están obligados a garantizar los primeros auxilios, pero el resto de las prestaciones se “negocia” con la institución a la que pertenece el usuario. Por lo general, la dirección técnica determina si prefiere enviar una ambulancia y hacer un traslado a su sede o bien opta por otra medida.

Según Basso, la ley es un paso más en la búsqueda de un “sistema más nacional e integrado”. El ministro insistió con que la calidad asistencial no tiene relación directa con la cantidad de médicos, tecnología y prestaciones que tiene una institución y que no hay que confundir la “competencia” de mercado con el interés sanitario.

Las mutualistas “desconocen” el proyecto y se enteraron de él recién ayer, durante una jornada de evaluación a diez años de iniciada la reforma sanitaria. Según el presidente de la cámara de prestadores privados, Luis González Machado, “el texto tampoco pasó por la Junasa para su evaluación”.

González Machado explicó que el ministerio ha actuado de esta forma en otras ocasiones y citó como ejemplo la iniciativa de instalar centros de referencia en el interior del país.

En reforma.

El plantel estaba completo: todos los ministros de Salud que fueron parte de la reforma sanitaria participaron ayer de una evaluación a una década de haberse impulsado el cambio. Fue necesario un combo de cuatro leyes, un partido con mayoría parlamentaria y varios cálculos para alcanzar al sistema actual.

Más allá de haber reconocido los logros de la reforma y de que al término de 2016 había 2.535.598 uruguayos asegurados, el ministro Basso planteó que el “sistema es perfectible”.

En este sentido, el jerarca dijo que el énfasis estará puesto en mejorar la asistencia.

A los prestadores se les exigirán nuevas variables asistenciales para alcanzar las metas y también se incorporarán nuevas condiciones para el pago de las cápitas, más allá del sexo y la edad.

http://www.elpais.com.uy/informacion/msp-buscara-garantizar-atencion-urgencia.html

 
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Publicado por en 11 mayo, 2017 en Comisión Prensa y Propaganda

 

PAGOS DE ALUR EN NEGRO Se ampliaría denuncia contra Ancap Principio de acuerdo entre cañeros y productores; partidas cuestionadas pagarán aportes.


Luego de que se supiera que Alcoholes del Uruguay (ALUR) pagó durante diez años una remuneración a alrededor de 2.500 trabajadores vinculados a la caña de azúcar en el departamento de Artigas por la cual no se realizaron aportes al Banco de Previsión Social (BPS), la oposición se apresuró a anunciar que se analiza incluir la irregularidad en una ampliación de la denuncia penal realizada el año pasado sobre Ancap.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, informó a El País que ayer por la tarde se llegó a un preacuerdo que se firmaría hoy de mañana entre los plantadores de caña de azúcar y los trabajadores que implica, entre otros aspectos, que la denominada “partida de fin de zafra” pagará aportes previsionales. A su vez, ALUR firmará un convenio para pagar al BPS retroactivamente los aportes.

El senador nacionalista Álvaro Delgado dijo a El País que la oposición analiza ya dictámenes jurídicos sobre la evasión detectada, y opinó que de ninguna manera se puede sostener, como hizo el senador oficialista Leonardo de León, que los pagos fueron una donación. Las donaciones, señaló Delgado, no pueden realizarse a cambio de una prestación laboral, como ocurrió en esta oportunidad. Delgado opinó también que seguramente los trabajadores ya tienen “derechos adquiridos” y que no deben ser “quienes paguen los platos rotos (…) Todo esto pone otra vez en el tapete la necesidad de regular las sociedades anónimas de propiedad estatal”, consideró.

El diputado colorado Walter Verri y el nacionalista Nicolás Olivera anunciaron que convocarán a la ministra de Industria, Carolina Cosse, para analizar el tema. Verri dijo a El País que ALUR “no nos deja de sorprender” por su “desprolijidad” y consideró que el dinero volcado fue un salario encubierto pagado en negro.

El senador frenteamplista Leonardo de León, quien presidió ALUR, intentó justificar los pagos y señaló en radio Carve que “no es correcto que no existían registros contables” ya que todo “está registrado como donación (…) ALUR no sé si seguirá dando una donación o si optará por mantener una relación laboral. ALUR tiene un auditor externo y nunca hubo una observación por esta donación”, argumentó.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, ironizó en Twitter sobre los dichos del senador: “¡No aclare que oscurece! ¿Donaciones? Todos los meses y en función de lo trabajado. Ilegalidad flagrante”.

Según supo El País, Ancap elevó una nota al Banco de Previsión Social en la que básicamente “preguntamos qué tenemos que hacer”, señaló una fuente de la empresa. La fuente señaló que la situación se detectó hace algunas semanas y que se asume que se deberá afrontar una multa. Se maneja una fórmula que suponga que los trabajadores no pierdan la remuneración que les sería abonada por los productores y ya no por ALUR y que esta, a su vez, compense a los cultivadores para que no pierdan su rentabilidad, explicó la fuente, a la vez que dijo “suponer” que los pagos buscaron evitar paros.

Grito en el cielo.

Murro señaló que “se están negociando todos los aspectos, este es uno de los aspectos que se está negociando (…) Lo que está funcionando ahí es un Consejo de Salarios. Estamos hablando de $ 7.500 por año por trabajador. Esto es parte del proceso de formalización que se está haciendo en el país, histórica, notable, en el sector privado y en el sector público. Entonces no pongan el grito en el cielo por un tema que, reitero, son $ 600 por mes. Cuando la Intendencia de Canelones tuvo que hacerse cargo de una deuda por trabajadores en negro, por no verter aportes de US$ 6 millones de los gobiernos anteriores, eso era una cosa grande e importante”, señaló.

“Esto hay que regularizarlo y se va a regularizar. La posición del ministerio es clarísima. La hemos tenido con varios privados que querían hacer partidas sin aportes y el ministerio ha sido tajante en que lo que es salario debe llevar aportes. Se tiene que tratar (a ALUR) como cualquier otra cosa”, dijo.

Un sector vulnerable.

Un comunicado de ALUR del martes señaló que la partida fue pagada “con el fin de fortalecer e incentivar la productividad en un sector vulnerable del país cuyo ingreso anualizado promedio mensual es de $ 10.000”. Los pagos se realizaban a través de Redpagos, informó El Observador. Raúl Sendic, padre del actual vicepresidente y extitular de Ancap, organizó a los trabajadores cañeros hace cinco décadas cuando surgió el sindicato UTAA.

DE ESCÁNDALO EN ESCÁNDALO.

Empresa en el “ojo de la tormenta”.

ALUR, la subsidiaria de Ancap dedicada básicamente a la producción de biocombustibles, ha estado en el tapete por varias irregularidades. Por un lado, Ancap apartó de su cargo a tres funcionarios por pagar US$ 100.000 en lugar de $ 100.000 a un proveedor. También hay dudas que se investigan sobre el costo de la planta sanducera de fabricación de bioetenol que tiene ALUR. Además, el año pasado su gerente Manuel González fue removido luego de que el Ministerio de Economía cuestionara un convenio salarial que él había suscrito y que consideró demasiado generoso. ALUR tiene como único cliente para sus biocombustibles a la propia Ancap que se los paga por encima de la paridad de la importación, algo que la oposición considera que es un subsidio encubierto. Desde 2006 Ancap condonó US$ 22 millones en deudas de ALUR y la capitalizó por US$ 129.095 millones, de acuerdo con información que entregó el Ministerio de Industria al diputado blanco Pablo Abdala. Ese subsidio encubierto, según el legislador, equivale a US$ 160 millones anuales. ALUR tiene además dos plantas de biodiesel en Montevideo, un “complejo agroenergético en Bella Unión” y una microdestilería en Artigas. Su capitalización inicial fue de US$ 2,4 millones.

http://www.elpais.com.uy/informacion/se-ampliaria-denuncia-contra-ancap.html

 
Comentarios desactivados en PAGOS DE ALUR EN NEGRO Se ampliaría denuncia contra Ancap Principio de acuerdo entre cañeros y productores; partidas cuestionadas pagarán aportes.

Publicado por en 11 mayo, 2017 en Comisión Prensa y Propaganda

 

Firmas mejoran expectativas; aún cautos en crear empleo Son más optimistas que en octubre respecto a la economía y su empresa.


Los empresarios reconocen que la economía está mejorando y más de un tercio prevé aumentar su producción, un panorama mejor al de hace un año aunque aún lejos de la euforia, ya que continúan siendo cautos acerca de la contratación de personal.

Ese es el análisis que se desprende de la última Encuesta de Expectativas Económicas de la consultora Deloitte divulgada ayer. “Se consolida la visión de un mejor 2017”, esa fue la principal conclusión del relevamiento que se sumó a datos de actividad del sector comercio y servicios que van en el mismo sentido.

El clima positivo surge porque frente a la edición anterior (octubre de 2016) creció en 15 puntos porcentuales —de 6% a 21%, el guarismo más alto desde 2011— los empresarios que ven una mejora de la situación económica frente a un año atrás. Mientras que disminuyeron de 64% a 26% (38 puntos porcentuales) los juicios negativos ante esa consulta, con un 53% que entiende que la economía se mantiene igual.

También mejoró el clima de negocios en visión de los empresarios: 10% creen que es mejor que hace un año, 54% que está incambiado y 36% que empeoró, dando un saldo negativo en las respuestas de -26% que sin embargo es el mejor guarismo de los últimos cuatro años. “La valoración general del clima de negocios mejoró, notándose en particular un aumento en los juicios positivos” ya que para el 30% de los consultados es bueno (18% había elegido esa respuesta en la edición anterior), indicó Deloitte.

A su vez, el 30% espera que la situación económica mejore dentro de un año y el 14% que empeore (para el 56% seguirá igual), cuando hace 12 meses solo el 6% creía lo primero y 63% lo segundo. Respecto al clima de inversiones a futuro, la mayoría (67%) considera que no tendrá cambios con un 14% que prevé un progreso y un 19% que empeorará.

Los empresarios también fueron interrogados sobre el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto (PIB) para 2017 y dos de cada tres consideraron que estará entre 1% y 2%. Al tiempo que para dentro de tres o cuatro años esperan un aumento de la actividad de 1,9% en promedio.

Por otra parte, se moderaron las expectativas devaluatorias respecto al peso, aunque solo un 4% cree que el dólar cerrará el año con una cotización entre $ 27 y $ 29 (margen donde está actualmente). Un 43% prevé una divisa entre $ 29 y $ 31, al tiempo que un 47% vaticina una cotización entre $ 31 y $ 33.

De forma similar cedieron las perspectivas de inflación, con mayoría de empresarios esperando un aumento de precios entre 8% y 9% en 2017, con un promedio de respuesta de 8,2% (era 9,2% en la edición anterior de la encuesta) y solamente un 15% pensando que entrará en el rango meta del Banco Central —entre 3% y 7%.

Empresas.

El relevamiento de Deloitte que consultó a 316 gerentes y altos ejecutivos de compañías representativas del mapa empresarial nacional, también incluyó preguntas acerca de la situación particular y perspectivas de cada firma. En ese sentido, hay visiones más favorables sobre el desempeño de las empresas que en los estudios previos.

En efecto, un 28% creen que su compañía está mejor que hace un año y solo el 22% que está peor —la mitad respondieron que se encuentra en igual situación—, siendo estos los guarismos más altos y más bajos para cada respuesta respectivamente desde al menos 2013. Asimismo, un 29% tiene mayor producción que hace un año (el 19% produce menos) y un 17% mejoró su rentabilidad, al tiempo que para el 39% cayó.

Para dentro de un año, el 37% de los empresarios espera que mejore la situación de la empresa y 12% que empeore, con un 51% de respuestas neutras y el mejor saldo positivo para esta pregunta de los últimos años (+25%). Respecto a la producción, un 36% tiene expectativas de que mejore, para el 54% seguirá igual y para el 9% desmejorará.

Pese al clima positivo que se vislumbra, solo un 8% prevé aumentar el personal contratado mientras que 24% estima que deberá reducirlo (el 68% respondió que mantendrá el nivel actual). “Se sigue reflejando un contexto de baja disposición de las empresas a contratar más trabajadores”, concluyó Deloitte.

Mejoran las ventas en comercio y servicios.

La mayoría de los negocios del sector comercio y servicios mejoraron sus ventas en el primer trimestre, confirmando un “escenario más optimista” que había empezado a percibirse en el final del 2017. “Más del 60% de los rubros relevados evidenciaron un mejor resultado que durante el cierre del año previo, mientras que en la comparación interanual dicho guarismo asciende a 85%”, reflejó la última encuesta de actividad de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS).

El informe divulgado ayer por la gremial vinculó este comportamiento a la reducción de las presiones inflacionarias producto de la baja del dólar, que incidió en el poder adquisitivo de las familias. Asimismo, el Índice de Difusión —que muestra la proporción de sectores que tuvieron una variación positiva de sus ventas en términos reales— se ubicó en 57% y se mantiene “relativamente estable” respecto al del último trimestre de 2016 (61%) aunque notoriamente arriba del observado en el trimestre inicial del año pasado (11%).

La CNCS destaca el crecimiento en el rubro ferreterías, que tras un 2016 con resultados negativos tuvieron un crecimiento interanual de las ventas en términos reales de 7,4% en las mayoristas y 4,9% en las minoristas. También se mencionó como ejemplo de la evolución positiva, la venta de vehículos 0 kilometro, estando en una situación contraria sectores como agencias de viaje (ventas cayeron 3,2% real) y supermercados (3,5% menos de facturación y dos años consecutivos en baja).

En base a estos números, la gremial evaluó que “se percibe un escenario de recuperación que si bien aún es débil, alienta las expectativas de los empresarios para lo que resta del año”.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/firmas-mejoran-expectativas-aun-cautos.html

 
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Publicado por en 11 mayo, 2017 en Comisión Prensa y Propaganda

 
 
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