La Universidad de la República (Udelar) se prepara para volver a discutir con el gobierno su presupuesto hasta 2020. El rector Roberto Markarian estimó, en entrevista con la diaria, que a la institución que dirige le corresponde 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), tomando en cuenta el compromiso electoral de otorgar 6% del PIB para la educación y 1% para ciencia e investigación, y sobre esas bases insistirán con su pedido presupuestal original. Markarian defendió la existencia del Fondo de Solidaridad, pero consideró “razonables las protestas” por cómo se presentaron los cambios a los contribuyentes. También explicó sus dichos sobre la Universidad de la Educación: opinó que sería “un error” que el proyecto quedara “exclusivamente en manos de los parlamentarios”, y pidió que no ocurra como con la Universidad Tecnológica, “a la que le cuesta arrancar”. En la interna universitaria tampoco la tiene fácil: los estudiantes rechazaron su candidato para la prorrectoría de Extensión y presentaron otra opción. Markarian fue tajante y aseguró que, tras una reunión con el candidato de los estudiantes, se “convenció” de que esa persona “no debería integrar” su equipo. En las próximas semanas intentará “conseguir un candidato de consenso”.

–¿Cuál va a ser el planteo de la Udelar con miras a esta Rendición de Cuentas?

-La propuesta va a ser tomar como base la solicitud presupuestal de hace dos años, y en la Rendición de Cuentas, pedir lo que nos falta para llegar a lo que queríamos tener en 2018 y 2019, tanto en lo que tiene que ver con el presupuesto para enseñanza e investigación como para salud. Creo que es fácilmente entendible que lo pedimos por fuera de lo que pedimos para investigación y enseñanza, por el hecho de tener un Hospital de Clínicas [HC] muy grande, y otros servicios de salud incorporados a la universidad. Para investigación es 1% del PIB, y 6% para enseñanza, y de acuerdo con lo que calculamos, nos corresponde aproximadamente 2,5% de toda la cifra que da eso; de investigación, casi todo, y de enseñanza, un quinto. Ese número, cuando elaboramos el presupuesto en 2015, dio ciertas cantidades por año, pero nos dieron mucho menos, del orden de 30-33% de lo solicitado para 2017, y estamos pidiendo llegar a esos números en 2018. Eso da una cifra muy grande. Respecto de la parte de salud, vamos a actualizar con el mismo criterio los montos que se gestionan por intermedio de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], y una cifra que habíamos pedido para construcción en el HC, 11 millones de dólares, va a ir con una explicación muy detallada de cómo eso congenia con el pedido que estamos haciendo para refuncionalizar el hospital. Si se quiere, tenemos una mejor fundamentación ahora, porque tenemos un gran proyecto, aprobado por unanimidad en el CDC, y vamos a pedir ejecutar una parte de ese proyecto, que básicamente se refiere a lo que es el área crítica del hospital, que incluye la emergencia, el CTI y cirugía, las partes más caras de cualquier hospital. Si saliera esto, la obra por PPP [contrato de participación público-privada] sería más chica.

–¿Ya tuvieron contactos con el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]?

-No. Tuvimos reuniones con las presidencias de los partidos políticos -con el Partido Nacional, el Independiente, el Frente Amplio- para plantearles ideas generales. Con el MEF aún no, por eso hubo acuerdo entre los miembros de la Comisión de Presupuesto en que el CDC resuelva estos criterios generales para abrir la discusión en dos puntas: una es claramente sindical, en la mesa de los sindicatos públicos, una discusión que los trabajadores no docentes quieren que esa discusión entre para eventualmente firmar convenio colectivo con el Poder Ejecutivo; la otra es la oficial, la institucional, que entremos en tratativas con el MEF bastante antes de que este presente su propuesta. Van las dos al Parlamento, y queríamos ver si logramos discutir un poco para mejorar la propuesta que pudiera hacer el Poder Ejecutivo.

–¿Qué opina sobre la discusión que se tuvo lugar en la Udelar sobre el Fondo de Solidaridad?

-La declaración sobre el Fondo salió por unanimidad en el CDC; yo no estaba en esa sesión porque estaba en el viaje, pero la apoyo globalmente. Reivindica la necesidad que tiene la institución de esos fondos y a la vez considera que la ley merece modificaciones, en cuanto a que la política de obtención de fondos podría ser más equitativa; eso lo acompaño íntegramente. Considero que sería inadecuado modificar el sistema por la Rendición de Cuentas; creo que en eso estamos todos de acuerdo y querríamos que se discutiera aparte, una discusión que tiene que incluir a los administradores del fondo, a la institución universitaria, al MEF. Querríamos que se abriera una discusión sobre cómo modificar el sistema de aportes sin modificar los montos finales que se aporta, y esa es una discusión delicada que estamos dispuestos a dar; yo diría que las autoridades del fondo están de acuerdo en que hay que darla, y también en que darla sin fundamentaciones, sin un estudio detallado, sería muy malo. Ahora creo que estamos en un impasse. Hay un aspecto raro, que no está del todo dicho en la declaración, y es un problema típicamente táctico, más que de largo plazo: del modo en que se presentaron las cosas, era razonable que se generaran las protestas. El modo de aportar se modificó por la Ley de Presupuesto, y juro que nosotros no nos habíamos dado cuenta de que se había incluido eso en la ley. Posteriormente, la reglamentación pasó todo el 2016 en trámites entre el Ministerio de Educación y Cultura [MEC] y el MEF, y se hizo pública en enero de 2017, cuando ya había que pagarlo, y se estableció que era mensual. De repente, los profesionales se enteraron de que tenían que pagar el impuesto mensualmente en enero del año en que tenían que hacerlo; parece una cosa muy irregular, porque en cualquier lugar se da tiempo para ese tipo de cosas.

–¿No comparte la propuesta de eliminar el Fondo?

-No, no la comparto, de ninguna manera. Defiendo que hay que aportar; nosotros somos beneficiarios de un aporte que el Estado hace para la mejora de nuestra formación intelectual, cultural, científica, artística, y nosotros nos beneficiamos de eso, porque efectivamente está demostrado que lo que ganan los profesionales universitarios es casi el doble que lo que gana el promedio de uruguayos que tienen la misma edad. Últimamente nadie afirma que eso hace que la enseñanza pública sea paga; creo que es una exageración. Todo el mundo paga por la educación; los impuestos que pagan los uruguayos van para algún lado, en particular para solventar esta institución. No es gratis. Que los beneficiarios del sistema educativo aportemos un poco más, en particular para nuestra alma máter, la institución que nos dio lo que tenemos, yo lo veo razonable.

–Usted hizo algunas declaraciones sobre el proyecto de ley de la Universidad de Educación, que está por enviarse al Parlamento, que fueron cuestionadas por algunos colectivos. ¿Cuál era su preocupación al pedir que no se creara una universidad “obligados” por las circunstancias políticas, o que no se crearan “cargos con gente chambona”?

-Una universidad es una institución mayor. El hecho de que Uruguay tenga una universidad tan grande, que incluye a 80% de los universitarios del país, la coloca en una situación distinta de la de otros países; eso es decididamente una excepción. Una institución universitaria de educación, que el país necesita, tiene que darse utilizando los recursos con los que el país cuenta en esa materia; esa es la preocupación central de todos nosotros, más allá de lo que a veces decimos. Entonces, que la creación de la universidad quede en manos exclusivamente de los parlamentarios, y que no haya ninguna participación de las instituciones mayores de educación superior del país, es un error que creo que está en vías de ser corregido. Hemos tenido reuniones con el MEC, con los parlamentarios que están llevando este asunto, y ellos mismos han visto que está mal que ellos hagan una ley tan técnica, y que lo hagan inconsultamente. Creo que ese reclamo, que nosotros estamos haciendo con mucha sobriedad en el Sistema Nacional de Educación Pública, va por buen camino; es posible que prontamente se conforme un equipo técnico, con los entes de la educación y el MEC, para analizar cómo debería ser. Creo que entreverar la Rendición de Cuentas con esta discusión sería un grave error. Creo que se ha comprendido que es un tema muy específico, que no se trata sólo, como pasó con la Utec [Universidad Tecnológica], de decidir cómo va a ser la dirección; es mucho más fino. Creo que el ejemplo de la Utec es bueno, porque se creó y le cuesta arrancar, porque salió una cosa muy poco específica, más allá de que en la Utec, de todo lo del cogobierno todavía no hay nada [la primera elección se prorrogó para 2019]. Todas las carreras de la Utec tienen cupos; esa es una de las cosas que se ha olvidado. Nos presionan para que saquemos los cupos, y en la institución nueva, que debería estar adaptada a los tiempos, todas las carreras son con cupos. No lo digo críticamente, observo que hay cierta incoherencia en los planteos que se hacen. Uno dirá: “La Utec es tan chica que no vale la pena armar lío”, y yo capaz que lo acepto. El crecimiento de la educación superior en el interior del país se está dando dentro de la Udelar y no por medio de la institución que fue creada para eso; se afirma que la Utec es para el interior. Esa es nuestra preocupación, y creo que nuestra prédica ha sido bien entendida, dejando de lado modos de hablar y malentendidos que de nuestra parte han sido aclarados en el ámbito que correspondía: hemos tenido entrevistas con la Comisión Permanente de la Asamblea Técnico Docente de Formación en Educación, y hemos aclarado lo que quisimos decir.

–Uno de los escollos principales, que sí es parlamentario, es la creación del ente autónomo, que requiere mayorías.

-Nosotros insistimos en que la discusión debería ser académica y en cómo debería ser una institución universitaria de educación. En cuanto al gobierno, después lo vemos, va a depender de mayorías, o no. Está claro que para eso las mayorías no están, porque sobre ese punto la oposición ha sido categórica, que no quiere que sea igual a las otras instituciones de enseñanza. Pero el problema es que estamos más atrás que eso: no sabemos muy bien qué es lo que queremos, cuál es el carácter universitario, más allá de decir “es una universidad”. Hay esfuerzos, que reconocemos, del Consejo de Formación en Educación, por ir ganando estos espacios, pero aun así creo que los aportes que podemos hacer nosotros, no sólo temáticos, sino epistemológicos, de concepción de universidad… Diría que la tradición del país es lo suficientemente rica como para que efectivamente se tenga en cuenta no sólo la vertiente de lo que ya existe -parecería que se tomara sólo eso en cuenta-, sino los aportes que se puedan hacer desde afuera, en una dirección coincidente en el objetivo, que es darle un carácter universitario a la formación de maestros y profesores. Es prioritario que se avance en eso.

–Usted ha planteado la necesidad de reformar la Ley Orgánica. ¿En qué está eso?

-No está habiendo discusiones específicas sobre la Ley Orgánica. Sí digo que, muy relacionado con eso, estamos organizando varios seminarios críticos sobre el Plan Maggiolo en agosto, de manera de hacer, a 50 años del Plan, una revisión crítica: no se trata sólo de decir “qué bárbaro [Óscar] Maggiolo”, sino de ver qué aplicabilidad tiene lo que Maggiolo quiso hacer, y eso indirectamente se refiere a los sustentos de la Ley Orgánica. No hay una discusión en términos jurídicos, pero sí la hay respecto del estatuto del personal docente, que fue otra cosa que planteé en su momento, y en pocos meses vamos a tener novedades sobre una propuesta de modificación del estatuto.

–Después de la renuncia de Hugo Rodríguez al cargo de prorrector de Extensión, usted presentó un candidato para sustituirlo, Alejandro Maiche, sobre el que no hubo acuerdo en la comisión del CDC que evaluó el tema. Luego, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay [FEUU] presentó otro candidato, Alejandro Casas. ¿Qué opinión le merece?

-La ordenanza establece con precisión el modo de elegir y el modo de operar de los prorrectores. El de prorrector es un cargo coordinado por el rector. Pero el régimen de elección no contempla esto, porque cualquier claustrista puede proponer un candidato y, aunque el rector esté en contra de él, se podría nombrarlo. Yo he dejado claro que voy a ejercer el derecho de tener colaboradores del rectorado que sean colaboradores del rectorado. La explicación que he dado sobre eso es muy clara. Formalmente, el de rector es un cargo único, podría no tener ni un colaborador, y es absurdo. El rector administra 450 millones de dólares de las finanzas públicas, gobierna una institución que tiene más de 100.000 estudiantes, más de 10.000 docentes, que tiene centenares de metros cuadrados construidos a lo largo y ancho del país, y es absurdo que se le nombre colaboradores que no cuentan con su confianza. No tiene sentido que alguien piense que se puede trabajar bien en condiciones en las que los que colaboran con el rector podrían no ser afines a él y que le discutan todo. Esta mesa no es para discutir qué vamos a hacer en esta universidad, sino cómo lo vamos a hacer; el qué lo resuelve el CDC con la adaptación que el rector hace de eso, que es quien ejecuta las resoluciones del CDC. Y esto es de buena gestión, de buena administración pública; si fuera lo contrario, esto sería un aquelarre, y yo no estoy dispuesto a aceptar un aquelarre al dirigir esta institución, por tener gente que no tenga la jerarquía necesaria para asumir una función de ese tipo. No se puede nombrar para el segundo escalón de dirección de la universidad gente que no esté apta para los cargos, y eso podría pasar, insisto: la Asamblea General del Claustro [AGC] podría decidir y nombrar un prorrector. Me he reunido con el candidato que presentó la FEUU y me he convencido de que esa persona no debería integrar el equipo del rector, y se lo he manifestado a él personalmente. No es conveniente que el equipo rectoral incluya a esa persona. Ayer me reuní con delegados de los tres órdenes para manifestarles esto. Creo que no es conveniente que yo salga a polemizar sobre los aspectos parciales de la presentación, que es una discusión interna, pero creo que es bueno que se sepa que esa es mi opinión, y lo hago por la responsabilidad del cargo: no puede ser que alguien conciba que el rector puede actuar solo. El cargo es demasiado importante, por lo que administra y por la obligación que tiene con el Estado, que es cumplir la Ley Orgánica. ¿Cómo hacés para cumplir con el artículo 2 si estás solo?

–¿Se corre riesgo de que el área quede en un segundo plano?

-Es un área importante, que tiene peso en la institución, que es polémica -eso es sabido y no lo voy a negar-, a la que el CDC le ha dado una riqueza más grande de la que tenía anteriormente -en particular, se creó un área de derechos humanos, que no existía-, pero además se quiere contemplar todo lo que tiene que ver con las relaciones con el medio, algo que no consiste meramente en preocuparse por un sector de la sociedad uruguaya: es Uruguay todo, y eso lo tenemos que hacer coordinando los trabajos que se llevan a cabo en los servicios, que son los grandes ejecutores.

–¿Cómo va a seguir el trámite? ¿Se van a presentar los dos candidatos a la AGC? Más allá de las decisiones personales que pueda tomar cada uno de ellos…

-Cuando se discuta en el Claustro, ellos tienen que firmar su aceptación, y hasta ese momento no son candidatos. Falta un mes para que eso ocurra. En la comisión no nos pusimos de acuerdo, y ahora el asunto está en el CDC. Eso se va a hacer tal como está establecido.

–¿Descarta la posibilidad de presentar otro candidato?

-No, no la descarto. Dije en la comisión, que visto que no hay un acuerdo sobre el candidato que presenté, sobre la base de que el mío es el que presenté, estoy dispuesto a abrir un compás; les rogué que lo abriéramos, para eventualmente llegar a un candidato de consenso. Yo iba a consultarlos cuando tuviera otro nombre, y les pedí otros nombres, también a los decanos les voy a pedir que propongan candidatos, para cumplir con la política del CDC en esta materia. La discusión es muy sana. Es una ordenanza que hay que cambiar con cuidado, pero creo que el rector debería tener una capacidad propositiva mayor; no que no se le pueda vetar al candidato, sino que el rector debería ser el que propone a la persona.