“El fiscal acusó”, fue lo primero que dijo, casi en voz baja, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, cuando salió de la audiencia. Se escuchó algún “bien” y se vieron varias sonrisas en la decena de personas que aguardaban en la sala de espera del Juzgado Penal de 9º Turno, entre ellos dirigentes del PVP, el coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, y la activista de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites. Antes de la audiencia, a pocos pasos de los denunciantes y acompañado por su abogado defensor, aguardó en ese mismo lugar el militar retirado Raúl Mermot, presidente del Círculo Militar.

Puig y Sandro Soba -hijo de Adalberto Soba, detenido-desaparecido durante la dictadura- denunciaron a Mermot por apología de la tortura y por amenazas a la Justicia, por las declaraciones que hizo el 14 de abril, en el homenaje de los retirados militares a los “caídos en defensa de las instituciones democráticas”, donde dijo que en la dictadura “hubo excesos”. “Me consta, en lo personal, que nunca estuve en una sesión de tortura, pero no [hay que] confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio, torturas no hay”, manifestó en aquella ocasión. También cuestionó el procesamiento por torturas del coronel retirado Rodolfo Álvarez: dijo que el fallo fue “infame”. “Tendrá que verse la forma de que esto no siga siendo así”, deslizó.

La primera pregunta que la jueza Blanca Rieiro le hizo a Mermot fue en qué contexto hizo esa declaración. El militar consideró que apremio físico y tortura “son cosas distintas”. “De ninguna manera los justifico, ni los apremios, ni la tortura, ni los excesos. Dije que hubo excesos de ambas partes, pero no puedo precisar qué tipo de excesos ni estar de acuerdo con los mismos”, manifestó. “Hablé de otros camaradas que fueron procesados y llegué a decir que hay una especie de sentimiento de venganza por parte de la Justicia hacia nosotros”, agregó.

La jueza le preguntó qué quiso decir cuando expresó que “tendrá que verse la forma de que esto no siga siendo así”, a lo que Mermot respondió que entendía que debía hacerse “todo el esfuerzo de los juristas más reconocidos” para que este tipo de procesamientos “no ocurra”. “Por ejemplo, en el caso de Álvarez fue juez sumariante [en la dictadura], todos fuimos jueces sumariantes, está dentro del protocolo […]. Pero procesado por cómplice o coautor… no lo entiendo”, comentó. Agregó que Álvarez se limitó a tomar declaraciones “a un detenido que dicen que fue torturado”. “Eso [si fue torturado] no lo sé, pero él como juez sumariante lo que hace es preguntarle cosas, anotarlas y llevar el acta”, agregó en otro momento de la audiencia.

Rieiro también le preguntó si dejar a una persona detenida “un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar” es apremio físico o tortura. “Es apremio físico, pero también puede ser tortura, depende del contexto en que se esté hablando”, fue la respuesta.

Mermot negó haber justificado la tortura con sus declaraciones, y al ser interrogado sobre su concepto de tortura contestó que “es el sufrimiento de un detenido que está sometido a una prisión y se le tortura en busca de procurar información”. “Se me ocurre que ha pasado en otros países también. En estado de guerra la información es un principio de guerra, y la forma de obtenerla a veces es por otros medios”, acotó.

Finalmente, consultado sobre si conocía algo respecto de las amenazas del llamado “comando Barneix” a operadores judiciales y activistas de defensa de los derechos humanos, respondió: “No estoy de acuerdo, pero ni idea”.

El abogado Andrés Ojeda, defensor de Mermot, alegó en su escrito que el militar retirado no hizo “una defensa o apología de hechos de tortura, sino que su intervención pública se limitó a distinguir cuándo estamos ante un caso de tortura y cuándo para él (una persona no experta en asuntos jurídicos) no lo estamos”, y que procesarlo sería “atentar contra su derecho a la libre expresión”.

Una sí y otra no

El fiscal Pablo Rivas resolvió pedir el procesamiento con prisión de Mermot por un delito de “apología de hechos pasados, agravado por haberse ejecutado a través de medios de comunicación”. Pidió 24 meses, que es la pena máxima para ese delito. Entiende en su escrito que el militar retirado “justifica lo que califica de ‘apremio físico’ y que forzosamente debe encuadrarse en el concepto legal de tortura”. Tras detallar todas las prácticas de tortura que utilizó la última dictadura cívico-militar, Rivas señala que “existen en los tribunales penales nacionales numerosos testimonios que dan cuenta de esta práctica masiva que los agentes estatales de la dictadura aplicaron en la época, en cuarteles, prisiones, dependencias policiales y centros clandestinos de detención, donde los detenidos eran interrogados mediante torturas”. Sostiene que “la descripción de una decisión de un agente estatal de ‘cansar’ a un detenido con la finalidad de que ‘pueda hablar’ encuadra sin esfuerzo en el concepto de tortura, como trato inhumano, cruel y degradante que es”.

Rivas acota que el bien tutelado en este caso es “el propio sistema de protección y garantía de los derechos humanos, que se resiente cuando se legitima el acto aberrante”. “Cuando se elogia una conducta criminal gravísima, se estimula la violación presente o futura de los derechos humanos”, advierte el fiscal.

Los denunciantes habían pedido también que se procesara a Mermot por “amenazas a operadores judiciales”, pero el fiscal entendió que no correspondía aplicar esta figura delictiva porque Mermot no mencionó a ningún operador judicial en particular, y porque las personas son libres de cuestionar a los funcionarios públicos y a las sentencias judiciales.

A la salida del juzgado, el abogado de Puig y Soba, Pablo Chargoñia, expresó su satisfacción por el pedido del fiscal y destacó que el hecho de que el Poder Judicial esté “alerta” ante estos casos es “valioso desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos”.

Sandro Soba tenía ocho años cuando se llevaron a su padre. Siendo un niño, estuvo recluido en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, en Argentina, y luego en Punta Gorda, en Montevideo, junto a su madre y sus hermanos. Tras la liberación, su madre debió soportar amenazas continuas del aparato militar, en el sentido de que si denunciaba lo sucedido harían desaparecer a sus hijos. Soba dijo que los militares siguen “mintiendo y justificando ciertas actitudes”, y evaluó como “positivo” el pedido del fiscal. El viernes se conocerá la decisión de la jueza.