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Archivos diarios: 2 abril, 2018

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Gobierno advierte por ajustes salariales superiores a las pautas


Las autoridades no permitirán que se trasladen esos costos a precios tarifados y contratos públicos

El gobierno presentó a mediados de marzo los lineamientos para la séptima ronda de negociación salarial en el sector privado, que tienen nuevamente como base ajustes nominales decrecientes.

Además de establecer los porcentajes de ajustes, los plazos para los correctivos por inflación y los aumentos adicionales para los llamados «salarios sumergidos», en ese paquete el gobierno pasó un mensaje pensando en aquellas ramas de actividad que pudieran acordar aumentos superiores a los propuestos.

Las autoridades no permitirán que se trasladen esos costos salariales a precios tarifados y contratos públicos.

Para esos casos se establece que en sectores con precios regulados o tarifados o en los que se apliquen esquemas de reajuste de precios en base a paramétricas que recojan la variación del costos de mano de obra, el traslado a precios en tarifas y/o contratos con el Estado deberá tomar como máximo los ajustes que surjan de aplicar los lineamientos.

Por ejemplo, si empresas y trabajadores acordaran un 9,5% de aumento cuando la pauta de referencia es de 8,5%, se podrá trasladar a precios el 8,5%. El otro punto tendrá que absorberlo la empresa.

Además, cuando se firmen ese tipo de acuerdos el sector empresarial deberá dejar constancia a «texto expreso» de que conoce esa limitación y de su compromiso a cumplirla, según dice el documento oficial que detalla los lineamientos del Poder Ejecutivo.

En la ronda de negociación pasada la prohibición de trasladar a precios el aumento de costos se plasmó en un decreto específico que modificó la fórmula paramétrica de ajustes en los contratos de obra pública que los privados tienen con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Mtop). Ese fue un mensaje claro para el sector de la construcción que venía apartándose de las pautas en las negociaciones precedentes.

Además, en el gobierno se considera que no se pueden exigir exoneraciones del Estado o beneficiarse de subsidios y al mismo tiempo negociar por encima de los lineamientos prefijados, como pasó con la construcción y la industria de la bebida durante el gobierno de José Mújica.

Puntalmente en el caso de la bebida esa situación se repitió durante la actual administración de Tabaré Vázquez. En la negociación de 2015 cuando el gobierno conoció el preacuerdo salarial que existía en el sector se opuso, por considerar que se apartaba de los lineamientos sugeridos.

Las partes se habían autoclasificado en el sector dinámico (el de mayores ajustes), pero el gobierno calificó la actividad dentro del grupo de sectores «en dificultades», dado los créditos fiscales que se le brindan a manera de subsidio.

Finalmente, con la amenaza latente de un conflicto se selló un ajuste superior a los lineamientos como quería el sindicato, y se firmó un acuerdo de precios entre los fabricantes de bebidas y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Arranca la ronda

La ronda de negociación colectiva de este año es la más grande desde que se reinstalaron los Consejos de Salarios en 2005 durante la primera administración frenteamplista. El gobierno se plantea un plazo de nueve meses para el intercambio entre empresarios y trabajadores.

De los 227 convenios colectivos del sector privado ya hay 15 que vencieron entre diciembre de 2017 y marzo de este año. Entre ellos se encuentran la industria láctea, tejido de punto, remises, bancos, procesadoras, tarjetas de crédito y fideicomisos, sectores rurales, transporte urbano y suburbano de pasajeros y zonas francas, que comenzarán a ser convocados a partir de esa semana.

Luego hay 176 vencimientos en junio, que involucran sectores intensivos en mano de obra como el comercio minorista, la construcción y otras ramas de la industria.

La previsión del gobierno es poder citar a los subgrupos de junio con anterioridad a la finalización de los acuerdos para que negocien en un período máximo de 90 días. Con ello se busca contribuir a evitar que las empresas tengan luego dificultades para el pago de los saldos retroactivos.

En setiembre vencerán otros tres convenios y 33 lo harán en diciembre.

Las reglas del juego

Los porcentajes de ajustes que el Poder Ejecutivo pretende guíen las negociaciones entre empresarios y sindicatos plantean una suba nominal del salario de 8,5% para los sectores «dinámicos», 7,5% para los «intermedios» y 6,5% para aquellas ramas de actividad que se autoclasifiquen como «en problemas». Para el segundo año esos porcentajes se reducen en medio punto a 8%, 7% y 6% anual nominal, respectivamente. La inflación cerró en los 12 meses a febrero en 7,1%.

En esta oportunidad el gobierno proporcionará indicadores sectoriales para que sean utilizados en el proceso de autoclasificación por cada mesa de negociación.

En la previa, desde las gremiales empresariales se sostiene que los ajustes previstos son demasiado altos tomando en cuenta la realidad de varios sectores productivos, mientras el PIT-CNT se mantiene firme en negociar aumentos por encima de las pautas oficiales que reflejen el crecimiento de la economía.

El plazo propuesto para la duración de los acuerdos es de 24 meses, pero también está habilitada la opción de cerrar convenios con 30 meses de extensión, con ajustes semestrales o anuales. Los correctivos por inflación pasada se podrán aplicar en caso que corresponda a los 18 meses desde que el acuerdo cobre vigencia.

Lea también: Los sindicatos darán pelea por mejorar las pautas en la cancha

 
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Publicado por en 2 abril, 2018 en Comisión Prensa y Propaganda

 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS Cargos, confianza y propiedad


Existen cargos públicos que no se ejercen y otros de propiedad privada

Por Oscar A. Bottinelli *

Los parientes en cargos públicos –a juzgar por su destaque en los medios de comunicación– parecería ser uno de los temas dramáticos para los uruguayos . Al respecto, viene a la cabeza un dicho del sarcástico periodista argentino Jorge Lanata muy crítico de los uruguayos. Lanata decía que en Uruguay la corrupción no se puede investigar «porque los uruguayos son todos primos». Con el criterio de Lanata, si los uruguayos somos todos primos, no hay cómo no nombrar para un cargo público a un primo. Un primo es el hijo o hija del hermano o hermana, o del tío o de la tía, pero en sentido amplio al final puede decirse que es un primo todo aquél que es amigo o conocido, más allá de los lazos de consanguinidad (o afinidad).

Despejado –en la nota anterior *– el tema de los métodos de nombramiento de dependientes públicos, si se concluye que no debe haber más nombramientos a dedo, es tan malo que ese dedo favorezca a un primo como a un apenas conocido, porque lo malo es el dedo, no quien se beneficia con el dedo. Lo que queda son los cargos que por la naturaleza de su función requieren algún nivel específico de confianza particular, ya fuere política o personal.

Se observa que en listas de candidatos los partidos han puesto a parientes muy cercanos: esposo y esposa como primer y segundo titular de una lista, madre como titular e hijo como su suplente, hermano como titular y el otro hermano como su suplente, padre a la cámara alta e hijo a la cámara baja, hermano y hermana a una cámara y cuñado a la otra, diputado suegro por un departamento y diputado yerno por otro, hermano por un departamento y otro hermano por otro departamento. Todas estas situaciones fueron consideradas correctas por lo partidos y por sus votantes desde el momento que los votaron y resultaron electos, sin haber habido ocultamiento alguno. De donde, para la ciudadanía, no es un dirimente el parentesco para una misma forma de candidatura. De donde, bis, si no se considera dirimente el parentesco para una candidatura, no resulta obvio que sea un dirimente para la designación de un cargo de confianza política no electivo, por designación. Lo que surge, con aparente claridad, es que quién debe ir a los cargos de confianza política y cuáles son los criterios para ocuparlos, corresponde definirlo a cada partido político de acuerdo a sus convicciones, valores y criterios. Si ello es adecuado o no será juzgado por los propios (miembros, afiliados) y en última instancia por los votantes, al otorgarle o retirarle el voto. No son terceros ajenos a un partido los que deben decidir qué criterios tiene que seguir un partido político para elegir a su gente de confianza. Al menos, no corresponde a la autonomía que cada partido político debe tener en un régimen poliárquico.

En cuanto a los cargos de confianza personal, ¿está siempre mal designar para un cargo a un familiar? ¿Y a un amigo? ¿Y a un compañero de partido, a un correligionario? ¿Y a un votante? Si hay cargos que requirieren la confianza personal, ¿cómo se hace para encontrar a alguien que sea de confianza personal pero no sea ni pariente, ni amigo, ni compañero, ni correligionario, ni votante y quizás ni siquiera conocido? Y luego viene la siguiente pregunta: ¿por qué está bien que en una empresa privada o en un estudio profesional se designen en los lugares de confianza a los hermanos hijos, primos y sobrinos, y ello está mal para la actividad pública? Ah! Se dice, pero en la actividad privada es con su propio dinero y en la pública con los dineros públicos. Bien, y si esa actividad privada recibe contratos, concesiones o publicidad del Estado (latu senso) o exoneraciones tributarias, regímenes de promoción de inversiones, beneficios varios, ¿no se usan dineros públicos? Y viene una pregunta adicional: Si está mal, ¿es porque un cargo de dependiente público constituye un privilegio? Entonces, el tema es otro: ¿Por qué un cargo de dependiente público es un privilegio y no un servicio?

Visto el anverso de la medalla respecto a amigos y parientes, conviene ver su reverso: La conservación de los cargos públicos aunque no se ejerzan. Por un lado hay muchos cientos –más que algún millar– de personas que no ejercen lo cargos públicos para los que han sido designados y están en comisión en despachos de cargos electivos o de designación política. Esto da mucha tela para cortar, sobre todo porque si alguien tiene un cargo y no lo ejerce, parece que ese cargo está de más en el presupuesto de origen. Y si lo ejerce en otro lado, normalmente es porque hay un faltante en el otro presupuesto, el de destino.

Pero el tema es más complejo con la llamada reserva de cargos públicos. Los funcionarios públicosdesignados para ocupar cargos políticos o de particular confianza podrán conservar la titularidad de los cargos presupuestados o contratados, aunque suspendido en estas funciones, pero mantendrán «todos los derechos funcionales, especialmente el de la carrera administrativa (…) y las retribuciones que por cualquier concepto venía percibiendo hasta la toma de posesión del cargo, cualquiera sea su naturaleza». Y por las dudas, tiene derecho a seguir percibiendo el sueldo y compensaciones de ese cargo, en lugar del cargo de confianza (obviamente si gana menos en el cargo de confianza). Así hay presidentes y directores de entes autónomos que conservan su empleo público para cuando dejen el cargo político, o inclusive fiscales que conservan el cargo sin ejercerlo mientras cumplen una función política. Es decir, son una categoría especial de cursantes de carrera política, en que tienen una red de protección en caso de accidentes políticos y un privilegio en las retribuciones. Son propietarios de cargos públicos. Y esos cargos o sobran o son ocupados por gente llamada como suplente, sin los derechos de la titularidad.

* La actual es la última nota de una miniserie de tres. Ver como antecedentes De ética, derecho y pluralismo y De dedos y dependientes públicos, en El Observador del 17 y del 24 de marzo de 2018, respectivamente, en Factum Digital (www.factum.uy)

 
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Publicado por en 2 abril, 2018 en Comisión Prensa y Propaganda

 

COFE va por suba real de 3 puntos en ASSE e Inisa


La plataforma abarca a alrededor de 26.000 trabajadores públicos.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) buscará mejoras sustanciales en términos reales para los salarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU) de por lo menos tres puntos anuales sobre la inflación, adelantó su dirigente Joselo López.

En el caso del INAU y el Inissa, que reúnen a unos 6.000 trabajadores, la intención del sindicato es asegurar que se cumpla el acuerdo a cinco años firmado con los directorios para que en un lustro haya una mejora salarial en términos reales de algo más de 20%. El salario de ingreso en estas dependencias es de $ 22.000 netos. «Están bastante sumergidos», dijo López.

En el caso de ASSE, en la que trabajan unas 20.000 personas, COFE planteará tres puntos y medio de recuperación salarial por sobre la inflación porque sus funcionarios no cuentan con un convenio salarial y últimamente sus remuneraciones se han ajustado únicamente por inflación, indicó López.

En este caso el tiempo para negociar es acotado porque, por disposición legal, la Rendición de Cuentas en la que se podrían incluir los incrementos salariales tiene que estar promulgada en octubre, porque en el año previo a las elecciones nacionales no puede haber aumentos de sueldos públicos.

COFE planteará en los meses previos a la Rendición de Cuentas (cuyo proyecto debe presentarse antes del 30 de junio) que debe ingresar más personal a la Administración Central y que se debe rediseñar la carrera administrativa que está, según López, «desvirtuada».

Por otro lado, López cuestionó en el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt lo que consideró una reacción «demasiado tímida» de la central sindical tras el anuncio de los lineamientos salariales para el sector privado. López entiende que los sindicatos más débiles pueden llegar a tener dificultades para evitar pérdidas salariales en la próxima ronda de negociación.

https://www.elpais.com.uy/informacion/sindicales/cofe-suba-real-puntos-asse-inisa.html

 
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Publicado por en 2 abril, 2018 en Comisión Prensa y Propaganda

 
 
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