La Ley de Riego es inconstitucional. En 2004 el pueblo uruguayo ya decidió. El 64,7% votó a favor de reformar la Constitución para que se estableciera el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales, anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Todos definimos que los recursos hídricos forman parte del dominio público estatal y que las organizaciones sociales deben velar por su cuidado, participando de la planificación, gestión y control de sus usos. La votación de la Ley de Riego en el Parlamento, promulgada por el gobierno el 27 de octubre de 2017, pasa por encima de la voluntad del pueblo manifestada en 2004.
La Ley de Riego privatiza. Establece mecanismos para el uso privado de aguas superficiales con fines de riego a gran escala. Para conceder a los privados nacionales y extranjeros han modificado, incluso, la Ley de Participación Público-Privada (PPP) para habilitar obras hidráulicas con el apoyo del Estado, promoviendo la inversión de capitales extranjeros como fondos de pensiones, aunque nada tengan que ver con la producción agrícola. ¡Porque no solo es una ley de riego! ¡Es una ley de inversiones!
La Ley de Riego contamina. Impulsa la construcción de embalses multiprediales en medio del cauce de los ríos estancando las aguas. Esto provocará cambios en los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, interrupción de conectividad hídrica, erosión y contaminación. Además, los agronegocios suponen gran uso de agrotóxicos y la mayor productividad provocará la aparición de mayor cantidad de floraciones algales y cianobacterias. La mayor inversión de OSE en potabilización seguirá recayendo en los bolsillos del pueblo a través de una suba aún mayor de la tarifa. Con esta ley se privatizan los beneficios y se socializan los costos y las pérdidas. Y, ni qué decir del burdo argumento del ex Ministro Aguerre diciendo que el agua que escurre es agua perdida, subestimando al pueblo.
La Ley de Riego mercantiliza. ¡Crea un nuevo mercado, donde el agua es la mercancía! Es un mercado del agua con participación de agentes privados en la gestión del agua para la comercialización por parte de los operadores de sistemas de riego y la articulación con las asociaciones agrarias de riego. Esto amenaza a pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. Serán los poderosos, nacionales y extranjeros, los que harán las cosas que el ex Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca consideró que ayudarán al país. Serán ellos los que en vez de “esperar” la lluvia “la cosecharán, la almacenarán, la administrarán, la financiarán”, al servicio de mayor productividad. Se apropiarán del agua para sus mayores ganancias.
Pero, además, por si eso fuera poco, UTE se compromete a comprar la energía eléctrica generada en estas represas, ¡aunque UTE no la necesite! ¡Porque no solo es una Ley de riego! ¡Es una ley de inversiones y de generación de energía!
La Ley de Riego da la espalda a la gente. Fue impuesta por el gobierno, sin consulta popular, intentando ocultar que compromete el agua para las presentes y futuras generaciones. Tampoco prevé mecanismos e instancias para que la población participe en la toma de decisiones, ni en la planificación ni en la gestión ni en el control de los recursos hídricos como mandatan la Constitución y la Ley…
La Ley de Riego es una herramienta más en favor de los grandes capitales, en especial multinacionales, y en perjuicio de los pequeños productores y del pueblo trabajador en general, que se ve despojado del agua, de la tierra, de la soberanía. Y no es para nada casual que esta Ley haya sido aprobada por el gobierno respondiendo directamente a los lineamientos del Banco Mundial, elaborada con su asesoramiento y con la participación de sus técnicos. Porque el objetivo del gobierno es intensificar el uso del agua para el agronegocio y los mega emprendimientos, acorde al modelo productivo agroexportador que impulsa, haciendo al país más dependiente, un país cuya deuda externa supera los 60 mil millones de dólares, ¡que se multiplicó por tres en los últimos 15 años!
A.FU.SEC. 