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Archivos diarios: 17 noviembre, 2018

Pit anuncia movilizaciones en áreas claves de actividad


Sin acuerdo salarial en supermercados, hoteles y transporte de pasajeros.

El movimiento sindical advirtió el jueves al gobierno y a las cámaras empresariales que están indefinidas las conversaciones salariales de sectores claves para el desarrollo de la temporada turística y de las ventas para las fiestas tradicionales y que está dispuesto a un plan de movilización en el supermercadismo durante diciembre y el verano. El próximo 23 se reunirá la Mesa Representativa del Pit-Cnt que evaluará la marcha de los Consejos de Salarios y que seguramente decidirá alguna medida de carácter general para presionar una aceleración de las conversaciones.

El Ministerio de Trabajo presentó el jueves de tarde los datos más recientes sobre el avance de las conversaciones: se cerraron acuerdos que abarcan aproximadamente al 54% de las empresas participantes y al 45% de los trabajadores involucrados y marcó su «preocupación» por el retraso en las tratativas.

Milton Castellanos, director del instituto «Cuesta Duarte» del Pit-Cnt, dijo a El País que «hay preocupación porque a más de 4 meses las negociaciones hay miles de trabajadores sin acuerdos en sectores muy sensibles». Y enumeró entre ellos a los supermercados, las empresas de logística, los restaurantes, las rotiserías, los hoteles, el transporte de carga, el transporte interdepartamental de pasajeros, la pesca y el sector metalúrgico. Según Castellanos, muchas mesas no han cerrado no porque haya diferencias económicas sustanciales sino porque hay «una postura política» de parte del sector empresarial «que es una forma de vaciar la negociación que no es buena». «Queremos incentivar y motivar la negociación porque no hay tantas distancias en lo económico pero hay otros factores», comentó. Desde el comienzo de la ronda salarial la central sindical ha venido advirtiendo que nota una posición más dura en el sector privado en esta oportunidad.

Quieren 98 categorías en el sector hotelero

El Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu) definió 98 categorías laborales en el sector hotelero que pretende que se incluyan en el convenio del sector. En la rama del rubro turístico hay más de 120.000 puestos de trabajo y un porcentaje importante cumple tareas en el sector hotelero. Esta es otra de las ramas de actividad sin acuerdo. «Nuestro temor es que las empresas no las incluyan en el convenio colectivo», dijo la dirigente del sindicato, Fernando Aguirre al portal del Pit-Cnt.

Hay además, desde el punto de vista de los sindicatos, razones prácticas que hacen necesario terminar rápido. Las empresas pueden enfrentar dificultades para pagar aguinaldos, licencia y retroactividades. El Pit además quiere una rápida definición de los ajustes salariales para que estos se reflejen en el Índice Medio de Salarios en base al cual se establecerá el ajuste de pensiones y jubilaciones a partir del 1º de enero.

El presidente del sindicato del comercio (Fuecys) Fabio Riverón explicó a El País que el gremio está a la espera de alguna propuesta del gobierno para destrabar la situación (las empresas ya dejaron claro que no harán ninguna más) pero advirtió que la postura del gremio es combativa.

«Si el gobierno pone a votación una propuesta y luego lauda se cerrará una etapa y de seguro iremos a un plan de acción con el objetivo de que se reinstale el consejo de salarios. Quedaremos con las manos liberadas. Considerando la incidencia que tiene este sector, esto es clarísimo», avisó. El sindicato del comercio podría llegar a aceptar un decreto que establezca el aumento anual siempre que no vaya más allá de un año de vigencia y que rápidamente se reinstalen las conversaciones tripartitas. Esa fue la solución por la que optó el gobierno para los sectores rurales más importantes luego de que se retiraran de las conversaciones la Asociación y la Federación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche y las Cooperativas Agrarias Federadas.

El sindicato del comercio se siente con fuerza. En 2005 tenía 4.500 afiliados y hoy tiene algo más de 20.000. Si bien en los supermercados el nivel de afiliación ronda el 35%, el gremio se siente que tiene la suficiente masa crítica para tomar medidas de impacto. Riverón ejemplificó que ante una situación concreta de despidos en Géant esta semana, el sindicato cerró toda la línea de cajas en protesta. Fuecys tiene unos 1.000 «comités de empresa». En las grandes cadenas trabajan alrededor de 14.000 personas y unas 20.000 en el conjunto del supermercadismo.

La postura del sindicato tiene dos pilares: el rechazo total a cualquier acuerdo que suponga una pérdida de salario real y el énfasis en la capacitación de los trabajadores como forma de paliar la pérdida de empleos en el sector. «Hay que ocuparse de eso y no solo preocuparse», dijo Riverón. El sindicato cree que hay margen para el incremento de los salarios en términos reales. «El sector de los supermercados va a terminar el año creciendo, si bien cambió algo la rentabilidad», sostuvo. El sector empresarial supermercadista no quiere hacer comentarios.

La Asociación de Supermercados del Uruguay no había ni querido empezar a analizar la propuesta integral que hizo el gobierno este mes para destrabar la situación, adelantó que tampoco llevará más ideas a la mesa de negociaciones y solicitó a la delegación del Poder Ejecutivo que laude el aumento. Si el gobierno lauda los incrementos, no habrá cláusulas de paz ni de prevención de conflictos.

El gobierno propuso un alza salarial anual de 8% para los trabajadores que ganen lo que establecen los laudos o hasta un 20% más y de 7,5% para el resto en el primer año de vigencia del acuerdo. Si se considera que la inflación se ubicó en 8,01% en los últimos doce meses, implicaba prácticamente una caída en términos reales de las sueldos, más allá de que se preveía la aplicación de un correctivo a los 18 meses de vigencia del acuerdo. Y proponía subir la partidas por «quebranto de caja» de los cajeros de $ 1.000 a $ 1.200 mensuales.Sindicatos, Consejos de Salarios, Fabio Riverón, Milton Castellano

Asamblea general del metal evaluará medidas este mes

La Cámara Metalúrgica comunicó ayer, tras realizar una asamblea, su rechazo formal a la reducción de la jornada laboral que propone el sindicato del sector (la Untmra). De esta forma este sector, el grupo 8, que abarca a unos 30.000 trabajadores, volvió a fojas cero. El dirigente de la Untmra, Darío Dárdano, dijo a El País que antes de que termine el mes el sindicato (controlado por el Partido Comunista) realizará una asamblea general para evaluar los pasos a dar. «No vamos a hacer locuras. Vamos a evaluar dónde estamos. La situación es compleja pese a que accedimos a abrir la discusión por subgrupos, como se nos pedía», señaló.

El sindicato pretende firmar un acuerdo a dos años y en ese lapso avanzar de manera gradual hacia la jornada laboral de 44 horas semanales desde las 48 actuales.

El sector empresarial ha calculado que la pretensión del sindicato implicaría un incremento de los salarios nominales del 10% y de alrededor del 15% del costo unitario de cada trabajador.

Otro punto de fricción son los incrementos salariales porque el sindicato pretende incrementos anuales de tres puntos por encima de la inflación, algo que el sector empresarial considera inasumible.

La mayor parte de los acuerdos salariales que se han cerrado han implicado incrementos moderados. Solamente en el sector de la banca privada y parte de la bebida hubo incrementos por encima de la inflación. Las tiendas cerraron un acuerdo que las ubicó en el sector «intermedio» y el gobierno va a decretar incrementos para los sectores rurales más importantes en el mismo rango.

La moderación salarial parece estar imponiéndose en un contexto de caída en el nivel de empleo que el gobierno ha reconocido como un factor de preocupación. En los últimos tres años se perdieron 54.000 puestos de trabajo.

 
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Publicado por en 17 noviembre, 2018 en Comisión Prensa y Propaganda

 

Proyecto del gobierno que modifica partidas de tickets alimentación genera críticas


Desde las firmas emisoras dicen que “se termina el negocio”, mientras que las cámaras empresariales cuestionan la reducción de la exoneración impositiva por el uso de las partidas especiales. Además, un legislador advirtió que los trabajadores podrían ver reducido sus beneficios.

Se está equiparando la lógica de funcionamiento de las prestaciones de alimentación al pago de salarios», explicó el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, sobre el artículo 30 de un proyecto de ley que se envió al Parlamento. La iniciativa generó cuestionamientos desde el sector empresarial, tanto de las cámaras sectoriales como de las principales firmas que operan en el mercado de tickets alimentación.

La disposición refiere al porcentaje del sueldo que unos 250.000 trabajadores reciben a través de partidas especiales como tickets alimentación, restaurant o transporte, o el pago de la emergencia médica o seguros, entre otras modalidades.

Vallcorba detalló que la propuesta «da la posibilidad al trabajador de elegir la institución a través de la cual cobrar esa prestación» y «se establece el derecho a que el trabajador se pueda cambiar de institución una vez transcurrido un año», es decir lo mismo que pueden hacer los empleados con la denominada cuenta sueldo.

Estas partidas especiales tienen naturaleza salarial —se contabilizan para el cálculo del salario vacacional, la licencia y el despido, no para el aguinaldo— y están exentas del aporte personal jubilatorio (no el patronal) hasta un tope del 20% de la remuneración. Pero el proyecto del gobierno plantea bajar ese umbral al 15% en 2020 y al 10% definitivo en 2021.

Además, la iniciativa del MEF indica que los emisores de instrumentos como los tickets alimentación no podrán cobrar por el servicio a las empresas, al igual que ocurre con las instituciones financieras en el caso de las cuentas sueldo estándar.

Todo este conjunto de cambios es «con el objetivo de generar mayor competencia entre los prestadores y que esta redunde en mejores beneficios para el trabajador y no para el empleador, que es como hasta ahora se ha dado la dinámica de funcionamiento», sostuvo hace días Vallcorba en la Comisión de Hacienda de Diputados.

Esa Comisión tenía previsto votar el proyecto el miércoles pasado, pero de común acuerdo entre los legisladores al ver los cuestionamientos que llegaban desde distintos ámbitos, se decidió postergar la votación y citar nuevamente al MEF, informó a El País el diputado colorado Conrado Rodríguez.

Críticas.

Al comparecer esta semana ante el Parlamento, las empresas Edenred y Sodexo (ambas emisoras de prestaciones electrónicas de alimentación) consideraron «forzada» la disposición del gobierno que las iguala con los emisores de dinero electrónico.

«Las prestaciones de alimentación tienen un sistema específico que las diferencia del dinero», dijo Alejandra García, abogada de Edenred, y agregó que «el sistema de tarjetas para cobrar el sueldo, es totalmente distinto».

A su vez, señaló que cambios como la posibilidad de que el empleado elija qué proveedor de ticket desea, «desnaturaliza el sistema». «De la misma forma que el empleado no puede elegir los alimentos que le da el empleador en un comedor, tampoco debería elegir el proveedor de prestaciones de alimentación», sostuvo García.

La abogada de Edenred cuestionó también la restricción de la posibilidad de cobro por el servicio de prestaciones de alimentación a las empresas que elijan abonar parte del sueldo mediante este instrumento. «Es un servicio tercerizado por las empresas empleadoras. Creemos debería existir la posibilidad de que se cobre por ese servicio, como cualquier otro. Valoramos negativamente que la ley regule precios entre empresas privadas. Atenta contra la libertad de empresa y de comercio», manifestó.

Una fuente de una empresa emisora de estos instrumentos dijo a El País que «hay costos operativos» como la contratación de un sistema para acreditar el dinero o el pago a quien endosa los plásticos, que «hay que cobrárselos a alguien», ya que aunque se trata de un monto «bajo», para los emisores «es lo que mueve la actividad».

El informante añadió que el proyecto no aclara si podrán brindar «un servicio mejorado» como hacen los bancos, que no cobran por la cuenta sueldo estándar pero sí por otras con mayores beneficios. De no ser así, el único ingreso para estas compañías serían «los aranceles que pagan los comercios al aceptar la tarjeta», pero hay «una batalla» por bajar esa comisión, entonces «de cierta forma se termina el negocio, nos dicen andate del mercado».

En el Parlamento, la directora general de Edenred, Gabriela Yaffé, expresó que «lo que terminará ocurriendo es que el trabajador tendrá más costos laborales; por lo tanto, va a tener menor poder de compra para su alimentación y esto también redundará (negativamente) en los comercios».

Durante el debate en Comisión, Conrado Rodríguez advirtió que estas modificaciones en momentos que «la situación laboral del país no es la mejor», pueden «complicar» aún más el panorama para los trabajadores que podrían ver reducido «un beneficio que usan en varios comercios».

Fideicomiso: lo forman Cutcsa y otras siete empresas del sector. Foto: Fernando Ponzetto.
Cambadu y Cutcsa piden cambios

El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu) envió una nota a la Comisión de Hacienda —a la que accedió El País— en la que pide que se incluya dentro del tope de aranceles «a las tarjetas emitidas en el exterior», y se opone «a la prohibición de diferenciar el precio de los productos o servicios si son realizados con efectivo o con medios electrónicos de pago», porque estos últimos tienen «costos adicionales para el comerciante». Por su parte, la Cámara del Transporte en una nota firmada por Juan Salgado (presidente de Cutcsa) dijo ver «con preocupación la disminución gradual del tope de partidas exentas» ya que en el sector representan más del 10% del sueldo, y un cambio obligaría «a revisar con los trabajadores la reducción de beneficios ya acordados».

Cambio. La empresa cambiará las 600.000 tarjetas que hay en uso. (Gentileza: OCA)
La visión negativa de OCA y Cabal

En sendas notas que hicieron llegar al Parlamento, las tarjetas Oca y Cabal plantearon discrepancias con algunos de los cambios que quiere implementar el gobierno en la ley de inclusión financiera. Oca sostuvo que «lesiona la potestad de los emisores de hacer acuerdos comerciales con quien consideren necesario» la medida que establece que cuando esto ocurra, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del MEF podrá de oficio estudiar si se perjudica la libre competencia. A su vez, Cabal critica la imposibilidad de reconvertir la moneda de la deuda original por compras o retiros de efectivo y pide se habilite traspasar de dólares a pesos «para permitir a los emisores operar en moneda nacional».

Los jubilados pueden cobrar de nuevo en redes de pago

El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, explicó en el Parlamento que entre otros cambios que se promueven en el proyecto de ley, se «revisa la obligatoriedad que tienen actualmente quienes perciben pasividades o pensiones de cobrar sus prestaciones mediante medios electrónicos de pago». Indicó que como estas prestaciones las abonan las cajas paraestatales o el Banco de Previsión Social (BPS) «están garantizados» los objetivos perseguidos (formalización de los pagos y acceso a dinero electrónico). Vallcorba agregó que «si alguien optó por cobrar a través de acreditación en cuenta o de un instrumento electrónico y quiere volver a cobrar a través de una red de cobranza, también lo podrá hacer». A modo de evaluación del proceso de inclusión financiera, Ferreri sostuvo que «en estos años de aplicación, ha habido excelentes resultados, que han redundado en mejoras en el ejercicio de derechos de todos los ciudadanos, sobre todo, los de menores ingresos». Añadió que «Uruguay era de los países de Latinoamérica que tenía menos penetración de medios electrónicos de pago, y hoy se ubica a la cabeza y en uno de los primeros lugares del mundo».

 
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Publicado por en 17 noviembre, 2018 en Comisión Prensa y Propaganda

 
 
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