La Coordinadora de Sindicatos del MTOP y COFE a la espera de RESPUESTAS del Ministro ROSSI, se sigue OCUPANDO la Secretaría de esta CARTERA

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AFUSEC INFORMA SOBRE PARTIDA DE PRESENTISMO PREVISTO EN EL CONVENIO COLECTIVO DE COFE CON EL GOBIERNO

 

COFE CONVOCA PARO PARCIAL EN APOYO A LA COORDINADORA DE SINDICATOS DEL MTOP

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COMUNICADO DE COFE!!!

a través de COMUNICADO DE COFE!!!

 

COMUNICADO DE COFE A LOS FUNCIONARIOS Y CIUDADANIA

 

COFE participará en Buenos Aires de la marcha “Fuera G20-FMI”

En un comunicado, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, “rechazó el pedido que hizo el Poder Ejecutivo al Parlamento de autorizar que nuestro territorio sea base militar de los gobiernos que concurrirán al G20 los días 30 de noviembre y 1° de diciembre en la ciudad de Buenos Aires”.

COFE expresó además que participará junto a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y sus organizaciones miembros en la Argentina de la marcha “Fuera G20-FMI” que se realizará el día 30.

El comunicado que lleva la firma del presidente de la COFE (y Secretario General de la CLATE) Martín Pereira, y Joselo López, secretario general del gremio, expresa, entre otros, los siguientes conceptos:

“No compartimos que a nuestro país lleguen fuerzas armadas de los EEUU que continuamente han reprimido, invadido, torturado y asesinado a nuestros hermanos de clase, condicionando la autonomía de los pueblos a lo largo y a lo ancho del planeta, como parte de los ejércitos que componen el G20”.

“No estamos dispuestos a sacarle esa responsabilidad al gobierno argentino que pretende a través de este acuerdo no enfrentar las protestas y consecuencias en su país ante este hecho”.

“Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras del pueblo argentino que vienen luchando día a día, sufriendo represión, siendo detenidos, torturados y hasta asesinados por el gobierno de Mauricio Macri”.

 

COFE RECHAZA PRESENCIA EN URUGUAY DE MILITARES DE EEUU “QUE CONTINUAMENTE HAN REPRIMIDO, INVADIDO, TORTURADO Y ASESINADO A NUESTROS HERMANOS DE CLASE”

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) rechaza el pedido del Poder Ejecutivo que envió al Parlamento solicitando la autorización para que nuestro territorio sea base militar de los diferentes gobiernos que concurrirán al G20 entre los días 30 de noviembre y 1º de diciembre en Buenos Aires.

Mediante un comunicado emitido por su presidente Martín Pereira y el secretario general, José Lorenzo López, COFE señala que no comparte “que a nuestro país lleguen fuerzas armadas de los Estados Unidos que continuamente ha reprimido, invadido, torturado y asesinado a nuestros hermanos de clase condicionando la autonomía de los pueblos a lo largo y ancho del planeta, como parte de los ejércitos que componen el G20”.

Asimismo, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado señala que “no estamos dispuestos a sacarle esa responsabilidad al gobierno argentino que pretende a través de este acuerdo no enfrentar las protestas y consecuencias en su país ante este hecho”. En tercer lugar expresa su solidaridad “con los compañeros y compañeras del pueblo argentino que vienen luchando día a día, sufriendo represión, siendo detenidos, torturados y hasta compañeros asesinados por el gobierno de (Mauricio) Macri”.

COFE anuncia que se movilizará junto a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado (CLATE) “en solidaridad con los compañeros y compañeras argentinos nucleados en ATE que se movilizarán en Buenos Aires el día 30 de noviembre”, y adelanta que desde Uruguay viajará una delegación integrada “por más de 40 compañeros”. En ese entendido que COFE “se opone y pide al gobierno uruguayo que revea su posición que es contraria tanto al interés de nuestra clase trabajadora como de todo nuestro pueblo”. El mensaje de los trabajadores culmina con una afirmación “por la libertad, la democracia, la defensa de la soberanía de todos los pueblos, en contra de todas las fuerzas opresoras del imperialismo”.

 

COFE e INESUR presentaron el libro “Uruguay y el continente en la cruz de los caminos”

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), presentaron el libro “Uruguay y el continente en la cruz de los caminos”.

El trabajo es la síntesis de un debate entre académicos y militantes sindicales, con un enfoque de la economía política desde una perspectiva de clase.

Será de utilidad para todos los compañeros de los diferentes Sindicatos.

La actividad tuvo lugar este martes, en el local del Pit-Cnt, ubicado en Jackson 1283.

Estuvo presente el presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate), Julio Fuentes.

 

COFE ALERTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL

“Nuestro trabajo son tus derechos y seguridad”
Los trabajadores de COFE siguiendo con la preocupación ya presentada en anteriores informes a la ciudadanía, aportamos otras perlas del deterioro de las funciones del Estado por la no entrada de nuevos funcionarios, la no provisión de vacantes de ascenso y aumento de las tercerizaciones de servicios básicos. Presentamos aquí la situación de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), Biblioteca Nacional (BN) y Servicio de Garantía de Alquileres (SGA).

El Cuerpo de Bomberos creado en 1887, definido por el Art. 19º de la Ley Orgánica Policial como, “un Organismo Técnico-Profesional con competencia de Policía del Fuego en todo el territorio nacional”, que entre otras tiene las siguientes funciones: a) asumir la Dirección de las operaciones para enfrentar siniestros; b) adoptar medidas de prevención de incendios y su propagación; c) intervención en todo evento de incendio y accidentes, que presente un peligro inmediato para vidas y bienes…

La DNB cuenta con 1.835 funcionarios que se desglosan en 1.697 ejecutivos, 8 técnicos, 71 administrativos y 59 especializados. Dadas las condiciones laborales de exposición a siniestros hay aproximadamente 120 funcionarios con licencias médicas de tipo crónico o Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial.
El horario para el cuerpo ejecutivo, es decir, personal asignado al combate de siniestros es de 24 horas de guardia por 48 horas libres sin descanso semanal. Esta carga horaria oscila entre las 240 horas y hasta las 264 horas mensuales. Claramente el horario responde a la importante carencia de personal, que, según estudios del sindicato, corroborados por el Comando Director de Bomberos, era de al menos 800 funcionarios al 2015. Actualmente el déficit de personal ejecutivo es mayor, particularmente por la apertura de tres nuevos destacamentos para los que no se crearon cargos.

Es indispensable resaltar que la falta de personal repercute de manera sensible en la calidad del servicio. Los vehículos que salen a combatir incendios en la mayoría de los destacamentos del interior del país, e incluso de la capital, lo hacen con 2 o 3 bomberos, pero los protocolos de seguridad utilizados en el mundo exigen una dotación mínima de 5 funcionarios. El estrés laboral, la recarga psicofísica, la exposición a factores de riesgo biológico, químico y/o nuclear, y la ruptura de vínculos familiares relacionados a la labor en horarios extendidos en condiciones laborales extremas es consecuencia de lo anterior. La profesión de bombero presenta una de las menores tasas de sobrevida de toda la administración pública luego del retiro. El alto índice de exposición a hidrocarburos poli-cíclicos aromáticos, entre otros demostrados agentes cancerígenos, resulta evidente en la cantidad de enfermedades oncológicas vinculadas a dicha labor.

Ante la variedad de situaciones que enfrenta esta labor y las exigencias físicas de la misma, contar con un número de funcionarios acorde que permita una cobertura y un relevo es fundamental para que el rescatista no se transforme en víctima. Asimismo, revisar e instrumentar mejoras en las condiciones laborales no solo mejora la vida de los trabajadores y su familia que ya no sería poca cosa, sino que va de la mano de un servicio de calidad para la población, mejorando su seguridad y sus derechos básicos.

La Biblioteca Nacional alerta a la población sobre la destrucción de la memoria del país de forma irreversible por la falta de personal para cuidar y mantener el acervo bibliográfico y cultural. La necesidad de conseguir los recursos para invertir en las vacantes de la institución, profesionalizar y modernizar una Biblioteca Nacional que es símbolo y patrimonio de todos, jerarquizando el importante servicio que se le presta a la ciudadanía.

Un alto porcentaje de la prensa ya no está disponible para consulta por falta de proceso técnico, encuadernación, restauración, microfilmación, digitalización correspondiente. No se realiza encuadernación de ningún tipo de material desde 2016.
La restauración que se realiza es mínima teniendo en cuenta la magnitud de las colecciones y el deterioro que sufren. No se conserva el material en lugares adecuados lo cual genera que se deteriore rápidamente y se pierda definitivamente ante la falta de proceso (digitalización, encuadernación, microfilmación, restauración, etc.). Tampoco es posible cumplir con una digitalización del material en forma sistemática para que sea accesible al usuario.

La Biblioteca Nacional es uno de las instituciones representativas del desguace del Estado uruguayo, pasando de 230 funcionarios con que contaba en 1980 a apenas 69 que existen en la actualidad; con el agravante de que el 50% de los mismos tienen causal jubilatoria.
El Sindicato ha tratado de concientizar desde siempre la importancia de la Biblioteca en la agenda cultural del país, lamentablemente siempre se impusieron las excusas. Primero, las teorías de achicamiento del estado y las correcciones de desequilibrios fiscales, después otra crisis mundial o regional se imponía/impone para no dar el salto de calidad en producción cultural al servicio de la ciudadanía, profesionalizar más la Institución, invertir en reformas edilicias, llegar a todo el país, etc.
La Biblioteca Nacional es la institución cultural más antigua del país, necesita un shock de inversión en recursos humanos pensando en una prospectiva de mediano y largo plazo para no perder el acervo riquísimo de la cultura nacional documentada aquí. La cultura es un bien intangible que resguarda la memoria del pensar y hacer de una civilización que debe ponerse al alcance de la ciudadanía porque es generador de más derechos y más democracia.

El SGA, más conocido como “La Contaduría”, permite acceder a una garantía de alquiler para casa-habitación, con respaldo del Estado. Brinda la posibilidad de arrendamiento de viviendas a trabajadores públicos, jubilados, empleados de empresas privadas afiliadas al Servicio y beneficiarios de convenios con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y del subsidio del Banco de Previsión Social (BPS). EL servicio alcanza una población de más de 180.000 personas (entre inquilinos y arrendadores), lo que representa más de 60.000 contratos vigentes al día de hoy.

Todos los trámites del organismo son sin costo. Los usuarios tienen el beneficio del descuento directamente en su recibo de sueldo, sin cuota de afiliación, sin costos por la firma del contrato.
Una prestigiosa consultora de plaza en el año 2013 (con un número de contratos y usuarios sensiblemente menor) establecía que la organización necesitaba 111 puestos de trabajo para cumplir eficazmente con sus cometidos. Cuatro años después, el total de funcionarios es de apenas 82 muchos con causal jubilatoria.

A partir de la carencia de personal permanente se recurre a trabajadores cuya relación laboral es de carácter provisoria y a término. Asimismo, las tercerizaciones son la única respuesta para aquellas tareas que el personal permanente no absorbe (i.e. entrega de llaves por el Correo Nacional, atención de usuarios en Informes por personal de seguridad, etc.).
El sector de Deudores en Gestión, cuya tarea es relevar, gestionar y derivar al área contenciosa cientos de contratos con deuda, cuenta actualmente con 6 funcionarios, la mitad con causal jubilatoria
El sector de Cuentas Corrientes de la sección financiera del SGA, se encarga de controlar los pagos de las oficinas y que los descuentos que se ordenan se ejecuten correctamente. También controla y hace seguimiento de todos los procesos de cobranzas. Existe un atraso de más de 3 años en el registro de las cobranzas. En esta sección trabajan hoy 6 funcionarios de los cuales 2 tienen causal jubilatoria.

El área de Inspecciones que cubre todas las zonas de Montevideo, área metropolitana y Canelones actualmente cuenta con 10 funcionarios, para abarcar un volumen significativo de gestiones (inventarios, rescisiones, reclamos y auditorias). La cantidad de funcionarios se redujo en un 33 % en los últimos años.
La carencia de personal lleva a malos manejos de la información financiera, ocasionando problemas de gestión y deteriorando la calidad del servicio, lo que perjudica a los usuarios más vulnerables y con menos recursos económicos.

La caída en la calidad del servicio provoca que inmobiliarias y propietarios prefieran gestionar sus garantías con empresas del sector privado, como ANDA o PORTO SEGURO. Esto genera inequidades en las condiciones de contratación frente a la parte más frágil, los inquilinos, ya que estas empresas brindan sus servicios con objetivo de lucro, implicando que poblaciones vulnerables incurran en mayores gastos, pagando contratos, comisiones, gastos de utilización, cuotas sociales, etc.
Claramente la situación del SGA está llegando a un punto crítico, perdiendo la confianza y credibilidad de los usuarios y desgastando a los funcionarios que otorgan un servicio social, atienden una necesidad básica de cientos de familias que de otra manera no podrían acceder a una vivienda digna. Cada vez más usuarios acceden a ella a través de los convenios MVOTMA, BPS, etc., se viene trasladando permanentemente a las autoridades esta preocupación, y por este intermedio, a la población en general. Apuntar a la mejora de este servicio es contribuir con la seguridad de todos, es reconocer el derecho a la vivienda digna y es un resguardo para sectores largamente vulnerados.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE COFE

 

LÓPEZ (COFE): “EL CONTROL DE LAS FRONTERAS ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS”

José Lorenzo (Joselo) López, Secretario General de la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (COFE), denunció los problemas que existen hoy, a la hora de llevar adelante los controles correspondientes, en la Aduana, la Aviación Civil, la de Migraciones, la de Agricultura y Pesca. Manifestó la preocupación existente ante “los controles y fiscalizaciones que debe realizar el Estado en el territorio nacional; fundamentalmente en lo que se refiere a la frontera. Todo esto es producto del ajuste fiscal que viene llevando adelante el gobierno y que determina un achique del Estado en áreas estratégicas. Algo que parece ser la única y verdadera reforma del Estado que ha llevado adelante el Poder Ejecutivo”.

Destacó el dirigente de COFE que “no se están llenando las vacantes en lugares imprescindibles y estratégicos para el país como lo son a modo de ejemplo, la frontera seca la cual involucra a varios organismos estatales tales como el Aduanas, Migraciones, Dirección de Transp.orte, paso de fronteras del Ministerio de Defensa, MGAP entre otros . En las últimas horas se han conocido determinadas declaraciones públicas que cuestionan los controles y los mismos no se han podido realizar a raíz de la política que lleva adelante el Poder Ejecutivo de no contratar nuevo y más personal para cubrir las necesidades básicas de estos servicios.  Es realmente preocupante que no se llenan las vacantes que se han generado desde hace años y es mas preocupante aún la perspectiva hacia el futuro ya que muchos trabajadores que cubren esos controles tienen causal jubilatoria. Cada vez hay menos personal y la administración central ve debilitado gran parte de los sectores estratégicos que cubre”.

López fue categórico al momento de señalar que “la madre de todas las reformas que planteo el gobierno se convirtió en que la montaña parió un ratón y la verdadera Reforma es esta, achicar el Estado en lugares estratégicos y necesarios para el control, la fiscalización y la defensa de la soberanía nacional. Luego la gente se cuestiona porque pasan determinadas cosas y estas cosas pasan porque no hay controles y se siguen desarticulando esas áreas. A esto se le suma el hecho de que las condiciones de trabajo de los pocos que quedan son muy complicadas. Por ejemplo en Paysandú en el puente Paysandú Colon las condiciones de trabajo son paupérrimas, existen problemas de falta de personal, de salud y de higiene y seguridad”.

Se adjunta comunicado de COFE:

Montevideo 4 de setiembre de 2018

COFE ALERTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL

“Nuestro trabajo son tus derechos y seguridad”

FRONTERAS DESCARNADAS, RESPONSABILIDAD DE TODOS COFE comunica a la ciudadanía la realidad de algunas instituciones encargadas del control de las fronteras, no con el ánimo de alarmar, sino de alertar. Pero claramente, a corazón abierto, porque los sindicatos sufren y los trabajadores se ven embargados por la impotencia cuando se observa lo que ocurre y no existe una conciencia acorde para enfrentarlo y revertirlo. Particularmente, se exponen aquí las falencias de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Dirección Nacional de Aviación Civil (DINACIA), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) que rayan en la omisión más preocupante de sus cometidos.

Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

La DNA es una de esas instituciones que debe velar por la seguridad de la sociedad uruguaya y en particular también apoyar al desarrollo económico del país a través del control de las mercaderías que cruzan sus fronteras. Según su misión, promueve la facilitación y seguridad en el comercio, vigilando y fiscalizando la importación, exportación, tránsito, circulación, almacenamiento y permanencia de las mercaderías en todo el territorio nacional, combatiendo los ilícitos aduaneros y el incumplimiento de la normativa aduanera, sin perjuicio de los demás cometidos que le asignen las leyes y reglamentos, desarrollando su gestión dentro de los principios de legalidad, integridad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y transparencia, en pos de salvaguardar los derechos de los habitantes de nuestro país..

Ahora bien, la realidad Aduanera hoy se encuentra en una situación crítica y preocupante, en tanto el diseño actual de la DNA, y en particular la falta de personal, no permite cumplir a cabalidad sus cometidos, atentando así contra la viabilidad de todas las premisas antes mencionadas.

En la actualidad la DNA cuenta con 716 funcionarios presupuestados, de los cuáles 256 tienen 60 o más años, existiendo una carencia crítica de personal, que se agravará en el corto plazo.

Cuando se atiende a temas candentes como el tráfico de dinero, drogas o armas por el territorio nacional, cuando terceros países reclaman información sobre tales tráficos, o cuando el empresariado nacional reclama por el contrabando, ya sea de combustibles o por la competencia desleal de otras mercancías, y particularmente, aquellas cuya calidad alimenticia pudiera estar en tela de juicio, la falta de personal es clara y significativa.

La absoluta falta de control en determinados puestos de vigilancia denunciada por el sindicato a la DNA no es tenido en cuenta por su Dirección. Cabe resaltar que Aduanas cuenta con 38 puestos de control donde deben cubrirse horarios nocturnos, con condiciones laborales adversas, cumpliendo funciones a la intemperie, con frío, calor, lluvia, sin vestimenta apropiada, sin señalización y sin terminales informáticas imprescindibles para el cumplimiento de las tareas.

Por estos días se pone en la palestra el caso de un puerto privado en Carmelo (Puerto Camacho) indicado en Argentina como parte de la llamada ‘ruta del dinero K’, donde los controles aduaneros son a demanda, es decir, cuando se solicitan. Por similares investigaciones se señaló antes el caso del aeropuerto de Melilla, mismo que funciona en un horario acotado (de 7 a 19 horas), sin funcionarios en las noches dado que no se autorizan vuelos si bien a menudo se denuncian actividades. Sin embargo, nada se dice de los muchos resguardos clausurados recientemente, entre otros: Batovi, La Coronilla, Puente Mauá, Nuevo Berlín, Santa Lucía; todos importantísimos cruces de fronteras que ya no están operativos y sin fiscales en los depósitos intraportuarios.

Vale subrayar que, si la Aduana no cumple sus funciones básicas de contralor del tráfico de mercancías por las fronteras, ajustando ese tráfico a las leyes vigentes del país y la región, no solo están en riesgo los inconvenientes aparejados por los tráficos ilegales, ya sean drogas, armas, dinero o personas; sino que se generan múltiples inconvenientes que pueden ir desde la caída de la competitividad económica, la crisis, el desempleo o hasta conflictos diplomáticos con países vecinos. Los cambios macroeconómicos derivados del reciente desplazamiento del tipo de cambio en Argentina, ya es denunciado por las autoridades de los departamentos fronterizos y el empresariado nacional que se ve afectado por las compras del otro lado de la frontera. Eso sin duda, se reflejará en una caída de la actividad económica en el país, el empleo, los salarios, en fin, pone en riesgo la estabilidad económica o quizás política.

Los análisis de riesgos llevados a cabo por la misma Dirección Nacional muestran que la frontera uruguaya es débil y vulnerable para los controles de ingresos de dinero, armas, drogas e incluso tráfico de personas. Con la plantilla de funcionarios actual de la DNA, es imposible tener un país y por ende una sociedad segura en los aspectos fiscalizadores que le competen.

Todavía hay tiempo para tomar conciencia de la importancia de estos cometidos que hoy no se realizan a cabalidad por la falta de personal, de infraestructura tecnológica, de adecuación de la estructura administrativa a los actuales desafíos, de abandono de puestos esenciales en pasos de frontera expuestos al tráfico ilegal. Se conocen las restricciones económicas, pero los controles fronterizos son parte central en el resguardo de la soberanía nacional, es también una cuestión de seguridad externa y seguridad interior, y es fundamentalmente, más bienestar para la ciudadanía, más defensa de derechos y sus formas de vida.

Dirección Nacional de Aviación Civil (DINACIA)

Otra de las dependencias del Estado que se encargan de la seguridad de las fronteras, y por ende también, de la seguridad de la población, es la DINACIA porque de ella depende la fiscalización de los cielos y también la seguridad aeronáutica del país que va mucho más allá de que los aviones y otros objetos con motor que puedan volar. La DINACIA (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica) tiene por Misión, entre otras cosas: “Ejecutar la política aeronáutica civil de la República de acuerdo a las normas… supervisando en forma continua la seguridad operacional y ejerciendo la dirección y contralor de las actividades aeronáuticas civiles”.

Demás está decir, que mantener esa “seguridad operacional” de todos los aeropuertos y regular toda la operativa de la aviación civil en el país, requiere de una mano de obra formada y certificada por los organismos

internacionales, entrenada y eficiente, con capacidad de control de todo el territorio y apoyada en un sistema de infraestructura tecnológica acorde para tales fines.

En las recientes denuncias de tráfico de dinero desde Argentina que involucran a Uruguay como destino final o de tránsito, se ponen al descubierto las falencias que tienen los controles del sistema de aviación civil, ya no solo en el cuidado y supervisión de los tráficos ilegales por los cielos o posibles aterrizajes clandestinos sino en varios de los aeropuertos importantes del país. Al igual que el ejemplo de Aduanas, este caso amerita una readecuación del cuidado de los espacios aéreos del país, para que éste no sirva a negocios ilícitos o incluso que pusiera en riesgo la seguridad nacional del territorio.

Invertir en la misión que cumple la DINACIA, es proteger la seguridad de los habitantes, la inserción internacional de un país que se auto-promueve como de libre circulación de personas y mercancías a través de sus aeropuertos libres, que se proyecta como un espacio turístico y geográfico de acogida para visitantes, es deber de todos exigir la excelencia de este servicio para tener el derecho de disfrutar luego de sus beneficios.

Sin embargo, la DINACIA cuenta con apenas 478 funcionarios, donde el 46,44% ya tiene causal jubilatoria y el 27,8% tiene más de 61 años.

Valga puntualizar la dificultad que presenta el enclave institucional de la DINACIA en el Ministerio de Defensa Nacional, especialmente porque su estructura administrativa, supeditada a mandos jerárquicos, lineales y autoritarios de corte burocrático militar, genera rigideces en las decisiones sin permitir una auditoría constante e independiente de los mandos como lo exige la dinámica de los tiempos que corren.

Tomar en serio la realidad de la DINACIA hoy, debatir sus necesidades (ya sea de ingreso de personal, de formación y de infraestructura tecnológica), señores integrantes del Poder Ejecutivo, señores Parlamentarios, Ciudadanos todos, es una cuestión de seguridad nacional, y es también una cuestión de derechos.

Dirección Nacional de Migraciones (DNM)

Al Ministerio del Interior le competen “los servicios internos relativos a la migración, contralor y vigilancia de la entrada, permanencia y salida de personas”. Particularmente, al caso de la DNM, “es responsable de poner en ejecución las disposiciones vigentes sobre migración”.

Uruguay es un país de fronteras abiertas, donde en los últimos años se potenció la inmigración, en especial provenientes de América Latina, de varios países que sufren inestabilidad económica y sus habitantes buscan nuevos horizontes laborales. El país se caracteriza por su pequeña población, baja natalidad, pero a su vez por ser un lugar históricamente de acogida para la población inmigrante, buena parte somos hijos o nietos de esos inmigrantes. Asimismo, se vuelve una opción más que apetecible para la llegada de personas por la relativa facilidad en que se consigue la residencia y se hacen ingentes esfuerzos para agilizar los trámites requeridos para obtener la documentación necesaria para incorporarse al mercado laboral.

Sin embargo, la falta de controles fronterizos hace al país vulnerable a las organizaciones ilegales de tráfico o a la trata de personas para actividades que ponen en riesgo los derechos fundamentales de tales personas. Varias denuncias en los últimos años documentaron la trata laboral, particularmente trabajadoras domésticas o fabriles procedentes de Bolivia; se procesaron organizaciones por tráfico de chicas con destino al ejercicio de la prostitución desde República Dominicana u otras organizaciones que lucran vendiendo ilusiones falsas de trabajos muy bien pagos en el país.

La DNM es una parte fundamental del cuidado de las fronteras, especialmente, el tránsito de personas que entran, salen o la calidad en la que permanecen en el país. Actualmente la DNM cuenta con 31 Puestos de Control establecidos a lo largo y ancho del territorio, incluyen puertos, aeropuertos, puentes, controles terrestres, para cumplir el cometido de documentar la entrada y salida de personas del territorio nacional. Asimismo, existen otros 10 puertos deportivos donde llegan yates, veleros, lanchas deportivas, que no cuentan con control migratorio alguno y cuyo registro dependen de la voluntad e iniciativa del propio pasajero de concurrir a los puntos habilitados para registrar sus movimientos migratorios.

Sabido es por múltiples denuncias, que en el país existen lo que se llama a menudo “agujeros negros” donde los pasajeros que entran al país tienen la opción de seguir una ruta libre de controles migratorios. Especialmente, la frontera seca con Brasil está extremadamente expuesta por la fragilidad particular y la ubicación misma de sus controles. El folklore fronterizo muestra que cualquier lugareño, podrían guiar a cualquier interesado en eludir los controles con meros desvíos que no insuman costos de dinero o tiempo. En el argot popular estos “agujeros negros” es fácilmente encontrarlos en los pasos fronterizos de Rivera, Chuy, Rio Branco y Aceguá.

De los 31 puestos de control existentes habilitados con que cuenta la DNM, 11 de ellos operan a “requerimiento”, lo que claramente le quita eficiencia, seguridad y garantía a los controles que realiza la división de migraciones. Estimaciones del propio sindicato, AFUMIGRA, denuncia un déficit de personal del entorno de 350 funcionarios para dar cumplimiento a cabalidad de los cometidos de la división.

El sindicato, AFUMIGRA, desde 2011 viene denunciando la falta de personal para atender la operativa normal que le compete a la DNM, agilizando el pasaje y la documentación de las personas, con una atención adecuada y con los requerimientos de la normativa vigente. Y particularmente, ha planteado formas de reestructurar la ubicación de los controles para que no se potencien las entradas y salidas de personas que escapan a la documentación migratoria que las leyes obligan.

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP)

Este es otro de los casos tipificados por alerta máxima, que también tiene que ver con el cuidado de las fronteras por el tráfico de materias primas, animales y manejo responsable de los recursos naturales que, especialmente por la falta de personal está incumpliendo funciones básicas de su razón de ser.

La Misión del MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) que lo define dice que: “…le compete fijar y ejecutar las políticas que contribuyen al desarrollo de los sectores agropecuarios, agroindustrial y pesquero, asegurar, promover y controlar el abastecimiento al mercado interno de alimentos y materias primas en cantidad, calidad y oportunidad, como procurar la inserción de la producción en los mercados regionales, extra-regionales; así como el uso y manejo sustentable de los recursos naturales, y la mejora de la calidad de vida de la población en general y en particular de la rural”.

Como se aprecia en la definición de sus potestades el MGAP, en un país que es esencialmente agroexportador, que vive del usufructo de sus riquezas naturales y del desarrollo agroindustrial, que tiene un buen nombre ganado con toda ley basado en su estabilidad institucional que asegura la calidad de sus productos que ofrece al mundo es una herramienta central.

Sin embargo, de los 1700 funcionarios que tiene el MGAP, hay 900 que tendrán más de 60 años a diciembre de 2019, por lo cual la situación se agravará en los próximos años.

En Industria Animal son 341 funcionarios de los cuales 157 tienen causal jubilatoria. En Barreras Sanitarias sólo son 100 funcionarios para controlar todos los pasos de fronteras del país. La frontera seca con Brasil tiene la mayor carencia de recursos humanos al igual que las realidades antes mencionadas de DNA, DINACIA y DNM. La estimación de la misma Administración sostiene que por cada paso de frontera se debe contar con 6 funcionarios para cubrir las guardias al menos con dos funcionarios por turno, la realidad actual es en Rivera (0 funcionarios), Chuy (2), Río Branco (2), Bella Unión (4), Masoller (0), Aceguá (1), entre otros.

Los controles de laboratorio, tanto animal como vegetal, no pueden cumplir con las tareas de controles sanitarios en territorio, ya que en muchos departamentos hay solo dos ayudantes y un veterinario. No debería esperarse a que algún mercado de alta exigencia suspenda la habilitación de las plantas frigoríficas, ya sea por falta de personal para controlarlas o por omisiones en el Laboratorio Oficial y en los Servicios de Sanidad Animal en el campo.

Si se aspira a mantener el invaluable activo que implica el respeto de los mercados internacionales por los productos uruguayos, debe necesariamente tomarse en serio el control sanitario de las fronteras, particularmente porque se sabe que enfermedades como la brucelosis, aftosa y algún tipo de sarna que se creía erradica del país son moneda corriente allende fronteras. ¿Cómo se asegurará el estatus sanitario si no alcanzan los funcionarios que lo vigilan? ¿Cómo será posible mantener una adecuada competitividad frente a mercados internacionales cada vez más exigentes?

La situación es grave en todos los servicios del MGAP sin excepción. Salvaguardar la “marca país” que a menudo se destaca, controlar las extensas fronteras y cuidar la sanidad animal, cuidar los suelos de complejos productivos que utilizan una dotación intensiva en químicos altamente contaminantes, no solo defender la competitividad externa sino también la salud de la población a través de la calidad de bienes que consume el mercado interno, es también garantizar derechos y preocuparse por la seguridad de todos.

Consejo Directivo Nacional de COFE