

La confederación sostuvo que el objetivo del gobierno «es recortar derechos y recaudar a costa de la salud de los trabajadores públicos».
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) rechazó este miércoles la aprobación en rendición de cuentas del artículo referente a las licencias médicas y presentará un recurso de inconstitucionalidad.
La confederación sostuvo que el objetivo del gobierno “es recortar derechos y recaudar a costa de la salud de los trabajadores públicos”. Destacan que “con la instrumentación del nuevo régimen de licencias médicas, el Gobierno persigue como principal objetivo el de recortar a costa de la salud de los trabajadores”.
Desde la confederación aseguran que el nuevo sistema de certificaciones médicas “es inconstitucional” y que llevarán adelante las acciones “necesarias para recorrer el camino de la inconstitucionalidad de la Ley”. También el nuevo sistema de certificaciones médicas “constituye una rebaja salarial” e incluso, abogados especializados, tanto en el derecho constitucional como administrativo, sostienen que este nuevo sistema de certificaciones médicas “es inconstitucional y realizaremos las acciones necesarias para recorrer el camino de la inconstitucionalidad de la Ley”, detalla el comunicado.
La confederación asegura que presentó varias propuestas que fueron ignoradas por el gobierno. Argumentan que la nueva Ley de Rendición de Cuentas, que fue votada por los legisladores de la coalición, no tránsito ningún ámbito de negociación colectiva, “incumpliendo la Ley 18.508, de negociación colectiva del sector público”.
El convenio colectivo que va hasta diciembre de 2025 «se acerca bastante al objetivo que tenía planteado COFE», informó Joselo López.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) firmaron este jueves el convenio con el Poder Ejecutivo por recuperación salarial para el sector.
COFE había tomado la decisión de firmar el miércoles en asamblea, pero al llegar al encuentro los sindicalistas supieron que en la Rendición de Cuentas había 37 artículos referidos a la carrera administrativa de los funcionarios públicos, sobre los que no habían sido consultados.
Solicitaron así al gobierno que los retiraran o conocer el contenido de los artículos para firmar. «Firmar el acuerdo era firmar un cheque en blanco», indicó Joselo López. Con el retiro de estos artículos firmaron el convenio colectivo que está previsto hasta el 31 de diciembre de 2025. «Se acerca bastante al objetivo que tenía planteado COFE».
Sorpresivamente artículos que no habían sido discutidos, COFE no firmó convenio salarial que se estaba negociando para los trabajadores del sector.
Todo estaba listo para firmar. La asamblea de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) había aprobado el acuerdo salarial acordado con el gobierno y dio el aval a la directiva para firmarlo. Pero una vez en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) los dirigentes se encontraron con la sorpresa de que en la Rendición de Cuentas -que ingresa este jueves al Parlamento- se incluyen artículos referidos a la carrera administrativa que no fueron negociados y son desconocidos por el sindicato. Ante esto los delegados sindicales se negaron a firmar. El gobierno agregó condiciones que pueden afectar el convenio. Al mediodía de este jueves el Poder Ejecutivo informará si finalmente los referidos artículos se incluyen, y en caso de incluir alguno, su contenido será informado a los “Contamos con el aval para firmar el convenio pero nos enteramos de una manganeta que nos hicieron, de que iban a incluir en la Rendición de Cuentas unos artículos vinculados a la carrera administrativa de los funcionarios públicos que no fueron negociados con COFE. Les dijimos que sin conocerlos no firmábamos. Se trancó todo”, dijo a Caras y Caretas Portal el secretario general de la confederación y vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo (Joselo) López.
Explicó que el convenio modifica el artículo 4 de los salarios públicos y “eso va a ir en la Rendición de Cuentas”. Aclaró que se trata de un convenio que trata los aspectos salariales de los funcionarios públicos. “Si bien no es el cien por ciento de lo que nosotros pretendíamos, nos acercamos bastante y quebramos la barrera del 2,9 que pretendía el gobierno. Esto está por encima del 5%. Implica que con la distribución que acordamos con el gobierno, ya que en la Administración Central las distorsiones salariales son brutales, mejorar sustancialmente los salarios de más abajo: Estos no solo recuperarían todo lo perdido sino que en algunos casos tienen crecimiento. En detrimento de eso hay un sector de trabajadores con salario más alto que no terminan de recuperar la pérdida. Eso se aceptó en la asamblea”.
Agregó que, entre otras cosas, el convenio se extiende hasta 2025 y “se engancharía con el convenio que tenemos vigente, que termina el 31 de diciembre. Este incluye beneficios como el presentismo y también se estiraría hasta el 31 de diciembre de 2025”.
Pero al llegar al MTSS “nos encontramos con esto. Les dijimos que no. Que así no podíamos firmar”.
De esta manera recién al mediodía de este jueves habría respuestas. “A las 12 nos van a decir si van o no los artículos. O si van algunos de ellos y nos lo van a mostrar. Si estamos de acuerdo firmamos, si no no firmamos”, subrayó.
El contenido de los artículos por el momento es solo de conocimiento de las autoridades y el temor de COFE es que contengan normas que por otro lado perjudiquen la carrera de los funcionarios y sus ingresos.
La misma asegura la recuperación salarial de la gran mayoría de los trabajadores, para aquellos que no llegan al total de la recuperación se estableció una clausula de prioridad para el futuro.
«Es un decreto que busca seguir achicando el Estado a la mínima expresión», dijo a El País el dirigente de COFE Martín Pereyra.
La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), presentará este jueves en Torre Ejecutiva un recurso administrativo contra el Decreto 195/022 —que permite «suprimir, transformar, fusionar y crear nuevas unidades» organizacionales— por considerar que fue impuesto «unilateralmente por el Gobierno». «Es un decreto que busca seguir achicando el Estado a la mínima expresión», dijo a El País el dirigente de COFE Martín Pereyra.
Pereyra puso como ejemplo la situación en frontera: «Con las aduanas funcionando se protege el empleo y las empresas uruguayas; pero hoy, por la falta de personal, hay horarios en los que a Uruguay entrás caminando, no hay control alguno».
“Se trata de funcionarios que tienen un ingreso, una familia y que, por una decisión unilateral del jerarca, que considera que su cargo no es necesario, quedará cesante o excedentario, dependiendo del vínculo laboral que tenga”, aseguró.
En el recurso administrativo que será presentado este jueves, se solicitará “la intervención del Poder Legislativo, mediante reuniones en las Comisiones de Asuntos Laborales tanto de Diputados como del Senado, denunciando la situación y buscando una intervención al respecto”, indicó el Consejo Directivo de COFE.
Antes de dirigirse a la Torre Ejecutiva, Pereyra junto al secretario general de COFE, José Lorenzo López, mantuvo una reunión con el senador nacionalista Jorge Gandini quien aseguró que «va a hacer gestiones para seguir conversando» sobre las preocupaciones de COFE, tanto por el decreto como por otros temas que están sobre la mesa como «la recuperación salarial, la rebaja de jubilaciones y pensiones, el recorte de derechos y el nuevo régimen de licencias médicas«.