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Una delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) informó a la Comisión Especial que analiza la LUC en el Parlamento, que algunos artículos de dicho proyecto son inconstitucionales y planteó sus reparos en forma y contenido, especialmente en relación a aquellos artículos que afectan directamente a los trabajadores del Estado.
En el marco de las audiencias que el Parlamento viene desarrollando para “escuchar” los puntos de vista de distintas organizaciones de la sociedad civil en relación a la LUC, los trabajadores del Estado asistieron y dejaron su visión sobre los contenidos del proyecto. De acuerdo a la percepción de los integrantes de COFE y tal como ha sido la tónica con otras delegaciones, la reunión cumplió con las reglas básicas de “escuchar a todos”. Los parlamentarios no hicieron preguntas, no hubo intercambio, tan solo escucharon. Fue un encuentro formal y cortes. Se cumplieron las formas y punto.
Según un informe elaborado por los asesores jurídicos de COFE, hay artículos incluidos en la LUC que son claramente inconstitucionales y eso fue transmitido a los senadores de la comisión especial en la reunión de hoy.
Según explicó el presidente de COFE, Martín Pereira, al Portal del PIT-CNT, a partir de los artículos 332 al 337 se crea la figura del delegado del Servicio Civil en cada inciso u organismo pero no se establece cuál será el mecanismo legal para su elección. “Nosotros exigimos que sea elegido por concurso para que no se transforme en una especie de comisario político del gobierno de turno en cada organismo”. Pereira señaló que es imprescindible apuntar a que dichos delegados sean elegidos por concurso y a de acuerdo a la carrera funcional. “La LUC no aclara cuál es el mecanismo de designación”, apuntó.
En relación al artículo 340, se cuestiona que establece los traslados de funcionarios entre organismos de la Administración Central, Entres Autónomos y Servicios Descentralizados, sin ningún criterio. COFE solicita que la movilidad sea por concurso y que los traslados deben cumplir con criterios de transparencia y no deben utilizarse con fines sancionatorios. “Es inadmisible que se utilicen como premio o castigo hacia los trabajadores”, apuntó Martín Pereira.
COFE señala que el numeral 7 del artículo 168 de la Constitución de la República prohíbe la declaración de urgente consideración de aquellos proyectos cuya aprobación requiera precisamente, de 2/3 del total de cada cámara. Además, COFE sostiene que estos temas deben ser considerados en el marco de la negociación colectiva, según lo dispuesto en la ley 18.508, “por lo que su inclusión en la LUC violenta dicha norma”.
Otro de los artículos cuestionados por COFE es el 342 que establece que el Poder Ejecutivo puede realizar reestructuras en todos los ministerios, pero no establece que deben ser llevadas adelante conjuntamente con los trabajadores, tal como lo indica la ley. COFE solicita que las reestructuras sean negociadas “en todos los organismos” y que se tenga en cuenta la visión de los trabajadores.
El presidente de COFE sostuvo al Portal que la delegación transmitió a los parlamentarios los reparos en relación a las limitaciones al derecho de huelga.
Si se pretende reglamentar la huelga, también se estaría violando la Constitución, indicó Pereira, quien agregó que el artículo 398 de la LUC afecta a los sindicatos y le asigna una abusiva discrecionalidad al Estado para indicar cuándo una huelga es pacífica o no, “sin señalar qué autoridad tendrá dicha responsabilidad y en función de qué criterios”.
Pereira confirmó al Portal que COFE se ha reunido y continuará manteniendo encuentros con senadores de todos los partidos políticos -gobierno y oposición- a los efectos de ahondar en sus puntos de vista sobre la LUC a los efectos de explicar los motivos de los cuestionamientos y tratando de modificar cambios en dicho proyecto.
López: “Son pocos los que prestan atención”
El secretario general de COFE, Joselo López, fue uno de los dirigentes que consideró la reunión parlamentaria de la presente jornada como “un trámite formal”.
Según López, esto es algo que no es nuevo, sino que ya viene de tiempo atrás. “No hay preguntas, nosotros hablamos y se termina. Pasó hoy con la LUC pero ha pasado con el Presupuesto”. Para el dirigente de COFE la instancia se cumple “como para no quedar mal, pero da la sensación que las definiciones la van a tomar a otro nivel. Y vaya uno a saber si en verdad se toman en cuenta las cosas que dicen las organizaciones sociales o no. A mí siempre me quedan esas interrogantes porque no te preguntan nada cuando vos intervenís, cuando hablamos la mayoría están distraídos en otra cosa, con los celulares, son muy pocos los que prestan atención. Es cierto que quedan versiones taquigráficas, pero la verdad es que me gustaría ser una mosca para recorrer los despachos y saber si leen las versiones taquigráficas o no”, fustigó.
López informó al Portal que el Consejo Directivo de COFE ya resolvió respaldar todas las movilizaciones y el plan de acción del PIT-CNT, que incluyen la posibilidad de un paro general de 24 horas.
https://www.pitcnt.uy/novedades/item/3530-la-formalidad-y-punto
La “nueva normalidad” supone no solo el regreso de miles de trabajadores a sus oficinas, también implica pensar en quién cuidará de los más pequeños en casa.
Esta fue justamente una de las propuestas que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), elevó al Poder Ejecutivo en medio de las negociaciones para el reintegro laboral en oficinas públicas.
Sin embargo, la solicitud fue rechazada por Presidencia, informaron fuentes del gobierno a El País. La propuesta buscaba “tener consideración” con los padres que tienen hijos menores de 12 años a su cargo, dado que las clases aún no se inician en todo el país como consecuencia de la propagación del coronavirus.
Ayer el gobierno presentó el instructivo general para el reintegro progresivo en la Administración Central que acordó con COFE luego de la suspensión de varios servicios presenciales.
Fuentes del gobierno informaron a El País que los dirigentes pidieron que se contemplara la situación de aquellos funcionarios que tienen hijos menores de 12 años a cargo y que no tienen con quien dejarlos. Pero “eso el gobierno no lo llevó porque se abría la caja de Pandora”, indicó una fuente.
Sin embargo, esta no fue la única propuesta que el gobierno no le llevó a COFE. Tampoco aceptó su planteo para que mayores de 60 años no concurran a trabajar y, en su lugar, determinó que eso ocurrirá solo para aquellos funcionarios mayores de 65 años, mujeres embarazadas y menores de edad con patologías concretas.
De todas maneras, en COFE saludaron ayer haber alcanzado un acuerdo que permita de forma gradual, volver a la normalidad en las oficinas estatales de todo el país .
En una conferencia de prensa, el presidente de COFE, Martín Pereira, dijo ayer que se trata de “una conquista que va a darle tranquilidad a los trabajadores y va a ser una herramienta para que el reingreso paulatino a los distintos organismos del Estado se dé con la seguridad para el trabajador, los usuarios y sus familias”.
Para el secretario general, José Lorenzo López, es el Poder Ejecutivo junto con cada jerarquía quien marcará el cronograma de reintegro. “Lo que sí exigimos fue tener este protocolo que determina elementos que para nosotros son fundamentales”, agregó.
Por su parte, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, dijo a El País que considera que “habrá margen para contemplar” en la Administración Pública aquellos casos en los que los funcionarios que tienen niños a su cargo tengan que trabajar a distancia. El jerarca sostiene que la medida no implica que “vuelvan todos (los trabajadores) en masa, justamente, se sigue instando al teletrabajo, a la rotatividad, a la venida escalonada de los funcionarios, lo que no debería interpretarse de que esto es una vuelta masiva a las oficinas”.
La medida obedece a que el gobierno no detectó ningún caso positivo de COVID-19 en los 430 trabajadores de la construcción que fueron testeados de forma aleatoria la semana pasada, luego de permitir la reactivación de la construcción.
Es que el presidente de la República Luis Lacalle Pou señaló la semana pasada que en función del testeo de los trabajadores de la construcción, se retomaría o no la atención progresiva en la Administración Central. Desde marzo cuando el Poder Ejecutivo detectó los primeros casos de coronavirus en Uruguay, el gobierno definió la suspensión de las actividades presenciales en oficinas públicas. Y si bien, en varias instituciones, como por ejemplo, el BPS, la atención presencial nunca se interrumpió, sí hubo una merma en los servicios brindados cara a cara.
En su lugar, los directorios de las respectivas instituciones decidieron rotar a su personal y apelar al teletrabajo para disminuir la probabilidad de contagio, no solo entre sus funcionarios, sino incluso en el contacto con el público que realiza los trámites.
En el instructivo para el retorno al trabajo se establecen las pautas generales que de ahora en más deberán cumplir todas las oficinas públicas. Asegurar la prestación de la totalidad de los servicios, cerrar y desinfectar la oficina en caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 y evitar la aglomeraciones, son solo algunas de las nuevas disposiciones.
Las autoridades de las instituciones públicas deberán prever regímenes de turnos rotativos, horarios de inicio y finalización de la jornada laboral escalonados para “contemplar las normas de distanciamiento dentro de los lugares de trabajo”. Paralelamente, dentro de oficinas y demás lugares cerrados, deberá mantenerse siempre una distancia mínima de dos metros entre posiciones de trabajo, ventilar los ambientes de manera regular, al menos una vez por hora y usar tapaboca todo el tiempo, cuando el lugar se encuentre cerrado.
A su vez, cuando se haga uso de ascensores, quienes viajen deben hacerlo con tapaboca y no debe haber más de dos personas juntas dentro del mismo, señala el instructivo. También aclara que “el espacio mínimo por cada dos trabajadores deberá ser de 10 m2, salvo que exista separación física dentro de la sala” y se establecen nuevas pautas al momento de atender al público.
En este caso, “se exigirá el uso obligatorio de tapaboca para los usuarios y público en general que concurra de forma presencial. Se deberá considerar la utilización de barreras físicas según las características de las tareas (mamparas de materiales transparentes o protección facial, cintas separadoras para establecer la distancia, y comunicación visual en el piso en lugares donde se realizan filas)”, agrega el documento.
n las próximas horas el gobierno informará cómo y cuándo se retomará la actividad en el sector público. El tema estará sobre la mesa en el próximo consejo de ministros, dijo este jueves el secretario general de COFE, José Lorenzo López, tras un encuentro en Torre Ejecutiva con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos.
López informó que acordaron la negociación colectiva de los protocolos para retomar la actividad en las diferentes oficinas, que al día de hoy están funcionando bajo diversas modalidades. Hay voluntad del gobierno de mantener el teletrabajo y retornar a la presencialidad de manera progresiva según las necesidades de cada servicio, apuntó.
El sindicato exigirá que haya garantías mínimas de seguridad salud laboral, lo que puede incluir un sistema de trabajo rotativo en aquellas oficinas donde sea imprescindible la presencia física de los trabajadores. López destacó la predisposición del gobierno a negociar los protocolos y señaló varios puntos en común para emprender las conversaciones.
Este viernes habrá una reunión especial del consejo de ministros para evaluar la situación sanitaria y es posible que se hagan anuncios.
Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS. En la foto, sede del MTSS.
