






«Es un decreto que busca seguir achicando el Estado a la mínima expresión», dijo a El País el dirigente de COFE Martín Pereyra.
La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), presentará este jueves en Torre Ejecutiva un recurso administrativo contra el Decreto 195/022 —que permite «suprimir, transformar, fusionar y crear nuevas unidades» organizacionales— por considerar que fue impuesto «unilateralmente por el Gobierno». «Es un decreto que busca seguir achicando el Estado a la mínima expresión», dijo a El País el dirigente de COFE Martín Pereyra.
Pereyra puso como ejemplo la situación en frontera: «Con las aduanas funcionando se protege el empleo y las empresas uruguayas; pero hoy, por la falta de personal, hay horarios en los que a Uruguay entrás caminando, no hay control alguno».
“Se trata de funcionarios que tienen un ingreso, una familia y que, por una decisión unilateral del jerarca, que considera que su cargo no es necesario, quedará cesante o excedentario, dependiendo del vínculo laboral que tenga”, aseguró.
En el recurso administrativo que será presentado este jueves, se solicitará “la intervención del Poder Legislativo, mediante reuniones en las Comisiones de Asuntos Laborales tanto de Diputados como del Senado, denunciando la situación y buscando una intervención al respecto”, indicó el Consejo Directivo de COFE.
Antes de dirigirse a la Torre Ejecutiva, Pereyra junto al secretario general de COFE, José Lorenzo López, mantuvo una reunión con el senador nacionalista Jorge Gandini quien aseguró que «va a hacer gestiones para seguir conversando» sobre las preocupaciones de COFE, tanto por el decreto como por otros temas que están sobre la mesa como «la recuperación salarial, la rebaja de jubilaciones y pensiones, el recorte de derechos y el nuevo régimen de licencias médicas«.
El próximo 16 de junio la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realizará un paro “en rechazo a la rebaja salarial aplicada por el Gobierno y ante el no avance en la negociación colectiva”. Además, dice que Lacalle Pou “incumplió su compromiso de campaña electoral”.
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El vicepresidente del PIT-CNT y secretario general de COFE, José Lorenzo López, respondió los dichos del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien declaró públicamente que no entiende «cuál es el planteo de COFE», ya que según sostuvo, la recuperación del salario «está en curso».
López dijo que no sabe cuál es la recuperación del salario a la que se refiere Mieres, ya que en enero de 2021 y 2022, «los ajustes fueron por debajo de la inflación: un 5% en 2021 por debajo de la inflación y un 1% por debajo de la inflación en 2022, lo que implica que hay una pérdida del salario real de un 6%». Asimismo, sostuvo que no ha visto ninguna propuesta por parte del Gobierno de cómo recuperar esa pérdida, «ni siquiera con este adelanto del 2% que anunció el Gobierno hace dos meses para cobrar recién en agosto».
«No es seguro si ese 2% va a ser parte de la recuperación o no. Porque el ajuste de enero del 2023 va a tener tres componentes: inflación proyectada, correctivo por inflación del 2022, y un componente de recuperación. Si no se computa a ese componente de recuperación, lo que nos dan en julio, nos lo van a sacar en enero de 2023 por lo que habría cero recuperación del salario», indicó López.
Concomitantemente, agregó que no entiende por qué el ministro Mieres «dice eso sobre COFE». En este sentido, apuntó que «si realmente tienen una propuesta de recuperación salarial, que la presenten a COFE o públicamente, que nosotros la analizamos, pero mientras tanto no se puede decir lo que está diciendo el ministro. Por todo esto es que el próximo 16 de junio nos vamos a movilizar los gremios de COFE para reclamar por la recuperación del salario perdido, que fue el compromiso asumido por el presidente de la República», indicó.
Contra la rebaja salarial y por la recuperación del salario perdido.
El Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, incumplió su compromiso de campaña electoral, y aplicó medidas de rebaja salarial, en forma sistemática y consecutiva durante los dos últimos años.
Mientras que la inflación medida en términos de la evolución del IPC durante el año 2020 fue de 9,41 %, el ajuste de salario de enero 2021 fue de 4.41 lo que significó una rebaja salarial del 5 %. En un salario de $ 30.000 implica un recorte de casi $ 20.000 en el año.
En 2021 la inflación fue de 7.96 % mientras que el ajuste salarial de enero 2022 fue de 7.06 %, lo que significa una nueva rebaja salarial y una pérdida acumulada de 6 %. En un salario mensual de $ 30.000 el recorte salarial en el año es de casi $ 24.000.
Mientras que la evolución de la economía recompuso los valores anteriores a la pandemia, mientras se produce un aumento de la concentración de la riqueza en quienes más tienen, los trabajadores y su salario son la variable de ajuste del Gobierno.
En las reuniones que se han mantenido entre COFE y el Poder Ejecutivo, el Gobierno hasta el momento no ha realizado ninguna propuesta que asegure la recuperación del salario perdido, sino que todo lo contrario, las propuestas consagran la rebaja salarial en todo el período.
Sumado a esto, desconocemos también los artículos que el Poder Ejecutivo incorporará en la Rendición de Cuentas y que pueden afectar la carrera administrativa, las condiciones de trabajo, los vínculos laborales. También solicitamos directamente conocer los lineamientos presupuestales en materia de inversiones, gastos de funcionamiento, restricciones en otros rubros de gastos y que afecten las condiciones de trabajo, pero el Poder Ejecutivo se negó a proporcionar esa información.
Nuevamente instamos al Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, a la Ministra Economía Ec. Azucena Arbeleche y al Poder Ejecutivo, a la firma de un convenio colectivo que establezca, que al finalizar el período de gobierno, los salarios mantendrán su poder adquisitivo y definir por tanto un cronograma que instrumente la recuperación del salario perdido.
Consejo Directivo de COFE
«La fecha para entregar esto (en la Rendición de Cuentas) es el 30 de junio, por lo que queda poco margen para negociar», dijo Elbia Pereira.
Están citadas para este jueves en el Ministerio de Trabajo las mesas de negociación salarial correspondientes a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), al sector judicial y a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Tras dos suspensiones y cuando queda poco más de un mes para la presentación de la Rendición de Cuentas, tanto la secretaria general del Pit-Cnt, Elbia Pereira, como su par de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, consideran que el llamado es tardío y que los tiempos de negociación son reducidos.
«Por la pérdida salarial que venimos teniendo los funcionarios públicos en general, pero sobre todo los de la educación, habíamos firmado un acta con el gobierno que establecía que en los primeros días del mes de abril, una vez que pasara el referéndum, íbamos a ser convocados para llegar a (determinar) la cifra de pérdida porcentual. Nosotros tenemos una cifra de pérdida que ronda el 8% y parece ser que no es lo que maneja el gobierno», dijo Pereira en declaraciones a Radio Montecarlo.
La dirigente sindical recalcó que «la fecha para entregar esto (en la Rendición de Cuentas) es el 30 de junio, por lo que queda poco margen para negociar».
Consultado sobre el tema, José Olivera, dijo a El País que «es claro que el gobierno en 2020 y 2021 no hizo los esfuerzos para convocar las reuniones para alcanzar algún acuerdo y, de hecho, hoy no hay convenio colectivo en el sector». «Comenzamos a negociar tardíamente», sostuvo.
Pero además, ambos dirigentes enfatizaron en lo que consideran mensajes contradictorios de parte del Poder Ejecutivo. «Por un lado se dice ‘Rendición de Cuentas gasto cero’ y ahora parece que hay algún margen para algo», dijo Pereira.
Olivera recalcó que existe un «recorte presupuestal en la ANEP, que implica 80 millones de dólares menos respecto al presupuesto hasta 2020, además de una pérdida salarial muy importante, sumada a la pérdida de puestos de trabajo». «Los trabajadores de la educación están yendo a trabajar 19 días gratis al año, eso es lo que implica el 8% de pérdida salarial», graficó.
El sindicalista sostuvo que el artículo 4 de la Ley de Presupuesto, en el que el gobierno se compromete a recuperar lo que se había perdido en materia salarial, «hay que llegar a cuantificarlo». Olivera dijo que allí se incluye «una trampa terrible, en virtud de que cambia los criterios de ajuste, llevando a que el Poder Ejecutivo plantee que la pérdida es de un 2,9% cuando la pérdida fue del 100% de la inflación registrada en 2021», enfatizó.
«Dudo que en ese marco se pueda avanzar sustantivamente y se cumpla con el compromiso electoral del presidente de que en este gobierno nadie iba a perder poder de compra en términos reales en su salario. Lo que se va conformando es una combinación de factores que va a desembocar en un fuerte conflicto que se podrá expresar en 2022 o 2023″, vaticinó el secretario general de Fenapes.