Los acontecimientos político-militantes del año 1973, han generado a lo largo del tiempo todo tipo de interpretaciones y reconstrucciones históricas a partir de las cuales se examina el pasado reciente.
Este lunes se realizó la 18ª Marcha del Silencio, convocada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Bajo la consigna «En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?», miles de personas recorrieron 18 de Julio, desde el Espacio de los Detenidos-Desaparecidos, en Rivera y Jackson, y hasta la Plaza Cagancha.
Allí se realizó la tradicional lectura de los nombres de los desparecidos uruguayos y se cantó el Himno Nacional como forma de cerrar el acto. No obstante, luego del himno, un grupo de personas se movilizó hasta la cercana Suprema Corte de Justicia para protestar por el traslado de la jueza Mariana Motta y la declaración de inconstitucionalidad de la ley que anulaba la Ley de Caducidad.
Montevideo Portal
La Cámara de Diputados terminó de aprobar este miércoles la ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo en Uruguay. Como había sucedido en el Senado, todo el Frente Amplio acompañó el texto mientras el Partido Nacional y el Colorado votaron divididos. La votación final fue de 71 diputados a favor en 98 preesentes.
En diciembre de 2012 los diputados ya habian aprobado esta ley pero debieron volver a considerarla dadas las modificaciones introducidas en el Senado. Sin embargo, tanto legisladores que apoyaron la ley como otros que no lo hicieron adviertieron que en esas modificaciones hubo errores de “técnica legal” que deberán ser solucionados antes de su entrada en vigencia.
El texto aprobado dice que la ley entrará en vigencia 90 días después de su promulgación.
El diputado frenteamplista José Bayardi se comprometió en nombre de la bancada oficialista a trabajar en esas moficaciones.
OLOR Y SABOR EN EL AGUA, ¿POTABLE?
Al celebrarse el Día Mundial, del Agua (22 de Marzo) la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, como lo ha hecho desde su conformación en el año 2002, hace un llamado a responsabilidad a los integrantes de gobierno y a los Organismos responsables de la gestión de las aguas y del territorio en el país, ante el problema de la contaminación instalada en las principales cuencas, reservorios de aguas dulces del país. Particularmente en la cuenca del Río Santa Lucia que abastece a casi dos millones de personas.
La CNDAV denuncia, como lo hemos venido haciendo ante el Parlamento, Ministerios, instituciones involucradas y opinión publica, desde la aprobación de la Reforma Constitucional en el 2004 (aprobada por un 64,7 % de la población) el avance de la contaminación provocada por la actividad agrícola intensiva en todas nuestras cuencas, consecuencia del uso irresponsable de agrotóxicos, fruto de la intensificación de plantación de soja, árboles y otros monocultivos. Reafirmamos la falta de mecanismos de control, límites claros de usos y monitoreo, episodios que nos ha dejado un saldo negativo en la cuenca del Santa Lucia comprometiendo nuestra agua potable como lo estamos presenciando.
OSE tiene clara competencia en brindar el agua potable a la población, tiene el deber por Constitución de dar agua pública con calidad y cantidad asegurada, no basta con que aumente sus niveles de carbón activado en la producción del agua que tomamos en las canillas se deben salvaguardar las tomas de aguas y nuestras cuencas.
Entendemos que la defensa del agua pública tiene mucho que ver con la defensa de la equidad social, y con justicia ambiental. El consumo de agua embotellada es totalmente excluyente para la población de bajos recursos, dada la diferencia de valor económico entre el litro de agua pública estatal y el litro de agua embotellada. La defensa de un sistema público de agua segura, tiene en su génesis defender el acceso para todos. Por ello, consideramos que la contaminación de las fuentes, es otra forma de priorizar los usos privados del agua; al igual que la que se va en, madera, celulosa, soja, forestación, minería, etc. en otras palabras una forma de privatización, expropiación y saqueo al pueblo.
Esta reforma establece que la prioridad será el abastecimiento a las poblaciones por encima de los demás usos. Principio que ya existía en la Carta Orgánica de OSE y fuera elevado a rango constitucional con la aprobación del agregado al Art. 47. Que a pesar de esa gran batalla del pueblo uruguayo en el 2004; la posterior creación de la DINAGUA y la creación de la Ley de Aguas, aún no se cuenta con una priorización por parte del Estado, y de sus instituciones, en incluir el eje ambiental en todos los emprendimientos de la cadena productiva.
Llamamos a TODA la población a integrar las futuras Comisiones de Cuencas, puntualmente, en el marco del llamado de la DINAGUA, a la cuenca del Río Santa Lucia, en cumplimiento al mandato constitucional: “Los usuarios y la sociedad civil, participaran en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”, dictado por el artículo 47 de la Constitución.
¡ES UN DERECHO GANADO POR LA CIUDADANIA!
Este 22 de Marzo, se reunirá el Consejo Regional del Río de la Plata en San José el cual nombrará la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía para próximos encuentros. Creemos que ese espacio debe ser el comienzo de un debate gobierno-sociedad para buscar un nuevo rumbo en la gestión de la cuenca del Santa Lucía y poder revertir el daño de estas actividades que impactan desfavorablemente en la cuenca. Asimismo encontrar entre todos los actores involucrados una vía de solución para recuperar los mejores niveles de calidad de nuestros recursos hídricos y de nuestro territorio.
Si no cambiamos el modelo de los ‘agronegocios’, nuestros hijos no conocerán el agua potable de la canilla.
Para bajar el documento pulse aqui.
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
Daniel Fernández Crespo 2256.
Por más información:
Selva Ortiz – 099 259 822
Carlos Sosa – 099 258 596
El Impuesto al Patrimonio que pagarán los grandes tenedores de tierras variará según las hectáreas que posean. A través de un sistema de franjas que fijó el Poder Ejecutivo, el tributo tendrá un piso de US$ 8 por hectárea y de US$ 16 como máximo, según informó el senador del MPP, Ernesto Agazzi,
Impuesto al Patrimonio. La ley que restituirá ese tributo al sector agropecuario ingresará al Parlamento en abril.
El Impuesto al Patrimonio tendrá un sistema de franjas muy similar al del ICIR -que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia- y entrará en vigencia a mediados de año, de acuerdo a las estimaciones del gobierno y la recaudación será de US$ 60 a US$ 70 millones. El 10% de la recaudación del tributo que gravará a los tenedores de tierra se destinará a la Universidad Tecnológica, afirmó Agazzi.
La ley que restituirá el pago del Impuesto al Patrimonio al sector agropecuario ingresará al Parlamento en la primera semana de abril, para ser aprobada en mayo. El Poder Ejecutivo promulgará la norma en forma inmediata para que a mediados de año los tenedores de tierra comiencen a tributar.
“Esta (nueva) ley viene restituyendo el Impuesto al Patrimonio para el sector agropecuario. Hace unos años que el sector agropecuario dejó de pagar, eso no se justifica más. Este impuesto está destinado a desestimular la concentración de la tierra”, explicó Agazzi.
Sostuvo que “el Impuesto al Patrimonio va a tener unas modificaciones del impuesto en sí mismo, para que paguen los grandes propietarios. En vez de pagar 1.200 personas (como lo hacían con el ICIR) posiblemente paguen 1.400 personas. Algunos van a pagar más por el sistema que tiene el impuesto”, agregó.
Respecto a las franjas, Agazzi destacó que quienes tengan menos de 2.000 hectáreas Índice Coneat 100 no van a pagar. Los de 2.000 a 5.000 pagarán US$ 8 por hectárea. De 5.000 a 10.000 US$ 12 por hectárea y los dueños de más de 10.000 pagarán US$ 16 por hectárea.
“Esto no va a estar expresado en dólares por hectárea sino en patrimonio, será un porcentaje del patrimonio”, aclaró.
“Las franjas son por la tierra en propiedad que tienen los tenedores de tierras. Va a ser un impuesto a los propietarios de tierras, a los terratenientes. Este impuesto va a recaudar un poco más que el ICIR y por eso creo que el gobierno va a destinar el 10% para la Universidad Tecnológica”, expresó.
Consideró que el Impuesto al Patrimonio “va a permitir que las intendencias, los gobiernos departamentales que estaban preparando sus licitaciones para comprar los equipos (para caminería) puedan seguir. Lamentablemente esto se atrasó un tiempo.
Lo que sí sigue firme es la voluntad de ponerles un impuesto a los grandes terratenientes, a los tenedores de tierras”, advirtió.
Agazzi afirmó que “el Poder Ejecutivo está terminado de redactarlo y va a llegar al Parlamento rápidamente”.
El senador del MPP señaló que al trascender que se eliminará la exoneración al sector agropecuario del Impuesto al Patrimonio “se motivó una discusión importante porque los representantes de los grandes propietarios de tierras en el Uruguay salieron a decir que no estaban de acuerdo. Es lógico, toda persona que tiene que pagar un impuesto se resiste a hacerlo. Salvo que sea poseedor de una gran conciencia nacional y entienda que si él puede debe pagar para ayudar al pueblo. Pero no ha sido lo que ha caracterizado a los grandes terratenientes”, opinó.
Sostuvo además que “ya la DGI está habilitada para cobrar el Impuesto al Patrimonio”.
Señaló que con la recaudación se va “a invertir para la caminería, va a ser beneficioso para la mayoría de la gente. Va a ser beneficioso para el 95%, 96% de los productores. Lo va a tener que pagar el 2,5% o el 3%.
Ante las reacciones de actores vinculados al campo, Agazzi dijo: “No es el agro el que se opone, sino la Federación Rural que es la representante de los tenedores de tierras.
diariolarepublica.
La embajada de EEUU patrulla las calles de Montevideo
Denuncian «colaboración» de la embajada de EEUU con la policía en la calle
Gonzalo Baroni quien es presidente de la juventud del Partido Nacional denunció una situación anómala vivida este jueves, cuando fue abordado por dos policías que se trasladaban en dos camionetas diplomáticas. Desde la policía les informaron que la Embajada de EEUU estaba «colaborando» con la Seccional de la zona.
El diputado Pablo Iturralde exige una respuesta urgente de parte del Ministerio del Interior sobre este tema. «Dos Camionetas del cuerpo diplomático interceptaron a un ciudadano joven que volvía a su casa y le solicitaron documentos, coincidentemente el ciudadano es el Presidente de la juventud del Partido Nacional (Gonzalo Baroni) y les preguntó quiénes eran», explican en un comunicado. «Dos de las cinco personas se identificaron como policías, los otros se veían claramente extranjeros. Al llegar a su domicilio informó en la seccional lo que le había sucedido pidiendo las explicaciones del caso, a lo que se le dijo que la embajada de EE.UU estaba colaborando con la seccional en esa tarea», relata Iturralde. «La seguridad de los ciudadanos es responsabilidad del Ministerio del Interior y el cuerpo diplomático tiene expresamente prohibido inmiscuirse en asuntos internos», agregó el legislador y por ello solicitó una reunión con el Ministerio del Interior. Montevideo, Uruguay
UNoticias
Sin ser profesionales ocupan cargos que exigen esa condición
GONZALO TERRA
El directorio de OSE acaba de resolver la eliminación gradual de compensaciones para cargos gerenciales que ascendían al 31,25% y 62,5% del sueldo correspondiente al régimen de 8 horas. El vicepresidente de OSE, Daoiz Uriarte, explicó a El País que en 1995 se puso en marcha una reestructura en la que se creó «una gran cantidad de cargos gerenciales para los que se exigía que fueran ocupados por profesionales tales como contadores, escribanos, abogados, etc. No había tantos profesionales y no era posible retenerlos, por lo que esos cargos fueron cubiertos por personas sin título universitario. Eso determinó que se paguen compensaciones a funcionarios sin carrera terciaria por ocupar cargos que exigen ser profesional. En la reestructura esos cargos se han revalorizado con un aumento importante, pero al mismo tiempo hemos dispuesto que quien no es profesional o semitécnico no puede cobrar una partida especial».
Uriarte dijo que OSE pagaba las compensaciones para retener a profesionales, dado que el sueldo promedio del organismo es de $ 20.000, de los más bajos del Estado.
Para no lesionar derechos adquiridos las partidas fueron congeladas a los sueldos de junio y no serán reajustadas, lo que determinará su paulatina eliminación. «Esta eliminación está vinculada a un manejo coherente y eficiente de la gestión porque las compensaciones forman parte de momentos históricos del organismos en el que se pusieron parches para seguir andando. No es fácil, ahora hay reclamos, pero los cargos fueron revalorizados por lo que la compensación por profesional no tiene sentido cuando, además, quien la recibe ni siquiera lo es», afirmó.
Cuando los cargos gerenciales se renueven quienes ingresen deberán ser profesionales y no recibirán las compensaciones que regían hasta junio.
La reestructura en OSE implicó costos salariales por 3,5 millones de dólares, un 5% del presupuesto anual. Un pilar del cambio radica en la eliminación de las compensaciones que, a juicio del actual directorio, no tienen sentido. «Acá se pagaba compensación por conducir un camión desobstructor. No tiene sentido. Había más de 250 partidas especiales», dijo Uriarte.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, reconoció que existe acuerdo en el Poder Ejecutivo para permitir a la población desafiliarse de las AFAP. Aclaró que posiblemente en el primer trimestre del año se buscará un consenso en el gobierno sobre la forma en que se instrumentará este nuevo cambio en el sistema.
En una extensa entrevista concedida a LA REPÚBLICA, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta hizo referencia a los avances en la negociación colectiva y en la propuesta de hacer foco en la realidad de cada sector, orientando al aumento de los salarios en aquellos sectores que tienen un mayor crecimiento, y de estabilidad, cuando haya una afectación proveniente de la crisis internacional. “Estamos de acuerdo con que la negociación colectiva agregó valor al Uruguay”, precisó.
Destacó que este año las pasividades crecieron un 12%, lo que va atado al aumento del índice medio de salarios. Destacó los niveles históricos de desempleo que se ubican por debajo de los índices estructurales ubicados en el 8%. Enfatizó que “el viento de cola de hace dos años terminó, y ahora todo lo que viene de afuera es negativo”.
Advirtió sobre el “cuello de botella” para el desarrollo que puede implicar la falta de mano de obra calificada o simplemente la falta de trabajadores en algunos sectores. Señaló que hay 200 mil mujeres, encargadas del cuidado de sus hijos, “que son la reserva laboral que tiene el Uruguay, y a las que se les deben dar las opciones para volcarse al mercado de trabajo”.
Brenta aseguró que todavía no hay fecha para la apertura del “corralito” de las AFAP, aunque hay acuerdo en el gobierno en la necesidad de abrir la desafiliación en un plazo razonable, previo al inicio jubilatorio. Aseguró que en el primer trimestre el Poder Ejecutivo tendrá que consensuar la forma de permitir optar por el sistema público o el mixto de seguridad social.
En cuanto a las dificultades en la negociación colectiva en el sector público, el ministro sostuvo que “es muy liviano decir que no hubo negociación”, y aclaró que algunos sindicatos no tienen en claro que los gobiernos de turno no son los patrones de los funcionarios públicos, sino que “el patrón es la propia gente, que es la que les paga los sueldos”.
Desafiliación de las AFAP
Brenta explicó que todavía no hay fecha para la apertura del “corralito” a las AFAP. Dijo que precisamente el tratamiento de las administradoras de fondo previsionales es el segundo tema abordado en el Diálogo Nacional por la Seguridad Social.
“Hay acuerdo en la necesidad de abrir y otorgarles a los ciudadanos la libertad de mantenerse o no dentro del sistema mixto. Hay que abrirlo de forma tal que efectivamente puedan hacerse de la información suficiente para tomar una decisión”, dijo el ministro. Consideró que la desafiliación debe concretarse en un plazo razonable, previo al inicio del proceso jubilatorio. “Este no puede ser un partido en el que uno llegue el último día y elija el mejor camino. Hay que elegir antes. Pero todavía no hay acuerdo respecto a las edades y a partir de cuándo se hará”, sostuvo el ministro.
Aclaró que primero se buscará cerrar una posición en el Poder Ejecutivo, básicamente con los ministerios más involucrados, Ministerio de Economía y de Trabajo. “Vamos a tratar de construir un consenso a partir de la posición del Poder Ejecutivo. Posiblemente en las primeras jornadas del año próximo, máximo el primer trimestre de 2013, pueda tomarse una posición final, porque es el tiempo que corresponde”, acotó Brenta.
Manifestó que el sistema provisional uruguayo no presenta ningún problema de riesgo en cuanto a la estabilidad, “pero sí, en algún momento de abordaje del diálogo social sería bueno pensar en Uruguay de 30 a 40 años”.
Advirtió que de no modificarse desde el punto de vista demográfico, el país va a enfrentar un problema serio vinculado al envejecimiento de la población. Así como otros dolores relacionados con el crecimiento, como es el hecho de asumir, desde el punto de vista cultural, la presencia de inmigrantes.
Dijo que cuando se visualiza la realidad laboral actual ya se comienza a notar la presencia de inmigrantes, mayormente provenientes de la zona andina del continente.
“Los patrones son la gente”
El ministro Brenta hizo referencia también a las diferencias que surgen en algunos sindicatos del sector público para con el gobierno.
Aclaró que cuando se legisló respecto a la negociación colectiva, siempre se pensó hacerlo para el sector privado, porque se trataba de los sectores más desprotegidos. “En los privados no hay inamovilidad, ni había ningún tipo de fueros sindicales, mientras que para los públicos la inamovilidad es una garantía, sumado a los compromisos que Uruguay tiene firmados con la OIT en materia de convenios internacionales”, señaló.
Enfatizó que igualmente la experiencia de la negociación colectiva en el sector público es muy novedosa. Precisó que hay confusión sobre que negociar implica necesariamente tener que llegar a acuerdos.
Advirtió que cuando se habla de funcionarios públicos no son solamente aquellos pertenecientes a la administración central. Ejemplificó que en el caso de los municipales, en su mayoría no hubo negociación colectiva en las intendencias.
Afirmó que la administración central es donde se produjeron las mayores diferencias con declaraciones más altisonantes por parte de los sindicatos. Precisó que la discusión sobre la propuesta del estatuto del funcionario público generó una treintena de reuniones en el Ministerio de Trabajo buscando acuerdos. “Pero hay una diferencia central que el Parlamento tendrá que dirimir, sobre la definición de funcionario público y a quiénes abarca”, indicó.
Brenta enfatizó que “es muy liviano afirmar que no hubo negociación colectiva, cuando el PIT-CNT llegó a presentar una queja ante la OIT, que fue absolutamente desestimada. “Decimos que hay que mejorar la negociación con los públicos pero partiendo no de que los gobiernos de turno son el patrón. El patrón es la gente, esa es la diferencia fundamental. Porque el que paga los sueldos acá es la ciudadanía. El patrón es la gente, y los funcionarios son servidores públicos”.
Destacó que aquellos sindicatos que no entiendan que sus intereses corporativos están subordinados al interés del conjunto de la sociedad, lo que van a lograr es tener un profundo rechazo de la población. “Cualquier dirigente sindical, con experiencia, sabe que ningún conflicto se gana si no es con el apoyo de la opinión pública”, indicó.
2013: año centrado en el trabajo rural
Brenta señaló que en algunos sectores existe una carencia de mano de obra, y más precisamente de mano de obra calificada, “que en el sector rural empieza a ser un factor crítico. Este fenómeno obedece en parte a que uno de los sectores más dinámicos de la actividad económica, como lo es la construcción, se nutrió en los últimos años de trabajadores provenientes del sector rural. El promedio de salarios de los trabajadores rurales está por debajo de los que se perciben en la construcción”, comentó.
Reconoció que uno de los sectores más rezagados en cuando a los salarios es precisamente el trabajador perteneciente a la ganadería tradicional.
Por este motivo, para el Ministerio de Trabajo 2013 va a ser un año centrado en el trabajo rural. Para ello se conformó una unidad específica con la participación de representantes de diferentes dependencias del Ministerio. Incluso se piensa incluir a otros organismos estatales y de actores sociales para el desarrollo de las acciones.
“Creemos que en el sector agropecuario hay un retraso a nivel general y un desconocimiento de los trabajadores de sus derechos. Para ello hay que fomentar la negociación colectiva para que ello suceda, así como lograr interlocutores fuertes de ambos lados (gremiales empresariales y sindicatos), para poder llevar adelante una negociación”, sostuvo.
Señaló que las inspecciones a estos establecimientos rurales se incrementaron fuertemente en los últimos dos años. Este aumento se produjo porque esta administración heredó de la anterior un equipo de inspectores que tiene un régimen de dedicación exclusiva y por tanto se fue especializando en su tarea. Además de la remuneración se incrementa la flota de vehículos de la inspección, sobre todo pensando en llegar a zonas en que es dificultoso hacerlo con un vehículo inapropiado.
En tal sentido, el MTSS lanzará en estos días un operativo de fiscalización. El ministro aclaró que uno de los temas de preocupación es el combate a la informalidad, que es importante, y que significan trabajadores sin derechos y sin cobertura de seguridad social.
En tal sentido, esta cartera asocia la prioridad del trabajo rural con el combate a la informalidad. En este sector, el informalismo se ubica principalmente en los denominados trabajadores por cuanta propia y en los pequeños productores, que no tienen un rendimiento que les permita hacer frente a sus obligaciones en las cargas sociales.
Cuello de botella para el desarrollo
Cómo combatir la falta de mano de obra calificada
Brenta señaló que cuando el FA llegó al gobierno, la formalidad de las domésticas no alcanzaba el 20%, y actualmente se ubica en poco más del 50%.
“Nuestros porcentajes se ubican en la mitad de los promedios existentes en la región. Pero el Uruguay tiene que verse a sí mismo y por tanto tiene que abatir estos niveles”, indicó el ministro. También hay informalidad en la construcción y en los micros productores agropecuarios.
Aclaró que más allá de los fenómenos de la informalidad, nuestro país presenta un cuello de botella en cuanto a la formación de los recursos humanos. “En algunos casos falta calificación y falta gente. En algunas tareas industriales o rurales, donde la calificación es baja, aun allí falta gente. Estas dificultades se originan porque existe un muy bajo desempleo y una población que se encuentra desempleada que tiene escasa cultura del trabajo y a la que se le dificulta adaptarse a las exigencias laborales”, precisó.
Brenta indicó que la situación actual de nuestro país se ubica “en lo que los economistas denominan de pleno empleo”.
El jerarca señaló que hay que adoptar medidas para rescatar las 200 mil mujeres que tienen como única tarea el cuidado de sus hijos o familiares. “Esas mujeres podrían volcarse al mercado de trabajo, y quizá sea la reserva fundamental que el Uruguay tenga. Para que efectivamente se pueda avanzar en ese sentido es necesario que se generen mecanismos que permitan herramientas para que el cuidado de sus hijos quede cubierto y ellas puedan volcarse al mercado de trabajo”, precisó.
Brenta señaló que se avanza hacia un Sistema Nacional de Cuidados, impartiéndose para ello cursos de formación. Además, se está trabajando con el INAU para extender el horario y reforzar el personal de los centros CAIF.
“Si el Uruguay no potencia sus recursos humanos en cantidad y en calidad, esto puede convertirse en un cuello de botella para el desarrollo del país”, dijo.
Una situación similar experimenta Brasil, que tiene 600 mil puestos de trabajo que no puede cubrir porque no tiene mano de obra calificada.
Crecimiento salarial
En el primer semestre de 2012 el salario real creció un 5%, respecto a igual período del año anterior. “Tenemos prácticamente 9 años de crecimiento sostenido del salario real”, dijo Brenta.
Señaló que en Uruguay no existen registros de períodos tan largos en el crecimiento del salario real. Esto ha generado modificaciones desde el punto de vista de la estructura económica del país.
Enfatizó que el crecimiento de los salarios también repercute en el aumento de las pasividades. Este año habrá un incremento del 12% de las mismas.
Destacó que durante años han persistido niveles desempleo por debajo de los índices estructurales, ubicados en 8%. “Terminaremos el año con algunas décimas arriba del 6%”, agregó.
Adiós al viento de cola
“Los uruguayos no han caído en la cuenta de que en el mundo hay terrible crisis, pero que no ha impactado en nuestro país en forma significativa. Esto se visualiza en las propias negociaciones, cuando hay que plantearle a un sindicato que el sector está atravesando con dificultades en Europa para colocar sus productos. Durante mucho tiempo se dijo que el primer gobierno del FA fue exitoso y logró avances muy importantes porque se estaban recibiendo beneficios que provenían del exterior”, dijo.
Pero “el viento de cola hace dos años que se acabó”, dijo. A lo que agregó: “Todo lo que viene de afuera es negativo, principalmente desde el punto de vista comercial, y por tanto afecta las fuentes de trabajo, los niveles de salario, etc. Sin embargo, la economía mantiene dinamismo y América, y Uruguay particularmente, también se han convertido en una opción importante para los inversores. Porque hay estabilidad política y social, y reglas de juego claras”.
diario la republica.
En la puerta de un boliche del parque batlle
“Negra sucia, pasate la planchita”, le gritaron a la joven que esperaba un taxi y de ahí, un grupo de cinco mujeres pasaron a dar golpes y patadas en la cabeza y el abdomen a la víctima, que está internada y tiene para por lo menos un mes de recuperación debido a que le quedó muy comprometido su hígado.
Tania Ramírez, de 27 años, fue brutalmente agredida a la salida del boliche Azabache, que está en el corazón del Parque Batlle, en la madrugada del viernes para el sábado. Había ido a bailar después de la despedida de fin de año del trabajo, con sus compañeros del Ministerio de Desarrollo Social.
Estaba en la puerta del local bailable esperando un taxi cuando ocurrió la agresión. El vehículo no le paró, lo hizo unos metros más adelante, donde esperaban otras cinco mujeres.
“‘No te pararon por negra sucia, pasate la planchita’ (fue lo que le gritaron las mujeres que allí estaban); ella preguntó por qué le decían eso. ¿Querés pelear?, le contestaron. No, quiero que no me insulten, respondió Tania. Eso dio paso a la brutal agresión”, informó a Canal 10 la tía de Tania, Chavela Ramírez.
“Una le pegó una cachetada y ella se defendió. Las que ya habían subido al taxi se bajaron y allí siguieron pegándole”, relató Ramírez, tía de la víctima.
Está en el Clínicas
Uno de los golpes la dejó tirada en el piso y fue entonces que comenzaron a propinarle patadas en la cabeza y el abdomen, aseguró Ramírez en base a los comentarios de su sobrina.
Uno de sus compañeros de trabajo intentó defenderla pero no pudo, ante los persistentes golpes de las mujeres.
La joven fue trasladada al Hospital de Clínicas, donde permanece internada en cuidados intermedios, tras dejar el CTI, con varios hematomas en el abdomen. Según fuentes médicas consultadas por LA REPÚBLICA, la joven estará internada por lo menos un mes debido a las severas lesiones que tiene en el hígado.
Investigan
Mientras tanto la Policía trata de dar con los videos de las cámaras de seguridad del local bailable. Además indagan a los guardias de seguridad del local. La familia de la víctima sostiene que este hecho es una situación más de racismo que hay en el país y pide que haya un punto final a este tema. En los próximos días harán una marcha para denunciar públicamente estos hechos.
¿Quién es la víctima?
Tania Ramírez es integrante de Mizangas Mujeres Jóvenes Afrodescendientes, fue vedette de Sinfonía de Ansina y se desempeña como DJ bajo el nombre de Tania Queen.
Comisión
En la noche de ayer trascendió en las redes sociales que el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, convocó para esta jornada –debido a esta brutal agresión y otros hechos de racismo que se han dado en los últimos días– a la Comisión Contra el Racismo para que analice la actual situación de la temática.
diario la republica.
COFE: e-mail cofe@adinet.com.uy o FAX 24014138.
Secretaría de Seguridad Social y Salud Laboral de COFE
Javier Corbo (099 532 211)
Anahí Artigas (099 172 104)
A.FU.SEC. 