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Salario vacacional de los trabajadores del Sunca se incluirá en el aguinaldo


El Ministerio de Trabajo, las cámaras empresariales y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), acordaron incluir el monto del salario vacacional para el cálculo del aguinaldo, según informó el presidente del BPS, Ernesto Murro.

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El beneficio se cobrará a partir de este medio aguinaldo y beneficiará a los 80 mil trabajadores de la construcción de todo el país, con un incremento promedio de $500.

“Sin duda que es un logro de los trabajadores de la construcción y también hay que destacar el rápido trabajo del BPS para implementar la medida en este medio aguinaldo”, dijo Murro.

Agregó que para el próximo cobro del aguinaldo, en el mes de diciembre, los trabajadores podrán elegir su lugar de cobro; hasta el momento, 16 mil lo han hecho.

“Antes se podía cobrar solo en las 80 sucursales del BROU a nivel nacional y en un solo lugar en Montevideo; ahora se podrá elegir entre 800 locales”, subrayó.

Murro recordó que, a diferencia de lo que ocurre con los demás trabajadores del país, la licencia, el aguinaldo y el salario vacacional de los trabajadores de la construcción son pagados por el BPS en base al aporte unificado.

“Cuando alguien hace una obra, no solo paga los aportes a la seguridad social, sino que además está pagando la cuota parte de aguinaldo, licencia y salario vacacional de estos trabajadores”, concluyó.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
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Publicado por en 12 junio, 2013 en Apoyo, BPS, Comisión Prensa y Propaganda, Gobierno, Informacion de interes, Justicia, Noticias, Sindicato

 

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Hay 43.000 ladrones registrados


El director nacional de Policía, Julio Guarteche, señaló que mientras la fuerza inicia una reforma en sus filas, debe reaccionar ante una “gran cantidad de delincuentes” que tiene la sociedad uruguaya y cuya existencia “no es culpa de la Policía”.

Ladrones

Hay unos 43.000 delincuentes registrados desde 2003, según datos de la Policía Técnica. El panorama es realmente preocupante ya que 8.800 son rapiñeros (robo con violencia), hay 3.300 homicidas y unos 300 copadores, dijo Guarteche al programa “Poder Pensar” de Canal 20.

A eso hay que sumarle que hay 10.000 reclusos en Uruguay. Entre egresos e ingresos, el sistema tiene cada año 700 nuevos presos. También hay que tener en cuenta el fenómeno de la reincidencia que volvió a subir en progresión geométrica: entre 60 y 70%.

Guarteche explicó que la Policía se encuentra en una reforma de fondo, que pasa por explicar a los uniformados los cambios que se han dado en la sociedad.

La Policía debe dar una respuesta operativa, pero también estamos trabajando en una respuesta preventiva, dijo el jerarca del Ministerio del Interior. “No hay mejor forma de atender al delito que evitar que ocurra”, agregó.

En ese sentido, dijo Guarteche, la Policía Comunitaria debe jugar un “papel fundamental” en el nuevo esquema policial.

Dijo además que “está bien” que los vecinos de Carrasco se reúnan para protestar por seguridad. “No decimos que no se pueda mejorar. Creemos que sí se puede. Pero lo que más nos preocupa es cómo se sienten, porque podemos dar la mejor seguridad, pero si ellos se sienten inseguros, también tenemos que estar pendientes de eso”, concluyó.

http://diariolarepublica.net

 

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Tan Parisien que parecía


 

Sobre el trabajo doméstico y cómo los Fernández Manhard evadieron sus responsabilidades patronales

Una deuda de casi 300 mil pesos ante el bps es la consecuencia que –por ahora– debió enfrentar el matrimonio de empresarios, por contratar personal doméstico y no registrarlo o subdeclararlo ante el organismo de previsión social. Las actuaciones del banco fueron más allá de la situación que involucró a varias trabajadoras bolivianas.

Con paciencia detectivesca los inspectores del bps trabajaron y cerraron meses atrás la investigación que determinó que el matrimonio de empresarios compuesto por Javier Fernández y Nathalie Manhard evadía sistemáticamente sus obligaciones patronales ante el organismo.

Los lectores de Brecha seguro recordarán cuando, en agosto del año pasado, el semanario publicara una nota recogiendo el testimonio de tres ciudadanas bolivianas llegadas especialmente para trabajar en la casa de la familia, y que fueran sometidas a diversos grados de explotación laboral. Pues bien, la investigación no sólo concluyó que las trabajadoras decían la verdad en cuanto a las evasiones fiscales (el resto de los asuntos sigue dirimiéndose), sino que demostró que nueve trabajadoras bolivianas pasaron por la casa en el período de un año y ninguna fue inscripta en la institución. Además, el personal uruguayo que trabajó allí en los últimos tres años –14 en total– estuvo siempre subdeclarado.
Debido a estas irregularidades el matrimonio fue conminado a pagarle 295.239 pesos al bps,* según consta en el informe realizado por el banco y al que Brecha accedió. Cabe destacar que aquí no se contabilizan los adeudos a los trabajadores (que se establecen en el Ministerio de Trabajo) ni el resultado de posibles juicios que los perjudicados tienen ahora la posibilidad de entablar.

INSPECCIÓN. Inicialmente la investigación se enfocó en saber si las dos empleadas bolivianas presentes cuando el Ministerio de Trabajo (mtss) realizó una inspección en la casa familiar estaban regularizadas en el bps. Pero rápidamente –“dada la notoriedad mediática y las características especiales del personal doméstico implicado”, dice el documento– el banco decidió abarcar en su trabajo el tiempo transcurrido desde la fecha en que la familia se había establecido en la residencia (1 de agosto de 2009), hasta días antes del inicio de las actuaciones (31 de julio de 2012), sin tener en cuenta la nacionalidad de los trabajadores. Contrastando la información presentada por la familia con la del banco y las declaraciones de los involucrados, se fue construyendo la historia de la evasión de dos de los integrantes de una de las familias más ricas del país. A saber: durante el período indicado pasaron por allí 23 trabajadores, nacionales y extranjeros. En el listado de nombres al que Brecha accedió, sin embargo, no figura el de al menos una de las personas que dieron su testimonio al semanario. Y según los datos de Cotidiano Mujer,** al menos 12 personas de nacionalidad boliviana trabajaron para la familia, por lo que puede presumirse que en la reconstrucción realizada algún nombre haya quedado por el camino y las evasiones sean aun mayores.
Un aspecto que llamó la atención de los inspectores fue la alta rotación de personal. Los 23 trabajadores que pasaron por la casa en los últimos tres años debieron cubrir sólo cuatro puestos. Según los datos del bps, solamente una persona laboró durante dos años y otra durante diez meses, el resto de los uruguayos resistieron poco más de un mes, y hay dos casos con cuatro y cinco meses de permanencia.{resctrict} El recorrido de varios días en ómnibus que hacían las trabajadoras bolivianas ameritaba que permanecieran un poco más: ocho meses la que más duró; un promedio de dos meses para el resto, y las que fueron regularizadas cuando la situación explotó llevaban trabajando tres meses como máximo, y seguían empleadas al finalizar el informe a fines de octubre de 2012.
En lo que refiere al personal uruguayo, la familia tenía la “costumbre” de registrarlo en planillas separadas. Javier registraba en su empresa (véase recuadro) a los hombres (dedicados al mantenimiento y la jardinería), y Nathalie hacía lo propio con las mujeres (encargadas de las tareas dentro de la casa y el cuidado de los niños). De esa forma los recibos de sueldo eran confeccionados “en la administración de la empresa” donde trabaja, con la información que ella misma suministraba. Contrastando la información proporcionada por la familia (listado de trabajadores, recibos de sueldos –muchos sin firmar–, contratos), los inspectores determinaron que los patrones subdeclaraban los pagos a sus empleados. Por ejemplo, había contratos con salarios acordados mayores a los que figuraban en los recibos de sueldo, y el informe señala que en los registros de ambos “pudieron verificarse inconsistencias entre los montos declarados oportunamente y los importes reales abonados”, además de errores en la liquidación de horas extra.
Mientras el personal uruguayo era inscripto de esa “peculiar” forma (tal es la palabra que utiliza el informe), las bolivianas –que comenzaron a llegar en mayo de 2011 y fueron paulatinamente sustituyendo a las uruguayas– no fueron registradas hasta después de la inspección del mtss, a comienzos de agosto de 2012. En ese momento, y antes de que el bps actuara, el matrimonio intentó remendar los hechos inscribiendo a las tres que cumplían funciones en esos días. Pero optaron una vez más por formas “poco comprensibles (y de dudosa utilidad práctica)”, puesto que usaron registros de industria y comercio “claramente no idóneos para regularizar (aun a medias) al personal doméstico”, dice el documento, que también señala que las fechas de ingreso al trabajo declaradas por los patrones no eran las verdaderas. Fernández admitió, en declaración jurada, que se estableció un acuerdo para que las trabajadoras extranjeras no se tomaran el día de descanso, que sería abonado como descanso trabajado. De esa forma se evitaban las horas extras. Dijo también que los pasajes desde Bolivia eran pagados por la agencia de colocación de personal contactada, versión que difiere con lo narrado a Brecha por las empleadas, quienes aseguraron que ese costo fue, al menos en un caso, pagado por la familia y luego descontado del salario.
Entre la documentación que los Fernández Manhard entregaron al bps figuran las boletas que oficiaban de “recibos de sueldo” donde, en el mes correspondiente al egreso, los patrones hacían estampar la firma de las empleadas luego de establecer que éstas se iban teniendo claro que allí no había “nada que reclamar”.
* Como parte del personal estuvo registrado en las empresas de Manhard y otra parte en las de Fernández, el bps realizó las actuaciones por separado. La cifra publicada es la suma de las deudas imputadas a cada uno. La situación de irregularidad total de las ciudadanas bolivianas fue imputada a Fernández, y corresponde decir entonces que el grueso de la deuda recayó sobre él.
** Fue la organización que amparó y asesoró legalmente a las mujeres que brindaron su testimonio.

Ayuda memoria

En agosto de 2012 tres ex trabajadoras contaron a Brecha cómo llegaron a Montevideo con promesas de trabajo digno pero, además de no inscribirlas en el bps, los empresarios les exigieron largas jornadas de trabajo, se les anuló el tiempo libre, se les limitó el alimento y se las sometió a maltrato verbal y psicológico.

Nathalie. Ella es el “pilar” que hoy sostiene el emporio textil conformado por Parisien, la Casa de las Telas, Indian Emporium e Indian Outlet. La cadena de tiendas constituye el principal importador de ropa proveniente de China. Tiene bajo su cargo a 1.000 empleados y sus tiendas están en todo el país. Aunque el dueño es Enrique, su padre, Nathalie se encarga junto a su hermano de la gestión. En 2011 un importante conflicto de fuecys dejó clara su forma de trabajo: sueldos ínfimos, represión sindical y paupérrimas condiciones de trabajo. Uno de los testimonios recogidos por Brecha el año pasado también señaló a su padre como empleador de ciudadanas bolivianas que no eran registradas en la seguridad social.

Javier. Él es dueño de la empresa Frimaral, dedicada al diseño y desarrollo de contenedores y módulos tanto para transporte y depósito de mercadería como para soluciones habitacionales. Su padre, Alberto Fernández, es el conocido dueño de Fripur, la empresa de procesamiento de pescado famosa por las multas que ha debido pagar a causa de la sistemática violación de las leyes laborales y su constante represión sindical.

El caso sigue abierto

El pasado 3 de mayo en el programa radial En Perspectiva se informó que el Poder Judicial había archivado el caso que vincula a la familia Fernández Manhard en una presunta red de trata de personas. Sin embargo, el fiscal de la causa, Juan Gómez, desmintió el dato y aseguró que el expediente radicado en el juzgado del crimen organizado, a cargo del juez Néstor Valetti, sigue abierto. El pasado 19 de enero las autoridades nacionales enviaron a Bolivia un exhorto para que colaborara con la investigación, puesto que varias testigos viven en el país andino. Hasta la fecha el juzgado uruguayo no recibió respuesta.

http://brecha.com.uy

 

 
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Publicado por en 26 mayo, 2013 en BPS, Informacion de interes, Justicia, Noticias, Trabajo, Verdad y Justicia, Vergüenza Nacional

 

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Nueva Marcha del Silencio


“En mi Patria no hay Justicia ¿Quiénes son los responsables?”. Con ese eslogan se da la convocatoria a la 18ª. Marcha del Silencio, que se realizará este lunes, desde las 19 horas.

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La tradicional marcha por “verdad, justicia, memoria y Nunca Más” es convocada por los Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El comunicado con la convocatoria reitera que la marcha se hace “en silencio, sin banderas ni consignas particarioas” desde el comienzo, a las 19 horas en Rivera y Jackson, hasta la Plaza Libertad. Allí, como todos los años, se cantará el Himno Nacional.

http://www.180.com.uy/

 
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Publicado por en 20 mayo, 2013 en Apoyo, Comisión Prensa y Propaganda, Conmemoraciones, Convocatoria, Difusion, Justicia, Reinvindicaciones, Verdad y Justicia

 

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CONVOCATORIA!!!


Marcha del silencio

 
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Publicado por en 17 mayo, 2013 en Apoyo, Comisión Prensa y Propaganda, Conmemoraciones, Derechos Humanos, Justicia, Verdad y Justicia

 

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“Usted se ha comunicado con . . . .”


Claro y Movistar tienen 90 días para desmantelar la red de “telulares”

Tomó la decisión tras considerar que se viola el monopolio de Antel

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Las empresas Claro y Movistar fueron intimadas por la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) para que en un plazo de 90 días dejen de prestar el servicio de “telulares “con el que están violando el monopolio de la telefonía fija que tiene Antel.

En la resolución a la que tuvo acceso El Observador, el órgano fiscalizador de las telecomunicaciones le dio un plazo de 10 días a las multinacionales para que presenten el plan a través del cual desactivarán las cerca de 50 mil líneas de “telulares” que están utilizando entre ambas compañías. Otras cincuenta mil líneas son ofrecidas por Antel. El negocio total de los telulares y la tecnología denominada “E1” alcanza los US$ 40 millones anuales.

Para tomar la decisión, el directorio de la Ursec se basó en un informe del departamento jurídico en el que se da cuenta de que “en múltiples situaciones las modalidades de servicio (de Claro y Movistar) estarían vulnerando el alcance de las autorizaciones originalmente otorgadas a las empresas”.

El 9 de marzo El Observador informó acerca de una investigación realizada por la URSEC en zonas francas, call center, bancos y grandes empresas que  detectó que las telefónicas multinacionales están ofreciendo el servicio de telulares y de otro sistema –denominado en la jerga técnica como E1–.

El “telular” es un celular de base o de escritorio que se conecta a un teléfono convencional o a una central telefónica. Ese teléfono desde el que se realizaban llamados a celulares, que luego facturaba ANTEL, se convierte, tras adicionarle el telular, en un celular de una empresa privada que cobra por ese servicio.

La investigación fue impulsada por el director blanco de la Ursec, Gustavo Delgado (Alianza Nacional) y, posteriormente, el senador blanco Jorge Larrañaga trasladó el asunto al ministro de Industria, Roberto Kreimerman.
Una vez enterado de esta situación, el sindicato de Antel organizó una marcha que culminó en la sede de la Ursec de la calle Uruguay y en la que se reclamó que se le sacaran a Claro y a Movistar las licencias de todos los servicios que presta en el país.

Tanto los sindicalistas como Larrañaga recordaron que Claro y Movistar ya fueron obligadas a desmantelar un entramado de fibra óptica que estaban usando en forma irregular para ofrecer servicios de celulares (ver apunte) y observaron que esas empresas también están interesadas en explotar el mercado de la televisión satelital.
“Si en materia de telefonía y de transmisión de datos actúan violando las licencias ¿qué cosas van a hacer en el campo de la televisión?”, se preguntó Larrañaga.

Puntos fijos.
La resolución de la Ursec con fecha del 18 de abril explica, con términos técnicos, cómo las multinacionales de la telecomunicación violan el monopolio del servicio de telefonía básica que tiene Antel. “(Claro y Movistar) están prestando servicios de telefonía en puntos fijos en el ámbito empresarial empleando a tales efectos equipos concentradores de múltiples tarjetas ‘sim’ interconectados con centralitas telefónicas privadas, los cuales transmiten y reciben en frecuencias atribuidas al servicio de telefonía móvil. De esta forma, comunicaciones realizadas desde un interno hacia el exterior del sitio se efectivizan empleando las frecuencias radioeléctricas correspondientes al sistema de comunicaciones móviles”, dice la resolución.

La Ursec advierte que “los radioenlaces punto a punto, directivos y bidireccionales autorizados en diversas bandas de frecuencias por encima 1 GHz son de uso interno del sistema de comunicaciones móviles (uso propio) por lo que no deben emplearse para la directa prestación de servicio alguno de telecomunicaciones”.

El organismo entiende que “desde el punto de vista estrictamente económico, considerado desde el lado de la oferta, una comunicación será móvil si existe la potencialidad de establecer dicha comunicación en movimiento o desde diferentes puntos geográficos y será fija en la medida que dicha comunicación no pueda realizarse en movimiento o desde diferentes puntos geográficos”.

De este modo llegan a la conclusión de que el servicio prestado por Claro y Movistar a través de “telulares” y de la tecnología E1 “vulneran el alcance de las autorizaciones originalmente otorgadas”. La decisión de la Ursec ya está en conocimiento del Poder Ejecutivo y de los jerarcas de Antel.

Las multinacionales y sus antecedentes

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que el plazo de 90 días que se le otorgó a Claro y Movistar para desmantelar los “telulares” puede ser extendido si las empresas demuestran que necesitan “algunos días más” para realizar la tarea. Pero advirtieron que la decisión de la Ursec no tiene marcha atrás.

Esta no es la primera vez que las telefónicas se enfrentan al Estado por prestar servicios para el que no están habilitadas. En febrero de 2012, la Ursec intimó a Claro a que dejara de prestar servicios de internet a sus clientes a través de fibra óptica. El organismo había realizado inspecciones en varias zonas de Montevideo y mediante fotografías pudo comprobar que la empresa mantenía este tipo de conexiones.

El gobierno, a través de la Ursec y el Ministerio de Industria, consideró que las empresas privadas sólo tenían permiso para ofrecer internet por vía inalámbrica y que el monopolio del cableado era potestad de  ANTEL. En aquel entonces, Movistar aseguró que no prestaba el servicio, aunque reivindicó el derecho a hacerlo.

Mientras tanto, Claro admitió que l0 estaba usando aunque se negó a dar información al Estado, basándose en que el permiso del Poder Ejecutivo no excluye la transmisión terrestre de datos. Sin embargo, poco después la empresa fue obligada a dejar de usar la fibra óptica.

el observador.

 
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Publicado por en 24 abril, 2013 en Comisión Prensa y Propaganda, Denuncias, Difusion, Gobierno, Justicia, Noticias

 

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AYUDANDO A LA ILEGALIDAD!!!


 

Frente pretende que los bagayeros sean ayudados por plan del Mides

Puede ser la forma de destrabar el conflicto en el litoral

El Frente Amplio (FA) en Paysandú recurrirá al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para destrabar el conflicto con los bolseros que instalaron un piquete el martes en protesta por la entrada en vigencia de la medida Cero Kilo, que impide el tráfico de mercancías por la frontera con Argentina para quienes permanecen menos de 24 horas en el país vecino.

puente-paysandu-colon_268883“Hay beneficios que otorga el gobierno a través del Mides que pueden paliar de alguna manera una situación compleja”, dijo a El Observador el diputado del FA por Paysandú, Gustavo Rombys (MPP).

Luego de instalar un corte de ruta intermitente en la avenida que conduce al puente Internacional, una delegación de bolseros sanduceros se reunió en la tarde del martes con representantes del FA para plantearles su situación.   Los representantes departamentales se comprometieron a mediar con el gobierno nacional y les solicitaron una lista con los nombres de las personas que cruzan el puente a diario para comprar comestibles en Colón y revenderlos en las calles sanduceras, puerta por puerta. De esa reunión, participaron el presidente del FA local, Ricardo Fleitas, la diputada suplente de Rombys, Cecilia Bottino, el edil oficialista Saúl Villagrán, y el representante del Mides Carlos Damico, consignó el diario El Telégrafo.

Los bolseros son 200
Los representantes del FA les preguntaron a los bagayeros cuántos de ellos reciben beneficios sociales. La respuesta de Juan Pereyra, delegado de los bolseros, fue contundente: “Ninguno”.

La delegación de bolseros entregó ayer una lista con 200 personas que viven exclusivamente del contrabando diario de comestibles al presidente de la Junta Departamental de Paysandú, el edil del Partido Nacional, Daniel Arcieri.

En este encuentro, los ediles se comprometieron a que los tres diputados de Paysandú (Rombys, del FA; Miguel Otegui, del Partido Nacional; y Walter Verri, del Partido Colorado) recibirán el viernes a los bolseros. Participará de la reunión, además, un delegado del Mides.

Los bolseros esperaban plantear hoy sus reclamos al presidente José Mujica. Pero el intendente Bertil Bentos se comunicó con los bagayeros para informarles que el mandatario no estará presente en la inauguración del Polo Agroalimentario y Aulario de Paysandú, según dijo Pereyra, el delegado de los bagayeros.

Crítica oficialista
Rombys cuestionó la medida Cero Kilo, adoptada por la Dirección Nacional de Aduanas a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas. “Hay que ver el problema en la globalidad. No se puede cortar por lo sano, de una forma tan abrupta, como se hizo. Tiene que haber una diferenciación para quienes están trabajando por su sustento, que son alrededor de 150 personas”, dijo el diputado por el FA en Paysandú.

El diputado se comunicó con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y con el director nacional de Aduanas, Enrique Canon, quienes le expresaron que mantendrán la medida.

“Estoy seguro que el Cero Kilo no va a ser una solución definitiva”, expresó Rombys. “Como toda localidad de frontera, el contrabando ha sido una forma de vida de mucha gente, y si bien ha cambiado la situación económica del departamento y el país, hay bolsones de gente que siguen manteniendo esa tarea como forma de vida”, agregó.

El diputado oficialista considera que deben aplicarse medidas que protejan al mercado local de forma “gradual” y que antes de implementar una medida restrictiva como la que se adoptó, “hay que buscar la creación de fuentes de trabajo y poder insertar en el ámbito formal a toda esta gente”.

Los bagayeros de Salto, perjudicados también por la medida, cortaron ayer el puente binacional, emulando la protesta de los sanduceros, informó Subrayado.

elobservador.

 

 
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Publicado por en 11 abril, 2013 en Comisión Prensa y Propaganda, Debate Abierto, Difusion, Gobierno, Justicia, Vergüenza Nacional

 

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