A 40 años de la huelga del `73

 

 

 

Bitácora de un incrédulo

Por Jorge Zabalza

Alrededor de 1955 la economía nacional entró en picada. Como siempre la clase propietaria intentó volcar el desastre sobre los asalariados y asumieron directamente la conducción de la economía. Su plan era reducir aún más el poder adquisitivo del salario y recuperar la rentabilidad del capital. No les fue tan sencillo concretarlo. Un siglo de lucha social y de prédica revolucionaria consecuente habían preparando a obreros y estudiantes para hacer frente a la ofensiva reaccionaria. Cuando en junio de 1968, Jorge Pacheco Areco lanzó su primer andanada, el movimiento popular ya sabía qué hacer. El abajo luchó y se movilizó aunque fue muy violenta la escalada represiva. Más sangre de obreros y estudiantes derramaba el gobierno, más crecía la resistencia. La bronca popular también se tradujo en expansión del movimiento guerrillero. Cientos de luchadores se plegaron a la guerrilla pese a los duros golpes sufridos.

La toma del cuartel de la Armada, la instalación de la Cárcel del Pueblo y la fuga de Punta Carretas marcaron el momento de mayor peso politico del MLN(T). Para controlar la resistencia popular y destrozar a la guerrilla, los dueños del Uruguay dejaron que las fuerzas armadas fueran ocupando espacios politicos cada vez mayores. Parecía inminente el quiebre de las instituciones y la guerra civil. El surgimiento del Frente Amplio revitalizó la alternativa electoral y parlamentaria, fue el salvavidas de la democracia formal. El elevado grado de conciencia y experiencia alcanzado en la lucha, se canalizó entonces hacia la autorganización de cientos de Comités de Base.

En 1971 el gobierno decretó un aumento del 25% a los salarios públicos y privados. La maniobra logró distender el conflicto y trasladar algunos efectos de la crisis hasta después de las elecciones nacionales de noviembre. En esas condiciones, el deseo de “orden y mano dura” hegemonizó la campaña electoral y terminó triunfando el pachequismo. El país quedó dividido en dos mitades perfectas: “con el pueblo o contra el pueblo”. La victoria electoral legitimó a los más reaccionarios, parecía el momento de tomarse un respiro y esperar mejores condiciones, pero, en una interpretación triunfalista de la coyuntura, el MLN(T) lanzó una ofensiva militar poco entendida por los sectores sociales que simpatizaban con el movimiento. Con ese panorama se ingresó a 1972, año de los actos preparatorios del golpe de Estado.

La previa.

En acuerdo con los grupos más reaccionarios – el llamado “pacto chico”-, en el mes de marzo comenzó a gobernar Juan María Bordaberry. Reafirmó la política económica antipopular. Alentó los atentados y asesinatos por parte de las bandas fascistas de la Juventud Uruguaya de Pié (JUP) y los Escuadrones de la Muerte o Cazatupamaros. Subordinó la policía a los mandos militares. El 13 de abril de 1972, la CNT convocó un paro general que fue masivamente acatado. Al día siguiente, enredado en el mano a mano con la represión, el MLN(T) ejecutó a seis miembros del Escuadrón, pero cayó en una emboscada en la que fueron asesinados ocho compañeros. El gobierno decretó el Estado de Guerra, de “guerra contra todo el pueblo” como la calificaba el documento de julio de 1972 del “Movimiento de Independientes 26 de Marzo”. La primer acción de las fuerzas armadas fue el alevoso asesinato a sangre fría de los ocho compañeros comunistas en el local del Paso Molino. El entierro fue una demostración multitudinaria de indignación.

En el mes de mayo el ejército y la policía (las fuerzas conjuntas) agudizaron la represión. El 18 de mayo el MLN(T) atacó la custodia del general Gravigna y murieron cuatro soldados. El 27 de mayo cayó la Cárcel del Pueblo, un baluarte simbólico. En el mes de julio los parlamentarios, con la sola excepción de los frenteamplistas, aprobaron la ley de Seguridad del Estado. La jurisdicción sobre los presos políticos pasó a los tribunales militares, de hecho se estaba legalizando el empleo sistemático de la tortura. Dos días después Wilson Ferreira Aldunate ya estaba arrepentido de haber votado la ley.

En el mes de julio concentraron en el Batallón de Infantería No.1, conocido como “batallón Florida”, a varios prisioneros que habían sido dirigentes del MLN(T) y estaban recluídos en diferentes unidades. Los sentaron frente a un panel formado por los mandos superiores de las fuerzas armadas más el jefe del ES.MA.CO, coronel Gregorio Alvarez y el jefe del servicio de inteligencia, coronel Ramón Trabal. Solamente por un asunto al que atribuyeran importancia crucial podía reunir semejante plantel. El general Gravigna lo planteó a bocajarro: rendición incondicional del MLN(T) y entrega de Raúl Sendic, el dirigente revolucionario de mayor gravitación política. Ramón Trabal fue el artista creador de esta puesta en escena, la vía más rápida y menos costosa para obtener la victoria. Apoyado por una asamblea de militantes, Raúl Sendic rechazó la rendición e hizo una contraoferta: la paz a condición del compromiso público de las fuerzas armadas con un plan de medidas populares, la primera de ellas una radical reforma agraria. Raúl sacó las “negociaciones” de lo puramente instrumental, elevándolas al plano de lo político e ideológico. Las fuerzas armadas la rechazaron y dieron por finalizadas las tratativas, no querían pacificar nada, se trataba de una simple maniobra y nada más. El balance del primer semestre de 1972, muestra al bloque de poder fortalecido en varios frentes.

Los “ilícitos económicos”

El 4 de agosto la Armada Nacional proclamó su “profundo repudio a cualquier forma de subversión, ya sea la que empuña las armas para asesinar cobardemente, como la que expolia la economía nacional, la que usurpa al pueblo el producto de su trabajo,la que propende a la corrupción moral, administrativa y/o política, la que practica el agio y la especulación en desmedro de la población o la que compromete la sobreranía nacional”. Las fuerzas armadas se embarcaron en una campaña contra los “ilícitos económicos”, operación “limpieza de imagen” y “siembra de confusión” como definía el “Documento de Octubre de 1972” del Movimiento de Independientes “26 de marzo”.

El 24 de agosto fueron conducidos al “Florida” los mismos prisioneros de las “negociaciones” y se les propuso estudiar la documentación capturada al MLN(T) y ayudar a investigar los “ilícitos económicos”. Les prometieron suspender la tortura en todos los cuarteles. No se puede decir que haya sido cumplida la promesa, en el Grupo de Artillería No. 1 (“La Paloma”), por ejemplo, continuaron torturando a compañeras y compañeros mientras otros presos colaboraban en los “ilícitos”. Era más fuerte que ellos, con el mismo placer que torturaban a los “subversivos lo hicieron con los detenidos bajo sospecha de corrupción.

Podía imaginarse que participar en los “ilícitos” servía de apoyo a los oficiales progresistas en su pretendida puja contra la corriente reaccionaria. Forzando aún más la imaginación, se podía especular conque esos oficiales progresistas podrían formar un partido para la transformación económica social y política del país, a imagen y semejanza del proceso acaudillado por el general Velazco Alvarado en el Perú. Sin embargo, en el batallón “Florida” no ocurrió eso: los mismos capitanes que alimentaban expectativas en este grupo de prisioneros, preparaban con el traidor Héctor Amodio Pérez una operación para desacreditar a Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Erro, Líber Seregni y otros dirigentes. Los capitanes cambiaban de careta cuando iban del despacho “operación ilícitos” al despacho “operación golpe de Estado”. En cierto momento dieron por terminada la maniobra y escondieron los 40 expedientes producidos por los prisioneros en el coffre-fort de algún general. El 30 de setiembre de 1972 Wilson Ferreira Aldunate informó al general César Martínez, nuevo comandante del ejército, que el golpismo conspiraba a sus espaldas. En un ensayo escrito para la “Fundación Wilson Ferreira Aldunate”, el Capitán de Navío Tabaré Patrón señala que en setiembre de 1972, el coronel Ramón Trabal ya tenía en el bolsillo los borradores que, una vez corregidos por Gregorio Álvarez, jefe del ES.MA. CO, se convertirían en el Comunicado No. 4 el 9 de febrero de 1973. Al tiempo que desarrollaban el “plan ilícitos”, se preparaba la próxima maniobra de dispersión, la del día del golpe de Estado. En octubre el Supremo Tribunal Militar pidió el desafuero de Enrique Erro basándose en testimonios de Héctor Amodio Pérez. Esta primera vez el pedido no llegó al parlamento pero está claro que daba comienzo a la fase final del golpe.

En la página 178 de su obra “La tregua armada” Fernández Huidobro resume su actuación en el”Batallón Florida”: “Nuestro error en 1972 fue haber creído que era posible influir sobre un sector muy grande. Los antecedentes que citamos anteriormente y ciertos hechos que transcurrían ante nuestros ojos, daban para pensar en ello, Nos equivocamos. La experiencia enseñó que si bien es necesaria y debe ser permanente la labor política en el seno de las FFAA, las fuerzas populares no debemos hacernos ilusiones en cuanto a lograr, en base a ello, ganar para el pueblo a sectores importantes y orgánicos de las FFAA. Éstas están concebidas y montadas de tal modo que la rosca dominante nunca va a perder su control. Otra cosa sería suicida. Dicho aún más claramente, ellas son la garantía real y de última instancia que tiene la rosca para cimentar su poder”. Que se sepa influyeron sobre un único capitán que fue sancionado. Demasiado poco para lo que estaba en juego. Ya era tarde además, se había contribuído a crear la ilusión “perunista”, que en las semanas siguientes tuvo consecuencias desastrosas para el movimiento popular. El error en 1972 fue haberse plegado a las iniciativas de los militares, los antecedentes y la experiencia también enseñaban a negarse a las “negociaciones” y a la participación en los “ilícitos económicos”.

1º de setiembre de 1972, Raúl Sendic fue apresado sin entregarse: el balazo de fusil en la mandíbula lo dejó sin conocimiento y, cuando lo iban a rematar, un oficial de la Armada detuvo al soldado: “no lo hagas, no queremos un Ché Guevara en Uruguay”. El MLN(T) que sobrevivió la caída de Raúl quedó sin capacidad de reacción, una de las condiciones “sine qua non” del golpe de Estado.

El golpe de Estado

El 9 de febrero de 1973, el Comunicado No.4 de las fuerzas conjuntas advirtió a la población que en adelante su misión sería “intervenir en la problemática nacional”, garantizar el desarrollo nacional y emprender “la reorganización moral y material del país ”. En Panamá les habían enseñado que no eran ”una simple fuerza de represión o vigilancia”, tenían un rol político a desempeñar. Redactado por Trabal, el comunicado reafirmaba la decisión irrevocable de aniquilar el marxismo leninismo por ser “incompatible con nuestro tradicional modo de vida”. Aunque muchos leyeran solamente lo que quisieron, nadie podía llamarse a engaño. El 11 de febrero, el editorial de “El Popular” explicaba que “…hay una ‘realidad’ que debe ser cambiada y las Fuerzas Armadas no quieren ser el brazo armado de grupos económicos y políticos que pretendan apartar a las Fuerzas Armadas de sus fines”. Los planteos de los militares eran muy generales y vagos pero el Partido Comunista afirmaba que estaban inscriptos en la corriente general que querían cambiar el modelo de la oligarquía y el imperio e imaginaban alianzas con las corrientes progresistas de las fuerzas armadas.

El 14 de febrero de 1973, en la Base “Boiso Lanza” de la Fuerza Aérea, el presidente constitucional y los mandos de las fuerzas armadas pactaron lo esencial de la doctrina política que rigió al Uruguay los doce años de dictadura. El pacto se concretó en la creación de una nueva institución del Estado, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que Bordaberry definió como “cauces institucionales apropiados para la participación de las FFAA en el quehacer nacional”. En realidad los golpistas no debieron esforzarse mucho para convencerlo, el novel presidente era el más fascista de todos. Entre la hojarasca levantada por los comunicados, podía entreverse al terrorismo de Estado abriéndose paso y tomando los resortes de poder.

Al otro día del pacto, la Mesa Representativa de la CNT declaró que la huelga general sólo podía ser convocada “en la medida que contribuya a avanzar a favor de los intereses populares y en el cumplimiento del Programa de Soluciones a la crisis”. De hecho la postergaron cinco meses. La tendencia mayoritaria de la CNT, los demócratas cristianos, un sector del socialismo y la mayoría del Partido Comunista, se ilusionaron con el “perunismo” tanto como los prisioneros del “Florida”. Quienes no se engañaron fueron los militares que se habían sumado a las filas del pueblo: Montañez, Zufriategui, Aguerre y Licandro. El general Seregni percibió la maniobra pero terminó aceptando la opinión mayoritaria. Don Carlos Quijano alertó sobre los peligros del militarismo desde el semanario “Marcha” y los famosos “Cuadernos”.

En Uruguay no hubo un día ”masacre” como el de Chile, donde el 11 de setiembre de 1973 el ejército disparó sobre la gente a mansalva, arrasó las poblaciones y los cordones industriales y asesinó al compañero Salvador Allende. La “técnica a la uruguaya” hizo pasar disumulado el golpe del Boiso Lanza, oculto por el humo de las operaciones de inteligencia. Al disimulo ayudó la complicidad del “pacto chico”, cuyos integrantes lo revistieron con una pátina de “civilismo”, hipocresía tan propia del país de los amortiguadores. Con el respaldo del imperio, los dos brazos de la oligarquía (el armado y el político) ya estaban en condiciones de arrollar al pueblo que se resistía a dejarse robar impunemente su poder adquisitivo. El golpe de estado estaba dado en febrero de 1973.

Se disipa el humo…

Con el golpe se instaló un régimen muy propio del país de los amortiguadores: una dictadura que coexistía con las organizaciones sociales, los partidos políticos y el parlamento. Los mandos apostaban a manipularlas mediante el temor y nuevas maniobras de inteligencia, pero el engendro apenas pudo sostenerse cinco meses. En ese lapso, los conflictos y luchas se sucedieron, contra la “ley Sanguinetti” en la enseñanza, la huelga de la mutual de futbolistas, la marcha a Montevideo de los obreros textiles de Juan Lacaze, la ocupación de viviendas en el barrio de Cerro Norte severamente reprimida y desalojada brutalmente por el ejército. El punto culminante fue el 29 de marzo, un paro general con ocupaciones de fábricas y centros de estudio, mitines barriales y paralización casi total del Estado. La multitud llenó la Avenida del Obelisco a la Universidad. La CNT les informó que se había reunido con la junta de comandantes y con Gregorio Álvarez . En sus memorias, Pepe D’Elía explica que la intención de la mayoría de la CNT era tender una mano a los militares “progresistas” para impedir que los arrastrara la oligarquía. En aras de esta fantasía se postergó el llamado a la huelga general en rechazo del golpe de Estado. La CNT demoró cinco meses en cumplir con la resolución del Congreso del Pueblo y del programa fundacional de la CNT. El 9 de abril, la casquivana junta desairó a los ilusos: “…si la CNT reconoce la identidad de sus objetivos con los expresados por las fuerzas armadas….éstas entienden que los caminos preconizados por ambas instituciones son irreconciliables”. Por su parte, la “tendencia combativa” sostenía que los gorilas seguían siendo gorilas aunque se vistieran con la seda del comunicado No. 4. Adrián Montañez presentó una Plataforma de Acción Inmediata que fue rechazada por la mayoría que, en cambio, pretendió que el 1º de mayo de 1973 fuera “festivo,optimista y de alegría”, que no incomodara a nadie. Sin embargo, las consignas que corearon las decenas de miles que concurrieron al acto, fueron muy duras y poco amistosas hacia el golpismo cívico militar. Ya existía el clima subjetivo que autoconvocó a la huelga general en junio.

En marzo Wilson Ferreira Aldunate denunció la venta de las reservas de oro del Uruguay y casi llegó al juicio político a Bordaberry. El parlamento se convirtió en caja de resonancia de las denuncias sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos. La junta de comandantes arremetió contra el parlamento que tampoco se dejaba amedrentar. El 25 de abril Bordaberry exigió el desafuero del Senador Enrique Erro por supuestas vinculaciones con el MLN- T y la cámara de diputados lo rechazó por un voto de diferencia. Bordaberry y la junta de comandantes jugaron a dejar aislada a la bancada del Frente Amplio pero la maniobra fracasó. La coexistencia había llegado a su fin. La Justicia Militar intentó procesar al senador Amílcar Vasconcellos por su discurso titulado “febrero amargo”. Hizo detener al capitán de navío Omar Murdoch, presidente del directorio del Partido Nacional. En mayo Ferreira Aldunate denunció la “operación enchastre”: un libro del traidor Héctor Amodio Pérez acusaba de estar vinculados al MLN(T) al propio Wilson y a Seregni, Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz y, por supuesto, a don Enrique Erro. Fracasada también esta maniobra, el 1º de junio el gobierno reimplantó las medidas prontas de seguridad. El grupo de Jorge Batlle rompió con el “pacto chico” y los aislados fueron los sectores que apoyaban el golpe. En la madrugada del 27 de junio de 1973, Bordaberry disolvió el parlamento. El humo del “progresismo perunista” se había disipado.

A la seis de la mañana, los turnos entrantes ocuparon los centros de trabajo, un poco más tarde lo hicieron los estudiantes y la CNT convocó a la huelga general. La lucha popular había despejado las confusiones y falsas expectativas, el pueblo asalariado ganó las calles, fue el momento estelar de su historia.

Las fuerzas armadas en disputa 

Para muchos la declaración de la Armada y el comunicado No. 4 demuestran la existencia de una corriente perunista liderada por Trabal y Álvarez y enfrentada a las logias reaccionarias en la interna militar. Esa lucha de fracciones sirvió de base a muchas decisiones políticas de diferentes partidos y organizaciones sociales. Sin embargo el progresismo adjudicado a Álvarez demostró ser pura fantasía y, según confirma el compañero Pedro Aguerre (padre), sería bastante falso calificar de “perunista” a Trabal. A cuarenta años de los acontecimientos se puede ver que la interna militar estaba agitada por múltiples contradicciones -como todas las internas militares del mundo y de la historia- pero que ellas no pasaban de ser matices en una estructura muy cohesionada por la Doctrina de Seguridad Nacional y el odio al comunismo internacional. Diferencias que nunca fueron suficientes para quebrar la unidad de mando. Entre los mandos militares de 1973 no hubo un general Torrijos como en Panamá ni un general Torres como en Bolivia. Aunque esa fuera la ilusión esperanzada de muchos.

Las técnicas de manipulación de la opinión pública han sido parte de las estrategias político militares desde la antigüedad. Sun Tzu las recomendaba, von Clausewitz también y asimismo Lidell Hart. Kissinger, la CIA y la CNN obtuvieron excelentes resultados, las usaron para ocultar al pueblo norteamericano las barbaridades que se cometían en Vietnam e impedir que supieran que estaban perdiendo la guerra. Si los EEUU fueron capaces de convencer al mundo entero de que Saddam Hussein escondía armas de destrucción masiva en Irak… qué tiene de extraño que algunos oficiales uruguayos convencieran de su “progresismo” a los dirigentes de la izquierda uruguaya?. Primero fueron las “negociaciones”, después los “ilícitos” y finalmente el Comunicado No. 4, una secuencia de maniobras con las mismas características, destinadas a encubrir los objetivos reales de las fuerzas armadas y a diluir las posibles resistencias. Lecciones de uso táctico de las “cortinas de humo”. Sin embargo, a muchos les duele reconocer la trampa en que cayeron y actualmente son los principales interesados en que perdure la hipótesis “fuerzas armadas en disputa”. Solamente cabe desear que su nuevo “error” tenga consecuencias menos trágicas que el error de 1972.

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/

 

Tan Parisien que parecía

 

Sobre el trabajo doméstico y cómo los Fernández Manhard evadieron sus responsabilidades patronales

Una deuda de casi 300 mil pesos ante el bps es la consecuencia que –por ahora– debió enfrentar el matrimonio de empresarios, por contratar personal doméstico y no registrarlo o subdeclararlo ante el organismo de previsión social. Las actuaciones del banco fueron más allá de la situación que involucró a varias trabajadoras bolivianas.

Con paciencia detectivesca los inspectores del bps trabajaron y cerraron meses atrás la investigación que determinó que el matrimonio de empresarios compuesto por Javier Fernández y Nathalie Manhard evadía sistemáticamente sus obligaciones patronales ante el organismo.

Los lectores de Brecha seguro recordarán cuando, en agosto del año pasado, el semanario publicara una nota recogiendo el testimonio de tres ciudadanas bolivianas llegadas especialmente para trabajar en la casa de la familia, y que fueran sometidas a diversos grados de explotación laboral. Pues bien, la investigación no sólo concluyó que las trabajadoras decían la verdad en cuanto a las evasiones fiscales (el resto de los asuntos sigue dirimiéndose), sino que demostró que nueve trabajadoras bolivianas pasaron por la casa en el período de un año y ninguna fue inscripta en la institución. Además, el personal uruguayo que trabajó allí en los últimos tres años –14 en total– estuvo siempre subdeclarado.
Debido a estas irregularidades el matrimonio fue conminado a pagarle 295.239 pesos al bps,* según consta en el informe realizado por el banco y al que Brecha accedió. Cabe destacar que aquí no se contabilizan los adeudos a los trabajadores (que se establecen en el Ministerio de Trabajo) ni el resultado de posibles juicios que los perjudicados tienen ahora la posibilidad de entablar.

INSPECCIÓN. Inicialmente la investigación se enfocó en saber si las dos empleadas bolivianas presentes cuando el Ministerio de Trabajo (mtss) realizó una inspección en la casa familiar estaban regularizadas en el bps. Pero rápidamente –“dada la notoriedad mediática y las características especiales del personal doméstico implicado”, dice el documento– el banco decidió abarcar en su trabajo el tiempo transcurrido desde la fecha en que la familia se había establecido en la residencia (1 de agosto de 2009), hasta días antes del inicio de las actuaciones (31 de julio de 2012), sin tener en cuenta la nacionalidad de los trabajadores. Contrastando la información presentada por la familia con la del banco y las declaraciones de los involucrados, se fue construyendo la historia de la evasión de dos de los integrantes de una de las familias más ricas del país. A saber: durante el período indicado pasaron por allí 23 trabajadores, nacionales y extranjeros. En el listado de nombres al que Brecha accedió, sin embargo, no figura el de al menos una de las personas que dieron su testimonio al semanario. Y según los datos de Cotidiano Mujer,** al menos 12 personas de nacionalidad boliviana trabajaron para la familia, por lo que puede presumirse que en la reconstrucción realizada algún nombre haya quedado por el camino y las evasiones sean aun mayores.
Un aspecto que llamó la atención de los inspectores fue la alta rotación de personal. Los 23 trabajadores que pasaron por la casa en los últimos tres años debieron cubrir sólo cuatro puestos. Según los datos del bps, solamente una persona laboró durante dos años y otra durante diez meses, el resto de los uruguayos resistieron poco más de un mes, y hay dos casos con cuatro y cinco meses de permanencia.{resctrict} El recorrido de varios días en ómnibus que hacían las trabajadoras bolivianas ameritaba que permanecieran un poco más: ocho meses la que más duró; un promedio de dos meses para el resto, y las que fueron regularizadas cuando la situación explotó llevaban trabajando tres meses como máximo, y seguían empleadas al finalizar el informe a fines de octubre de 2012.
En lo que refiere al personal uruguayo, la familia tenía la “costumbre” de registrarlo en planillas separadas. Javier registraba en su empresa (véase recuadro) a los hombres (dedicados al mantenimiento y la jardinería), y Nathalie hacía lo propio con las mujeres (encargadas de las tareas dentro de la casa y el cuidado de los niños). De esa forma los recibos de sueldo eran confeccionados “en la administración de la empresa” donde trabaja, con la información que ella misma suministraba. Contrastando la información proporcionada por la familia (listado de trabajadores, recibos de sueldos –muchos sin firmar–, contratos), los inspectores determinaron que los patrones subdeclaraban los pagos a sus empleados. Por ejemplo, había contratos con salarios acordados mayores a los que figuraban en los recibos de sueldo, y el informe señala que en los registros de ambos “pudieron verificarse inconsistencias entre los montos declarados oportunamente y los importes reales abonados”, además de errores en la liquidación de horas extra.
Mientras el personal uruguayo era inscripto de esa “peculiar” forma (tal es la palabra que utiliza el informe), las bolivianas –que comenzaron a llegar en mayo de 2011 y fueron paulatinamente sustituyendo a las uruguayas– no fueron registradas hasta después de la inspección del mtss, a comienzos de agosto de 2012. En ese momento, y antes de que el bps actuara, el matrimonio intentó remendar los hechos inscribiendo a las tres que cumplían funciones en esos días. Pero optaron una vez más por formas “poco comprensibles (y de dudosa utilidad práctica)”, puesto que usaron registros de industria y comercio “claramente no idóneos para regularizar (aun a medias) al personal doméstico”, dice el documento, que también señala que las fechas de ingreso al trabajo declaradas por los patrones no eran las verdaderas. Fernández admitió, en declaración jurada, que se estableció un acuerdo para que las trabajadoras extranjeras no se tomaran el día de descanso, que sería abonado como descanso trabajado. De esa forma se evitaban las horas extras. Dijo también que los pasajes desde Bolivia eran pagados por la agencia de colocación de personal contactada, versión que difiere con lo narrado a Brecha por las empleadas, quienes aseguraron que ese costo fue, al menos en un caso, pagado por la familia y luego descontado del salario.
Entre la documentación que los Fernández Manhard entregaron al bps figuran las boletas que oficiaban de “recibos de sueldo” donde, en el mes correspondiente al egreso, los patrones hacían estampar la firma de las empleadas luego de establecer que éstas se iban teniendo claro que allí no había “nada que reclamar”.
* Como parte del personal estuvo registrado en las empresas de Manhard y otra parte en las de Fernández, el bps realizó las actuaciones por separado. La cifra publicada es la suma de las deudas imputadas a cada uno. La situación de irregularidad total de las ciudadanas bolivianas fue imputada a Fernández, y corresponde decir entonces que el grueso de la deuda recayó sobre él.
** Fue la organización que amparó y asesoró legalmente a las mujeres que brindaron su testimonio.

Ayuda memoria

En agosto de 2012 tres ex trabajadoras contaron a Brecha cómo llegaron a Montevideo con promesas de trabajo digno pero, además de no inscribirlas en el bps, los empresarios les exigieron largas jornadas de trabajo, se les anuló el tiempo libre, se les limitó el alimento y se las sometió a maltrato verbal y psicológico.

Nathalie. Ella es el “pilar” que hoy sostiene el emporio textil conformado por Parisien, la Casa de las Telas, Indian Emporium e Indian Outlet. La cadena de tiendas constituye el principal importador de ropa proveniente de China. Tiene bajo su cargo a 1.000 empleados y sus tiendas están en todo el país. Aunque el dueño es Enrique, su padre, Nathalie se encarga junto a su hermano de la gestión. En 2011 un importante conflicto de fuecys dejó clara su forma de trabajo: sueldos ínfimos, represión sindical y paupérrimas condiciones de trabajo. Uno de los testimonios recogidos por Brecha el año pasado también señaló a su padre como empleador de ciudadanas bolivianas que no eran registradas en la seguridad social.

Javier. Él es dueño de la empresa Frimaral, dedicada al diseño y desarrollo de contenedores y módulos tanto para transporte y depósito de mercadería como para soluciones habitacionales. Su padre, Alberto Fernández, es el conocido dueño de Fripur, la empresa de procesamiento de pescado famosa por las multas que ha debido pagar a causa de la sistemática violación de las leyes laborales y su constante represión sindical.

El caso sigue abierto

El pasado 3 de mayo en el programa radial En Perspectiva se informó que el Poder Judicial había archivado el caso que vincula a la familia Fernández Manhard en una presunta red de trata de personas. Sin embargo, el fiscal de la causa, Juan Gómez, desmintió el dato y aseguró que el expediente radicado en el juzgado del crimen organizado, a cargo del juez Néstor Valetti, sigue abierto. El pasado 19 de enero las autoridades nacionales enviaron a Bolivia un exhorto para que colaborara con la investigación, puesto que varias testigos viven en el país andino. Hasta la fecha el juzgado uruguayo no recibió respuesta.

http://brecha.com.uy

 

 

MARCHA DEL SILENCIO: GALERÍA DE IMÁGENES

 

Hay memorias que engrandecen

 

Este lunes se realizó la 18ª Marcha del Silencio, bajo la consigna «En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?». Miles de personas marcharon por 18 de Julio, desde el Espacio de los Detenidos-Desaparecidos, y hasta la Plaza Cagancha. Algunos se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia.

Galería de imágenes

 

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Este lunes se realizó la 18ª Marcha del Silencio, convocada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Bajo la consigna «En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?», miles de personas recorrieron 18 de Julio, desde el Espacio de los Detenidos-Desaparecidos, en Rivera y Jackson, y hasta la Plaza Cagancha.

Allí se realizó la tradicional lectura de los nombres de los desparecidos uruguayos y se cantó el Himno Nacional como forma de cerrar el acto. No obstante, luego del himno, un grupo de personas se movilizó hasta la cercana Suprema Corte de Justicia para protestar por el traslado de la jueza Mariana Motta y la declaración de inconstitucionalidad de la ley que anulaba la Ley de Caducidad.

Montevideo Portal

 

 

 

 

Nueva Marcha del Silencio

“En mi Patria no hay Justicia ¿Quiénes son los responsables?”. Con ese eslogan se da la convocatoria a la 18ª. Marcha del Silencio, que se realizará este lunes, desde las 19 horas.

La tradicional marcha por “verdad, justicia, memoria y Nunca Más” es convocada por los Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El comunicado con la convocatoria reitera que la marcha se hace “en silencio, sin banderas ni consignas particarioas” desde el comienzo, a las 19 horas en Rivera y Jackson, hasta la Plaza Libertad. Allí, como todos los años, se cantará el Himno Nacional.

http://www.180.com.uy/

 

VERDAD Y JUSTICIA!!!

 

CONVOCATORIA!!!

 

2013: 40ª aniversario de la Huelga General – 30º aniversario de la fundación del PIT

DD.HH.: Los jueces deben seguir investigando

Jueces deben investigar y la proscripción de delitos solo puede regir desde 2011, cuando se aprobó la Ley 18.831 que restableció la pretensión punitiva del Estado, consideró el abogado y director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda.

“La sentencia de la Suprema Corte de Justicia es legítima, eso no está en discusión. Pero hubo crímenes contra la humanidad y los jueces deben seguir adelante”, dijo.

Miranda es autor de un informe jurídico sobre las consecuencias del fallo de la SCJ de declarar inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, entregado al Frente Amplio.

Destacó que la SCJ no declaró inconstitucional el artículo 1º que restablece la pretensión punitiva del Estado.

“El artículo 1º no es inconstitucional. Se restituye la pretensión punitiva del Estado cualquiera sea la fecha en que se cometió el crimen y no se pueden contabilizar los años en que los jueces no podían actuar”, enfatizó Miranda. Es decir, hasta que la Ley 18.831 restableció la potestad del Estado de sancionar esos delitos.

Recordó que Uruguay aprobó en 2001 la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968. Ese instrumento fue establecido porque comenzaban a extinguirse los delitos cometidos por los nazis, explicó Miranda.

 

Piden «tolerancia y respeto» al evocar el Holocausto

Partidos advierten sobre las expresiones de odio y de racismo

DANIEL ISGLEAS

Los partidos políticos, reunidos en el ámbito de la Comisión Permanente, volvieron a advertir sobre el riesgo de las expresiones de odio, racismo y prejuicios en las sociedades, y subrayaron la necesidad de inculcar a las nuevas generaciones sobre males de esa naturaleza.

Estos conceptos están contenidos en una declaración aprobada por unanimidad por el cuerpo legislativo tras una sesión de conmemoración del Holocausto del pueblo judío en la que participaron el embajador de Israel, Dori Goren, y otros representantes diplomáticos y de la colectividad judía, y a la cual el presidente José Mujica y el canciller Luis Almagro hicieran llegar su mensaje de solidaridad.

En la sesión, legisladores de todos los partidos coincidieron en que en Uruguay el antisemitismo es más importante de lo que se piensa y advirtieron que hay que «extirpar todo germen de intolerancia» en la sociedad.

Hablaron los legisladores Luis Rosadilla, Alfredo Asti y Enrique Rubio por el Frente Amplio, Sergio Abreu en representación del Partido Nacional, y Tabaré Viera y Fernando Amado por el Partido Colorado.

La conmemoración se produce en esta fecha porque el 27 de enero de 1945, hace 68 años, el ejército soviético liberó el campo de concentración de Auschwitz. Ese día fue instituido por resolución de las Naciones Unidas como el día del recuerdo internacional del Holocausto del pueblo judío.

Rosadilla afirmó que hoy en día «aparte de negar el Holocausto», hay gobernantes que «hablan de la destrucción de Israel». Abreu afirmó que en todas las sociedades debe haber «tolerancia y respeto por las opiniones de los demás», y que los países deben incorporar esos valores para que episodios como el Holocausto no vuelvan a suceder.

Viera sostuvo que el holocausto «fue la mayor afrenta a los derechos humanos».

«El antisemitismo es una plaga muy extendida y con raíces aún vivas en sociedades cultas y democráticas», destacó el legislador.

Al finalizar la sesión de la Comisión Permanente se realizó un minuto de silencio.

El País Digital

 

Salió a la luz el video de la agresión a Tania

Una salió del país

Subrayado accedió al video de dos cámaras de la puerta de Azabache, que muestra cómo se desarrollaron los incidentes que posteriormente tomaron forma de denuncia por parte de Tania Ramírez, una joven activista y funcionaria del Mides, que fuera agredida, aparentemente, por su condición de afrodescendiente.

Recordemos que el hecho sucedió en la madrugada del pasado 14 de diciembre a la salida del citado boliche ubicado en el Parque Batlle.

Según trascendió, la joven le hizo señas a un taxi y este no le paró, y sí a un grupo de cuatro mujeres. En las imágenes se aprecia eso, aunque no tiene audio. Se ve que la joven hace un ademán hacia estas mujeres, y una de ellas hace lo mismo. Tras esto, se trenzan en una pelea que duró algunos minutos, luego de los cuales Tania resultó con varias heridas externas y la más complicada, interna, ya que su hígado tuvo serias lesiones que derivaron en su internación durante varios días.

Familiares de las agresoras, los que fueron indagados, declararon lo contrario a lo que afirma Tania, basados en lo narrado por las mujeres.

Actualmente el caso está en manos de la Justicia, que se encuentra examinando este video para determinar las culpabilidades.

Paralelamente la Policía reconoció que no ha sido fácil ubicar a las agresoras ya que pernoctan indistintamente en casas de amistades y no las pudieron contactar. De todos modos, se sabe que una de ellas viajó a Argentina y que las otras modificaron su apariencia.

Asimismo, la familia Ramírez ha dejado entrever la posibilidad de que sea patrocinada por Ielsur para radicar una denuncia de otras proporciones al término de la feria judicial.

diario la republica.