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Más de 23% de la población ocupada está sindicalizada


Cerca de 90 organizaciones, entre las que se incluyen confederaciones, federación y sindicatos únicos, integran hoy el PIT-CNT, representando a unos 340.000 afiliados.

afiliados

 

Según algunas estimaciones, la población ocupada alcanza los 1,52 millones de personas, por lo que la cantidad de afiliados al PIT-CNT representa aproximadamente el 23% de la fuerza laboral. Un indicador muy por encima de otros países del continente. Por ejemplo, México llega al 11%, Brasil 18%, Paraguay 10%.

El integrante del Secretariado, Fernando Pereira, aseguró a LA REPÚBLICA, que el padrón de afiliados ha oscilado en los últimos meses entre 300 y 340.000. “Nuestro objetivo es llegar a los 350.000 a mitad del año y sobre el final del año a 380.000”.

La central está en campaña de adhesiones. Según Pereira, ya tienen buenas noticias de aumento de afiliados, “muy importante” en la construcción, el comercio y los servicios, la Educación, y algunos sectores de la industria”.

En base a estos elementos, Pereira considera que “sería posible afirmar que vamos a llegar a las metas planteadas. También mejora rápidamente el número de cotizantes. Este es un gran logro democrático; cuanta más gente esté afiliada a su sindicato, mejor defenderemos nuestros derechos y por lo tanto mejoraremos la calidad democrática”, subrayó.

Organigrama

El máximo órgano de la central es el Congreso, pero entre congreso y congreso, la órgano conductor es la Mesa Representativa, que integran 37 sindicatos o federaciones, o la Mesa Representativa Nacional Ampliada, donde se suman los 19 plenarios del interior. En lo cotidiano, la central funciona con su Secretariado Ejecutivo, que incluye 17 representantes por temas, incluyendo el coordinador y los responsables de finanzas, propaganda, etc.

A su vez, del Secretariado dependen comisiones y departamentos, así como el Instituto Cuesta Duarte.

 

Salario y productividad

Por otra parte, Pereira fue consultado también sobre las iniciativas de incorporar la productividad al salario. En ese sentido explicó que la Central no ha discutido en profundidad el tema. De todas maneras aclaró que “existen varios sindicatos que han firmado convenios con cláusulas de productividad. Nos da la impresión de que es necesario, para discutir temas de esta envergadura, tener la totalidad de la información, tanto de parte del Ejecutivo como de las empresas, cuestión esta que siempre ha sido difícil de obtener”.

Sin embargo agregó que “nos parece que estos convenios con indicadores de productividad se pueden hacer por empresas en función de que cada empresa tiene características diferentes, de forma tal que nos resulta muy difícil aplicar la productividad por rama de actividad, salvo alguna excepción. Para cada rama de actividad hay que encontrar otros indicadores macro, sectoriales, (índice de empleo, valor de la moneda, producto bruto sectorial, ventas, etc.)”.

diario la republica.

 

 
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Publicado por en 29 abril, 2013 en Comisión Prensa y Propaganda, Informacion de interes, Noticias

 

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Claro y Movistar tienen 90 días para desmantelar la red de “telulares”

Tomó la decisión tras considerar que se viola el monopolio de Antel

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Las empresas Claro y Movistar fueron intimadas por la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) para que en un plazo de 90 días dejen de prestar el servicio de “telulares “con el que están violando el monopolio de la telefonía fija que tiene Antel.

En la resolución a la que tuvo acceso El Observador, el órgano fiscalizador de las telecomunicaciones le dio un plazo de 10 días a las multinacionales para que presenten el plan a través del cual desactivarán las cerca de 50 mil líneas de “telulares” que están utilizando entre ambas compañías. Otras cincuenta mil líneas son ofrecidas por Antel. El negocio total de los telulares y la tecnología denominada “E1” alcanza los US$ 40 millones anuales.

Para tomar la decisión, el directorio de la Ursec se basó en un informe del departamento jurídico en el que se da cuenta de que “en múltiples situaciones las modalidades de servicio (de Claro y Movistar) estarían vulnerando el alcance de las autorizaciones originalmente otorgadas a las empresas”.

El 9 de marzo El Observador informó acerca de una investigación realizada por la URSEC en zonas francas, call center, bancos y grandes empresas que  detectó que las telefónicas multinacionales están ofreciendo el servicio de telulares y de otro sistema –denominado en la jerga técnica como E1–.

El “telular” es un celular de base o de escritorio que se conecta a un teléfono convencional o a una central telefónica. Ese teléfono desde el que se realizaban llamados a celulares, que luego facturaba ANTEL, se convierte, tras adicionarle el telular, en un celular de una empresa privada que cobra por ese servicio.

La investigación fue impulsada por el director blanco de la Ursec, Gustavo Delgado (Alianza Nacional) y, posteriormente, el senador blanco Jorge Larrañaga trasladó el asunto al ministro de Industria, Roberto Kreimerman.
Una vez enterado de esta situación, el sindicato de Antel organizó una marcha que culminó en la sede de la Ursec de la calle Uruguay y en la que se reclamó que se le sacaran a Claro y a Movistar las licencias de todos los servicios que presta en el país.

Tanto los sindicalistas como Larrañaga recordaron que Claro y Movistar ya fueron obligadas a desmantelar un entramado de fibra óptica que estaban usando en forma irregular para ofrecer servicios de celulares (ver apunte) y observaron que esas empresas también están interesadas en explotar el mercado de la televisión satelital.
“Si en materia de telefonía y de transmisión de datos actúan violando las licencias ¿qué cosas van a hacer en el campo de la televisión?”, se preguntó Larrañaga.

Puntos fijos.
La resolución de la Ursec con fecha del 18 de abril explica, con términos técnicos, cómo las multinacionales de la telecomunicación violan el monopolio del servicio de telefonía básica que tiene Antel. “(Claro y Movistar) están prestando servicios de telefonía en puntos fijos en el ámbito empresarial empleando a tales efectos equipos concentradores de múltiples tarjetas ‘sim’ interconectados con centralitas telefónicas privadas, los cuales transmiten y reciben en frecuencias atribuidas al servicio de telefonía móvil. De esta forma, comunicaciones realizadas desde un interno hacia el exterior del sitio se efectivizan empleando las frecuencias radioeléctricas correspondientes al sistema de comunicaciones móviles”, dice la resolución.

La Ursec advierte que “los radioenlaces punto a punto, directivos y bidireccionales autorizados en diversas bandas de frecuencias por encima 1 GHz son de uso interno del sistema de comunicaciones móviles (uso propio) por lo que no deben emplearse para la directa prestación de servicio alguno de telecomunicaciones”.

El organismo entiende que “desde el punto de vista estrictamente económico, considerado desde el lado de la oferta, una comunicación será móvil si existe la potencialidad de establecer dicha comunicación en movimiento o desde diferentes puntos geográficos y será fija en la medida que dicha comunicación no pueda realizarse en movimiento o desde diferentes puntos geográficos”.

De este modo llegan a la conclusión de que el servicio prestado por Claro y Movistar a través de “telulares” y de la tecnología E1 “vulneran el alcance de las autorizaciones originalmente otorgadas”. La decisión de la Ursec ya está en conocimiento del Poder Ejecutivo y de los jerarcas de Antel.

Las multinacionales y sus antecedentes

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que el plazo de 90 días que se le otorgó a Claro y Movistar para desmantelar los “telulares” puede ser extendido si las empresas demuestran que necesitan “algunos días más” para realizar la tarea. Pero advirtieron que la decisión de la Ursec no tiene marcha atrás.

Esta no es la primera vez que las telefónicas se enfrentan al Estado por prestar servicios para el que no están habilitadas. En febrero de 2012, la Ursec intimó a Claro a que dejara de prestar servicios de internet a sus clientes a través de fibra óptica. El organismo había realizado inspecciones en varias zonas de Montevideo y mediante fotografías pudo comprobar que la empresa mantenía este tipo de conexiones.

El gobierno, a través de la Ursec y el Ministerio de Industria, consideró que las empresas privadas sólo tenían permiso para ofrecer internet por vía inalámbrica y que el monopolio del cableado era potestad de  ANTEL. En aquel entonces, Movistar aseguró que no prestaba el servicio, aunque reivindicó el derecho a hacerlo.

Mientras tanto, Claro admitió que l0 estaba usando aunque se negó a dar información al Estado, basándose en que el permiso del Poder Ejecutivo no excluye la transmisión terrestre de datos. Sin embargo, poco después la empresa fue obligada a dejar de usar la fibra óptica.

el observador.

 
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Publicado por en 24 abril, 2013 en Comisión Prensa y Propaganda, Denuncias, Difusion, Gobierno, Justicia, Noticias

 

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Reclaman soluciones.


Obreros de Riovia reclaman al Estado

ANP asumirá las obras y no saben cuál será su futuro

Unos cuarenta obreros que trabajan para Riovia en las tareas de mantenimiento y dragado del Canal Martín García reclaman soluciones al Estado dado que no saben si a partir del próximo 20 de enero tendrán trabajo.

Martin Castiglioni, trabajador de la empresa Riovia, propiedad de la holandesa Boskalis que desde los años `90 tiene adjudicados los contratos de mantenimiento y dragado en el Martín García, dijo a El País que solo manejan la información que difunde la prensa dado que la firma no les ha indicado cuál será su futuro laboral una vez que el próximo sábado cese la concesión. El canciller Luis Almagro confirmó la semana pasada, en una entrevista con El País, que a partir del 20 de enero será la Administración Nacional de Puertos la que se encargue de las tareas en el canal. Incluso, fuentes consultadas por El País confirmaron que la ANP pone a punto la Draga N° 7, con personal portuario, para asumir la tarea.

“Ni la empresa ni el gobierno nos ha dado información, lo cierto es que aquí hay 40 familias que viven en total incertidumbre ya que desde hace muchos años estamos a cargo de la obra y somos los que sabemos del tema. Esperamos que desde el gobierno nos den una respuesta porque han solucionado el tema a nivel país pero se olvidaron de los trabajadores”, señaló.

“Los que todos los días nos subimos a los barcos somos uruguayos, esperamos una respuesta”, indicó.

Los gobiernos de Uruguay y Argentina acordaron asumir las tareas en el canal tras una serie de desencuentros generados a partir de un presunto intento de coima para renovar el contrato y un postergado llamado a licitación que el gobierno espera concretar en este mandato.

El País Digital
 
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Publicado por en 16 enero, 2013 en Apoyo, Asociación, Comisión Prensa y Propaganda, Debate Abierto, Gobierno, Justicia, Negociación colectiva, Noticias

 

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