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Según BPS, “cincuentones” cobrarían menos jubilación


PERJUICIO LLEGARÍA HASTA 35% POR HABER SIDO OBLIGADOS A AFILIARSE A UNA AFAP

El Banco de Previsión Social (BPS) advierte que un grupo de aproximadamente 100.000 trabajadores podría verse afectado al momento de recibir su jubilación.

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Ese grupo, definido como los “cincuentones” fueron obligados a afiliarse a las AFAP en 1996 por tener ciertos requisitos que los habilitaba a hacerlo. Las pérdidas económicas que sufrirían podrían llegar hasta un 35% de su jubilación.

En 1996 se estableció que los trabajadores que tenían más de 40 años no estaban obligados a afiliarse a una AFAP y podrían hacerlo, si así lo deseaban, en forma voluntaria. Sin embargo, los menores de 40 años sí estaban obligados siempre que percibieran como salario un mínimo de $ 5.000 en ese momento.

Casi veinte años después comienzan a registrarse algunas situaciones que preocupan al BPS. En ese sentido, el representante de los trabajadores en el directorio del organismo, Ramón Ruiz, dijo a El País que aquellos que no estuvieron obligados a afiliarse a una AFAP se están jubilando por el BPS sin realizar crítica alguna.

Pero el otro grupo, el de los “cincuentones” actuales que fueron obligados a afiliarse en 1996, están realizando simulaciones de jubilación o averiguaciones sobre lo que percibirán y encuentran diferencias sustanciales. “Se han detectado diferencias de entre un 30% y 35% menos en su jubilación. Aparece lo que ya habíamos visto: personas que son perjudicadas por el régimen de AFAP”, sostuvo Ruiz.

Desde agosto del año pasado comenzaron a regir reformas al sistema de AFAP y allí quedó establecido un subfondo de retiro. La nueva normativa estableció que a partir de los 55 años de edad, el ahorro jubilatorio del afiliado irá siendo transferido gradualmente desde el subfondo de acumulación al subfondo de retiro. “En ese subfondo de retiro hay unos 100.000 trabajadores, son personas mayores de 55 años que están próximas a la edad de retiro. Entonces, hay 100.000 que podrían estar afectados”, señaló Ruiz. El representante de los trabajadores en ese organismo recordó que, en la última campaña electoral, el presidente Tabaré Vázquez mostró su intención de ampliar la ley 19.162 donde se estableció la posibilidad de desafiliarse de las AFAP cumpliendo determinadas condiciones. Y ese será uno de los reclamos de la representación de los trabajadores en el BPS.

“Queremos una reforma estructural solidaria, universal y sin AFAP, pero eso es de largo plazo. Tenemos desafíos para el corto, el mediano y el largo. La situación de los cincuentones es para el corto plazo y el que tiene que dar una respuesta es el gobierno”, afirmó Ruiz.

Aclaró que no hay una regla general que indique que esas 100.000 personas podrían percibir una menor jubilación. “Como todas las cosas, cada caso es particular. Dos personas que tengan exactamente la misma historia laboral puede que no cobren lo mismo, por meses de no aportar o por enfermedad y por eso menos aportes. Hay casuísticas, pero en general, potencialmente esas 100.000 personas podrían estar siendo perjudicadas al momento de su jubilación”, sostuvo.

“Siempre, de todas formas, el sistema es de riesgo. Se te tiene en cuenta la rentabilidad, las comisiones, la tasa de interés técnico, la tabla de mortalidad que te la puede cambiar el Banco Central (BCU) igual que la de interés técnico. Son muchas variables que no dependen del trabajador y esas variables no sé cómo se van a comportar hasta el día en que me jubile”, afirmó Ruiz.

Ante eso, sostuvo entonces: “es una timba, una lotería como la pauta salarial, como dijo el (Instituto) Cuesta Duarte”. La mención de Ruiz aludió a un documento del instituto de investigación del Pit-Cnt donde señaló que los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo para establecer los ajustes en las remuneraciones en los Consejos de Salarios, son una lotería para los trabajadores.

Declaración.

El martes pasado, el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt tocó en su reunión semanal la situación del sistema de seguridad social y la de un “importante colectivo de trabajadores”, refiriéndose a los “cincuentones”.

En un comunicado, la central sindical señaló que “la situación que enfrenta un número importante de uruguayos, próximos a la jubilación, lamentablemente confirma y ratifica las críticas que, desde su implantación le hemos hecho al sistema de ahorro individual”. Añadió que “terminada la etapa de acumulación, las primeras prestaciones a servir por el sistema ratifican la insuficiencia de las mismas, y la inequidad que genera entre los ciudadanos, que, nacidos en fechas similares y con historias laborales idénticas, recibirán prestaciones muy diferentes”.

Ante eso, el Secretariado Ejecutivo ratificó como mecanismo idóneo al Diálogo Nacional de Seguridad Social “cuyas etapas anteriores generaron importantes acuerdos posteriormente convertidos en leyes inclusivas y de protección social. Por ello reclamamos su re- instalación y la metodología utilizada en las citadas etapas”.

“Para el movimiento sindical las propuestas y las rutas de salida a los problemas de la gente deben ser colectivas, con propuestas que involucren y contengan soluciones para las grandes mayorías y los sectores más vulnerables de nuestro pueblo”, finalizó el órgano de conducción de la central sindical.

Datos de AFAP semestrales

La rentabilidad bruta real del sistema de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) en el año móvil a junio, fue positiva para el promedio del régimen para el subfondo de acumulación por segundo mes consecutivo. De hecho, la rentabilidad promedio de las administradoras en Unidades Reajustables (UR) fue 0,34% en dicho lapso y constituye el mayor rendimiento en términos móviles, desde noviembre del año pasado.

Por su parte, el subfondo de retiro (para aquellos trabajadores mayores a 55 años), tuvo a junio una rentabilidad bruta real de 1,71% para el promedio del sistema de administradoras, conformándose el mayor registro en términos móviles desde octubre del año pasado, según la información disponible.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/segun-bps-cincuentones-cobrarian-menos.html

 
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Publicado por en 24 agosto, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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CIU pide medidas “urgentes” tras peor expectativa en 6 años


“EN ESTE MOMENTO, EL ESCENARIO ES MALO” DIJO EL PRESIDENTE DE LA GREMIAL

Las expectativas de los industriales tanto de la economía como de sus empresas siguen empeorando y se ubican en los peores niveles desde momentos de crisis internacionales del pasado. En ese contexto, la Cámara de Industrias (CIU) le reclama medidas “urgentes” al gobierno, ya que se está ingresando en una zona de alerta de “luces rojas”.

competibilidad

Los empresarios del sector se quejan de pérdida de competitividad. Foto: Archivo El País.

Un informe difundido ayer por la CIU relevó que las expectativas de los empresarios, tanto para su firma como para la economía en general, se deterioraron en junio en relación a mayo, alcanzando los peores niveles desde abril de 2009.

En junio, el neto de respuestas entre los que ve que la economía estará peor y los que creen que estará mejor en seis meses fue de -39 puntos (41% piensa que estará peor, 50% que seguirá igual, 2% cree que estará mejor y 6% no contestó). Para encontrar un saldo neto similar, hay que ir hasta abril de 2009 con -45 puntos.

Sobre la empresa, 30% cree que estará peor en los próximos seis meses, 60% igual y 10% mejor. El saldo neto es de -20 puntos, algo que no se daba desde junio de 2009 (-24 puntos). Según el informe, estos niveles para la economía y la empresa son “similares a los observados en contextos de dificultades económicas (fines de 2001 y primer semestre de 2009).

Ayer, la cúpula de la gremial industrial se reunió durante varias horas para realizar una evaluación actual del sector. Y el resultado no fue alentador.

El presidente de la CIU, Washington Corallo, dijo a El País que la coyuntura actual es diferente, por ejemplo, a la situación de 2009. En aquel momento, los precios de las materias primas no habían caído tanto como ahora; China no presentaba signos de desaceleración y Argentina y Brasil mantenían un comercio más estable con Uruguay.

“Hoy, Brasil tiene problemas serios; Argentina pone dificultades para el ingreso de productos uruguayos; Venezuela sigue con problemas. Además, China no sólo devalúa, también tiene problemas para la compra de commodities, Europa se recupera pero lentamente y Rusia también está con dificultades”, enumeró Corallo.

A ese cóctel externo le añadió a nivel interno una demanda que comienza a restringirse. Entonces, expresó: “Cuando se va en un auto y se empiezan a prender luces amarillas o rojas (en el tablero del vehículo) se puede seguir rodando un poco más, pero en algún momento hay que parar el auto para revisarlo”, dijo Corallo.

“Si seguimos exigiendo al aparato productivo como hasta ahora y no tenemos una prestación urgente para analizar las causas de pérdida de competitividad en Uruguay, vamos a tener más problemas”, aseguró.

Luces rojas.

Indicó que la intención de la CIU es trabajar en conjunto con el gobierno. “Pero, los tiempos del gobierno son distintos a los de las empresas y es muy importante buscar medidas urgentes paliativas para las compañías que atraviesan problemas coyunturales y no estructurales”, sostuvo.

La percepción industrial es que la situación continúa en una fase de retroceso, y será peor. “En este momento el escenario es malo. Hasta hace unos meses sosteníamos que estábamos en amarillo. Ahora, la aguja del termómetro está llegado a la zona de luz roja”, afirmó Corallo.

También se refirió a un cambio que surgió en estadísticas de la CIU. Recordó que hasta hace unos meses, esas estadísticas marcaban que el 33% de los sectores industriales se ubicaban en nivel positivo, el 30% en neutro y el 28% en negativo. “Actualmente estamos con más del 50% de los sectores en retroceso”, señaló.

El último dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada indicó que la actividad industrial —sin contar la refinería de Ancap— creció 9,28% en junio respecto al mismo mes del año pasado y acumula una expansión de 6,9% en el primer semestre frente al mismo lapso de 2014.

Sin embargo, así no se ve toda la realidad de la industria. El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) indicó en un informe que si se excluye la actividad de cuatro empresas (Ancap, UPM, Montes del Plata y Pepsi) la producción industrial acumula en el primer semestre una caída interanual de 3,2%.

En ese escenario, los industriales insisten al gobierno que tome medidas urgentes y de fondo. Esas medidas son la rebaja de los aportes patronales que realizan al Banco de Previsión Social (BPS) y también de los costos energéticos del sector. Eso obraría como una suerte de contraprestación al apoyo de los empresarios al combate a la inflación a través del acuerdo de precios de semanas atrás.

“La CIU apoyó ese acuerdo, pero no puede implicar más pérdida de competitividad. Hay un equilibrio macroeconómico que hay que saber cuidar y buscar la manera para que el aparato productivo del país no se caiga”, afirmó Corallo.

También pidió cautela para la negociación de los ajustes salariales en la negociación colectiva. “Los sindicatos tienen que ser conscientes que muchas empresas se están quedando sin trabajo y que no hay peor aumento que el que genera desempleo. Entendemos que hay gente que gana muy poco, pero es preferible ganar algo y no quedarse sin trabajo”, advirtió.

Esa pérdida de la fuente laboral se traduciría en un principio en el ingreso del trabajador al seguro de paro, donde tampoco se le compensará la totalidad de la remuneración que recibía en su empleo, alertó.

Comienzo de año complejo.

Ya en el primer año de gestión, el gobierno se enfrentó con varias dificultades laborales generadas por el cierre de varias empresas. La automotriz Chery dejó de producir automóviles en Uruguay y despidió a su plantilla de 350 trabajadores. El sector lácteo también tuvo dos cierres. Uno, el de Ecolat que dejó sin empleo a 300 personas; el segundo caso fue el de Schreiber Foods que siguió el mismo camino y allí fueron 170 operarios. Este mes, luego de un año de estar intervenida, Fripur tomó la decisión de no producir más y hoy será su último día de procesamiento de pescado (ver nota aparte). Todo eso en medio del comienzo de la quinta ronda de los Consejos de Salarios donde se definen los ajustes a las remuneraciones del sector privado.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/ciu-pide-medidas-urgentes-peor.html

 
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Publicado por en 18 agosto, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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El BPS vuelve a suspender las asignaciones por no estudiar


EN LO QUE VA DEL AÑO YA SE BAJARON 20; EN 2014 MÁS DE 20.000 PERDIERON EL BENEFICIO

A pesar de las dos visiones que hay en el gobierno de Tabaré Vázquez sobre las leyes sociales, el Banco de Previsión Social (BPS) analizará los datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan sus hijos a estudiar.

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BPS: “Se debe cumplir con todas las condiciones de derecho” para recibir asignación familiar.

En 2014 se dieron de baja 51.000 asignaciones, número que fue descendiendo con el correr de los meses y al culminar el año quedó en la mitad.

El presidente del BPS, Heber Galli, dijo a El País que se analizarán los datos y que en lo que va del año ya se rechazaron 20 solicitudes para asignaciones familiares, justamente porque las personas no tenían los cer-tificados de estudio. “Si no lo traen no se la damos, es así de claro”, sentenció.

Galli entiende que es un “error técnico” llamar contraprestación a la atención de salud y a la asistencia a un centro educativo y afirma que son “condición de derecho”.

“¿Cuáles son los requisitos para acceder a una asignación? Estar por debajo de un determina umbral de ingreso per cápita, cumplir con lo que da un algoritmo de situación socioeconómica y que los muchachos en edad de estudiar concurran a un centro formal y que los más chiquititos tengan atendida su salud. Esto es lo que yo miro cuando me solicitan una asignación. Es una condición de derecho”, explicó.

El tema estuvo en el ojo de la tormenta poco antes que el Frente Amplio iniciara su tercer gobierno, cuando la elegida por el presidente Tabaré Vázquez para ocupar el cargo de ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que no se puede exigir una contraprestación a cambio de las transferencias monetarias que brinda el Mides porque eso implica “culpabilizar” a los beneficiarios.

“La contraprestación lo que hace es culpabilizar, yo te doy esto pero entonces me tenés que cumplir en esto y en lo otro”, había dicho Arismendi a El País.

A partir de 2013 la ANEP, el BPS y el Sistema de Información Integrado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) implementaron un plan de cruzamiento de datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan a sus hijos a estudiar. Hasta ese entonces, por más que la condición de derecho estaba en la ley, no se tenía en cuenta.

“Si la familia tiene un golpe de fortuna y cambia su situación socioeconómica, si recibe por herencia una buena vivienda se tiene que suspender. Las personas deben de cumplir con todas las condiciones de derecho, no son contraprestaciones. Y el BPS lo tiene que controlar”, insistió Galli.

Cambia todo cambia.

El gobierno intentará eliminar las diferencias internas que hay sobre las leyes sociales y analiza unificar las transferencias. Para Galli habría que introducir un concepto de “salario familiar” focalizado en los sectores vulnerables o de bajos ingresos.

“Hay quienes preguntan, ¿si no están mandando los gurises a estudiar y les sacás la prestación, van a ir a estudiar si tienen menos recursos? No sé si van a ir, pero si el tema son los recursos deberíamos dar otra discusión. Tendríamos que analizar el tema desde un concep-to más amplio que la asignación que es el salario familiar”, opinó Galli.

El concepto “salario familiar” existió en Uruguay hace varios años, hoy lo más similar es la tarjeta Uruguay Social que otorga una transferencia monetaria a aquellos hogares “que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica”.

El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplica la prestación ubicándose entre unos $ 1.368 y $ 3.678.

A su vez se dan dos asignaciones, una por la ley 18.227 y otra por la ley 15.084 que tienen montos y condiciones de derecho diferentes (ver detalles en nota aparte).

“Yo creo que hay que unificar y focalizarnos en los sectores vulnerables y de bajos ingresos”, agregó Galli.

En el mes de julio la ministra de Desarrollo Social visitó la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, y reconoció que el gobierno trabaja en una especie de unificación de las asignaciones familiares y la tarjeta de Uruguay Social aunque evitó dar mayores detalles.

Según datos del BPS al pasado mes de febrero, el Estado otorgaba 495.000 asignaciones familiares en total: 111.000 a través de la ley 15.084 y 384.000 por la ley 18.227. El monto total que pagó el Estado por ellas fue 441 millones de pesos.

“El número de asignaciones se ha sostenido en el tiempo. También es verdad que se da el fenómeno de traspasamiento de una a la otra. La 18.227 no pone la condición de ser trabajador formal y en la otra sí. Además marcan limites de ingreso del hogar distintos”, explicó el presidente del banco.

lEY 18.227: más allá del trabajo

La asignación es para los niños y adolescentes que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del INAU. Los solicitantes deben presentar

ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes, situación sanitaria y la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza. La asignación familiar se da hasta los 14 años del beneficiario en todos los casos, hasta los 16 cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria, y hasta los 18 cuando curse estudios de nivel superior.

¿QUE DICE LA LEGISLACIÓN?

Ley 15.084 es solo para empleados

Es para todo empleado de la actividad privada que preste servicios remunerados a terceros y que tenga hijos o menores a su cargo. “El monto mensual a servir por beneficiario no será inferior al 8% (ocho por ciento) del salario mínimo nacional mensual en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo”, detalla. Establece que se otorga hasta los 16 años cuando se compruebe que el beneficiario no ha podido completar el ciclo de Educación Primaria, hasta los catorce años por un impedimento plenamente justificado así como también cuando sea hijo de empleado fallecido absolutamente incapacitado para el trabajo o que sufra privación de libertad.

Requisitos de la tarjeta

El programa Tarjeta Uruguay Social (TUS) otorga una transferencia monetaria a aquellos hogares “que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica”. Tiene como objetivo principal asistir a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad. El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A su vez, a aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplica la prestación ubicándose entre $ 1.368 y $ 3.678. La población objetivo son 60.000 hogares.

http://www.elpais.com.uy/informacion/bps-vuelve-suspender-asignaciones-no.html

 
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Publicado por en 27 julio, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Uso de las reservas debe ser un tema estrictamente técnico y profesional


TEMA DE ANÁLISIS

En los últimos días el uso de las reservas internacionales para financiar el déficit público se situó en el centro del debate. Si bien es posible su utilización como fuente de financiamiento, su decisión debe seguir estrictamente los criterios de un manejo profesional de los activos y los pasivos del Estado.

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El sistema financiero tiene depósitos por casi US$ 7.600 millones.

Ingresar en el terreno político de la discusión o partir de la premisa que, como es dinero que ya está en poder del gobierno se puede gastar sin consecuencias, es un gran error.

Las reservas internacionales depositadas en el Banco Central (BCU) ascienden a US$ 18.000 millones. Pero en primer lugar hay que aclarar que no todas las reservas internacionales son la misma cosa, ya que pertenecen a distintos titulares que tienen a su vez distintos cometidos. Tal el caso del BCU cuyos activos ascienden a US$ 7.800 millones.

Esas reservas son el respaldo frente a sus deudas, al tiempo que constituyen el principal puntal de la emisión. Por lo tanto utilizarlas sería equivalente a un vaciamiento. La consecuencia sería la pérdida de credibilidad en la política monetaria, una corrida en contra de la moneda nacional, la suba del tipo de cambio. Cualquier similitud con Argentina no es una mera coincidencia.

El sistema financiero tiene depósitos por casi US$ 7.600 millones, que son a su vez el respaldo del público que eligió depositar en dichas instituciones. Queda un remanente de aproximadamente US$ 2.600 millones perteneciente al Sector Público (gobierno central, empresas públicas y Banco de Previsión Social).

Sobre este monto y los depósitos en el exterior realizados directamente por la Tesorería, es que se podría actuar si se decidiese hacer uso de las reservas.

La razón de ser de las reservas del gobierno central es contar con un nivel de liquidez apropiado para hacer frente a pagos en un plazo de tiempo corto.

Esto da garantías que aún en el caso en que los mercados de capitales se paren de golpe y dejen de prestar a los países emergentes como Uruguay, el gobierno podrá hacer frente a sus vencimientos de deuda por un período de tiempo y podrá seguir pagando sueldos, pasividades y otros gastos corrientes sin retrasos.

De hecho contar con un nivel de liquidez adecuado es uno de los aspectos que tienen en cuenta las agencias calificadoras de riesgo, y por ende los inversores que buscan posibles destinos para sus ahorros.

Este atributo fue manejado en la gestión del gobierno de José Mujica como un seguro de liquidez.

Como todo seguro tiene un costo ya que esas reservas son la contrapartida de un endeudamiento y por lo tanto el nivel de reservas se deben comparar con el costo neto de esos fondos.

No todo es costo, ya que un manejo eficiente de las reservas implica su colocación en activos líquidos y poco riesgosos, pero con un retorno sensiblemente menor al del fondeo original. Por lo tanto hay una diferencia entre la tasa de interés que se paga por la deuda pública y la que se recibe por las colocaciones de las reservas. Cuanto mayor el nivel de reservas que se acumulen y cuanto más amplio sea el diferencial de tasas, más costoso será el seguro.

Partiendo de la base que un seguro de estas características no sólo es prudente, sino necesario, el punto a discutir es cuál es el tamaño del mismo. Dependerá del déficit fiscal, de los vencimientos de deuda y del riesgo de corte en el crédito internacional.

Comenzando por el último punto, ante la gran incertidumbre imperante en los mercados internacionales no parece aconsejable reducir la cobertura del seguro. Habrá que esperar a que pase el impacto de las subas en las tasas de interés internacionales y una vez los flujos de capitales se estabilicen recién se podrá pensar en reducir el seguro.

Es posible que en ese momento el costo del seguro también aumente por los movimientos en el diferencial de tasas de interés.

Un aspecto a considerar son los montos de vencimientos de deuda que no son iguales en todos los años. Al respecto el trabajo profesional en los últimos años permitió adecuar los vencimientos de forma que no existan grandes acumulaciones. De todas formas a partir del 2017 se sube un escalón y se pasa de US$ 700 millones anuales a US$ 1.400 millones.

El problema financiero tiene su origen en la condición deficitaria de la gestión presupuestal del gobierno. Si el déficit se mantiene controlado y el aumento de la deuda en comparación con el crecimiento de la economía es razonable de forma que el cociente entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB) no se dispare, entonces no será necesario contar con un seguro muy amplio. Si el déficit se combina con recesión y el ratio de deuda a PIB está creciendo, entonces el seguro juega un papel estratégico al darle tranquilidad a quienes le prestan a Uruguay, ya que hay un plazo de cobertura de las obligaciones financieras razonable y por lo tanto se trata de una deuda con menor nivel de riesgo.

El menor riesgo país se traduce en menores costos financieros para el gobierno y para toda la economía.

Si se llega a la conclusión que el nivel de reservas del gobierno central es elevado, y si por otro lado existen necesidades de fondos, que de hecho siempre las hay para financiar obras de infraestructura, se presenta la disyuntiva para quienes manejan la deuda pública, que deberán considerar si lo más conveniente es amortizar deuda vieja con ese exceso de reservas y adquirir nueva para financiar inversiones, o por el contrario, dados los eventuales diferenciales de tasas existentes entre una y otra deuda, utilizar las reservas.

En uno u otro caso aumenta la deuda neta, debiéndose elegir la opción que la aumente menos.

En definitiva, hay muchas cosas que ponderar antes de utilizar la parte de las reservas que se considera excedentaria. Este segmento se podría conceptualizar como el “exceso de seguro de liquidez” que proporcionan las reservas acumuladas por la Tesorería de la Nación. Es un tema estrictamente financiero que podrá ingresar en la mesa de análisis recién en el 2017.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/reservas-debe-estrictamente-tecnico-profesional.html

 
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Publicado por en 16 julio, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Gobierno con escaso margen ante reclamos de gremiales y PIT-CNT


COYUNTURA

Los empresarios piden reducir costos ante un escenario de menor dinamismo económico

Competitivad

A pocos días de la asunción de Tabaré Vázquez y su equipo de gobierno, la lista de pedidos que hacen las distintas cámaras empresariales es larga y el contexto para atenderla no ayuda. En una economía que se desacelera y con déficit fiscal elevado, los márgenes para que el Ejecutivo responda lucen limitados. Al mismo tiempo, la señal que da el PIT-CNT es de no dar el brazo a torcer en las negociaciones salariales y en las reivindicaciones del próximo Presupuesto quinquenal, que comenzará a discutirse en breve.

El gobierno ha dado indicios sobre los pasos que dará. En su primera cadena de radio y televisión, Vázquez se comprometió a llevar la inflación al centro del rango meta (5%) en 18 meses, mientras que el ministro de Economía, Danilo Astori adelantó que será austero en la  elaboración del Presupuesto. Los analistas coinciden en que se deberá corregir el déficit y también mejorar la inflación para poder desindexar salarios, y así obtener un efecto más fuerte en las expectativas sobre la evolución de los precios.

Pero por el otro lado, tanto la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la de Comercio y la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), piden como prioridad lograr que Uruguay sea más competitivo, según señalaron sus autoridades a El Observador.Algunos analistas privados han manejado que Uruguay debería  contar con un dólar en el eje de $ 30, e incluso por encima de ese nivel para recuperar la competitividad perdida con sus socios comerciales (ver página siguiente). Aunque los desafíos internos que tiene el equipo económico para mantener la inflación a raya  dejan poco espacio para avanzar en una depreciación más acelerada de la moneda local. Asimismo,  tampoco puede apelar a bajar las tarifas públicas, porque eso se traduciría en un menor ingreso a las arcas públicas y repercutiría negativamente sobre el déficit fiscal.

Lista de reclamos
El pasado lunes, la Federación Rural divulgó un comunicado pidiendo que bajen las tarifas de UTE y de ANCAP. En ambos casos el gobierno ya dio señales en sentido contrario. En primer lugar, subió las tarifas de la energía por encima de lo que había solicitado UTE, mientras que los combustibles bajaron pero no en la magnitud que lo hizo el petróleo. En los dos casos, el gobierno optó por privilegiar el resultado de las cuentas públicas.

Por otro lado, el titular de la  CIU, Washington Corallo y el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Perera, hicieron hincapié en la necesidad de ser prudentes en las negociaciones salariales, por ser un costo importante que puede dañar más aún una competitividad que ya “está por el piso”.

Frente a estos pedidos, el PIT-CNT no quiere ceder ni un centímetro. Gabriel Molina, secretario de Propaganda de la central dijo a El Observador que buscarán que el Salario Mínimo pase de $ 10.000 a $ 15.000 en el quinquenio y que los sueldos de hasta $ 15.000 líquidos logren aumentos mayores en los Consejos de Salarios. En cuanto al Presupuesto, Molina dijo que “no tiene por qué ser acotado”. En cambio, las cámaras alertan por las “luces amarillas”, y advierten que “no hay mucho para dar” con esta coyuntura de costos y perspectivas de la economía.

El turismo también pide
El sector inmobiliario y turístico también aprovechó la ocasión del Consejo de Ministros del pasado lunes en Maldonado para llevar sus preocupaciones a los jerarcas. El turismo, especialmente en el este y por falta de argentinos, ha vivido las dos últimas temporadas con lo justo. En ese ámbito, el conglomerado de inmobiliarias de Punta del Este mantuvo diferentes reuniones con los ministerios de Economía y Finanzas, Transporte, Turismo y Deporte y Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Andrés Jafif, vicepresidente de esta asociación de inmobiliarias, dijo a El Observador que plantearon a Pablo Ferreri, subsecretario del MEF, la idea de exonerar del IRPF a los contratos inmobiliarios de temporada, como forma de hacer frente a los altos costos del sector. “Planteamos quitar el IRPF a los contratos de temporada, algo que Ferreri está estudiando y entiende que el sector inmobiliario con ese impuesto puede ser perjudicado. Pedimos la colaboración también de ellos (del MEF) para bajar el recargo de las tarjetas de crédito que está en 6%. Quedamos en trabajarlo en conjunto”, aseguró el empresario.

A su vez, comentó que al ministro de Transporte, Víctor Rossi, le manifestaron la preocupación por el precio elevado de los pasajes aéreos y marítimos que dificulta el arribo de turistas extranjeros al país. “Una de las cosas que nosotros más vimos este verano, que más complicó la llegada de turistas, fueron los altos costos de los pasajes aéreos y marítimos. Consultamos por si el Ministerio de Transporte tiene alguna idea al respecto”, explicó Jafif. El agente inmobiliario señaló que el MTOP tiene la “misma preocupación” y que una de las soluciones pasaría por aumentar las frecuencias.

A su vez, con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, solicitaron las cifras sobre cuántos empleados tiene el sector inmobiliario en el seguro de paro. El jerarca les informó que hay 960 inmobiliarias de Maldonado inscriptas en el Banco de Previsión Social (BPS), cuando ellos tienen alrededor de 350 afiliados a su asociación.

PIT-CNT está “muy preocupado”
El PIT-CNT aguarda concretar una entrevista con el presidente Tabaré Vázquez para los próximos días –falta confirmar día y lugar– en la cuál elevarán una serie de planteos que tiene “muy preocupado” a la central sindical. Entre los asuntos que estarán sobre la mesa, figura el papel del Fondo para el Desarrollo (Fondes), el próximo Presupuesto, el acuerdo de comercio de servicios (TISA) con Estados Unidos, el papel de las empresas públicas y los salarios. En concreto, plantearán que el salario mínimo pase de $ 10 mil a $ 15 mil y que los sueldos de hasta $ 15 mil líquidos tengan aumentos mayores en los próximos Consejos de Salarios, dijo Gabriel Molina, Secretario de Propaganda del Pit Cnt, a El Observador. En relación al Fondes, el sindicalista indicó que habían planteando a Álvaro García, director de la OPP, la discusión de las pretendidas modificaciones de la ley. “Pero nos desayunamos que hoy de mañana (por ayer) entró un decreto que modifica lo que íbamos a discutir. Entonces, tenemos un problema”, aseveró. Sobre el tratado de inversiones, Molina dijo que el gobierno “ha trabajado a espaldas de todo el mundo” una herramienta que pone “en serio riesgo el mantenimiento de las empresas públicas y el desarrollo productivo que ellas llevan adelante”. Por último, plantearán que el Presupuesto “no tiene que ser acotado” como pregona el actual gobierno desde su instauración. De ese modo, pujarán por más recursos en educación y para los “procesos productivos” del país. “Por lo tanto, este año es crucial. Hemos escuchado que habrá recortes y a nosotros esto nos tiene muy preocupados”, advirtió Molina.

 

http://www.elobservador.com.uy/noticia/301301/gobierno-con-escaso-margen-ante-reclamos-de-gremiales-y-pitcnt/

 
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Publicado por en 26 marzo, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Ministerio de Desarrollo Social ofrece oportunidades laborales por Uruguay Trabaja


Uruguay Trabaja

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Del 23 al 27 de marzo están abiertas las inscripciones para una nueva edición del programa Uruguay Trabaja ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y orientado a personas que se encuentran en situación de exclusión social. Su objetivo principal es lograr generar oportunidades laborales para personas desocupadas de larga duración.
El programa Uruguay Trabaja permite realizar tareas de valor comunitario por un período de hasta ocho meses a cambio de un subsidio denominado “Apoyo a la Inserción Laboral”, de 2.35 base de prestaciones y contribuciones (BPC).Pueden inscribirse personas mayores de 18 y menores de 65 años de edad en situación de vulnerabilidad socioeconómica con ciclo básico incompleto que estén desocupadas desde hace más de dos años a la fecha de inicio de las inscripciones —se admitirá hasta tres meses de aportes laborales dentro del período de dos años—.

Los participantes desarrollarán actividades formativas y operativas por un total de 30 horas semanales (24 horas de tareas operativas y 6 de capacitación). Las tareas, destinadas a mejorar y locales de instituciones comunitarias o lugares públicos, serán supervisados por representantes de organizaciones sociales y organismos que seleccione el ministerio, los cuales serán los responsables asimismo de la implementación del programa de formación. 

Los participantes percibirán, además del subsidio, beneficios de seguridad social a través del Banco de Previsión Social. El período de participación en el programa se incorporará en la historia laboral personal.

Si bien se percibe una remuneración equivalente a 5.800 pesos uruguayos mientras dure el programa (de seis ocho meses, según el caso), la prestación se abonará a mes vencido y no posee naturaleza salarial retributiva, por lo que no genera licencias ni aguinaldo.

http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ministerio-de-desarrollo-social-convoca-a-participar-para-la-edicion-2015

 
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Publicado por en 16 marzo, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Surge primera disputa en el gobierno electo por la integración de los entes


POLÍTICA

Hay diferentes posturas en el equipo de Tabaré Vázquez para elegir a los nuevos presidentes de entes y empresas públicas; el mandatario laudará el próximo lunes

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“Demorará algunos días”, respondió el presidente electo Tabaré Vázquez cuando le preguntaron el 2 de diciembre, durante la conferencia de anuncio de su gabinete ministerial, cuándo estarían los nombres de los directores de entes y empresas públicas. El mandatario jugó rápido y no consultó al Frente Amplio a la hora de conformar su equipo ministerial, pero abrió a cierto grado de discusión la elección de quienes estarán al frente de otros lugares clave de la gestión. La idea del líder de la izquierda era irse de vacaciones a fines de diciembre habiendo laudado lo más posible el armado de los cuadros. Sin embargo las primeras diferencias y tensiones a la interna del nuevo equipo de gobierno gereraron demoras en los anuncios.

Las distintas visiones entre referentes de la coalición llevaron a postergar semana tras semana el anuncio de quiénes continuarán y quiénes serían relevados en las empresas públicas. Si bien se ha transmitido que existirá un grado importante de continuidad en varios de los lugares estratégicos, la falta de acuerdo impulsó al mandatario electo a propiciar un cónclave al más alto nivel que se llevó a cabo el martes en la residencia de Suárez y Reyes, y de la que participaron además el presidente actual, José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y el electo, Raúl Sendic, más la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier.

Fuentes de la izquierda informaron a El Observador que ese encuentro serviría, entre otras cosas, para terminar de definir quién asumiría en cada una de las empresas públicas y entes del Estado. Pero las distintas visiones impidieron que haya anuncio, y por el contrario lo único claro tras esa reunión fue que los partidos de oposición quedarían fuera de los directorios del Consejo Directivo Central (Codicen) de la enseñanza, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Banco de Previsión Social (BPS).

Aunque con sutileza y sin planteos enfáticos, las diferencias  a la interna del nuevo equipo de gobierno se perciben a varios niveles y están en conocimiento de varios operadores del FA.

El miércoles Mujica reunió a su Consejo de Ministros y entre otros temas dio cuenta del cónclave del que había participaddo el día anterior. Informó allí que los titulares de los entes serían anunciados en breve y que habría continuidad en varias áreas, pero no dio más detalles, lo que llamó la atención a uno de los jerarcas participantes de ese gabinete, según transmitió ese informante a El Observador.

El anuncio postergado se realizará el próximo lunes a la tarde, dijeron a El Observador fuentes del FA, luego de que Vázquez mantenga reuniones con los cuatro partidos de oposición con representación parlamentaria (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Asamblea Popular) para definir la integración de directorios de entes. Previo a ello está previsto que se reuna otra vez el nuevo gabinete, como lo hace desde hace varios lunes consecutivos.

Las fuentes señalaron que por un lado conviven las opinones de Sendic, de Astori, y de la actual presidenta de Antel y ministra de Industria desingnada, Carolina Cosse. Una de las diferencias más claras se nota quizá en la elección del presidente del directorio de Antel. Mientras Cosse pretende que sea Horacio Tolosa, un ingeniero que se desempeña hoy como presidente del ente de las telecomunicaciones, Astori pretende que sea alguien con un vínculo más cercano al equipo económico. En ese sentido, las fuentes de la izquierda manifestaron que un postulante que cuenta con el visto bueno de Astori para ocupar la presidencia de Antel es Miguel Brechner, pero se decidió que ese profesional siga a cargo del Plan Ceibal en el próximo gobierno.

Una de las premisas del futuro ministro de Economía y Finanzas es tener bajo control financiero a las empresas públicas, algo que quedó claro en los últimos días al definir el incremento de UTE. En ese caso primó la visión del astorismo para hacer caja, por sobre la opinión de Industria (que conduce Roberto Kreimerman, muy cercano a Mujica) y del ente.

En el medio, además, incide la visión de Sendic, cuyo grupo logró una votación importante en la elección de octubre (obtuvo dos senadores), pero quedó relegado en el armado del gabinete a dos subsecretarías (Salud y Transporte). El hijo del fundador de los Tupamaros ha transmitido su intención de tener incidencia en las empresas públicas, pero hasta el momento sólo ANCAP y OSE estarían presididas por alguien con quien Sendic tiene llegada, como José Coya. En OSE continuará el actual presidente, Milton Machado, que también pertenece a la Lista 711. También se mantendría en UTE Gonzalo Casaravilla. En el BPS asumirá el actual vice, Heber Galli;  mientras que presidirá ASSE la actual ministra de salud Susana Muñiz; y se mantendrá en el Codicen el actual presidente Wilson Netto.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/296049/surge-primera-disputa-en-el-gobierno-electo-por-la-integracion-de-los-entes/

 
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Publicado por en 16 enero, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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