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FFSP pide retiro de decreto de esencialidad vigente
La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) le pedirá este lunes al Gobierno que retire el decreto de esencialidad que está vigente desde la semana pasada, como un «gesto de buena voluntad» en el comienzo de las negociaciones para poner fin al conflicto que vive el sector.
El sindicato y el Poder Ejecutivo se verán las caras por primera vez desde que, el sábado pasado, la Federación de Funcionarios de Salud Pública definiera en asamblea postergar el comienzo de la huelga general, prevista para este martes, hasta el 10 de setiembre.
A su vez y ante la certeza de ser pasibles de sanciones, sumarios y hasta despidos si desconocían el decreto, los trabajadores levantaron el viernes la ocupación del Hospital Vilardebó y del centro de salud de Ciudad del Plata.
De todas formas, el gremio tiene previsto movilizarse hoy con “cortes de calle informativos” porque el conflicto sigue en todos sus términos, según dijo el secretario general de la Federación, Pablo Cabrera.
El “avance” al que se refería Cabrera es que ASSE se comprometió a redistribuir rubros dentro de su Presupuesto para otorgarle a cada funcionario unos 1500 pesos de aumento salarial en promedio, lo que representa un total de 30 millones de pesos a reasignar.
Poder Ejecutivo aprobó decreto que simplifica varios trámites públicos
Dentro del nuevo Marco Normativo de Gobierno Electrónico se establecen la agilización de trámites ante organismos estatales, como la entrega de la partida de nacimiento y la Jura de la Bandera. La expedición de esta norma era uno de los objetivos dentro de la Agenda Digital Uruguay 2011 – 2015.
La iniciativa está orientada a mejorar la calidad de vida de la población, propiciando una Administración electrónica que tiende a facilitar las gestiones de los ciudadanos, agiliza la tramitación de los expedientes administrativos, suprime barreras territoriales, potencia la igualdad y ahora costos a largo plazo, según informó la Agesic.
La simplificación de los trámites administrativos es el principal objetivo a promover a través de medidas establecidas en los Decretos aprobados.
Estas medidas apuntan a racionalizar y optimizar la gestión pública y mejorar los servicios al ciudadano.
Los objetivos específicos de este nuevo marco normativo son promover el uso de la tecnología para modernizar la gestión pública, promover el acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración y simplificar los trámites y procedimientos, evitando que el Estado solicite información que ya posee o requerimientos que él mismo puede resolver.
Montevideo, Uruguay
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IM vetó decreto de «transparencia»
La Intendencia de Montevideo (IM) vetó un proyecto de decreto aprobado que buscaba «mayor transparencia» y fue votado por unanimidad en la Junta Departamental. La iniciativa, propuesta por el edil colorado Martín Bueno, obligaba a todas las sociedades anónimas a informar quiénes son sus dueños si solicitaban exoneraciones tributarias o concesiones de servicios.
Junta departamental de Montevideo./©Javier Calvelo
«No quieren que salga aún cuando el proyecto tiene todos los votos, aún cuando tiene la aprobación de los asesores jurídicos de la Junta, aún cuando el gobierno nacional y el Frente Amplio está legislando en este sentido», señaló Bueno.
El proyecto fue aprobado con votos de todos los partidos en diciembre de 2012 y en enero de este año la IM lo vetó.
En el informe donde la IM justificó su decisión sostuvo que el decreto «de ser promulgado, sería contrario a varios principios y disposiciones vigentes».
La iniciativa obligaba a todas las sociedades anónimas a informar quiénes son sus dueños si solicitaban exoneraciones tributarias o concesiones de servicios.
Bueno dijo que en casos particulares ya se ha trabajado en este sentido. «El hotel Casino Carrasco tiene esta obligación porque en los pliegos de licitación se estableció la obligación de identificar a los accionistas. Esto porque en una inversión de tanta envergadura era necesario que se tuviera esta garantía, porque queremos conocer la solvencia. Nosotros estamos planteando que la norma sea general, pero la administración está parada como si fuera una pared y no quiere que esto salga, aún cuando fue votado con todos los votos de la Junta Departamental, aún cuando tiene la aprobación de los asesores jurídicos de la Junta, aún cuando el gobierno nacional y el FA está legislando en este sentido», afirmó.
La IM presentó una propuesta alternativa donde se sostiene que todos los que soliciten concesiones deben cumplir con la ley 18.930. Allí se establece en el artículo 6 que los titulares de las sociedades anónimas estarán obligados a proporcionar la información al Banco Central del Uruguay.
Bueno dijo que ese proyecto alternativo es «un saludo a la bandera» porque propone normas que ya están vigentes. «No agrega nada, porque ya es una obligación para quienes tienen acciones al portador registrarse en el Banco Central. Pero no le agrega nada a la administración departamental, porque al registro que existe en el BCU puede acceder la DGI o se puede acceder en casos que involucren pensiones alimenticias, pero no los ediles de la Junta, ni los jerarcas departamentales. Es reservado a ciertos efectos», señaló.
Ediles del FA apoyan «transparencia» y trabajan en alternativa
El pasado 14 de marzo, el director del Departamento de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Arturo Echevarría, y el director de la División de Asesoría Jurídica, Ernesto Beltrame, fueron a la Comisión de Hacienda para explicar el veto.
La edil del Espacio 609 (MPP) Cecilia Cairo dijo durante la visita de los jerarcas que ellos querían «llegar, en lo posible, a un acuerdo con la Administración con respecto a un decreto que habíamos votado antes del receso, el cual, más allá de que fue impulsado por el señor edil Martín Bueno, se votó en el pleno por unanimidad. No estamos diciendo que no exista la transparencia: existe, pero la idea es contribuir a una mayor transparencia, que es deseada por la ciudadanía».
Cairo propuso crear una comisión para que trabaje en el tema y logre un proyecto de consenso. «Estamos trabajando en lograr una salida donde lo que plantea Martín (Bueno). Nosotros compartimos su intención de transparencia y por algo hay una ley nacional que la marca. La idea es llegar a un acuerdo entre lo que nosotros creemos que es bueno que exista y lo que plantea la Administración, en eso estamos trabajando», señaló.
http://www.180.com.uy/articulo/32577_IM-veto-decreto-de-transparencia
Firma del Decreto por parte del Presidente Mujica de la Escala Salarial del MTOP por AFUSEC
Este Decreto oficial es retroactivo el cobro a Noviembre 2012
Comisión de Prensa y Propaganda
Suprimieron 1.127 cargos jerárquicos en ministerios
Créditos. Serán reasignados en los incisos que pierden estos puestos de conducción
El presidente José Mujica decretó la supresión de 1.127 cargos presupuestados y funciones vacantes en la Administración Central. Todos los cargos que se suprimen corresponden a personal jerárquico.
El decreto presidencial tiene fecha 30 de agosto y suprime puestos vacantes en el escalafón de Conducción en los incisos 02 a 15 del Presupuesto.
El crédito generado por la supresión de estas vacantes no volverá a Rentas Generales, sino que será reasignado en el ministerio al que estaba asignado el cargo que desaparece, para financiar tareas transitorias que se encomienden a funcionarios presupuestados.
Varias autoridades del Poder Ejecutivo venían trabajando desde hace meses en la redacción de este decreto, que aplica la ley de Presupuesto y otra posterior de 2011, dijeron fuentes de gobierno a El País.
El decreto señala que los ministerios contarán con un plazo de hasta 60 días, a partir de la fecha de publicación de la norma, para solicitar a la Contaduría General de la Nación «los ajustes que fueran indispensables a la nómina contenida en el anexo adjunto».
Esta solicitud deberá estar acompañada de un informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).
El decreto autoriza a la Contaduría General de la Nación (CGN) a «reasignar los créditos presupuestales correspondientes a los cargos y funciones suprimidas por aplicación del artículo 56 de la ley de Presupuesto Nacional de 2010».
El texto señala que debe reasignarlo «a un objeto de gasto específico con destino al financiamiento de funciones transitorias que se encomendarán a funcionarios presupuestados de las Unidades Ejecutoriadas de los incisos a los que pertenecieran los cargos y funciones suprimidas».
El Ministerio de Defensa Nacional es la secretaría de Estado que más cargos vacantes suprime: 477. Le siguen el Ministerio de Educación y Cultura (187); Ministerio de Economía y Finanzas (147); Presidencia de la República (66); y Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca (49), entre los que más cargos eliminan. Entre los cargos suprimidos, hay médicos, contadores, abogados, odontólogos, ingenieros agrónomos, economistas, analistas en informática, agrimensores, y veterinarios, entre otros.
El decreto indica que la CGN, en acuerdo con la ONSC, procederá a eliminar las vacantes que cumplan con la condición establecida en las normas legales reglamentadas por este decreto, «dentro de los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente a la verificación de la vacante».
El decreto hace referencia al artículo 56 de la ley de Presupuesto de 2010, que prevé la supresión de «todas las vacantes de cargos y funciones del escalafón CO «Conducción» del Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones (SIRO), así como las vacantes de Director de División y Jefe de Departamento pertenecientes al sistema escalafonario de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986″.
Dicho artículo expresa que el crédito suprimido «será transferido a un objeto especial con destino a financiar asignación de funciones transitorias necesarias para su funcionamiento, y se destinarán posteriormente a financiar las funciones de conducción del nuevo sistema escalafonario resultante de la nueva carrera administrativa».
El decreto indica que la asignación de estas funciones administrativas se realizará por acto administrativo dictado por la Dirección General de Secretaria del ministerio, a propuesta del jerarca de la Unidad Ejecutora, con previo informe favorable de la ONSC, «pudiendo revocarse en cualquier momento, por el mismo procedimiento».
La propia ONSC se pronunciará en su informe en especial sobre la forma de selección para el cumplimiento de tales funciones y el monto retributivo a asignarse por las mismas, planteados por el organismo.
El País Digital
A.FU.SEC. 