Gobierno evalúa modificar normativa de compras públicas

El director general de Presidencia de la República, Diego Pastorín, informó que «la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado estudia los procesos de compras públicas para promover un sistema más transparente y simple».

«La transformación del Estado es una reforma permanentemente en curso, de procesos continuos que hay que analizar, a los efectos de adaptarlos a la realidad”, manifestó Pastorín.

La función de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) es evaluar todos los procesos en su conjunto, en vez de la mirada parcial de cada institución. “La agencia tiene la obligación de tener esa mirada estratégica”, sintetizó.

Se estableció el Sistema de Registro Único de Proveedores del Estado que Pastorín calificó como “un registro que va a cambiar la forma de inscripción de los proveedores, con un formato simplificado y a través de la web, lo que le otorgará además mayor transparencia al sistema».

Actualmente se estudia un nuevo pliego de compras públicas, cuya propuesta fue elevada al Tribunal de Cuentas. De acuerdo al proceso legal, Pastorín explicó que el Poder Ejecutivo requiere la opinión del Tribunal de Cuentas. Además, un equipo de trabajo estudia la normativa sobre pliego de obras para su modificación.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
Fuente Presidencia
VA

 

 

Tardo pero llego!!!

Esto ocurrió hace un año.

En Uruguay y por lo menos formalmente, tanto el Presidente de la República como el Director General de la Presidencia dedican parte de su tiempo a firmar aceptaciones ¡que los interesados no les pidieron! de renuncias de personas que fueron contratadas en forma temporal. En el caso de la imagen precedente, el renunciante había comunicado su renuncia 2 meses antes de que le fuera aceptada y llevaba en ese momento 1 mes y medio trabajando full-time en otro sitio. No sólo se practica el absurdo sino que se lo hace con retrasos que aumentan su brillo y color. Y no vaya a creerse que la cosa terminó allí: el renunciante fue notificado de esta inesperada resolución presidencial y, una vez repuesto de la emoción que le provocó el honor de ser objeto de una decisión presidencial, tuvo que comunicar que se daba por notificado de la misma. Cuando alguien quiera entender por qué no funcionan como se esperaba el Plan Juntos, la reforma educativa, etc. no tiene más que mirar esta imagen.

Seguramente el valor que aporta el Presidente de la República (tanto el actual como sus antecesores) al intervenir en este tipo de actuaciones se repite, también grotescamente, en muchos otros casos. En todos ellos, se consumen diariamente varias horas-persona de funcionarios comunes que preparan, revisan y pulen las resoluciones y trasiegan papeles y mails de una oficina a otra; también se originan gastos por el uso de infraestructuras, ya que todas esas actuaciones sin sentido hacen uso de instalaciones y servicios que el Estado (nosotros) paga. Y esto no es otra cosa que una destrucción apenas sutil de la riqueza que esta sociedad genera y que, por tanto, deja de estar disponible para aplicar productivamente a altos fines de gobierno.

Surgen algunas preguntas:

• ¿Quién decidió que el Presidente en persona tiene que intervenir en hechos puramente administrativos?
• ¿Tanto tiempo le sobra al Presidente y a sus oficinas como para derrocharlo así?
• ¿Por qué no se aplicó la delegación de firma (que ya está normada) o el silencio positivo (que aún no)?
• ¿Por qué ningún funcionario o asesor le informó al Presidente de la República que el artículo 2 del Decreto 500/991 dice que la Administración Pública debe actuar de acuerdo con varios principios generales, entre los que figuran:
  1. economía, celeridad y eficacia
  2. flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos
  3. delegación material
  4. buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario

¿Qué significan estos principios? Según el manual del Programa Nacional de Desburocratización sobre el procedimiento administrativo, lo siguiente:

1. Economía, celeridad y eficacia implican la buena administración del tiempo en el procedimiento, aprovechando eficientemente la fuerza de trabajo y eliminando formalidades superfluas, redundando esto en la reducción de la duración de los procesos y de los gastos asociados a los mismos.
2. Flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos implican desterrar del personal burocrático el apego a ritos en los que se exalta la forma por la forma misma, con prescindencia del contenido y del fin perseguidos. El procedimiento debe ser una herramienta dúctil, siempre dirigida al logro de un fin, por lo que no se le puede asumir ni rígido ni uniforme. La forma es un medio y no un fin en sí mismo. La actividad administrativa se debe juzgar en función de la sustancia y no de la forma. No se deben realizar ni exigir trámites, formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten el desenvolvimiento del procedimiento.
3. Delegación material implica quebrar el habitual centralismo burocrático que hace depender de la decisión formal de autoridades superiores la solución de los problemas más rutinarios de la Administración. Se debe bajar el nivel de decisión llevándolo a quienes están en contacto real con los hechos sobre los que hay que tomar decisión.
4. Buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario implican que se asume que tanto los agentes públicos como los administrados cumplen con el deber de comportarse ética y respetuosamente. Se consagra el principio de presunción de verdad salvo prueba en contrario, desterrando con ello la actitud generalmente existente en la Administración de desconfiar, la cual lleva a que se multipliquen formalidades, ritos y controles.

Y aunque a los incautos nos pueda parecer que estamos frente a la gran novedad de la última moda en consultoría de gestión pública, estos principios fueron plasmados hace 22 años en el Decreto 500 (algunos ya figuraban en el antecesor del 500/991, el Decreto 640 de 1973). Ya va siendo hora de que nos enteremos y nos pongamos a aplicarlos.

Seguramente, el Presidente de la República no ve la trascendencia de resolver estos pequeños problemas, detrás de los cuales, sin embargo, hay cambios gigantescos a realizar. Probablemente, porque tiene asumido que la única forma de redistribuir riqueza es a través de la recaudación, mediante impuestos. Es así que toda la energía, incluso con duplicación de esfuerzos, se ha puesto en lograr soluciones por ese lado, descuidando completamente otros aspectos. También se puede deber a una actitud muy difundida entre los altos cargos de la Administración de que sólo hay que enfocarse en grandes proyectos, por lo general inalcanzables pero que tienen la virtud de llenar el ojo y durar tantos años que cuando llega la hora de evaluar los resultados sus propulsores hace tiempo que se han ido.

Hay que entender que hay otras formas de redistribuir riqueza. La mejora de la gestión es también una vía para ello. En la medida en que se racionalice el funcionamiento de la Administración, se eliminarán actuaciones en las que no hay ningún aporte de valor y, por tanto, se estarán reduciendo gastos sin alterar la calidad de los servicios prestados. Y así quedará claro que hay muchos pesos que han sido malgastados año tras año, durante décadas. Son pesos que pudieron haber ido, pero no fueron, a políticas sociales, a planes de vivienda, a mejorar el sistema educativo, a incorporar tecnología para la mejora de la seguridad pública, a atajar situaciones de emergencia social.

Publicado 16th March por El Pareja

 

Sindicato pide remoción del director de Aduanas

La reestructura que plantea es rechazada por los funcionarios

En la asamblea de la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) del próximo miércoles -por la que habrá paro total de actividades en el sector- la directiva de ese sindicato planteará solicitar la remoción del director general de Aduanas, Enrique Canon.

AFA tiene cortado el diálogo con el jerarca, al que cuestiona por su actuación en la institución, en especial por el proyecto de reestructura que presentó y que está en la órbita de la Presidencia de la República y las condiciones de trabajo de funcionarios en algunas partes del país.

Entre las críticas del sindicato de aduaneros a Canon está lo que consideran destrato y discriminación a los funcionarios de carrera y el incumplimiento de presupuestar a los funcionarios contratados, dijeron dirigentes de AFA a El País.

Otro cuestionamiento pasa por el cambio que pretende concretar Canon, de contar con más de 60 funciones de conducción cuyos responsables elegirá directamente y tendrán sueldos entre $ 65 mil y $ 120 mil.

Los funcionarios rechazaron la idea del director de Aduanas de cambiar la forma de distribución de metas, que en la actualidad cobran todos los aduaneros y en lo que el jerarca pretende tener incidencia directa, agregaron los dirigentes de AFA.

El sindicato aduanero también rechaza el cambio de seis a ocho horas semanales de trabajo, lo que consideran es una rebaja salarial.

Los sindicalistas sostienen que Canon redujo los controles aduaneros en el país y que apunta a una Aduanas más permisiva respecto al ingreso y salida de mercadería.

Critican además que Canon permita que funcionarios aduaneros perciban dinero por dar clases en la Escuela de Comercio Exterior de la Asociación de Despachantes de Aduana, teniendo en cuenta que la actividad de los despachantes es la que los aduaneros deben controlar a diario.

Canon es integrante del Frente Liber Seregni y fue propuesto por el ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo para ocupar la dirección de Aduanas, lo que el presidente José Mujica aceptó.

Anteriormente, fue contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar en la reforma de ese organismo.

El País Digital

 

Fijan límites para gremios policiales

La nueva ley orgánica no concede el derecho a huelga

La nueva ley orgánica policial que el pasado miércoles fue enviada al Parlamento otorga a los policías el derecho a defenderse frente a las sanciones disciplinarias que hoy se castigan con multas pecuniarias.

Según indicó el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, justificó el cambio en el sentido de que la disciplina debe llegar «por el convencimiento y no por el temor».

«Debemos tener un régimen disciplinario que respete las garantías del debido proceso, que le permita al funcionario policial, previo a ser eventualmente sancionado por una falta disciplinaria, poder presentar descargos. Esto, a diferencia de la ley orgánica vigente, es previsto expresamente por el proyecto remitido al Parlamento. A su vez, como sanciones están previstas las siguientes: observación escrita, demérito, suspensión en la función desde uno a treinta días con privación total de haberes, suspensión en la función por hasta seis meses en el año y destitución», explicó Carrera.

La nueva ley orgánica consagra el derecho a la sindicalización de los policías de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución de la República, que jerarquiza el policiamiento como un servicio esencial para la sociedad.

La sindicalización, de acuerdo al texto, incluye el derecho a la asociación sindical, y por tanto, a participar en una mesa de negociación colectiva, y exceptúa tanto la huelga como la concentración y la manifestación con armas o uniformes, como también la ocupación de los lugares de trabajo.