Según la Confederación de Organizaciones de Funcio- narios del Estado (COFE), el aumento de la jornada laboral de seis a ocho horas y trabajar los feriados laborables, solo se puede aplicar si hay una retribución económica a cambio.
En el proyecto de Estatuto del Funcionario Público que se remitirá al Parlamento, el gobierno dio marcha atrás en su idea original y mantendrá la jornada laboral en menos de ocho horas dentro de la Administración Central. Tampoco se obligará a los funcionarios a trabajar los feriados laborables como se había propuesto inicialmente, pero sí a mantener una guardia gremial de algunos servicios.
La secretaria de Formación de COFE, Claudia Rivero, dijo a El País que el gremio de los públicos se negó a trabajar ocho horas «porque eso debería implicar un aumento salarial».
«Hay funcionarios públicos que trabajan seis horas, porque hubo acuerdos con otros gobiernos en los que no se daban los aumentos que correspondían y se reducía el horario laboral», explicó Rivero.
Respecto a la posición de COFE de no aceptar el planteo de trabajar los días feriados, Rivero indicó que se debe a que «los públicos no cobran salario vacacional». Según dijo, esta es una «reivindicación histórica del movimiento sindical».
En el proyecto del estatuto del funcionario, el gobierno incluyó un artículo por el cual fuera del horario ordinario de trabajo no se pagarán horas extras. El tiempo extra que cumplan los funcionarios será retribuido con días libres.
Para COFE, el artículo «vulnera la jornada de trabajo, porque obliga a hacer horas extras sin cobrar. Pagar con días de descanso, significa un retroceso, porque estamos hablando de una reivindicación del movimiento sindical», sentenció.
En una reunión con legisladores de la oposición, representantes de gobierno pidieron a la bancada «jerarquizar el proyecto de estatuto del funcionario público» y aprobarlo antes de finalizar el año. Según Rivero, la modificación del sistema de carrera administrativa y la creación de un escalafón de alta conducción (para el cual se exige la presentación de un proyecto estratégico) responde a «alineaciones político partidarias, más que a las necesidades reales de gestión».
La agenda sindical del tercer trimestre estará signada por la conflictividad en el Estado. Los sindicatos de la Administración Central nucleados en COFE tienen por lo menos tres frentes de lucha: Rendición de Cuentas, reestructura de los organismos y el estatuto del funcionario público.
A todo esto se suma una batalla sindical que pondrá en jaque al sistema judicial, según amenaza el sindicato del Poder Judicial.
Entre el martes y el jueves de la semana próxima el Senado votará el proyecto de Rendición de Cuentas y COFE se va a manifestar en las barras y los alrededores del Palacio Legislativo. Mientras tanto, el martes en la mañana una delegación de COFE se reunirá con el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt para pedir apoyo en su movilización. Tiempo atrás los estatales solicitaron a la central sindical realizar un paro de 24 horas pero la idea no prosperó porque las corrientes oficialistas del Pit-Cnt no la apoyaron.
En tanto, la semana próxima se reunirá el plenario de delegados de COFE para resolver las medidas que tomarán frente a las reestructuras y el proyecto de estatuto del funcionario público que el gobierno presentó ayer a la bancada del FA.
El País Digital
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A.FU.SEC. 