La hora de los dirigentes

LA BATALLA PRESUPUESTAL

Los sindicatos de la educación levantaron todas las medidas; ahora sus dirigentes deberán convencerlos de que acepten la propuesta salarial del Ejecutivo

Las medidas de lucha de los sindicatos de la educación se levantaron, pero el conflicto se mantiene y el rechazo a la propuesta salarial del Ejecutivo también. Eso plantea un problema a la interna de las federaciones de los gremios docentes, que en dos meses aproximadamente deben contestar al gobierno si aceptan la propuesta definitiva o no. De no hacerlo, perderán el 8% de incremento salarial que el Ejecutivo prometió para 2016 y 2017, ya que ese dinero se destinará a infraestructura.

Ayer la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), profesores de Montevideo, resolvió levantar la huelga que mantenía desde el lunes 17 de agosto y regresar hoy a las aulas. Fuentes del sindicato informaron a El Observador que la cantidad de votos a favor de levantar la medida fue tan alta que no hubo necesidad de contar lo votos. Ayer al terminar la asamblea, el presidente de Ades, Emiliano Mandacen señaló que los profesores «retomarán las clases para explicarle a los alumnos y a los padres el conflicto».

Por su parte, el dirigente Luis Martínez agregó que tienen 20 días para ejercer presión sobre el Poder Ejecutivo para que envíe un mensaje presupuestal complementario.

La misma decisión de levantar la huelga tomó ayer la Asociación de Funcionarios de UTU de Montevideo (Afutu). En este caso, la medida se extendía desde el sábado 22 de agosto.

Más allá de eso, ambas asambleas rechazaron la propuesta salarial del Ejecutivo y resolvieron mantenerse en conflicto. De hecho, los profesores de Montevideo realizarán en los próximo días dos paros parciales para sumarse a movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública. De esta manera, a las 17 horas del próximo viernes 4 y del miércoles 9 de setiembre, los docentes de Secundaria paralizarán sus actividades para manifestarse. Por su parte, los profesores y funcionarios de UTU harán lo mismo el viernes 4 y el miércoles 9 volverán a reunirse en asamblea para evaluar las medidas y la marcha del conflicto.

Con estas resoluciones, los profesores de Secundaria y de UTU se suman a la postura adoptada por los maestros de Montevideo y de Canelones, que el martes también resolvieron deponer las medidas, pero igualmente rechazaron la propuesta salarial del gobierno.

La oferta del Ejecutivo incluye el compromiso de llegar a 2020 a un salario mínimo de ingreso equivalente a $ 25 mil para los docentes grado 1 por 20 horas semanales. En tanto, para el bienio 2016 y 2017 propone un incremento salarial aproximado de 8% por encima de la inflación. Sin embargo, a diferencia de la propuesta salarial presentada el 21 de agosto, el nuevo planteo del gobierno flexibiliza la cláusula de paz y el compromiso de alcanzar metas de gestión y cumplir cronogramas, dos puntos resistidos por los sindicatos. Además destina una partida para suprimir inequidades salariales y otra para mejorar el presentismo.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira explicó a El Observador que el compromiso que asumieron los dirigentes sindicales ante el gobierno «no es que el acta va a ser firmada por parte de todos los sindicatos, como dice (María Julia) Muñoz, sino que van a defenderla porque saben que es el mejor resultado que se pudo obtener de la negociación».

«La vamos a defender, pero no podemos garantizar que vamos a ganar. La gente decidirá libre y democráticamente, pero yo defenderé que en dos años el salario va a aumentar 8% en el sector docente», afirmó.

Paro parcial

El PIT-CNT convocó para el 17 de setiembre un paro general parcial de 9 a 13 horas para continuar con la lucha por mejoras en el presupuesto quinquenal, informó a El Observador el presidente de la central, Fernando Pereira.

http://www.elobservador.com.uy/la-hora-los-dirigentes-n674324

 

Vázquez abre congreso que define fuerzas en el PIT-CNT

NACIONAL SINDICATOS

Los comunistas y el sector Articulación mantendrán su mayoría en la central sindical

El presidente Tabaré Vázquez abrirá hoy a las 19 horas el Congreso del PIT-CNT, instancia en la que la central obrera resolverá la correlación de fuerzas de sus organismos de dirección. El resultado será clave para la forma en que se pararán los trabajadores durante el quinquenio.

De cara a las sesiones plenarias que transcurrirán entre hoy y el viernes, el PIT-CNT mantiene dos corrientes mayoritarias lideradas una por comunistas y la otra por dirigentes moderados agrupados en el grupo denominado Articulación. Aunque existen otros grupos de opinión emergentes, los informantes señalaron que los comunistas y Articulación se reparten 60% del total de congresales.

Las dos principales corrientes fuera de las mayoritarias son la liderada por el líder de los estatales, José Lorenzo López, y por el histórico dirigente de la bebida, Richard Read, quien se alejó de Articulación y del Frente Líber Seregni, sector de Danilo Astori.

Pese a los reclamos de los trabajadores en el primer paro general del período el jueves 11 de mayo, el itinerario entregado por el PIT-CNT confirma la participación de Vázquez en la apertura del congreso. Aunque varios de sus ministros concurrieron, el presidente no asistió al acto del 1º de mayo.

En un principio se había promovido el análisis de la reformulación de los estatutos de la central sindical para darle personería jurídica y cambiar su sistema actual de jerarquías. El PIT-CNT hoy día se maneja con coordinadores y se promovía la inclusión de un presidente y un secretario general. Según informó La Diaria, el tema quedó descartado.

El Congreso del PIT-CNT resolverá, entre otros órganos, la integración de su Secretariado Ejecutivo. Según informó ayer El País, existe acuerdo para que se mantenga la actual correlación de fuerzas en ese órgano de conducción.

El organismo es una instancia de reunión semanal donde los principales dirigentes de la central definen el rumbo político del movimiento obrero.

http://www.elobservador.com.uy/vazquez-abre-congreso-que-define-fuerzas-el-pit-cnt-n653810

 

Bergara descarta control de precios como pide el PIT-CNT

INFLACIÓN

La inflación está por arriba del rango porque hay fundamentos que lo justifican, dijo el presidente del Banco Central

El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, dijo que hay factores de oferta y demanda que hacen que la inflación no converja al rango meta de 3% a 7% fijado por la autoridad monetaria. De todas formas, se mostró contrario a ejercer un “control” de precios como solicitaron algunos dirigentes del PIT-CNT que advierten que en algunos rubros el margen de intermediación es excesivo y abusivo.

Entrevistado por el programa Quien es Quien de Diamante FM, el funcionario recordó que las experiencias de control de precios en Uruguay “todas terminaron mal”, con mercados negros, desabastecimiento y congelaciones de salarios”. No obstante, Bergara admitió que pueden haber casos de cadenas donde quizás “no tengan la suficiente competencia” donde agentes con poder de mercado obtienen una “tajada mayor” a la que deberían.

“Son aspectos difícil de medir y cuantificar”, reconoció. Agregó que durante todo el proceso de intermediación también se generan servicios y puestos de trabajo.

A juicio del titular del BCU, la inflación se encuentra algo más de un punto por arriba del techo del rango meta –cerró los últimos 12 meses a abril en 8,23%- porque está bajo “fuertes presiones” del contexto global por la suba del dólar a nivel global y también por una demanda doméstica firme, luego de diez años de crecimiento de la economía y los ingresos de los hogares.

“Si tuviéramos la inflación más alta que el rango, con recesión y con el dólar cayendo, ahí tendríamos un problema de consistencia. Porque no habría una explicación”, afirmó Bergara.

Inflación mayorista

La inflación mayorista aumentó 6,1% en la medición interanual de mayo, de acuerdo al Índice de Precios del Productor Nacional (IPPN) divulgado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector de la industria manufacturera fue el que más incidió en el valor del índice, con un incremento de 6,4% en los precios del sector, mientras que los derivados de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura subieron 5,2%.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/306203/bergara-descarta-control-de-precios-como-pide-el-pitcnt/

 

Concretar obras portuarias es prioridad para el MTOP

OBJETIVO OFICIAL ES DOTAR DE MÁS INFRAESTRUCTURA A LA TERMINAL MONTEVIDEANA

Además de recomponer la infraestructura vial hoy fuertemente deteriorada para evitar «situaciones de crisis», el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se plantea para este quinquenio la concreción de obras en el área de la infraestructura portuaria.

El movimiento portuario creció y se necesita invertir en obras. Foto: Archivo El País

Ese fue uno de los puntos centrales que el ministro Víctor Rossi desarrolló ayer durante una conferencia organizada por la revista «Somos Uruguay». En su presentación el jerarca puntualizó que el próximo Presupuesto quinquenal «va a tener que servir en buena medida» para seguir invirtiendo en vialidad, pero también para «seguir sosteniendo el nivel de obras del sistema nacional de puertos».

A modo de ejemplo, puntualizó que en el puerto de Montevideo hay «objetivos muy necesarios» como la Terminal de Pesca de Capurro, el dragado y la compra de equipamiento para realizarlo, la mejora de los accesos y el desarrollo de la terminal logística de Puntas de Sayago, a lo que se suman la continuación de obras para la renovación y profundización de la cimentación en los muelles de la terminal.

Las prioridades que marcó el ministro Rossi reafirmaron las líneas estratégicas que la Administración Nacional de Puertos (ANP), había planteado semanas atrás al MTOP para los próximos cinco años, como informó El País.

En la misma línea, el diario La Nación había informado el martes que el gobierno se dispone a realizar un relanzamiento de la plataforma portuaria, para lo cual anunciará en los próximos días un amplio paquete de obras.

Otro de los proyectos que tiene la ANP en carpeta es la construcción de otro muelle (llamado D) en el puerto de Montevideo. Lo que se pretende es que sea una ampliación del muelle C que fue inaugurado en febrero.

Además, el consorcio que se interesó en realizar el proyecto pretende que la obra sea una extensión de contrato, ya que es el mismo que construyó el anterior muelle. Consultado por El País, el presidente de la ANP, Alberto Díaz, dijo que es una obra para el quinquenio y para la que se requiere una inversión de unos US$ 60 millones.

Cuando se inauguró el muelle C, hubo contactos entre la ANP y el consorcio conformado por Saceem y Soletanche Bachy para ampliar la obra. La intención es que la nueva escollera tenga una extensión de 180 metros y que la obra sea realizada por el mismo constructor (por haber sido quien se encargó del muelle C) es visto con buenos ojos.

Díaz agregó que aun no se ha recibido una propuesta del consorcio. Por su parte el ministro Rossi dijo a El País que la obra no está entre las principales prioridades. «Si está la plata se hace, de lo contrario no», afirmó.

En otro orden y ante una pregunta realizada desde el público, Rossi negó que la obra del puerto de aguas profundas esté «desactivada» y sostuvo que «sigue siendo un objetivo que el país tiene que tener presente como un objetivo estratégico y permanente». No obstante, dijo que «no se puede distraer la atención de lo que es el presente» y aclaró: «tenemos un sistema portuario nacional con un puerto de Montevideo que tiene un conjunto de desafíos que tenemos que resolver. No abandonamos nada, seguimos trabajando en el futuro, pero hoy tenemos que hacer primero lo que va primero. Sería muy grave que Uruguay distrajera la necesidad de seguir avanzando en cuanto a su participación en la región perfeccionando el sistema portuario nacional», apuntó.

Vinculado al puerto de aguas profundas, el martes un decreto del Consejo de Ministros derogó una normativa anterior que había creado la Comisión Interministerial Puerto de Aguas Profundas (Cipap).

Y encomendó al MTOP que con otros organismos -particularmente el Ministerio de Economía y de Vivienda- impulse y realice un seguimiento del proceso que involucra el análisis de los aspectos técnicos, económicos y constructivos, entre otros, necesarios para concretar la instalación del puerto de aguas profundas en Rocha.

Por otra parte, ayer Rossi señaló que si bien hubo inversiones en el área de infraestructura portuaria «también hay demandas y necesidades no resueltas».

«El Uruguay necesita adelantarse a los acontecimientos porque no hay carga que exista esperando la posibilidad de que se concreten obras de infraestructura portuaria. O están las obras y entonces estará la actividad comercial correspondiente y existirá la carga o no existirá la carga», señaló el titular de Transporte. .

Mejorar rutas con participación privada.

El ministro Rossi anunció ayer algunos detalles de los seis paquetes que se lanzarán para licitar la rehabilitación de 1.300 kilómetros de rutas bajo el régimen de asociaciones de Participación Público Privada (PPP), y que demandarán una inversión de unos US$ 650 millones.

El primero de esos paquetes está compuesto por las rutas 54, 55,57 y un tramo de la ruta 12 incluyendo un bypass a la altura de Carmelo. Esta obra sería de unos 254 kilómetros de rehabilitación por un monto de unos US$ 200 millones.

Un segundo paquete estaría integrado por las rutas 6 y 7 en un primer tramo hasta la ruta 11, incluyendo la rehabilitación de la Avenida Instrucciones desde Bulevar Batlle y Ordóñez hasta el límite departamental de Montevideo. Esta obra incluiría unos 230 kilómetros y alrededor de US$ 240 millones de inversión. Otro paquete sería el primer tramo de la ruta 14 desde Mercedes a Sarandí del Yi incluyendo un bypass de la ruta 6 con el puente nuevo sobre río Yi. El cuarto incluye la rehabilitación de la ruta 9 desde Pan de Azúcar hasta el Chuy, unos 240 kilómetros de extensión.

Además se preparan dos nuevos paquetes para un segundo tramo de la ruta 14 que culminaría con la ruta 15 hasta Rocha, según dijo Rossi. Otras obras a estudio son el mantenimiento de las rutas 26 y 27, junto con el mejoramiento de la ruta 30.

Además Rossi anunció que se ampliarán los contratos de concesión que tiene la Corporación Vial del Uruguay. Actualmente se atienden 1.600 kilómetros y se sumarán otros 1.200 kilómetros para atender toda la red primaria.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/concretar-obras-portuarias-prioridad-mtop.html

 

Director de la OPP: no había «otra solución» que el decreto para cambiar el Fondes

POLÍTICA

La polémica surgió por las modificaciones realizadas por el presidente en la organización y el modo de gestionar el fondo

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, señaló que el gobierno no tuvo «otra solución ejecutiva que salir con el decreto» para introducir modificaciones al Fondo de Desarrollo (Fondes). El decreto fue emitido este lunes por el ejecutivo para generar modificaciones en la gestión y modo de organizarse de la herramienta financiera creada en el período de José Mujica.

Los cambios, que fueron anunciados a principios de marzo, ya habían generado molestias entre los legisladores del MPP. Ante esa situación, García dijo a la prensa que era importante trabajar sobre los «proyectos que quedaron en ascuas» en la última administración, según recoge Montevideo Portal. «Había muchos proyectos que quedaron un poco en ascuas con la transición de gobierno y necesitábamos darle una respuesta», afirmó.

«Hemos explicado que no teníamos otra solución ejecutiva que salir con el decreto», agregó el director de la OPP luego de una visita a la Comisión de Hacienda de Diputados, aunque insistió en que la norma «tampoco frena nada». «Acá la ley es la ley», remató.

García sostuvo que el nuevo decreto no tiene el objetivo de «marcarle los tiempos al Parlamento», aunque es necesario que haya «mayor celeridad» para «sacar la ley y adaptar después el decreto».

La polémica surgió por las modificaciones realizadas por el presidente Vázquez en la organización y el modo de gestionar el fondo. A fin de año, durante la administración de José Mujica, había entrado en el Parlamento un proyecto de ley para darle insitucionalidad a la herramienta creada en 2011 por decreto. En marzo de este año ingresó un nuevo proyecto de ley en el que ya se incluían modificaciones y dejaban sin efecto al proyecto anterior. Sin embargo, Vázquez se adelantó a que se aprobara la norma y emitió un decreto con los mismos contenidos para que las modificaciones quedaran efectivas.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/301233/director-de-la-opp-no-habia-34otra-solucion34-que-el-decreto-para-cambiar-el-fondes/

 

Mujica propone que funcionarios públicos duren diez años en los cargos y que la prioridad para ingresar la tengan los pobres

El presidente José Mujica considera que Uruguay debería tener un régimen en el que los funcionarios públicos trabajen en el Estado hasta diez años y que en el acceso a esos puestos tengan prioridad las personas pobres, “para resolverles los problemas básicos”.

Se requiere una constante “renovación” de la plantilla de funcionarios públicos, opinó Mujica en la primera parte de una entrevista que mantuvo con el semanario “Voces”, publicada el jueves 29.

El presidente afirmó que hoy en el país están por un lado los trabajadores privados con un sistema y los públicos con otro, por lo que hay una especie de régimen “aristocrático”.

“Trabajadores con coronita, ¡no seas malo!”, exclamó.

“Pienso como idea programática que el país debiera alentar un régimen en que el empleado público esté cinco o diez años, no más. Y elegir fundamentalmente a la gente pobre que quiera hacer una carrera, que durante ese tiempo sea funcionario público para resolverle los problemas básicos. Pero después, para afuera y bailando, no tener una administración de viejos. Que sea en constante renovación”, dijo.

El mandatario agregó que esto busca tener un “sentido democrático”. “Si los uruguayos quieren ser empleados públicos, ¿por qué algunos? ¿Por qué no abrir la cancha para que todos puedan serlo por un tiempo? Que entren con la mentalidad de que no es para siempre, porque el tipo entra y… dentro de cuarenta años me jubilo, ¡no seas malo! Se estancó, se queda ahí, ¿para qué va a luchar? Es hasta una vida triste, porque una vida sin riesgo, sin desafíos… Perdés la aventura de la vida”.

Desde que asumió en el gobierno, el papel de los funcionarios públicos ha sido preocupación de Mujica. En su discurso de asunción el 1º de marzo de 2010, dijo que “el 90% de la eficiencia del Estado se juega en el desempeño de los funcionarios públicos”.

“La sociedad uruguaya ha sido benévola con algunos de sus servidores públicos y casi cruel con otros. Ha permitido que funciones sencillas, que no requieren esfuerzo ni preparación, se paguen en algunas oficinas 10 veces más de lo que recibe quien realiza un trabajo imprescindible y duro, como un policía o un maestro rural. Cuando estas asimetrías duran un tiempo, pueden considerarse errores o desaciertos. Cuando duran décadas, más bien parecen ser manifestaciones de una sociedad que se va volviendo cínica”, dijo.

A la vez opinó que la sociedad uruguaya “ha protegido a sus servidores públicos mucho más que a sus trabajadores privados. Recordemos que en la crisis del año 2002 y 2003, casi 200.000 personas perdieron su trabajo y ninguna fue un funcionario público. Se estima que otras 200.000 sufrieron rebajas en sus salarios, y todos fueron trabajadores privados”.

El artículo 60 de la Constitución declara que los funcionarios presupuestados de la Administración Central son inamovibles y solo pueden ser removidos luego de un trámite que culmina con una decisión del Senado.

Nuevo estatuto. Pero mientras Mujica lanza esta “idea programática”, ya está en vigencia el nuevo estatuto del funcionario público ?”una rayita por el lomo de nada”, según el mandatario? que además de definir la obligación de trabajar ocho horas para los nuevos empleados que ingresen y estipular los feriados no laborales, también incluye consideraciones inéditas que, según expertos, “brinda mayores garantías a los trabajadores”.

Entre otras, según se establece en la ley, los trabajadores estatales pueden acceder a licencia por violencia doméstica.

“En casos de inasistencia al servicio debido a situaciones de violencia doméstica debidamente acreditadas, el jerarca respectivo dispondrá que no se hagan efectivos los descuentos correspondientes”, se indica en la normativa.

Consultado por Búsqueda, el especialista en derecho administrativo Adrián Gutiérrez, socio del estudio Rueda, Abadie y Pereira, dijo que “es novedoso” porque “a nivel privado no hay nada regulado como lo hace este nuevo estatuto”.

Gutiérrez indicó que “habrá que regular la implementación” para aplicar correctamente la norma y opinó que “la forma más clara de poder acreditarlo es un pronunciamiento judicial que estableciera que la persona fue víctima de violencia doméstica”.

Por otra parte, en el nuevo estatuto se indica que los funcionarios deben “dar cumplimiento a las determinaciones de sus superiores jerárquicos” y “si el funcionario entendiere que lo que se le ordena es contrario al derecho o a las normas éticas, podrá pedir a su jerarca que se le reitere la orden por escrito”.

Para el especialista, con esta medida “se otorgan mayores garantías al funcionario para que pueda contar con un elemento de respaldo que acredite que no hubo un incumplimiento de sus funciones”.

¿Cuántos son? La semana pasada, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Julio Martínez, informó sobre la cantidad de personas que tienen una relación laboral con el Estado durante la discusión de la Rendición de Cuentas en el Senado.

Según dijo el jerarca, el total de funcionarios públicos y no públicos es de 284.762. De este número, 268.443 son funcionarios púbicos que se discriminan de la siguiente manera: 103.346 son presupuestados; 27.900 efectivos policiales; 32.846 docentes efectivos; 48.302 contratos permanentes o de función pública; 1.911 contratos policiales ?que tienen menos de cincos años de ejercicio?; 32.807 docentes interinos; 7.474 zafrales y eventuales; 6.000 docentes suplentes y 7.857 con otro tipo de vínculos.

Desde el punto de vista de porcentajes, el 61% es personal presupuestado, docentes efectivos y efectivos policiales; el 31% corresponde a contratos permanentes, contratos policiales y docentes interinos; el 5% refiere a funcionarios zafrales eventuales y docentes suplentes, y 2,9% incluye otros vínculos (contratos realizados por la Administración de Servicios de Salud del Estado, jornaleros, secretarios de ediles, contratos de alta prioridad y alta especialización).

En tanto, la cantidad de vínculos temporales del Estado son 16.319 que se dividen de esta manera: 1.849 becarios, 2.467 pasantes, 430 arrendamientos de obra, 519 arrendamientos de servicios, 34 arrendamientos de obra con financiación de organismos internacionales, 654 arrendamientos de servicios con financiación de organismos internacionales, 2.212 contratos a término, 643 provisoriatos, 2.181 contratos temporales de Derecho Público, 90 contratos laborales, 110 contratos artísticos y 5.130 que están catalogados como “otros no funcionarios” (contratos proyecto Administración Nacional de Educación Pública-ANEP, contratos de horas docentes en centros del Ministerio de Educación y Cultura, docentes en el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, contratos en ASSE, OSE, BPS, adscriptos a los ministros).

A esto se suman la cantidad de funcionarios de los escalafones P y Q, es decir los políticos y los de particular confianza. En total son 1.658 (962 políticos y 696 de particular confianza). El 69% de estos dos escalafones corresponde a los gobiernos departamentales, 12% al Poder Ejecutivo, 9% al Poder Legislativo, 5% a los organismos del 220 de la Constitución (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, entes autónomos y servicios descentralizados no comerciales o industriales), y 5% a entes autónomos y servicios descentralizados comerciales e industriales. (Bùsqueda)

 

Senado aprobará sustitución de sistema de horas extras que utiliza la Corte Electoral a pedido del sindicato

El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Corte Electoral, Gonzalo Castellano, explicó que la iniciativa del sindicato fue apoyada en Diputados por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. (Escuche los audios)

En este sentido, Castellano dijo a radio Monte Carlo que el régimen de permanencia al orden ofrecido por los trabajadores representa un ahorro para el Estado de unos siete millones de dólares.

El diputado del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, indicó que la propuesta del sindicato es seria y está en consonancia con la reforma del estatuto de funcionario público aprobado en los últimos días.

Por su parte, el diputado colorado, Richard Sander, dijo que la propuesta de los trabajadores tiene “mucho valor”, porque significa un ahorro importante para el Estado y demuestra además, que hay margen para trasponer recursos hacia otras áreas de la economía nacional.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
Fuente: Radio Monte Carlo.
GG

 

 

“Decisiones finales” de la Rendición de Cuentas se conocerá

Luego de cuatro horas de trabajo en el Consejo de Ministros, el secretario de Economía, Fernando Lorenzo, fue el vocero que anunció a la prensa que el análisis sobre la Rendición de Cuentas  continuará el próximo 24 de junio, y que “se esperan decisiones finales para ese día”.

Lorenzo explicó que hoy  el tema central del Consejo de Ministros fue la Rendición de Cuentas y que realizó un informe sobre el espacio fiscal. Además, anunció que en la tarde de este viernes se divulgarán cifras actualizadas de la contabilidad nacional.

“El marco macroeconómico que teníamos previsto es el marco que mantendremos para la continuación de la ejecución de la política fiscal y de aquí hasta el final del Gobierno no entendemos que haya razones para hacer revisiones ni al alza ni a la baja en materia a las perspectivas de crecimiento ni en ninguna de las variables fundamentales de la economía”, sostuvo Lorenzo.

“La ratificación del escenario macroeconómico lo que hace es jerarquizar aún más la importancia que tiene que la política fiscal se encuentre correctamente anclada”, expresó.

Además, según Lorenzo, la Rendición de Cuentas “lo que hace es ratificar esa orientación estratégica”.

“Todos los programas de Gobierno están asentadas sobre la estabilidad de la política fiscal”, señaló.

El presidente José Mujica ha manifestado en las últimas semanas que se debe conseguir un mensaje “responsable y claro” con el presupuesto, agregando que “va a tirar de la frazada hasta que dé”.

Hoy en la mañana el ministro Lorenzo dio detalles sobre un trabajo elaborado por el, sobre el espacio fiscal disponible para esta Rendición de Cuentas.

 

En Pampa y la vía

SETELICH PREOCUPADO POR AFE

El presidente de AFE, Jorge Setelich, expresó su preocupación por la falta de inversión en AFE y señaló que la empresa está “prácticamente quebrada”. Según Setelich, AFE necesita entre 1400 y 800 millones de dólares para recuperarse, y señaló que no se trajo nada concreto del viaje a China.

Durante una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Uruguay-Alemania, realizada en la Embajada de Alemania, el presidente de AFE, Jorge Setelich, expresó su preocupación por la situación de la empresa estatal y la falta de decisiones por parte del Ejecutivo para darle el tratamiento que la empresa necesita para salir adelante.

Setelich comenzó su exposición señalando que el diseño actual del transporte ferroviario en nuestro país es el que se creó a fines del siglo XIX, y luego, a mediados del noventa, la competencia estatal con las carreteras culminó con el ferrocarril en manos del Estado.

Entre mediados del siglo XX y los primeros diez años de 2000 el volumen de los transportado no vario significativamente, ubicándose en el entorno del millón y millón y medio de toneladas por año.

En 1984 comenzaron a clausurarse varias líneas, quedando afuera unos 1611 kilómetros. Setelich puso como ejemplo de la situación de la empresa la clausura de la línea hasta Fray Bentos que teniendo demanda de carga por la actividad de UPM y habiendo infraestructura para complementar el transporte, la ruta se clausuró luego del descarrilamiento de tres trenes y falta de un inversor para recuperar el tramo.

Para recuperarla eran necesarios 90 millones de dólares pero “se consideró un exceso, a pesar de la existencia de demanda y de ser viable”.

El presidente de AFE señaló las diferencias que el país tiene con la región en materia ferroviaria, donde se encuentra muy por debajo de sus calificaciones en otros aspectos de infraestructura como carreteras, puertos y energía, donde el país está en puestos mucho más altos cuando se lo compara con la región, respecto del ferrocarril.

Setelich señaló que se necesitan entre 1460 millones de dólares y 800 millones de dólares para tener un red de ferrocarril viable de aquí a 40, 50 años y advirtió que AFE no puede buscarse su propio esquema de inversión por su particular situación, llamando a comprender que a partir de una inversión “es el Estado el que se beneficia y no negocios particulares”

En ese sentido, subrayó que si el Ejecutivo manda a AFE a buscar oportunidades de negocios en el libre mercado, AFE no va a tener posibilidades..

“En el área de energía se ha generado un plan energético se han establecido prioridades para la matriz energética y todas las decisiones de largo plazo se pueden tomar con un nivel de seguridad (.) en el área concreto del transporte ferroviario no se ha logrado madurar esa decisión, yo no me excluyo, yo sé que a veces el discurso suena un poco como que me quejo o que tiro piedras desde enfrente, cuando estoy del mismo lado del gobierno, pero nos parece más interesante plantear la situación como es, que plantear algo como que está funcionando que va todo sobre rieles, pero creo que en el área carretera y ferroviaria y algo también en puertos no se ha logrado llegar a un consenso o una visión de largo plazo que termina de tomar una decisión”, afirmó.

Al ser consultado sobre qué resultados trajo el viaje a China respondió: “Las tres empresas que contactamos ya estuvieron acá en Uruguay y han hecho algunos estudios y propuestas (.) lo que hicimos fue retomar el contacto y nos pareció interesante el interés del gobierno chino en apoyar y fomentar inversiones en infraestructura en este aspecto pero hasta donde yo sé resultados concretos específicos todavía no hay”, afirmó.
Montevideo Portal

 

Tardo pero llego!!!

Esto ocurrió hace un año.

En Uruguay y por lo menos formalmente, tanto el Presidente de la República como el Director General de la Presidencia dedican parte de su tiempo a firmar aceptaciones ¡que los interesados no les pidieron! de renuncias de personas que fueron contratadas en forma temporal. En el caso de la imagen precedente, el renunciante había comunicado su renuncia 2 meses antes de que le fuera aceptada y llevaba en ese momento 1 mes y medio trabajando full-time en otro sitio. No sólo se practica el absurdo sino que se lo hace con retrasos que aumentan su brillo y color. Y no vaya a creerse que la cosa terminó allí: el renunciante fue notificado de esta inesperada resolución presidencial y, una vez repuesto de la emoción que le provocó el honor de ser objeto de una decisión presidencial, tuvo que comunicar que se daba por notificado de la misma. Cuando alguien quiera entender por qué no funcionan como se esperaba el Plan Juntos, la reforma educativa, etc. no tiene más que mirar esta imagen.

Seguramente el valor que aporta el Presidente de la República (tanto el actual como sus antecesores) al intervenir en este tipo de actuaciones se repite, también grotescamente, en muchos otros casos. En todos ellos, se consumen diariamente varias horas-persona de funcionarios comunes que preparan, revisan y pulen las resoluciones y trasiegan papeles y mails de una oficina a otra; también se originan gastos por el uso de infraestructuras, ya que todas esas actuaciones sin sentido hacen uso de instalaciones y servicios que el Estado (nosotros) paga. Y esto no es otra cosa que una destrucción apenas sutil de la riqueza que esta sociedad genera y que, por tanto, deja de estar disponible para aplicar productivamente a altos fines de gobierno.

Surgen algunas preguntas:

• ¿Quién decidió que el Presidente en persona tiene que intervenir en hechos puramente administrativos?
• ¿Tanto tiempo le sobra al Presidente y a sus oficinas como para derrocharlo así?
• ¿Por qué no se aplicó la delegación de firma (que ya está normada) o el silencio positivo (que aún no)?
• ¿Por qué ningún funcionario o asesor le informó al Presidente de la República que el artículo 2 del Decreto 500/991 dice que la Administración Pública debe actuar de acuerdo con varios principios generales, entre los que figuran:
  1. economía, celeridad y eficacia
  2. flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos
  3. delegación material
  4. buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario

¿Qué significan estos principios? Según el manual del Programa Nacional de Desburocratización sobre el procedimiento administrativo, lo siguiente:

1. Economía, celeridad y eficacia implican la buena administración del tiempo en el procedimiento, aprovechando eficientemente la fuerza de trabajo y eliminando formalidades superfluas, redundando esto en la reducción de la duración de los procesos y de los gastos asociados a los mismos.
2. Flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos implican desterrar del personal burocrático el apego a ritos en los que se exalta la forma por la forma misma, con prescindencia del contenido y del fin perseguidos. El procedimiento debe ser una herramienta dúctil, siempre dirigida al logro de un fin, por lo que no se le puede asumir ni rígido ni uniforme. La forma es un medio y no un fin en sí mismo. La actividad administrativa se debe juzgar en función de la sustancia y no de la forma. No se deben realizar ni exigir trámites, formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten el desenvolvimiento del procedimiento.
3. Delegación material implica quebrar el habitual centralismo burocrático que hace depender de la decisión formal de autoridades superiores la solución de los problemas más rutinarios de la Administración. Se debe bajar el nivel de decisión llevándolo a quienes están en contacto real con los hechos sobre los que hay que tomar decisión.
4. Buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario implican que se asume que tanto los agentes públicos como los administrados cumplen con el deber de comportarse ética y respetuosamente. Se consagra el principio de presunción de verdad salvo prueba en contrario, desterrando con ello la actitud generalmente existente en la Administración de desconfiar, la cual lleva a que se multipliquen formalidades, ritos y controles.

Y aunque a los incautos nos pueda parecer que estamos frente a la gran novedad de la última moda en consultoría de gestión pública, estos principios fueron plasmados hace 22 años en el Decreto 500 (algunos ya figuraban en el antecesor del 500/991, el Decreto 640 de 1973). Ya va siendo hora de que nos enteremos y nos pongamos a aplicarlos.

Seguramente, el Presidente de la República no ve la trascendencia de resolver estos pequeños problemas, detrás de los cuales, sin embargo, hay cambios gigantescos a realizar. Probablemente, porque tiene asumido que la única forma de redistribuir riqueza es a través de la recaudación, mediante impuestos. Es así que toda la energía, incluso con duplicación de esfuerzos, se ha puesto en lograr soluciones por ese lado, descuidando completamente otros aspectos. También se puede deber a una actitud muy difundida entre los altos cargos de la Administración de que sólo hay que enfocarse en grandes proyectos, por lo general inalcanzables pero que tienen la virtud de llenar el ojo y durar tantos años que cuando llega la hora de evaluar los resultados sus propulsores hace tiempo que se han ido.

Hay que entender que hay otras formas de redistribuir riqueza. La mejora de la gestión es también una vía para ello. En la medida en que se racionalice el funcionamiento de la Administración, se eliminarán actuaciones en las que no hay ningún aporte de valor y, por tanto, se estarán reduciendo gastos sin alterar la calidad de los servicios prestados. Y así quedará claro que hay muchos pesos que han sido malgastados año tras año, durante décadas. Son pesos que pudieron haber ido, pero no fueron, a políticas sociales, a planes de vivienda, a mejorar el sistema educativo, a incorporar tecnología para la mejora de la seguridad pública, a atajar situaciones de emergencia social.

Publicado 16th March por El Pareja