¿QUIÉN LE SUSURRA AL MINISTRO?

El peculiar elenco de los asesores

El gobierno pretende aumentar el límite salarial de los asesores de los ministros para conquistar a los mejores y así ganar en “inteligencia” estatal. Pero, hasta ahora, quienes han ocupado esos cargos no siempre han derrochado idoneidad y, sobre todo, muchos de los que entraron como asesores terminaron ejerciendo otros roles.

PAULA BARQUET19 sep 2015

Una maestra asesora a la ministra de Desarrollo Social, un chofer al ministro de Defensa, un biólogo al ministro de Economía y un técnico de fútbol al ministro de Interior. Son algunos de los 82 adscriptos actualmente contratados por los 13 ministros para que «colaboren directamente» con ellos durante el tiempo que dure su mandato. Según la ley, todos ellos han acreditado «idoneidad suficiente a juicio del jerarca de acuerdo a las tareas a desempeñar».

El salario promedio, según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) a los que accedió El País, es $ 55.963 nominales. Pero si se aprueba un artículo incluido en el presupuesto que se está discutiendo por estos días, estas personas podrían cobrar hasta $ 191.215 nominales si es que el ministro a cargo así lo decide.

El tema estalló hace 10 días en la comisión de Presupuesto de Diputados. El director de la ONSC, Alberto Scavarelli, les explicó a los legisladores que «muchos ministros» habían planteado la necesidad de pagar sueldos más competitivos a sus asesores. Habló de «la necesidad de que el Estado cuente con el asesoramiento de técnicos del más alto nivel de especialización» e incluso de «la necesidad de potenciar la inteligencia del Estado a través de los mecanismos de asesoramiento».

En concreto, lo que se propone es eliminar el límite salarial que preveía la ley de presupuesto anterior. Hasta ahora, los asesores no podían cobrar más que el 90% del salario del director general de Secretaría de cada ministerio. La cuenta da $ 69.462 (sin compensaciones). Al suprimir ese límite, el tope que pasaría a regir sería el 60% del salario del presidente de la República, lo cual corre para todos los funcionarios estatales. Así, los ministros podrían pagar a sus apreciados asesores hasta $ 191.215 nominales.

No aumentaría el gasto: quedaría tal como lo pensaron los hacedores del presupuesto anterior —entre otros Conrado Ramos, que dio su opinión sobre este asunto (ver aparte). Lo que se hizo en 2010 (artículo 58 de la ley 18.719) fue asignar a cada ministerio un monto máximo a gastar en estos asesores personales. En algunos casos fueron $ 8 millones, en otros $ 6 y en otros $ 4. Eso, a valores actuales, son $ 11,7 millones, $ 8,7 y $ 5,8.

Lo que cambia es la posibilidad de pagar más, incluso más que al número tres del ministerio. Según Scavarelli, esto es vital «para que el Estado pueda cumplir sus funciones, inclusive las de contralor, en actividades de enorme compromiso para el país como la explotación de recursos naturales o de futuros recursos». Y agregó que si el nuevo artículo no se aprueba, «puede producirse, en algunos casos nos tememos que sea así, un debilitamiento de la capacidad del ministro».

La argumentación no convenció a los diputados de la oposición. El nacionalista Gustavo Penadés dijo: «La verdad es que yo comprendería que se instrumentara ese mecanismo si se necesitara, por ejemplo, un ingeniero nuclear de la NASA». Mencionó que existen distintas formas de contratar personas especializadas (por ejemplo, arrendamiento de obra), y opinó que el cambio sería «absolutamente contraproducente para la estructura».

Luego, remató: «Sin duda, para nosotros este mecanismo tiene un claro fin de carácter político y, en ese sentido, lo primero que queremos saber es si al día de hoy se justifican esas adscripciones, que de por sí las consideramos un exceso». Pidió información «sobre la cantidad de adscriptos que hay en cada inciso, con nombre y apellido, la función que realizan y el salario que perciben».

El jueves pasado, nuevamente en comisión, Scavarelli entregó parte de los datos. No llevan «nombre y apellido», y los salarios son promediados, pero sí se incluyen pistas sobre su «idoneidad». Hay 82 personas contratadas bajo este régimen. El ministerio que tiene más asesores y más dinero ha previsto gastar en ellos en 2015 es el de Transporte. En total, los 13 ministerios planean gastar este año $ 74,6 millones en asesores (ver cuadro).

A Jorge Gandini, también del Partido Nacional, el asunto lo retrotrajo a 2011, cuando cursó pedidos de informes ministerio por ministerio para conocer quiénes eran los adscriptos. Le contestaron 12 de los 13 ministerios; solo faltó el de Trabajo y Seguridad Social.

El diputado guarda en una carpeta rebosante aquellas respuestas con decenas de currículum y resoluciones. Entre otras cosas, de allí se desprende que unos cuantos contratados como asesores terminaron en otros roles. «Aquí se plantea un requisito, que es que cumpla funciones con el ministro. El ministro no lo puede traer para cumplir funciones en otro lado», disparó Gandini en comisión.

En Transporte, por ejemplo, Andrés Copelmayer entró como asesor de Enrique Pintado (con un sueldo que excede lo estipulado, unos $ 80.000) y luego trabajó como jefe de gabinete. La ministra de Vivienda, Graciela Muslera, contrató como asesor al arquitecto Pablo Guarino (que era edil y fue candidato a intendente de Cerro Largo por el Frente Amplio) y luego lo designó «coordinador regional para la zona este». El canciller Luis Almagro tenía en 2011 ocho asesores: ninguno de ellos lo asesoraba directamente. En el Ministerio del Interior, dos de los cuatro asesores fueron contratados explícitamente para trabajar como coordinadores del Instituto Nacional de Rehabilitación.

De la información recabada por Gandini se puede sacar otra conclusión: no siempre se cumple que el asesor se va con el ministro. El biólogo Alejandro Zavala y el economista Gabriel Papa, por ejemplo, cumplen funciones de asesores desde 2011 en el Ministerio de Economía. El ministro cambió pero ellos siguen ahí.

En el Mides había una estudiante de Agronomía como asesora de Ana Vignoli. En varios casos los asesores son, en realidad, encargados de prensa.

«Al campeón mundial traelo por el BID»

El politólogo Conrado Ramos (Partido Independiente), que subdirigió la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al inicio del gobierno de José Mujica, fue uno de los ideólogos del artículo 58 de la ley de presupuesto anterior, que reguló la figura de los asesores. Ramos explicó que antes se limitaba la cantidad de asesores por ministerio, y que a partir de 2010 el tope se fija por monto para así controlar el gasto. A su vez, dijo que se fijó el salario máximo en 90% del sueldo del director de secretaría para que «no haya más incentivos» que para asumir una responsabilidad política. En ese sentido, criticó que ahora se quiera eliminar esa cláusula porque «se devalúa aún más la figura del director de secretaría». Agregó que hay varios mecanismos de contratación, y alegó: «Si querés al campeón mundial, traelo por un préstamo del BID».

Gandini, un año atrás de los asesores.

El Partido Nacional votó en contra del artículo 58 de la ley de presupuesto de 2010. Aprobado el artículo, presentó un aditivo que solicitaba que los ministros remitieran información sobre cada contrato de asesor. El FA lo rechazó argumentando que el legislador podía conocer esa información por la vía del pedido de informes. Por eso, el 6 de junio de 2011 Jorge Gandini envió pedidos a los 13 ministerios. Seis le contestaron dentro del plazo, otros seis fuera del mismo y uno (Trabajo) no respondió. El 9 de setiembre pasado, en comisión de Hacienda, Gandini recordó esta experiencia y le preguntó al director de Servicio Civil qué opinaba sobre la posibilidad de incorporar un inciso estableciendo la obligatoriedad de que los ministros presenten estos datos al rendir cuentas. Scavarelli respondió que no dependía de él.

Más allá del famoso personal trainer de Pintado.

El Ministerio de Transporte es el que más asesores ha contratado. Terminó 2014 con 12 (entre ellos, un personal trainer cuya contratación observó el Tribunal de Cuentas) y actualmente Víctor Rossi cuenta con 11 asesores personales.

Trabajo gasta $ 7 millones en nueve asesores.

El Ministerio de Trabajo tiene previsto gastar el 83% de la partida asignada (hoy unos $ 8,7 millones) en nueve asesores. En el período anterior contrató a 11 personas, siendo el segundo ministerio con más asesores luego de Transporte.

Un técnico de fútbol para asesorar a Bonomi.

De acuerdo a los datos del Servicio Civil, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tiene entre sus nueve asesores a un técnico de fútbol. En el período pasado, dos de los supuestos asesores fueron destinados al Instituto Nacional de Rehabilitación.

http://www.elpais.com.uy/que-pasa/peculiar-elenco-asesores.html

 

Cómo ve la gente la gestión del gobierno

El 79 % de los uruguayos ve bien orientadas las políticas del Gobierno pese a que un 54 % considera que está realizando una mala gestión de las mismas, según un sondeo de la encuestadora Factum divulgado hoy.

El resultado de la encuesta respecto a la orientación del Ejecutivo concluye que un 15 % lo ve mal encaminado mientras que un 6 % declinó pronunciarse.

En lo que tiene que ver con la aplicación de las políticas proyectadas, un 40 % de los uruguayos ve bien la gestión del Gabinete que preside Tabaré Vázquez mientras que un 6 % no quiso posicionarse.

“La idea es buscar la opinión de la población sobre el conjunto del Gobierno y su funcionamiento y no exclusivamente sobre el presidente”, explicó el director de Factum, Eduardo Bottinelli, en el documento que acompaña a los datos estadísticos.

“En base a eso hemos buscado separar el juicio de la población sobre la orientación y la gestión de políticas”, agregó Bottinelli.

En el primer caso, en lo que respecta a la influencia partidista de la población, el director de la encuestadora concretó que quienes consideran que el Ejecutivo está bien orientado son 9 de cada 10 frenteamplistas contra poco más de 6 de cada 10 votantes de partidos tradicionales.

En el segundo aspecto de la encuesta, Bottinelli indicó que entre quienes creen que el Gobierno está bien gestionado 6 de cada 10 son votantes del FA y 2 de cada 10 del resto.

Comparados los datos con el Gobierno del anterior mandatario, José Mujica, este acabó 2 puntos por encima del actual Ejecutivo en cuanto a la aprobación de la orientación de sus políticas (81 % de uruguayos la consideró válida).

Sin embargo, el Gobierno de Mujica acabó 10 puntos por debajo del arranque del actual en cuanto a la consideración de la gestión, con un 30 % de uruguayos aprobando la manera en que se ponían en prácticas las políticas.

Según indicó la empresa, el sondeo es representativo de todo el país, se realizó en junio a 1.004 personas mayores de 16 años y tiene un margen de error de 3,2 %.

EFE

Para ver el informe estadístico completo hacé click aquí.

 

La FOEB desafía al gobierno y va por cambios en la pauta salarial

NEGOCIACIÓN

Gremio de la bebida proyecta inflación de 9,5% anual y pretende alza real de 5% en tres años

La FOEB desafía al gobierno y va por cambios en la pauta salarialLa nueva ronda de negociación colectiva en el sector privado será más compleja que las anteriores. El gobierno ya dio sus lineamientos, que suponen un intento por moderar los ajustes de salarios y conservar la mayor cantidad de empleo. Así lo dejó en claro el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en más de una oportunidad.

En la vereda de enfrente, los empresarios se han mostrado bastante afines con esos postulados más allá de diferencias menores. Se entiende que en el escenario actual marcado por un enfriamiento de la economía las condiciones no están dadas para que nuevamente haya recuperación salarial y los ajustes deben acotarse a la inflación.

Pero en el caso de los sindicatos el panorama es muy distinto y la pelea pasará por conseguir ajustes superiores a los que marcan las pautas oficiales. Esa posición se ha reforzado en las últimas semanas porque el Índice de Precios del Consumo (IPC) no ha dado señales de moderación. Eso echa por tierra la credibilidad que busca trasmitir el gobierno respecto a una desaceleración progresiva de la inflación en la previa de la nueva negociación.

La Federación de Obreros de la Bebida (FOEB) en las dos reuniones preparatorias que ya mantuvo con el Centro de Fabricantes de Bebidas Sin Alcohol y Cervezas planteó «una mixtura» de ajustes semestrales y anuales que al cabo de tres años cuando finalice el convenio reportaría un incremento de salario real de entre 4% y 5% contemplando una tendencia de inflación de 9,5% anual y el cobro de partidas compensatorias.

El dirigente de la FOEB, Richard Read, remarcó que los lineamientos dados por el gobierno son solo «una opinión». «Los valoramos y vamos a usar parte. Pero no me van a mandar; tendrán que recordar lo que pasó en 2012», afirmó. En la ronda anterior, tanto el sector de la bebida como el de construcción consiguieron convenios muy superiores a los que proponía el Poder Ejecutivo. Para esos casos el gobierno ya aclaró que si se acuerdan incrementos por encima de las pautas, la diferencia no podrá ser trasladada a los precios, tarifas o contratos de obra pública. Por ejemplo, si en determinado momento las partes acordaran un 11% y la pauta era de 9%, se podrá trasladar a precios y tarifas el 9%. Los otros dos puntos serán parte de lo que tendrán que pagar las empresas .

Otros que se aprestan a iniciar la negociación son varios sectores vinculados a la industria del metal, maquinaria y plástico. La postura de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) es la de conseguir aumentos salariales anuales de 3 puntos por encima de la inflación para toda la industria. El otro planteo es la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales, según informó ayer El País. Esta postura parece ser algo lejano a la de los empresarios. En diálogo con El Observador, el directivo de la Cámara del Plástico, Carlos Gutiérrez, dijo que si bien no hay una posición definida, los lineamientos dados por el gobierno «son razonables» y «coherentes». El sector no está ajeno a la situación del país y la tendencia es la «caída en volúmenes», indicó.

En la industria de la vestimenta y el cuero el pedido de ajustes por inflación más incremento real también está presente. En el caso del cuero, el sindicato argumenta que hace dos años no tiene incremento real y que si bien hubo problemas en ramas como la tapicería esa situación cambió. «Por eso tenemos pensado negociar por encima del IPC, de alguna manera contradiciendo la pauta del Ejecutivo», dijo a El Observador el dirigente de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), Carlos Bico.

Por su parte, entre los trabajadores de la vestimenta, se entiende que si bien el sector ha enfrentado fuertes problemas por el avance de las importaciones y la pérdida de competitividad «hay que seguir avanzando en nivel adquisitivo». «Si hay un incremento en la riqueza del país debe haber distribución», aseguró la dirigente sindical Flor de Liz Feijo.

Para la nueva ronda el gobierno planteó que los sindicatos y empresas se auto clasifiquen como sectores «en problemas», «intermedios o «dinámicos» y definió ajustes nominales para cada uno de ellos. Ese se pretende que sea el punto de partida, pero sindicatos y empresarios anticipan que será muy difícil ponerse de acuerdo. Incluso se avizora como un punto de dificultad en caso de que sea el gobierno quien tenga que definirlo. «¿Qué criterios van a usar para clasificar? No hay un criterio que sea transparente y objetivo», dijo una fuente sindical consultada por El Observador.

Los «dinámicos» son los que están creciendo más de 4% anual. Estos deberán dar aumento nominal anual de 10% en el primer año del convenio, 9% en el segundo y 8% en el tercero. Para los «intermedios» los ajustes serán de 8,5%, 7,5% y 7%. En los sectores «en dificultades», los incrementos propuestos son de 8%, 6,5% y 6%. En los convenios a tres años, al final del segundo se puede aplicar un ajuste salarial adicional como correctivo si la inflación observada supera el porcentaje de ajuste nominal pactado. Lo mismo se repetirá al tercer año. Para los convenios a dos años el correctivo se aplicará al final del segundo.

http://www.elobservador.com.uy/la-foeb-desafia-al-gobierno-y-va-cambios-la-pauta-salarial-n662946

 

Salarios: gobierno busca aire para controlar la inflación

LOS ECONOMISTAS CONSIDERAN AJUSTADAS LAS PAUTAS PARA LA ACTUAL SITUACIÓN

La pauta salarial que dio el pasado lunes el gobierno enoja a la central sindical Pit-Cnt, que advierte que está descolgada de la inflación, lo cual «no garantiza ni siquiera el mantenimiento del salario real».

Sindicatos salieron al cruce de la pauta del Poder Ejecutivo. Foto: Ariel Colmegna.

En la vereda de enfrente, el Poder Ejecutivo asegura que los lineamientos planteados mantienen el poder adquisitivo y que se debe elegir entre el aumento de los salarios y o el aumento del desempleo. Economistas, que observan esta pulseada, señalan que las pautas mantienen la indexación y algunos, incluso, halagan la prudencia del gobierno.

La pauta consiste en separar los sectores empresariales en tres: dinámicos, intermedios y en dificultades. Los que estén en mejor situación económica recibirán un mejor aumento. Los ajustes —en caso de que el aumento sea menor a la inflación— se harán cada dos años y no cada uno. También habrá una cláusula «gatillo» que señala que en caso de que la inflación llegue a un 12%, el ajuste se hará de un mes para el otro (ver detalles aparte).

«Conceptualmente y cuantitativamente no es un cambio relevante. Cualitativamente lo que hace es dar más aire», explicó a El País el exministro de Economía (2003-2005) en el gobierno de Jorge Batlle, Isaac Alfie. Este señaló que los dos años que da el Frente Amplio para ajustar los salarios, «implica más tiempo para aplicar el programa antiinflacionario, sin tener que correr con el costo de corregir rápidamente los desfasajes entre la inflación presente y la proyectada».

El exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (1993-1995) del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Javier de Haedo, precisó a El País que «no son ciertos los argumentos del Pit-Cnt que dicen que la pauta del gobierno desindexa y no asegura el mantenimiento del salario real». E insistió: «Las pautas mantienen la indexación; a lo sumo, le alargan la memoria, en vez de ser al año es a los dos».

Similar opinión es la del economista Pablo Rosselli, que en declaraciones a El País sostuvo que los lineamientos del gobierno son «mucho más adecuados» al nuevo contexto económico y que, a su juicio, es necesaria «una moderación del salario real» porque de lo contrario «habrá un deterioro fuerte del empleo en los próximos dos años». De todos modos, señaló que «la pauta desindexa en parte» y que «es indiscutible que genera una moderación de los salarios y aumentos más pequeños del salario real».

Por su parte, el economista Juan Manuel Rodríguez, explicó que el encontronazo entre el gobierno y el Pit-Cnt se debe a que tienen una «visión distinta de la situación del país». Y agregó: «Lo que dice el gobierno es que hay sectores que están en problemas porque han mandado a un montón de gente al seguro de paro y no muestran dinamismo, y si hay un aumento salarial importante probablemente se generen mayores problemas competitivos, con lo cual el aumento salarial va a tener una expresión en reducción del empleo. El Pit-Cnt, en tanto, sostiene que puede aumentar el empleo y también el salario, el tema es si estos dos objetivos se pueden lograr en momentos donde hay una reducción del dinamismo (…) El déficit fiscal es de 3%, alto en comparación con los últimos años».

Entrevistado ayer por El País TV, en tanto, el asesor del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, sostuvo que es importante que «la política sea consecuente con preservar el empleo». Y añadió: «El mercado de trabajo está dando algunas señales que dan cuenta de una desaceleración y es fundamental que la política salarial sea consistente con los objetivos que planteamos, por un lado preservar el empleo, pero al mismo tiempo preservar el salario real».

El líder del sindicato de la bebida, Richard Read, en declaraciones a Metrópolis FM, ironizó ayer: «Es posible que la sabiduría esté toda en la calle Juncal (sede del Ministerio de Trabajo), y nosotros, los de la calle Jackson (sede del Pit-Cnt), seamos todos tontos».

LOS DETALLES DE LA PAUTA.

Sectores divididos en tres.

La pauta del Ejecutivo propone una división de los sectores en «dinámicos», «intermedios» y «en dificultades». Los primeros son los que están creciendo a un ritmo superior al 4% anual. Estos deberán dar un aumento nominal anual del 10% en el primer año de vigencia del acuerdo, 9% en el segundo y 8% en el tercero. Con los que estén en el casillero «medio» los incrementos serán de 8,5%, 7,5% y 7%. Y en los sectores «en dificultades», las cifras pasan a 8%, 6,5% y 6%.

Que cada uno se clasifique.

El gobierno pedirá a los distintos sectores de la economía que se «autoclasifiquen» según su situación. Es decir, no será el Poder Ejecutivo el que decidirá si un sector es «dinámico», «intermedio» o está «en dificultades». Para muchos, el problema de esto radica en que las empresas querrán colocarse en el casillero más bajo, para dar aumentos menores a sus empleados, mientras que los sindicatos presionarán para que estas se pongan en los más altos.

Aumento del mínimo de $ 3.430.

Mientras el Pit-Cnt ha insistido en que no puede haber salarios menores a 15.000 pesos (700.000 trabajadores ganan menos, según el Instituto Cuesta Duarte de la central sindical), la propuesta del gobierno no llega a esa cifra, ni siquiera en 2018. Mientras a 2015 el salario mínimo es de 10.000 pesos, se propone 11.150 para 2016, 12.265 para 2017 y 13.430 para 2018. Los aumentos adicionales son de 3,5% para los salarios de 10.000 a 12.000, y de 2,5% para los de 12.000 y 14.000.

Convenios a tres años y «gatillo».

En los acuerdos a tres años, al final del segundo se aplicará un ajuste salarial adicional en caso de que sea necesario, correspondiente a la diferencia entre la inflación y las mejoras salariales. El mismo proceso se repetirá al tercer año. Para los convenios a dos años, en tanto, el correctivo se aplicará al final del segundo. También habrá una cláusula «gatillo». Es decir, en caso de que la inflación acumulada sea mayor al 12% desde el inicio del convenio, se compensará a los trabajadores al mes siguiente.

http://www.elpais.com.uy/informacion/salarios-gobierno-busca-aire-controlar.html

 

Docentes paran por tercera vez en un mes y el gobierno no reacciona

NACIONAL PRESUPUESTO

Exigen ámbitos de «negociación real» y propuestas concretas

Los sindicatos de la educación no dan tregua al gobierno en los momentos previos a la discusión por el presupuesto quinquenal, y vuelven a parar 24 horas el próximo viernes 26 de junio. Se unen de esta manera al paro convocado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe).

La medida se convierte así en el tercer paro de la enseñanza a nivel nacional en el último mes y en forma preventiva a lo que el gobierno resuelva a nivel presupuestal. El primer paro fue el miércoles 27 de mayo y el segundo el jueves 11 de junio, día en el que también adhirió la educación privada.

En tanto, a pesar de que en plena campaña electoral el actual presidente Tabaré Vázquez se mostró afín a decretar la esencialidad con tal de asegurar los 200 días de clase, las reacciones desde el gobierno no aparecen. La postura del presidente ya había sido adelantada antes de la campaña. En diciembre de 2013 había asegurado en el programa En la mira de VTV que estaba dispuesto a tomar esa medida. «Si es necesario declarar esencial, se va a declarar esencial», manifestó. En el mismo sentido se expresó tiempo después el ahora vicepresidente Raúl Sendic, quien se mostró afín a llevar adelante esa resolución con el objetivo de poner fin a los paros.

Sin embargo, ayer la ministra de Educación, María Julia Muñoz descartó a El Observador que se esté analizando una medida de ese tipo ante las paralizaciones.

A nivel de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la medida de parar el viernes ya fue adoptada por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM). En tanto, la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) resuelve hoy si se adhiere a la medida, adelantó a El Observador el dirigente Nelson Jaurena.

En el ámbito de la Universidad de la República (Udelar), la Asociación de Funcionarios de la Udelar (Affur) también resolvió plegarse a la medida. Lo que todavía no está establecido es si el paro será general (24 horas) o parcial (8 ó 10 horas). El dirigente de Affur Luis Diosy adelantó aEl Observador que esa decisión se definirá el miércoles.

Los sindicatos de la educación exigen que la promesa del gobierno de destinar 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al presupuesto de la educación se limite únicamente a la ANEP y a la Udelar. Rechazan que parte de este dinero se destine al Plan Ceibal y a la educación militar o policial, como se ha hecho históricamente.

Además Fenapes y la FUM piden a la ANEP que se respete la autonomía del ente en lo que tiene que ver con el presupuesto y se elabore uno distinto al del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

En este sentido, la secretaria general de la FUM, Elbia Pereira dijo a El Observador que ya es hora de que las autoridades de la ANEP definan el presupuesto e instalen espacios de «negociación real», con propuestas concretas y «de acuerdo a las necesidades de la educación». La dirigente advirtió que hasta ahora en los ámbitos de negociación lo único que se les ha adelantado son la líneas generales.

Las medidas de los docentes no quedan aquí. El sindicato de profesores de Montevideo (Ades) ya comenzó a preparar un paro por tiempo indeterminado, aunque todavía no tienen definida la fecha de inicio. En tanto, Fenapes fijó una asamblea para el 18 de julio, donde se comenzará a discutir la realización de una huelga. Mario Bango, dirigente de Fenapes, explicó a El Observadorque la concreción de la medida dependerá del avance de la negociación presupuestal.

http://www.elobservador.com.uy/docentes-paran-tercera-vez-un-mes-y-el-gobierno-no-reacciona-n655340

 

Gobierno promulgó ley que separa aguinaldo del IRPF

RENUNCIA FISCAL ES DE UNOS $ 400.000.

Con esta medida se benefician 133 mil trabajadores a quienes no se les será tenido en cuenta el aguinaldo para calcular el IRPF.

Tras su aprobación en el Parlamento, el Poder Ejecutivo promulgó este miércoles la ley por la cual se aprueba el ajuste del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), consistente en la separación de los sueldos anuales complementarios -aguinaldos y salarios vacacionales de la liquidación anual-, con lo cual se beneficiarán unos 133.000 trabajadores. Con esta disposición, el Gobierno renuncia a aproximadamente $ 400 millones.

La ley consta de dos artículos. El primero añade al artículo 36 del título 7 del Texto Ordenado de la Dirección General Impositiva, de 1996, que “las rentas computables originadas en el sueldo anual complementario y en la suma para el mejor goce de la licencia, obligatorias en virtud de disposiciones legales, no se ingresarán a la escala a que refiere el inciso anterior”.

También señala que “el impuesto correspondiente a dichas rentas se determinará a través de la aplicación de una tasa proporcional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente”.

El segundo artículo de la ley aprobada agrega al artículo 37 del mismo título que “la tasa proporcional correspondiente a las rentas originadas en el sueldo anual complementario y en la suma para el mejor goce de la licencia, obligatorias en virtud de las disposiciones legales, será la que corresponda al tramo superior de la escala aplicable al contribuyente de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, sin la consideración de dichas partidas”.

Además, el Poder Ejecutivo reglamentó esta normativa aprobada por el parlamento a través del decreto 154/015.

http://www.carasycaretas.com.uy/gobierno-promulgo-ley-que-separa-aguinaldo-del-irpf/

 

El gobierno casi se quedó sin margen para bajar las tarifas

EL GOBIERNO CREE QUE EL CRECIMIENTO ESTARÁ POR DEBAJO DEL 3% ANUAL HASTA 2018

El ministro de Economía, Danilo Astori, comenzó a salir de los conceptos generales y ayer fijó finalmente la meta fiscal: quiere bajar el desequilibrio de las cuentas públicas en un punto del Producto Interno Bruto, alrededor de US$ 600 millones para el año 2019. Quizás para la población lo más relevante es el camino elegido para llegar a ese objetivo.

Astori se apoya en el director de la OPP y en el presidente del BCU. Foto. A. Colmegna

Se les pedirá a las empresas públicas US$ 600 millones en ese lapso. Esto, por un lado, descarta aumentos de impuestos pero, por otro, puede llegar a implicar que el gobierno tenga poco margen en los próximos años para bajar las tarifas públicas. Además, al menos en este momento, UTE sería la única con las cuentas suficientemente en orden para ayudar, dados los déficit abultados de Antel y Ancap.

También se buscarán ahorros mediante la reducción de la publicidad oficial, la baja en las horas extras y la no provisión de 25 de cada 100 vacantes. Y se terminarán los planes de retiros incentivados en el Estado debido a su elevado costo para el fisco, anunció Astori ayer tras el Consejo de Ministros. Hoy las empresas públicas transfieren aproximadamente 2,3% del Producto Interno Bruto y la intención del equipo económico es que ese aporte llegue para 2019 a 3,3 puntos del PIB, los mencionados US$ 600 millones. Actualmente el déficit fiscal se ubica en 3,4% del PIB, después del pago de intereses (el último dato es del año móvil terminado en marzo pasado). El déficit primario, es decir antes del pago de los intereses de la deuda pública, se ubica en 0,2%.

La otra gran pieza de información que Astori todavía no da, es cuál será la evolución del gasto público, con el que el gobierno intentará cumplir con algunos de sus proyectos, como la creación, aunque sea de una manera gradual, del Sistema Nacional de Cuidados. El ministro insistió en que el gobierno tiene la intención de cumplir sus «obligaciones programáticas» y que la atención presupuestal a la salud y a la educación seguirán siendo prioritarias.

El instrumento de los retiros incentivados fue muy utilizado en los últimos años. Por ejemplo, el Banco de Previsión Social redujo su plantillla en un 12% entre 2008 y 2013 con esa modalidad. También empresas como UTE y Ancap recurrieron a los retiros incentivados. Con esta modalidad, por ejemplo, UTE bajó su plantilla en 2012 y 2013 en 500 personas. El anterior presupuesto daba a los funcionarios públicos de más de 58 años la posibilidad de acogerse a retiros incentivados. Ahora, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto distribuyó un instructivo entre las oficinas estatales en el que se establece que no se aplicarán nuevos planes de retiro incentivado y no se prorrogarán los que estén vigentes.

Enlentecimiento.

El ministro le puso también cifras a la magnitud de la desaceleración económica que espera el gobierno producto, en parte, del deterioro de la región. Ayer, por primera vez, Astori reconoció que seguramente la economía crecerá menos de 3% en 2016 y 2017. El gobierno espera un crecimiento de entre 2,5% y 2,8% en este año y los dos próximos. Recién en 2018 la economía uruguaya lograría expandirse por encima de 3%. La desaceleración ya se refleja en la caída de las exportaciones. El desempleo se ubicó en marzo en 7,3%, el mayor nivel desde mediados de 2010, en tanto la inversión en maquinaria y equipos declinó 11,3% en los primeros tres meses del año. Para este año, no hay megaemprendimientos de inversión previstos como lo fue Montes del Plata, inaugurada el año pasado. En este contexto, el Pit-Cnt asume que vienen épocas de moderación en el alza de los salarios y anunció que se concentrará en mejorar las remuneraciones más deprimidas.

Apoyo.

Economistas consultados por El País consideraron que es una buena señal del gobierno el tratar de corregir parcialmente el desequilibrio fiscal, pero consideraron que quizás el gobierno debió fijarse una meta más ambiciosa. Pablo Moya, de la consultora Oikos, consideró positivo que el gobierno envíe la señal de que los recursos son limitados, pero comentó que «hubiera deseado que fuera un poco más ambicioso porque el déficit es alto pese al crecimiento de los últimos años».

Moya consideró que la meta trazada para las empresas públicas «limita» la posibilidad de que se instrumenten rebajas tarifarias importantes en los próximos años a menos que se produzca un derrumbe en el precio del petróleo, algo poco probable. El desequilibrio fiscal es «manejable» aunque consideró que hubiese sido «deseable» que el gobierno no hubiese estado tan atado por las promesas electorales.

Alejandro Cavallo, de Equipos Consultores, señaló a El País que «todo el ajuste recae en las empresas públicas. «No está mal lo que se está haciendo pero habría que analizar si no hay otras formas de mejorar los resultados y hacer algo más extensivo al conjunto del sector público», señaló. Como no se esperan aumentos de la rentabilidad de las empresas públicas, Cavallo coincidió con Moya en que no habrá mayor margen para bajas en las tarifas. La meta de reducción del déficit parece «un poco lenta», valoró. De todas formas, consideró que en el corto plazo no hay dudas sobre la sustentabilidad de la deuda pública uruguaya. A mediano plazo con el ajuste de un punto previsto sería suficiente para hacerla sostenible.

Alfonso Capurro, de CPA Ferrere, matizó que para esta consultora la corrección de un punto hubiese debido procesarse ya el año próximo y advirtió que esperan un escenario económico menos optimista que el gobierno. «El repunte de la actividad en la región tendría que ser muy fuerte» para que se cumpla la meta de crecimiento del gobierno, opinó. «La región este año defraudó», recordó. La posibilidad de que haya rebajas tarifarias será «más difícil», valoró, porque habrá más «presión» sobre las empresas públicas. Aún así, consideró una señal positiva que el gobierno haya reconocido la necesidad de realizar un esfuerzo fiscal porque «se estaba en un equilibrio incómodo» aunque la sustentabilidad de la deuda «está fuera de cuestión».

LA VISIÓN DE LOS ECONOMISTAS.

Mucha cautela – Danilo Astori, ministro de Economía

«Aún cuando tenemos restricciones, el país va a poder tener un presupuesto acorde con el cumplimiento de las obligaciones programáticas y sin alterar los equilibrios macroeconómicos. Hoy se aprobaron conceptos generales y van a surgir cifras después de las reuniones con las empresas públicas».

Pragmatismo – Alfonso Capurro, CPA Ferrere

«Actuar sobre las empresas públicas es lo más realista y pragmático. En cuanto a su caja, Ancap está prácticamente equilibrada y su pérdida patrimonial tiene que ver con el alza del tipo de cambio. Antel tiene problemas por las inversiones que hizo. El ajuste de un punto debería ser en 2016».

Señales – Pablo Moya , Oikos

«El gobierno está mandando señales a las empresas y a los sindicatos. Incidirán factores no controlables como el contexto internacional o el clima. El déficit no se reduce de un día para el otro pero es importante que se envíen señales. Es alto y hubiera deseado una meta un poco más ambiciosa».

Realismo – Alejandro Cavallo,  Equipos Consultores

«Las metas de crecimiento son realistas. Si la economía se desacelera más de lo previsto será más difícil abatir el déficit púbico. No se esperan aumentos grandes en la rentabilidad de las empresas públicas. Bajar en un punto el déficit para 2019 parece un poco lento. Habrá años de crecimiento bajo».

CUENTAS PÚBLICAS

Un déficit al alza que se quiere bajar

En el año móvil terminado en marzo pasado el rojo de las cuentas públicas era de US$1.980 millones, equivalentes al 3,4% del Producto Interno Bruto. Ese resultado supuso un desmejoramiento frente al 3,2% del año terminado en febrero. El ministro de Economía, Danilo Astori, insiste en que un mal manejo fiscal puede poner en riesgo los avances económicos logrados en los últimos años por lo que habrá mucha prudencia.

Medidas para poner orden

Se reducirá la publicidad oficial en las empresas monopólicas en un 75% y en las no monopólicas un 50%. El año pasado, el gasto por este concepto llegó a US$50 millones, de los cuales correspondieron a Antel US$25 millones. Solamente se cubrirán 75 de cada 100 vacantes que vayan apareciendo en el Estado. Y se procurará coordinar mejor los esfuerzos de inversión de las empresas públicas. Se reconoce que en este aspecto hubo falencias.

Antel en una mala situación

Aunque debió haber aprobado su balance antes del 31 de marzo pasado todavía no se conocen las pérdidas de Antel en 2014 pero habrían sido abultadas y rondarían los US$194 millones. El País intentó, sin éxito, obtener datos sobre los resultados de la empresa de telecomunicaciones a través de su gerencia de Prensa y Relaciones Públicas. Parte de las pérdidas derivarían de la fuerte inversión realizada por Antel en su red de fibra óptica.

Ancap también está en rojo

La empresa de combustibles perdió US$ 169 millones en 2013 y se cree que su abultado déficit podría seguir incrementándose. Su balance de 2014 ya debería haber sido aprobado. Parte del déficit se explica por el alza del dólar que afecta a Ancap incrementando el peso de las deudas que contrajo en la moneda estadounidense. La oposición también cuestiona algunas de las inversiones que realizó Ancap

http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-casi-margen-rebajas-tarifas.html

 

Unión Ferroviaria acusa al gobierno de buscar privatizar el servicio

ADELANTA QUE TOMARÁ MEDIDAS

El disparador fue un llamado para contratar personal para Servicios Logísticos Ferroviarios en una nueva empresa creada en el ámbito privado. La Unión anunció el comienzo de medidas, tras publicación en la prensa de este llamado.

Una consultora publíca en la prensa el aviso. Pide personal para la nueva empresa, en derecho privado, que correrá los trenes de carga por las vías férreas.

La convocatoria, que está abierta hasta el 8 de junio, busca conductor, jefe de tren, jefe de servicio al cliente, supervisor e instructor de seguridad operativa, mecánico diesel, mecánico en general, entre otros para esta firma que es propiedad en un 51% de AFE y el 49% restante de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

La Unión Ferroviaria fue notificada el jueves por el Ministerio de Transporte de que hoy domingo saldría este aviso.

En diálogo con a El Espectador, el prosecretario general del gremio ferroviario, Ricardo Cajigas, aseguró que el gobierno rompió la negociación que se venía llevando adelante y además actuó de mala fe.

Para el gremialista, estas acciones significan la privatización del servicio ferroviario.

Cajigas dijo que la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) ya transfirió el material rodante a la nueva empresa.

El Estado les propuso a los funcionarios pasar a Servicios Logísticos ferroviarios, debiendo renunciar a su puesto de funcionario público, aunque la administración le dejaba el cargo en reserva.

Para el integrante de Unión Ferroviaria, es sorprendente que sea el gobierno del Frente Amplio quien hoy quiera privatizar un servicio que está dentro de ámbito público.

Para la asamblea que los ferroviarios realizará este lunes, afirman que ninguna medida está descartada.

http://www.espectador.com/sociedad/316016/union-ferroviaria-acusa-al-gobierno-de-buscar-privatizar-el-servicio

 

Registrales dan plazo al Gobierno hasta el lunes; piden apoyo a COFE

CONFLICTO

Los funcionarios del Registro Civil decidieron en asamblea dar plazo al Poder Ejecutivo hasta el próximo lunes para que de una respuesta a sus reclamos salariales.

Se trata del mismo plazo que dio la Asociación de Magistrados para obtener una respuesta del Gobierno.

En caso de no haber avances, los trabajadores tienen previsto movilizarse hacia el Ministerio de Economía el lunes y no descartan realizan un casamiento en la puerta de esa cartera. Además, resolvieron solicitarle a COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) que «acompañe con un paro general nacional el mismo día que hagamos la movilización«, informó a El Espectador Eduardo Murias, presidente del sindicato del Registro Civil.

Medidas

Murias se refirió a las declaraciones del secretario de Presidencia, Homero Guerrero, quien dijo a En Perspectiva que el problema que enfrenta el Gobierno “se divide en dos: por un lado un problema financiero” para poder hacer frente al monto adeudado, y por otro “una dificultad judicial”.

Murias sobre Guerrero

Por su parte, el secretario general de COFE, Joselo López, dijo a El Espectador que el pedido de los funcionarios registrales de que se establezca un paro general en esa fecha es razonable. Este jueves analizarán el asunto a la hora 10.

COFE

 

El 70% de uruguayos cree que el Gobierno está «bien orientado» pero “mal gestionado”

Encuesta Factum

La consultora Factum, divulgó su última encuesta sobre la percepción que tienen los uruguayos acerca de la orientación y gestión gubernamental.

El porcentaje de personas que creen que este Gobierno está bien orientado, está en 70, al tiempo que un 26% opina que está mal orientado. Un 4% no opina al respecto.

Mirando esta misma consulta en 2011, se evidencia que quienes creían que estaba bien orientado era un 79%, por lo que cayó en nueve puntos en comparación con la actual encuesta. En tanto, hace tres años era un 18% el que creía que estaba mal orientado, subiendo este número a 26% en 2014.

En cuanto a la gestión, un 26% dice que está «bien», mientras que un 70% opina que el Gobierno está mal gestionado. Un 4%, al igual que en los guarismos anteriores, no opina al respecto.

En 2011, aquellos que indicaban que estaba bien la gestión gubernamental, era un 72%, cayendo a 70% en la última consulta. En cuanto a quienes aseguraban que la gestión estaba mal, hace tres años un 25% lo creía, subiendo apenas un punto en la encuesta publicada este jueves por la consultora Factum.

De estos números se deduce que hay un gran apoyo a la orientación del Gobierno, mas no a la capacidad de gestión. Por lo tanto, y según indica Factum, «el problema no está en el rumbo, está en gestionar».

http://www.espectador.com/politica/296967/el-70-de-uruguayos-cree-que-el-gobierno-esta-bien-orientado-pero-mal-gestionado#