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BPS puso a disposición web alternativa para registrar credencial


La página del organismo colapsó ayer luego de un mensaje que circuló por WhatsApp alertaba de forma errónea de un cobro de multas

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El Banco de Previsión Social (BPS) puso a disposición una nueva ruta vía web (haga click aquí para visitarla) que permite convalidar la credencial cívica para la confección del padrón electoral, de cara a las elecciones de marzo de 2016.

Ayer varios mensajes compartidos a través de WhatsApp advertían que, de no validar la credencial en la página web del BPS antes del 15 de setiembre, la persona se enfrentaba a una multa de $ 85.000. La alerta hizo que el 0800 y el sitio de la entidad colapsaran.

La información era parcialmente cierta. En diálogo con El Observador, el presidente del BPS, Heber Galli, explicó que es falso que se multará a quienes no validen su credencial. En esta etapa lo que está haciendo el BPS, explicó Galli, es la confección del padrón electoral, de cara a las elecciones de marzo de 2016.

Sí es cierto que el próximo 15 de setiembre vence el plazo para que trabajadores, jubilados, pensionistas y empresarios ratifiquen su credencial cívica, dijo. Lo pueden hacer a través de la web del BPS, donde deben ingresar su credencial. Si el BPS tiene registro de la misma y es correcta, la persona la confirma y allí se termina el proceso. De ser necesaria alguna modificación, también se puede realizar en esa plataforma. La otra forma de hacer la actualización es a través del 0800 3277.

En esta misma fecha -15 de setiembre- vence el plazo para que las empresas pluripersonales –como S.A. o S.R.L.- designen sus apoderados para que vayan a votar el día de la elección.

http://www.elobservador.com.uy/bps-puso-disposicion-web-alternativa-registrar-credencial-n676905

 
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Publicado por en 14 septiembre, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Asignaciones bajo la mira de Vázquez


EL PRESIDENTE ANALIZA EL PROYECTO DE DECRETO

Antes de asumir por segunda vez como ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dejó claro que no estaba de acuerdo con suspender las asignaciones familiares por no estudiar, tal como establece la ley como condición de derecho.

asignaciones

La ministra Arismendi es contraria a pedir contraprestaciones por las asignaciones familiares.

Fiel a su pensamiento, la secretaria de Estado le presentó al presidente Tabaré Vázquez un proyecto de decreto que establece medidas previas a la suspensión. “Queremos que recién cuando se agote lo educativo y social se suspendan, no antes”, reconoció la ministra ayer en rueda de prensa.

El presidente del BPS, Heber Galli, había dicho a El País que se analizarán los datos en los próximos días para hacer la suspensión anual que realiza el banco y que en lo que va del año se rechazaron 20 solicitudes para asignaciones familiares, justamente porque las personas no tenían los certificados de estudio. “Si no lo traen no se la damos, es así de claro”, afirmó Galli a El País.

Una de las medidas que Arismendi pretende que se cumplan antes de la suspensión es que el Mides vaya a buscar al chico a su domicilio para conocer por qué no va a un centro de estudios, cuál es su situación y cómo puede el Estado colaborar.

“Nosotros los estamos yendo a buscar. Hemos ido a decenas y decenas. La mayoría son chicos que terminaron sexto pero no aparecen en ningún listado de UTU ni de Secundaria, entonces vamos a buscarlos”, contó Arismendi y agregó que su gente se ha encontrado con “cosas muy terribles”. “Para eso tenemos que tener un traje a medida”, afirmó.

La ministra dijo que el Banco de Previsión Social hace lo que tiene que hacer que es cumplir con la ley pero insistió en que cada caso es distinto y que el Estado no puede mirar para el costado.

“Ellos comprueban con un listado si los chicos concurren a clase o no (…). Cada uno es diferente y tienen problemas diferentes y hay que atenderlos diferente”, insistió.

En 2014 se dieron de baja 51.000 asignaciones, número que fue descendiendo con el correr de los meses y al culminar el año quedó en la mitad. Según datos del BPS al pasado mes de febrero, el Estado otorgaba 495.000 asignaciones familiares en total: 111.000 a través de la ley 15.084 y 384.000 por la ley 18.227. El monto total que pagó el Estado por ellas fue 441 millones de pesos.

Según dijo el presidente del BPS el número de asignaciones se ha sostenido en el tiempo y se ha dado un traspasamiento entre las dos leyes.

http://www.elpais.com.uy/informacion/asignaciones-mira-vazquez.html

 
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Publicado por en 31 julio, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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El BPS vuelve a suspender las asignaciones por no estudiar


EN LO QUE VA DEL AÑO YA SE BAJARON 20; EN 2014 MÁS DE 20.000 PERDIERON EL BENEFICIO

A pesar de las dos visiones que hay en el gobierno de Tabaré Vázquez sobre las leyes sociales, el Banco de Previsión Social (BPS) analizará los datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan sus hijos a estudiar.

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BPS: “Se debe cumplir con todas las condiciones de derecho” para recibir asignación familiar.

En 2014 se dieron de baja 51.000 asignaciones, número que fue descendiendo con el correr de los meses y al culminar el año quedó en la mitad.

El presidente del BPS, Heber Galli, dijo a El País que se analizarán los datos y que en lo que va del año ya se rechazaron 20 solicitudes para asignaciones familiares, justamente porque las personas no tenían los cer-tificados de estudio. “Si no lo traen no se la damos, es así de claro”, sentenció.

Galli entiende que es un “error técnico” llamar contraprestación a la atención de salud y a la asistencia a un centro educativo y afirma que son “condición de derecho”.

“¿Cuáles son los requisitos para acceder a una asignación? Estar por debajo de un determina umbral de ingreso per cápita, cumplir con lo que da un algoritmo de situación socioeconómica y que los muchachos en edad de estudiar concurran a un centro formal y que los más chiquititos tengan atendida su salud. Esto es lo que yo miro cuando me solicitan una asignación. Es una condición de derecho”, explicó.

El tema estuvo en el ojo de la tormenta poco antes que el Frente Amplio iniciara su tercer gobierno, cuando la elegida por el presidente Tabaré Vázquez para ocupar el cargo de ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que no se puede exigir una contraprestación a cambio de las transferencias monetarias que brinda el Mides porque eso implica “culpabilizar” a los beneficiarios.

“La contraprestación lo que hace es culpabilizar, yo te doy esto pero entonces me tenés que cumplir en esto y en lo otro”, había dicho Arismendi a El País.

A partir de 2013 la ANEP, el BPS y el Sistema de Información Integrado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) implementaron un plan de cruzamiento de datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan a sus hijos a estudiar. Hasta ese entonces, por más que la condición de derecho estaba en la ley, no se tenía en cuenta.

“Si la familia tiene un golpe de fortuna y cambia su situación socioeconómica, si recibe por herencia una buena vivienda se tiene que suspender. Las personas deben de cumplir con todas las condiciones de derecho, no son contraprestaciones. Y el BPS lo tiene que controlar”, insistió Galli.

Cambia todo cambia.

El gobierno intentará eliminar las diferencias internas que hay sobre las leyes sociales y analiza unificar las transferencias. Para Galli habría que introducir un concepto de “salario familiar” focalizado en los sectores vulnerables o de bajos ingresos.

“Hay quienes preguntan, ¿si no están mandando los gurises a estudiar y les sacás la prestación, van a ir a estudiar si tienen menos recursos? No sé si van a ir, pero si el tema son los recursos deberíamos dar otra discusión. Tendríamos que analizar el tema desde un concep-to más amplio que la asignación que es el salario familiar”, opinó Galli.

El concepto “salario familiar” existió en Uruguay hace varios años, hoy lo más similar es la tarjeta Uruguay Social que otorga una transferencia monetaria a aquellos hogares “que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica”.

El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplica la prestación ubicándose entre unos $ 1.368 y $ 3.678.

A su vez se dan dos asignaciones, una por la ley 18.227 y otra por la ley 15.084 que tienen montos y condiciones de derecho diferentes (ver detalles en nota aparte).

“Yo creo que hay que unificar y focalizarnos en los sectores vulnerables y de bajos ingresos”, agregó Galli.

En el mes de julio la ministra de Desarrollo Social visitó la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, y reconoció que el gobierno trabaja en una especie de unificación de las asignaciones familiares y la tarjeta de Uruguay Social aunque evitó dar mayores detalles.

Según datos del BPS al pasado mes de febrero, el Estado otorgaba 495.000 asignaciones familiares en total: 111.000 a través de la ley 15.084 y 384.000 por la ley 18.227. El monto total que pagó el Estado por ellas fue 441 millones de pesos.

“El número de asignaciones se ha sostenido en el tiempo. También es verdad que se da el fenómeno de traspasamiento de una a la otra. La 18.227 no pone la condición de ser trabajador formal y en la otra sí. Además marcan limites de ingreso del hogar distintos”, explicó el presidente del banco.

lEY 18.227: más allá del trabajo

La asignación es para los niños y adolescentes que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del INAU. Los solicitantes deben presentar

ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes, situación sanitaria y la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza. La asignación familiar se da hasta los 14 años del beneficiario en todos los casos, hasta los 16 cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria, y hasta los 18 cuando curse estudios de nivel superior.

¿QUE DICE LA LEGISLACIÓN?

Ley 15.084 es solo para empleados

Es para todo empleado de la actividad privada que preste servicios remunerados a terceros y que tenga hijos o menores a su cargo. “El monto mensual a servir por beneficiario no será inferior al 8% (ocho por ciento) del salario mínimo nacional mensual en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo”, detalla. Establece que se otorga hasta los 16 años cuando se compruebe que el beneficiario no ha podido completar el ciclo de Educación Primaria, hasta los catorce años por un impedimento plenamente justificado así como también cuando sea hijo de empleado fallecido absolutamente incapacitado para el trabajo o que sufra privación de libertad.

Requisitos de la tarjeta

El programa Tarjeta Uruguay Social (TUS) otorga una transferencia monetaria a aquellos hogares “que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica”. Tiene como objetivo principal asistir a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad. El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A su vez, a aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplica la prestación ubicándose entre $ 1.368 y $ 3.678. La población objetivo son 60.000 hogares.

http://www.elpais.com.uy/informacion/bps-vuelve-suspender-asignaciones-no.html

 
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Publicado por en 27 julio, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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BPS y DGI preparan devolución de Fonasa


SEPTIEMBRE

El BPS y la DGI están preparando la devolución por excedente al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) durante el año 2014, que se comenzará a pagar en el mes de septiembre. Según dijo a El País el presidente del BPS, Heber Galli, la fecha de devolución la determina el Poder Ejecutivo, pero recordó que siempre se efectúa en septiembre.

fonasa

“La parte dificultosa fue la que ya se cumplió que es la presentación de la declaración jurada, esperábamos 44.000 y fueron 47.000”, comentó Galli.

El año pasado se le devolvió a unas 117.000 personas un total de casi $ 2.000 millones (US$ 85 millones). Fueron 78.000 personas las que recibieron entre $ 1.000 y $ 15.000, otras 32.000 personas más de $ 15.000 y unos 7.000 uruguayos recibieron más de $ 50.000. Según Galli aún no están las cifras ajustadas para este año.

Cada trabajador aporta el 4,5% de su salario al Fonasa si no tiene menores ni cónyuge a cargo y 6% si los tiene. Ese monto tiene que alcanzar para pagar el costo promedio que las mutualistas le cobran al Estado por el servicio y un 25% adicional que es considerado aporte “solidario”. Así es que el BPS devuelve al cotizante dinero cuando lo retenido para el Fonasa es todavía superior a todos esos descuentos.

En 2012 —el primer año en que se aplicó la devolución— el total del reintegro fue de unos $ 1.000 millones a 76.000 contribuyentes.

http://www.elpais.com.uy/informacion/bps-dgi-preparan-devolucion-fonasa.html

 
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Publicado por en 24 julio, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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