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Según Pereyra, maniobras en Diputados son más que las calculadas


“COMPRAS FANTASMAS”

El presidente de la Cámara de Representantes, el diputado del FA Aníbal Pereyra, explicó las maniobras por las que el director de Adquisiciones y Suministros de la cámara baja resultó procesado con prisión. Agregó que, aunque hubo debilidades en los procesos de control, ya se comenzó a trabajar para que “cosas así no vuelvan a pasar” y puso el acento en el nuevo mecanismo de ingreso y la capacitación de los nuevos funcionarios según las necesidades del cuerpo.

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El viernes la Justicia procesó con prisión al director de Adquisiciones y Suministros de la Cámara de Representantes.

El funcionario, que también presidía el sindicato de trabajadores de Diputados, realizaba compras fraudulentas por 600 mil pesos.

La resolución judicial llegó a partir de una investigación administrativa encargada por la propia Cámara en 2013.

Otras tres personas, cuya función era ser “compradores fantasmas”, también fueron procesadas.

Este lunes la Presidencia de Diputados resolvió la destitución de este funcionario y la aplicación de otras medidas para evitar que hechos como éste se repitan.

Entrevistado por En Perspectiva, el presidente de la Cámara de Representantes, Aníbal Pereyra, reconoció que los hechos se generaron por las debilidades que hubo en los procesos de control, pero aclaró que ya se han comenzado a tomar medidas para que “cosas así no vuelvan a pasar”.

“Se ha venido trabajando en fortalecer y protocolizar los procesos de cada Departamento y hay un elemento que es fundamental y es que este año creamos los sistemas de capacitaciones permanentes de funcionarios”, dijo.

El legislador explicó que a partir de las vacantes que se han generado este año “ingresaron por primera vez en la historia del Parlamento 40 funcionarios en el área administrativa y de la Intendencia, a través de una capacitación que tiene un promedio alto”.

“Ese nuevo mecanismo de ingreso y el hecho de que todos los años se hagan capacitaciones en función de las necesidades que se tienen harán que este tipo de situaciones no se vuelvan a dar”, agregó.

Interrogado sobre como eran las maniobras que el funcionario y sus cómplices desarrollaron, Pereyra explicó:

“Fueron dos maniobras, la más importante que determinó el procesamiento se relaciona con empresas proveedoras que se creaban con direcciones existentes o que no eran reales y que operaban por determinado tiempo y después desaparecían”.

La otra “tiene que ver con proveedores reales del Parlamento en donde se hacían las compras pero eran desviadas y los insumos nunca llegaban a la Cámara de Diputados”, relató Pereyra.

En referencia a los montos, Pereyra informó que, de momento, “no sabemos cuanto tiempo se generaron estas maniobras” pero “tengo la seguridad de que la operativa total es más de lo que se ha comprobado hasta ahora”, concluyó.

La transcripción de esta entrevista está disponible aquí.

http://www.espectador.com/politica/301369/segun-pereyra-maniobras-en-diputados-son-mas-que-las-calculadas

 
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Publicado por en 8 octubre, 2014 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Avanzarían planes de megaminería pese a decretos municipales


Reunión en Diputados

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La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados recibió este miércoles a autoridades municipales y al grupo de ciudadanos que se oponen a los decretos de la Junta Departamental de Tacuarembó, por los que se declara prohibida la explotación minera metalífera de gran porte y se declara reserva ambiental a toda la zona rural del referido departamento.

Cuando salga de la comisión para ser considerado por la Asamblea General, tendrá un informe en mayoría y otro en minoría, ya que las opiniones están divididas.

Si los mismos legisladores que votaron la Ley de Minería, votan contra los decretos municipales como el de Tacuarembó -pero que también han respaldados las juntas departamentales de San José y Lavalleja-, no se podrá impedir que las mineras se instalen con iniciativas locales.

Al día de hoy, hay dos recursos interpuestos por el  artículo 303 de la Constitución que dice que “los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, serán apelables ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el departamento”.

Los defensores del recurso que se presentaron este miércoles ante la Comisión son el Frente Amplio, el PIT-CNT, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), un edil del Partido Nacional, dos sociedades de fomento rural que representan a pequeños productores y ciudadanos particulares, promovidos por el diputado tacuaremboense, Edgardo Rodríguez del MPP.

El legislador dijo a El Espectador que no todo el mundo se opone a la minería.

“Hay productores que les viene recontra bien que Ancap esté trabajando ahí, porque es un buen dinero el que reciben por ese tipo de tareas en esos predios. Entonces no todo el mundo está en una situación contraria en ese sentido”, argumentó Rodríguez.

El diputado oficialista Jorge Orrico, integrante de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados dijo que no hay sustento legal para defender los decretos municipales.

Orrico opinó que se hace política con el discurso de las “autonomías municipales”.

“La producción minera y todo lo que a ella atañe está en manos del Estado, persona jurídica mayor que los departamentos (…) Yo creo que estos recursos se van a aprobar y en consecuencia va a quedar sin efecto lo dispuesto por la Junta Departamental de Tacuarembó“, dijo el representante nacional.

La Junta Departamental de San José emitió días atrás un decreto con el que suspende las autorizaciones para actividades mineras en el departamento.

El intendente maragato, José Luis Falero, expresó la semana pasada en En Perspectiva que esta decisión no representa una negativa rotunda a las inversiones metalíferas, sino la necesidad de “analizar el impacto negativo o positivo” de un emprendimiento de esa envergadura.

El jerarca de la comuna agregó que ya existen antecedentes de autorizaciones otorgadas por Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) “sin analizar en profundidad lo que se está produciendo”.

“Entendemos que el territorio del departamento de San José tiene un fuerte arraigo productivo tradicional que nos permite pensar que cualquier tipo de producción diferente que se quiera instalar en el departamento en forma específica, tenemos que analizarla y estudiarla. No es decir que no, simplemente tomamos medidas de suspensión para poder analizar el impacto (de la instalación de una industria de megaminería)”, argumentó Falero.

La Ley de Ordenamiento Territorial del año 2008, que aún no fue reglamentada, podría ser sustento legal para defender la posición de las Intendencias.

La norma establece que los gobiernos departamentales “tendrán la competencia para categorizar el suelo, así como para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre usos, fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección del suelo y policía territorial, en todo el territorio departamental, mediante la elaboración, aprobación e implementación de los instrumentos establecidos por esta ley, en el marco de la legislación aplicable”.

El también integrante de la Comisión de Constitución de Diputados, Pablo Iturralde, sostiene que los decretos municipales están ajustados al derecho.

Pese a lo que opina el diputado nacionalista Iturralde, muchos juristas no tienen dudas con respecto de que norma prevalece sobre otra.

El abogado constitucionalista José Korzeniak, opinó que la Ley Nacional está por sobre la municipales en todos los casos y recordó que el numeral 3 del Artículo 85 de la constitución establece que es competencia de la Asamblea General expedir casi todas las leyes salvo algunas excepciones.

http://www.espectador.com/

 
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Publicado por en 15 mayo, 2014 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Cámara de Senadores aprobó baja de tarifas de UTE y Antel


MEDIDAS ANTIINFLACIONARIAS

El Senado aprobó la ley que bajará las tarifas de UTE y Antel y reducirá el IVA en los precios de frutas y verduras como parte de una serie de medidas para combatir la inflación.

La Cámara de Senadores aprobó –29 votos en 29- el proyecto de ley de medidas antinflacionarias remitido por el Poder Ejecutivo y que ya había sido votado en la Cámara de Diputados. La iniciativa pasó al Ejecutivo para su promulgación.

Este proyecto es parte de la estrategia elaborada por el Poder Ejecutivo para combatir la inflación, que en febrero rozó el 10% anual.

El texto legal incluye la reducción impositiva de las tarifas de energía y telefonía fija, crédito fiscal a las mutualistas y la aplicación del 0% del IVA a las enajenaciones de frutas y verduras.

La rebaja de facturas comenzaría a regir a partir del 1° de abril.

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Publicado por en 26 marzo, 2014 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Michelini: “Ley no representa a cabalidad al mundo del trabajo”


RESPONSABILIDAD PENAL DEL EMPLEADOR

En diálogo con En Perspectiva el senador del Nuevo Espacio (Frente Líber Seregni –FLS-) Rafael Michelini, afirmó que, tal como viene de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Responsabilidad Penal del Empleador “no representa a cabalidad al mundo del trabajo”. Agregó que desde este sector “trabajaremos hasta el último segundo para tratar de perfeccionar la ley”.

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La Mesa Política del Frente Amplio analizará este viernes las diferencias internas que ha generado el proyecto de ley de Responsabilidad Penal del Empleador. El FLS confirmó que seguirá negociando para que se modifique el texto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. 

La idea de este bloque político de la izquierda es introducir el concepto de “omisión deliberada” para así eliminar la figura de “responsabilidad objetiva”, que pena al empresario cuando en su firma no se cumple con las medidas preventivas de accidentes, más allá de su intención.

En línea con este pensamiento, Rafael Michelini indicó que el FLS “entiende necesaria la existencia de una ley que cuide la vida de los trabajadores, pero creemos que puede perfeccionarse y hasta el último segundo vamos a tratar de mejorarla”.

Además expresó que “el FA es una fuerza política que representa al mundo del trabajo, pero no sólo a los trabajadores sino también a las cooperativas, a los micro empresarios etc.”. A ese mundo “está ley, así como está redactada, no lo representa a cabalidad” porque varios de estos sectores nos han marcado sus preocupaciones con el texto”.

El senador del Nuevo Espacio indicó que el objetivo que se persigue con esta postura es que “no paguen justos por pecadores”. “Necesitamos un instrumento sostenido en el tiempo y no sería bueno aprobar una ley que después de unos meses la Suprema Corte de Justicia (SCJ) establezca que no se ajusta al texto constitucional”, añadió.

Michelini explicó que “hay dos aspectos a atender. El primero es que la norma debe mantenerse en el tiempo, no podemos decir que aprobamos una ley para resguardar la vida por unos pocos meses”. Otro punto “es que de salida se apunta a la sanción penal, cuando en realidad se debería ir en una especie de degradé, pasando por la multa, la clausura y luego la prisión”.

“Perfeccionemos la ley, mejoremos el texto para que no haya dudas de que se va a usar con una interpretación restrictiva. Si a mi me dicen que la SCJ no va a declarar inconstitucional a esta ley y que los jueces la interpretarán de forma restrictiva, yo me la juego pero de cómo está planteado esto no”, sentenció.

La transcripción de esta entrevista está disponible aquí.

http://www.espectador.com/

 
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Publicado por en 14 marzo, 2014 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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