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Agilizan las sanciones leves a los estatales, pero no las destituciones


Las remociones pueden demorar hasta dos años

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El nuevo estatuto del funcionario público –que ayer aprobó la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio– prevé que se agilice la aplicación de sanciones para los trabajadores que cometan faltas leves, pero no introduce cambios respecto a los plazos de destitución, que pueden durar hasta dos años.

En octubre del año pasado el gobierno había planteado que el nuevo estatuto tendría una cláusula, a partir de la cual la resolución de destitución de un estatal a cargo de la Comisión Nacional de Servicio Civil, no duraría más de 30 días. Pero luego en las negociaciones mantenidas con el sindicato de COFE ese punto se dejó de lado.

Sobre la desvinculación del funcionario público, la nueva normativa aprobada por Diputados señala que se podrá destituir a un trabajador por ineptitud cuando las evaluaciones por desempeño que se le realicen sean insatisfactorias en dos períodos consecutivos, y se rechace la capacitación que se le ofrezca para poder ejercer en el cargo.

También incurrirán en ineptitud u omisión cuando acumulen 10 inasistencias injustificadas al cabo de un año o cuando a través de los mecanismos de control de asistencia en los lugares de trabajo, registren a otras personas o resulten beneficiados por el registro realizado por otro, siempre que lo hubieran solicitado.

El estatuto agrega que “los procedimientos se clausurarán si la administración no se pronuncia sobre el fondo del asunto en el plazo de dos años, contados a partir de la resolución que dispuso la instrucción del sumario”.

El régimen de sanciones también prevé una clasificación de faltas que se divide en “leves”, “graves” y “muy graves”. Cuando se compruebe una falta leve los jefes  podrán disponer observaciones y amonestaciones que se incluirán en el legajo del funcionario, o suspensiones hasta por 10 días, para lo que no resultará necesario que se instruya un sumario administrativo. Este punto es rechazado por COFE, porque se entiende que “no se ofrecen las garantías” necesarias previo a la sanción.

En tanto, cuando se cometa una falta grave la sanción podrá extenderse de 10 días a seis meses, y en este caso sí se deberá iniciar un sumario. La Cámara de Diputados aprobó el articulado solo  con votos del oficialismo –50 en 76. Ahora el texto pasará al Senado para su consideración.

En otro de sus puntos, establece que la jornada laboral de ocho horas solo estará vigente para quienes ingresen a la función pública una vez el estatuto se apruebe. Los que ya trabajan seis horas, seguirán haciéndolo en el mismo régimen.
El  nuevo estatuto se aplicará sobre 30 mil funcionarios del Poder Ejecutivo con excepción de los funcionarios diplomáticos, consulares, militares, policiales y de los magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal.  En un plazo de 24 meses serán incorporados de forma gradual los funcionarios del Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y servicios descentralizados ( Administración Nacional de Puertos, ANTEL, OSE, Correo, INAU, ASSE y la Agencia Nacional de Vivienda).

el observador.

 
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Publicado por en 15 mayo, 2013 en Comisión Prensa y Propaganda, Funcionarios publícos, Gobierno

 

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