RENUNCIA FISCAL ES DE UNOS $ 400.000.
Con esta medida se benefician 133 mil trabajadores a quienes no se les será tenido en cuenta el aguinaldo para calcular el IRPF.
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Con los votos del oficialismo, se aprobó la ley de bancarización.
La Cámara de Senadores aprobó esta tarde la ley con los votos del oficialismo, sin realizarle cambios al texto aprobado previamente por la Cámara de Representantes. La aprobación se hizo con los votos del oficialismo.
LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL AHORA!!!
ATENCIÓN
Miércoles 12 de marzo de 2014 PARO GENERAL NACIONAL del SUNCA con movilización al Parlamento donde se estará resolviendo la Ley de Responsabilidad Penal.
A rodear el Palacio Legislativo!!!
Montevideo: paro de 9 a 13hs.
San José y Canelones: de 8.30 a 13.30hs
Maldonado: desde las 7hs en adelante.
El resto de las departamentales del país definen hora y características.
Huidobro anunció ley para regular diques y astilleros
REIVINDICÓ EL PAGO CON ESPECIES, PORQUE “LAS OBRAS QUE TENÍAMOS QUE HACER LLEVABAN MUCHO PÓRTLAND”
El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, quien con su comparecencia inauguró ayer la larga cadena de convocatorias de ministros al Parlamento, confirmó que su cartera está elaborando un proyecto de ley por el cual se establecería un marco legal y regulatorio para los trabajos en los diques y astilleros navales, tema por el que fue citado por el senador del Partido Nacional Luis Alberto Lacalle.
El ministro y varios jerarcas navales acudieron al Parlamento a fin de aclarar una serie de reparos a las obras en los astilleros dados a conocer por el Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación, referidos a contratos de personal y de obras en el dique de la Armada para la construcción de barcos.
Las objeciones pasaban también por la modalidad de pago que se hizo de esas obras marinas, que en ocasiones se efectivizaban con materiales e insumos y en otros casos con dinero.
Huidobro reconoció que no existe un marco legal que dé garantías para los trabajos que se realizan en los astilleros, y anunció que se está elaborando un proyecto de ley que atienda esta situación. “La esencia de lo que se busca es justamente el problema del manejo de dinero, en especial cuando hay contratos con privados y entre empresas públicas”, sostuvo el ministro de Defensa, quien se manifestó, además, proclive a que no se maneje dinero en los diques.
“Nosotros queremos inventar una fórmula, un proyecto de ley que permita, para los casos que sean necesarios por los contratos con empresas públicas o privadas, que el manejo de dinero sea en otro lado. Que los astilleros o los diques se limiten exclusivamente a las obras que se les demanden”, subrayó Huidobro. El ministro reconoció que “no es fácil encontrar un mecanismo que permita hacer esto”, y contó que en tiempos pasados “ofrecimos al Ministerio de Economía y Finanzas soluciones más directas, como una auditoría permanente dentro del astillero que maneje, junto al personal de la Armada, el flujo financiero pero no era la solución a los problemas que tenemos”, reconoció.
Unas quince preguntas debieron responder el ministro y los jerarcas de la Armada y del Ministerio que lo acompañaron en la primera de las dos sesiones previstas para ayer en el Parlamento. El senador Lacalle consultó sobre cuántas son las embarcaciones que se han construido en los diques desde el año 2007; para quiénes se trabajó, cuánto fue el costo de las obras; sobre los contratos con Ancap, entre otras interrogantes. El legislador sostuvo que la industria naval es una actividad que se desea que prospere, pero que dentro de una normativa de la que hoy carece.
El capitán de navío Alejandro Leopold, uno de los jerarcas que concurrió acompañando al ministro al Parlamento, respondió que desde el año 2005 se han construido dos barcazas para UPM a un costo de US$ 1,8 millones; un buque balizador para la Armada; dos barcazas para transportar combustible para Ancap, y un remolcador para estas barcazas por un costo de US$ 14,8 millones, pagos que se hicieron mediante entrega de pórtland y bitumen y con dinero.
“A nosotros nos venía muy bien el pago con especies porque las obras que teníamos que hacer en el dique llevaban mucho pórtland”, dijo Huidobro, “y no en dólares de dudoso valor mundial”, afirmó, agregando que “la economía incluso está evolucionando al trueque por las dudas de los papeles moneda que se tiene en el mundo”. También relató que mediante un acuerdo con la empresa española-uruguaya Galictio-Tiferey, se están construyendo tres barcazas para Montes del Plata.
La contraprestación de esta empresa por el uso del astillero son mejoras en la infraestructura del dique, que viene realizando, “entre 600 y 700 mil dólares”, especificó Huidobro que es el valor de la contraprestación.
Intervenciones
Además de Lacalle, hicieron uso de la palabra los legisladores Mario García, Ope Pasquet y Víctor Semproni. A Huidobro le acompañaron lo acompañaron el director general de Secretaría, profesor Hernán Planchón, y los asesores del ministro, señor Carlos Visca, capitán de navío Gonzalo Leoni y capitán de navío Alejandro Leopold.
Gobierno recibió astilleros y diques en situación de crisis
El desarrollo de la industria naval
El ministro Huidobro defendió la modalidad de contratación de trabajadores eventuales en los astilleros navales. Dijo que “por años, el personal civil no recibió la estructura escalafonaria necesaria porque estos estaban abandonados. Ahora quedarán como eventuales o regularizados porque son una mano de obra muy valiosa por los conocimientos adquiridos”.
Destacó que “la puntería de apoyar este instrumento de contratación no miró solo las necesidades de la Armada Nacional, porque además en esa puntería estuvimos mucho antes de ser ministros de Defensa y fue compartido por personas privadas y públicas que no eran ministros ni diputados. La puntería era no perder este baluarte para apoyar el desarrollo de la industria privada naval para que fuera un punto de apoyo. La industria naval no ha gozado de revoluciones tecnológicas que generan desocupación estructural porque no se han inventado robots todavía para construir un barco.
Cualquier astillero es un hormiguero de trabajo humano, de obreros altamente calificados. Eso necesita además ingenieros especializados. Hoy tenemos, no muchos, pero estábamos en riesgo de no tener ninguno”, aseguró Fernández Huidobro.
DE NO CREER!!!
Aprobaron ley ajena de megaminería
Michelini sostuvo que hubieran querido lograr en este tema un mayor consenso tal como se generó en la instancia de la Comisión Multipartidaria:
“El capítulo de cierre de la mina compatibilizando con el medio ambiente, el del fondo soberano intergeneracional de inversión y el capítulo del canon creemos que generan un proyecto mucho más positivo y compatible con lo que queríamos vinculado al tema. Nos hubiera gustado generar consensos más amplios como pasó en la Comisión Multipartidaria”.
Por su parte, el senador frenteamplista Ernesto Agazzi señaló que es un error que nos vayamos a convertir en un país minero ya que no tenemos las características para serlo, sino que se trata de incluir un nuevo componente en base a los recursos naturales que poseemos:
“Es un error hablar de que seremos un país minero, es una exageración. Se trata de incluir un nuevo componente a una matriz productiva. O sea, va a ser un factor de diversificación productiva”.
En tanto, el senador colorado Pedro Bordaberry indicó que su partido fue a acordar en la Comisión Multipartidaria en el entendido de que se iba a respetar el ordenamiento territorial y las directrices locales:
“Nosotros no fuimos al acuerdo solo para enriquecernos, fuimos a pactar en el entendido de que se iba a cumplir y respetar el ordenamiento territorial y las directrices locales. Se ha dicho que no se estaba de acuerdo en respetar esto porque no se quería 19 legislaciones diferentes, la ley es muy clara y exige un plan local y regional. Nosotros no queremos otra cosa que se cumpla el acuerdo. Si esto pasa nosotros votamos la ley”.
Por otra parte, el senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber señaló que la garantía de que haya una evaluación ambiental estratégica es lo que reclaman:
“Hay un artículo que establece la evaluación ambiental estratégica que es lo que estamos reclamando hace mucho tiempo. En las conversaciones en la multipartidaria nosotros sistemáticamente, nuestros técnicos y legisladores, reclamaban la instrumentación del artículo 47 y la garantía de que había una evaluación ambiental estratégica, que es lo que no hay. Se nos puede decir que se demoró el Gobierno, se está elaborando. Pero la pregunta es: ¿por qué no se hace referencia a esto en el artículo primero?”.
En tanto, el senador Jorge Larrañaga sostuvo que “este proyecto no tiene licencia social ni política”. Indicó que se afectan derechos y normas, “derechos de los superficiarios, normas sobre igualdad de oferentes, el propio artículo de la Constitución que protege al medio ambiente, entre otras violaciones…”.
“No estamos de acuerdo con este proyecto porque no viene de la mano de garantías ambientales suficientes. No apoya un modelo de desarrollo sustentable ni amigable con el desarrollo social y humano. En Comisión y en el recinto se escucharon y escucharán objeciones de todo tipo y color, y muchas de ellas refieren a la matriz productiva que el país debe tener; el gobierno del Frente Amplio compromete cuestiones de largo plazo sin las bases sociales y políticas suficientes en diversos temas. En este también”..
Ley de minería de gran porte sin consenso político ni social
Les gritaron traidores
Aratirí logró su objetivo
http://elmuertoquehabla.blogspot.com/
“ni los colorados se atrevieron a insinuarlo”
“Cambiar la ley de negociación colectiva es un mandado para las patronales”
El sindicalista Richard Read se opone al proyecto enviado por Mujica al Parlamento y dijo que “ni los colorados se atrevieron a insinuarlo”
Es el dirigente del PIT-CNT más afín al astorismo, al punto que integra la mesa chica del Frente Líber Seregni. Sin embargo, Richard Read enfrentó al equipo económico a fin del año pasado. De todas formas, defiende el predominio del ministro Fernando Lorenzo en los temas económicos. El polémico dirigente sindical, que es partidario de introducir modificaciones en el sistema tributario y gravar los bienes suntuarios, en entrevista con El Observador sostuvo que los cambios propuestos por el gobierno en la ley de Negociación Colectiva “son un mandado” para favorecer a las cámaras empresariales. Lo que sigue es un resumen de la entrevista.
¿Qué opinión tiene acerca de las diferencias que a menudo resurgen entre el presidente José Mujica y Danilo Astori?
Es normal, con hombres políticos de alta responsabilidad y con muchísimos años de militancia arriba. Creo que en dos hombres que además en las internas disputaron la candidatura a presidente por el FA es obvio que había dos visiones de país.
¿Qué opina sobre la posición de Mujica respecto a que la iniciativa económica no sea exclusividad del Ministerio de Economía?
Las decisiones económicas del país son del presidente, que es quien resuelve la política económica y el ministerio la ejecuta. La gestión la tiene el MEF con el mandato del presidente.
¿Cómo ve la injerencia que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)?
Es una equivocación. No es OPP, son dirigentes políticos que están en la OPP. Que tengan una visión distinta de la economía es probable. Ahora, sí debemos coincidir en los puntos macro. Ahí no podemos tener dos lecturas, podemos tener matices. La gente de OPP puede pensar distinto, ahora no les corresponde meterse. Es como que el Ministerio de Defensa tenga un equipo de gente que todos los días opine sobre el Sistema Nacional de Salud.
¿Le cree al gobierno cuando se dice que los salarios son responsables de la inflación como pasó en el último conflicto de la bebida?
No le creo porque hombres connotados del gobierno han dicho que el salario no produce inflación. Lo dijo Astori muchas veces y (Fernando) Lorenzo también. Si el salario produce inflación significa que una desaceleración o una rebaja produce una retracción. En la década de 1990 no hubo aumento salarial, hubo rebaja y la inflación era mucho más que ahora. ¿Entonces de qué estamos hablando?
¿Y por qué se salió a decir eso?
Creo que fueron burros, que se equivocaron y que se asustaron. Se apretaron con los índices inflacionarios y salieron a pegarle al que estaba en la puerta, que era yo. Otros dirán que además de burros había mala intención.
Usted integra el FLS y sin embargo desafió la pauta oficial de inflación con sus reivindicaciones. ¿Eso le trajo problemas?
Al contrario. Partimos de la premisa de que quienes dirigen la economía creen que hacen lo mejor para todos, como yo creo que hago lo mejor para la gente que me votó. Opiné desde el plano sindical y ellos desde el político. Si volvemos a tener la misma situación vamos a tener el mismo problema.
¿Cómo ve la idea de revisar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE)?
Hay que gravar a los que más tienen, a los artículos suntuarios, a las multinacionales. O invierten parte de sus ganancias o hay que gravarlas porque toda la utilidad de rentas se raja del país. Hay que hacer énfasis en el campo. Había gente que tenía 1.000 hectáreas en el año 2000. Entonces tenía un patrimonio de US$ 350 mil.000. Ese campo hoy vale US$ 7 millones. Con lo que le metieron arriba, tiene una rentabilidad que con los precios de los commodities la hectárea pasó a tener un valor de acuerdo a lo que está produciendo. Después hay que hablar de la renta que deja ese campo y que no es igual si planto soja o maíz. Ahí hay que meter el diente. Están viniendo para acá porque en la región les están cobrando el impuesto real.
¿Eso no cambia las reglas de juego como suele repetir Astori?
Las reglas de juego son parte del sistema tributario y la sociedad. No es estático ni infinito y tienen que variar de acuerdo a las condiciones. Es lógico. ¿Cuando un dirigente del Ministerio de Economía sale a decir que hay que desindexar el salario cuando hay un convenio firmado con indexación eso no cambia las reglas de juego? Es peor porque se cambian reglas que están firmadas. Las balas para los dos lados. Hay que apretar al capital.
¿Por qué hay que gravar los bienes suntuarios?
Porque son prescindibles. Se carga con IVA a productos de consumo masivo y de primera necesidad y es el mismo porcentaje que se paga por un auto cero kilómetro, un televisor de 70 pulgadas, una joya o un yate. No tiene sentido. Si bajamos el IVA dos puntos, de 22% a 20 %, se beneficia toda la sociedad, pero un tipo va pagar dos puntos menos por un yate que cuesta US$ 5 millones. El efecto de lo que él ahorra es quizá el consumo mío de fideos durante 35 años. Eso es suntuosidad. Hay que pagarla.
El Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento que modifica puntos de la ley de Negociación Colectiva, entre ellos la ultractividad de los convenios ¿A qué atribuye que se tome este camino?
En la lógica política mía no lo ubico. En la lógica de ellos, es un mandado para las patronales que están todas contentísimas: quieren quedar bien con la OIT o ideológicamente están convencidos de que lo que están haciendo está bien.
Nadie los obliga a hacerlo, así que algo de que creen que está bien debe haber. Un ministro (por el de Trabajo, Eduardo Brenta) si no está convencido y cree que no está bien hacer tal cosa, por más presión que tenga no la hace y si lo siguen presionando se va para que venga otro a hacer ese trabajo. El ministro cree que eso está bien. Impulsar esta modificación es pegarle a los sectores más débiles del movimiento sindical y favorecer a las empresas.
Ni los colorados se atrevieron entre el 85 y el 90 a insinuar algo de esto.
ERA HORA!!!
EJECUTIVO REVERÍA QUE SOLO SEA PARA MAYORES DE 45
AFAP: gobierno ve viable que haya desafiliación en 2013
Pese a que las consultas a los actores sociales se detuvieron hace cuatro meses, el Poder Ejecutivo analiza flexibilizar su posición sobre cómo habilitar la desafiliación de las AFAP para asegurarse enviar este año un proyecto de ley al Parlamento.
Marcela Dobal
El diálogo con representantes de los partidos políticos, los trabajadores, los pasivos, los empresarios y el Banco de Previsión Social (BPS) se detuvo a mediados de diciembre, cuando la propuesta del Ejecutivo de habilitar la desafiliación desde los 45 años de edad no alcanzó acuerdo.
El objetivo era remitir un proyecto de ley al Parlamento en 2012, pero no se logró en la última reunión de diciembre de la Comisión Ejecutiva del Diálogo de Seguridad Social.
Esto aumentó el temor en las organizaciones de trabajadores y pasivos de que la opción de desafiliación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) no se concrete en un proyecto de ley que sea aprobado antes del 30 de septiembre y que por tanto su discusión parlamentaria quede para el próximo período de gobierno.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo a El País que «se están haciendo esfuerzos» para lograrlo. «Estamos haciendo algunos intercambios bilaterales (con el Ministerio de Economía) para hacer un planteo final, pero en principio no vemos imposible alcanzar un acuerdo en términos generales que luego se plasmará en un proyecto de ley», dijo.
Brenta dijo que «es posible flexibilizar (las) posiciones» del Ejecutivo sobre cómo permitir la desafiliación «tomando en consideración el tiempo que le permita al trabajador evaluar cuál va a ser su futuro del punto de vista laboral».
En el Diálogo se acordó permitir la opción de desafiliación a quienes ingresaron a una AFAP de forma voluntaria pese a no superar el mínimo de ingresos laborales que hace la afiliación obligatoria ($ 31.618 nominales). Se estima que son cerca de 690.000 trabajadores.
Una de las objeciones del Pit-Cnt y de la Organización de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) en el Diálogo fue que hay casos de trabajadores que fueron afiliados de forma obligatoria por haber superado el tope de ingresos solo por un tiempo de su vida activa. «Estamos dispuestos a considerar que además de los afiliados voluntarios estén comprendidos esos otros colectivos», dijo Brenta a El País.
«Estamos viendo algunos de estos elementos con Economía y cuando tengamos una opinión final lo discutiremos en el Consejo de Ministros, para luego hacer un planteo en el Diálogo y recoger las últimas opiniones de partidos políticos y actores sociales. Nuestra idea es cerrar esta negociación en los plazos más breves posibles», añadió el ministro.
Al 31 de marzo, las AFAP contaban con 1.162.177 afiliados y administraban un fondo de ahorros de $ 211.014 millones (unos US$ 11.138 millones). A fin de 2012, solo 63% realizaba aportes, según datos del Banco Central.
En tanto, la Onajpu se movilizará el 18 de abril en una marcha desde su sede hacia el BPS con varios reclamos, uno de ellos la desafiliación de las AFAP. «Vamos a promover la apertura del Diálogo, porque si no cuando haya 200.000 jubilados por AFAP le va a ser muy duro al gobierno. Si no discutimos, el próximo gobierno, del color que sea, se va a entrampar. Si el Ministerio de Economía no tiene respuesta para dar no sé cómo habrá diálogo. Eso nos tiene un poco atrasados», dijo a El País el secretario de Onajpu, Waldemar González.
elpais.
LOS OTROS CAMBIOS
Se eleva a 16 años edad para casarse
La ley que fue finalmente sancionada ayer por el Parlamento no contiene solo la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan casarse entre sí aunque, claro, es el hecho que más ha calado en toda la sociedad por lo removedor de la iniciativa. Tampoco se limita a conceder a parejas de homosexuales que contraigan nupcias, la elección en común acuerdo o en su defecto mediante un sorteo ante la Justicia, el orden que tendrán los apellidos del hijo adoptado.
No son estos los únicos casos más significativos contenidos en la ahora ley.
La ley sancionada ayer trae entre sus artículos una larga cadena de cambios en el Código Civil y que establecen regulaciones legales vinculadas al matrimonio no conocidas hasta ahora. Por eso, sería conveniente antes de dar el sí e incluso, mucho antes de saludar en el atrio, conocer a fondo los entretelones del nuevo régimen conyugal que imperará en todo el país.
Por ejemplo, a partir de ahora se eleva a 16 años la edad para contraer matrimonio y la iguala a los dos sexos. Hasta ahora la edad permitida para casarse era de 14 años para el varón y de los 12 para la mujer.
Establece también frenos y condiciones para el régimen de las pensiones alimenticias para los casos de divorcios. También modifica el plazo que existía para volver a contraer matrimonio una vez fijado el divorcio.
Pensiones alimenticias
Hasta ayer la ley en el Código Civil dictaba que el marido quedaba siempre en la obligación de contribuir a la “decente sustentación de la mujer” con una pensión alimenticia que se determinará teniendo en cuenta las facultades del obligado y las necesidades de la mujer, de manera que “esta conserve en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio”. Se aclaraba que la pensión alimenticia se cortaba si la mujer “lleva una vida desarreglada” no especificándose a qué se refería con “desarreglada”.
Hoy, con la nueva norma aprobada, la pensión alimenticia cesa si la persona beneficiaria de la pensión pasa a vivir con una nueva pareja. Y hay más; la pensión alimenticia podrá ser reclamada y en consecuencia concedida, siempre y cuando el matrimonio haya durado por un año o más y, atención con esto: se extenderá por idéntico período de tiempo en que hayan estado casados. Si el matrimonio duró un año y medio, ese será el tiempo en que se prolongará la pensión alimenticia una vez dictado el divorcio. Si el período de tiempo en que estuvieron casados es menor a 12 meses, no hay margen para el reclamo de una pensión alimenticia.
Divorcio
La ley sancionada también modifica el período en que se puede dar por terminada la relación conyugal. A partir de ahora solo se podrá reclamar el divorcio del matrimonio por sola voluntad de uno de los dos consortes, una vez pasados dos años de casados.
diariolarepublica.
A.FU.SEC. 