El gobierno le bajó el pulgar al sindicalista Joselo López, el mismo día en que este se presentó a declarar ante la Justicia por el violento operativo que se llevó a cabo el 24 de julio en uno de los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Piden su destitución.
En medio del cruce de acusaciones, entre la dirección del Sirpa que va contra la violencia de los trabajadores que participaron del operativo, y los funcionarios que advierten sobre una «operación política» por parte de la directora Gabriela Fulco en contra de López, el gobierno salió con los tapones de punta contra el sindicalista.
«No debe haber matones trabajando para el Estado», dijo la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, en referencia a López. Lo hizo un día después que la oposición votó en el Parlamento una interpelación a su colega de la cartera de Desarrollo Social, Marina Arismendi. El INAU depende de esta última secretaría de Estado. Muñoz y Arismendi pertenecen al grupo de ministros más cercanos al presidente Tabaré Vázquez. Y no son los únicos que salieron contra el sindicalista, también lo hizo días atrás el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
«Pasó los límites», «rompió los códigos», insistió Muñoz en una columna en el semanario Voces. También aseguró que José DElía, el histórico presidente del Pit-Cnt, «no toleraría en sus filas a este tipo de gente» y que por eso cree que «este hombre», en referencia a López, «que miraba» lo que sucedía y que «justificó como dentro de las pautas» a «los que usan y abusan de la fuerza bruta», no es capaz de llevar a cabo «la tarea que realiza y menos de ser sindicalista».
Muñoz insistió en que un país que «quiere profundizar la democracia no tiene espacio entre sus filas de constructores de una cultura de paz para dirigentes de este tipo».
«Me di cuenta que ninguna organización social y menos la representante de trabajadores honestos, puede apañar esta violación (…) Los que sólo saben hacerse respetar por el uso de la fuerza deben reeducarse, pero no prestar funciones en el Estado», insistió. Luego, en declaraciones a Subrayado, consultada sobre si López debe ser destituido, afirmó: «¡Por supuesto!».
En una conferencia de prensa llevada cabo en la sede central de COFE, gremio del que López sigue siendo secretario general —el martes se lo obligó a tomar licencia como vicepresidente del Pit-Cnt hasta que se lleve a cabo una investigación sobre los incidentes en el INAU—, este precisó que no vio al que pateó en el piso a los dos menores, y que el resto del procedimiento estaba dentro de lo previsible en un operativo como este.
Protocolo.
La carta que juegan los abogados del sindicato, que representan a 32 de los 36 funcionarios que participaron del operativo —todos menos al que golpea a los dos menores y a otros tres que decidieron poner un abogado por su cuenta—, es que no hay un protocolo específico para impedir un intento de motín.
«Lo que está establecido es que hay que reducir al menor: llevarlo al piso, esposarlo, ponerle grilletes y llevar la situación a la normalidad. Pero faltan elementos de calidad y cantidad. El protocolo mantiene rasgos que son demasiado genéricos», dijo en rueda de prensa uno de los abogados del sindicato del INAU, Juan Raúl Williman, luego de que declararan algunos funcionarios, entre ellos López,
El protocolo, por ejemplo, según Williman, no advierte cuántas personas deben entrar a un pabellón cuando se presenta una situación de estas características. El video del operativo que se llevó a cabo en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), muestra a 36 personas para reducir a tres jóvenes.
«Que hayan entrado al lugar tantos funcionarios es algo raro», reconoció Williman, pero también advirtió que se trató de un hecho excepcional por varias circunstancias. Primero, porque estaba presente una unidad de seguridad y traslado, ya que 26 jóvenes iban a ser llevados a otros centros. Segundo, porque se juntaron el turno de la tarde y de la noche, ya que a las 16 horas había habido un intento de fuga y los primeros se habían quedado a hacer las actas. Y tercero, porque tres sindicalistas, entre ellos López, iban a tener una reunión con la dirección del centro.
La versión del abogado, que es la de los sindicalistas, difiere a la dada en un principio por la directora del Sirpa, Fulco, quien advirtió que la gran cantidad de trabajadores que había en el lugar se debía a una asamblea.
Sobre las particularidades del protocolo, Fulco se limitó a decir días atrás a El País que este se resume en que «no puede haber un uso indebido de la fuerza».
Declaraciones.
La declaración de López fue similar a la de los otros indagados. Primero le mostraron el video y se reconoció donde estaba. Williman dijo que este aparece en la cinta recién en el cuarto minuto. Luego cuestionaron qué hacía en ese momento en el Ceprili y también le preguntaron sobre su historial dentro de la institución Sirpa.
El miércoles declararon 12 funcionarios. Ayer estaba previsto que lo haga la misma cantidad, pero un paro judicial lo impidió; declararon siete. Los otros cinco quedan para el lunes. Mañana declaran 12 más.
También restan declarar cuatro de 13 menores que fueron citados, ya que cuando comparecieron al juzgado el pasado martes generaron disturbios que impidieron culminar el procedimiento.
«Definiría esta investigación como profunda. Se están tomando los tiempos necesarios para determinar lo más eficientemente posible si existieron conductas ilícitas, en caso de que esto sea así cuáles son y quiénes las cometieron», resumió a El País el otro abogado del sindicato, Juan Fagúndez.
Varias ONG, Amnistía Internacional, la Universidad de la República y parlamentarios, condenaron la violencia de los funcionarios del INAU.
Tres menores se escaparon el martes, y según denunció el sindicato, aunque fue negado por las autoridades el miércoles hubo un motín en el Hogar Ser.
Fugado se entregó con su padre y el Sirpa aún busca responsables.
De los tres menores que se escaparon el martes del Centro de Privación de Libertad (Ceprili), uno fue entregado por su padre, según precisó ayer a El País la presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco.
La fuga fue en el mismo pabellón donde se realizó el polémico operativo que puso en la mira al sindicato del INAU y en especial al vicepresidente del Pit-Cnt —hoy obligado a tomar licencia—, Joselo López.
Fulco ya había dicho el martes también a El País que la fuga de los tres menores evidenciaba que hubo «irregularidades» por parte de los funcionarios», los cuales «habilitaron la situación que se dio».
El INAU inició el mismo día de la fuga una investigación interna que, según fuentes que participan de esta, constataron la falta de un candado en una de las puertas de salida del pabellón.
En un momento, el sindicato del INAU hizo correr la versión de que algunos funcionarios habían resultado heridos en estas fugas, sin embargo esto fue desmentido por la presidenta del Sirpa.
Fulco, por otra parte, sostuvo que la información de las investigaciones que se están haciendo son remitidas a los jueces de las causas de los tres menores que se fugaron, de los cuales aún se desconoce el paradero de dos de ellos.
http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-le-baja-pulgar-joselo.html
A.FU.SEC. 