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Asignaciones bajo la mira de Vázquez


EL PRESIDENTE ANALIZA EL PROYECTO DE DECRETO

Antes de asumir por segunda vez como ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dejó claro que no estaba de acuerdo con suspender las asignaciones familiares por no estudiar, tal como establece la ley como condición de derecho.

asignaciones

La ministra Arismendi es contraria a pedir contraprestaciones por las asignaciones familiares.

Fiel a su pensamiento, la secretaria de Estado le presentó al presidente Tabaré Vázquez un proyecto de decreto que establece medidas previas a la suspensión. “Queremos que recién cuando se agote lo educativo y social se suspendan, no antes”, reconoció la ministra ayer en rueda de prensa.

El presidente del BPS, Heber Galli, había dicho a El País que se analizarán los datos en los próximos días para hacer la suspensión anual que realiza el banco y que en lo que va del año se rechazaron 20 solicitudes para asignaciones familiares, justamente porque las personas no tenían los certificados de estudio. “Si no lo traen no se la damos, es así de claro”, afirmó Galli a El País.

Una de las medidas que Arismendi pretende que se cumplan antes de la suspensión es que el Mides vaya a buscar al chico a su domicilio para conocer por qué no va a un centro de estudios, cuál es su situación y cómo puede el Estado colaborar.

“Nosotros los estamos yendo a buscar. Hemos ido a decenas y decenas. La mayoría son chicos que terminaron sexto pero no aparecen en ningún listado de UTU ni de Secundaria, entonces vamos a buscarlos”, contó Arismendi y agregó que su gente se ha encontrado con “cosas muy terribles”. “Para eso tenemos que tener un traje a medida”, afirmó.

La ministra dijo que el Banco de Previsión Social hace lo que tiene que hacer que es cumplir con la ley pero insistió en que cada caso es distinto y que el Estado no puede mirar para el costado.

“Ellos comprueban con un listado si los chicos concurren a clase o no (…). Cada uno es diferente y tienen problemas diferentes y hay que atenderlos diferente”, insistió.

En 2014 se dieron de baja 51.000 asignaciones, número que fue descendiendo con el correr de los meses y al culminar el año quedó en la mitad. Según datos del BPS al pasado mes de febrero, el Estado otorgaba 495.000 asignaciones familiares en total: 111.000 a través de la ley 15.084 y 384.000 por la ley 18.227. El monto total que pagó el Estado por ellas fue 441 millones de pesos.

Según dijo el presidente del BPS el número de asignaciones se ha sostenido en el tiempo y se ha dado un traspasamiento entre las dos leyes.

http://www.elpais.com.uy/informacion/asignaciones-mira-vazquez.html

 
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Publicado por en 31 julio, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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El BPS vuelve a suspender las asignaciones por no estudiar


EN LO QUE VA DEL AÑO YA SE BAJARON 20; EN 2014 MÁS DE 20.000 PERDIERON EL BENEFICIO

A pesar de las dos visiones que hay en el gobierno de Tabaré Vázquez sobre las leyes sociales, el Banco de Previsión Social (BPS) analizará los datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan sus hijos a estudiar.

bps

BPS: “Se debe cumplir con todas las condiciones de derecho” para recibir asignación familiar.

En 2014 se dieron de baja 51.000 asignaciones, número que fue descendiendo con el correr de los meses y al culminar el año quedó en la mitad.

El presidente del BPS, Heber Galli, dijo a El País que se analizarán los datos y que en lo que va del año ya se rechazaron 20 solicitudes para asignaciones familiares, justamente porque las personas no tenían los cer-tificados de estudio. “Si no lo traen no se la damos, es así de claro”, sentenció.

Galli entiende que es un “error técnico” llamar contraprestación a la atención de salud y a la asistencia a un centro educativo y afirma que son “condición de derecho”.

“¿Cuáles son los requisitos para acceder a una asignación? Estar por debajo de un determina umbral de ingreso per cápita, cumplir con lo que da un algoritmo de situación socioeconómica y que los muchachos en edad de estudiar concurran a un centro formal y que los más chiquititos tengan atendida su salud. Esto es lo que yo miro cuando me solicitan una asignación. Es una condición de derecho”, explicó.

El tema estuvo en el ojo de la tormenta poco antes que el Frente Amplio iniciara su tercer gobierno, cuando la elegida por el presidente Tabaré Vázquez para ocupar el cargo de ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que no se puede exigir una contraprestación a cambio de las transferencias monetarias que brinda el Mides porque eso implica “culpabilizar” a los beneficiarios.

“La contraprestación lo que hace es culpabilizar, yo te doy esto pero entonces me tenés que cumplir en esto y en lo otro”, había dicho Arismendi a El País.

A partir de 2013 la ANEP, el BPS y el Sistema de Información Integrado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) implementaron un plan de cruzamiento de datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan a sus hijos a estudiar. Hasta ese entonces, por más que la condición de derecho estaba en la ley, no se tenía en cuenta.

“Si la familia tiene un golpe de fortuna y cambia su situación socioeconómica, si recibe por herencia una buena vivienda se tiene que suspender. Las personas deben de cumplir con todas las condiciones de derecho, no son contraprestaciones. Y el BPS lo tiene que controlar”, insistió Galli.

Cambia todo cambia.

El gobierno intentará eliminar las diferencias internas que hay sobre las leyes sociales y analiza unificar las transferencias. Para Galli habría que introducir un concepto de “salario familiar” focalizado en los sectores vulnerables o de bajos ingresos.

“Hay quienes preguntan, ¿si no están mandando los gurises a estudiar y les sacás la prestación, van a ir a estudiar si tienen menos recursos? No sé si van a ir, pero si el tema son los recursos deberíamos dar otra discusión. Tendríamos que analizar el tema desde un concep-to más amplio que la asignación que es el salario familiar”, opinó Galli.

El concepto “salario familiar” existió en Uruguay hace varios años, hoy lo más similar es la tarjeta Uruguay Social que otorga una transferencia monetaria a aquellos hogares “que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica”.

El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplica la prestación ubicándose entre unos $ 1.368 y $ 3.678.

A su vez se dan dos asignaciones, una por la ley 18.227 y otra por la ley 15.084 que tienen montos y condiciones de derecho diferentes (ver detalles en nota aparte).

“Yo creo que hay que unificar y focalizarnos en los sectores vulnerables y de bajos ingresos”, agregó Galli.

En el mes de julio la ministra de Desarrollo Social visitó la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, y reconoció que el gobierno trabaja en una especie de unificación de las asignaciones familiares y la tarjeta de Uruguay Social aunque evitó dar mayores detalles.

Según datos del BPS al pasado mes de febrero, el Estado otorgaba 495.000 asignaciones familiares en total: 111.000 a través de la ley 15.084 y 384.000 por la ley 18.227. El monto total que pagó el Estado por ellas fue 441 millones de pesos.

“El número de asignaciones se ha sostenido en el tiempo. También es verdad que se da el fenómeno de traspasamiento de una a la otra. La 18.227 no pone la condición de ser trabajador formal y en la otra sí. Además marcan limites de ingreso del hogar distintos”, explicó el presidente del banco.

lEY 18.227: más allá del trabajo

La asignación es para los niños y adolescentes que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del INAU. Los solicitantes deben presentar

ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes, situación sanitaria y la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza. La asignación familiar se da hasta los 14 años del beneficiario en todos los casos, hasta los 16 cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria, y hasta los 18 cuando curse estudios de nivel superior.

¿QUE DICE LA LEGISLACIÓN?

Ley 15.084 es solo para empleados

Es para todo empleado de la actividad privada que preste servicios remunerados a terceros y que tenga hijos o menores a su cargo. “El monto mensual a servir por beneficiario no será inferior al 8% (ocho por ciento) del salario mínimo nacional mensual en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo”, detalla. Establece que se otorga hasta los 16 años cuando se compruebe que el beneficiario no ha podido completar el ciclo de Educación Primaria, hasta los catorce años por un impedimento plenamente justificado así como también cuando sea hijo de empleado fallecido absolutamente incapacitado para el trabajo o que sufra privación de libertad.

Requisitos de la tarjeta

El programa Tarjeta Uruguay Social (TUS) otorga una transferencia monetaria a aquellos hogares “que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica”. Tiene como objetivo principal asistir a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad. El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A su vez, a aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplica la prestación ubicándose entre $ 1.368 y $ 3.678. La población objetivo son 60.000 hogares.

http://www.elpais.com.uy/informacion/bps-vuelve-suspender-asignaciones-no.html

 
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Publicado por en 27 julio, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Arismendi apuntó contra ley de faltas: “sirve para bañarse”


DIJO QUE REALIDAD DE LOS REFUGIOS EXPULSA A QUIENES VAN

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, apuntó contra la Ley de Faltas en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado.

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Ministra fue convocada por senadora Verónica Alonso. Foto: Gerardo Pérez.

“¿La sociedad uruguaya quiere que (las personas en situación de calle) se inserten en una vida cotidiana más o menos digna y que accedan a derechos, o lo que quiere es no verlos? A veces tengo la sensación de que lo que la sociedad quiere es no verlos; quiere que no estén en la esquina ni duerman en el umbral de su casa. Quiere que accedan a un refugio en otro barrio, pero no en la cuadra de su casa. En definitiva, todo esto tiene que ver con el hecho de si aceptamos o no que el estado mental de algunas personas las lleva a estar en esas condiciones. Digo esto porque quiero abrir una discusión sobre la ley de faltas”, precisó la ministra.

Y dio cuenta de una “broma de humor negro” que suele hacerse en el Mides y “que tiene que ver con un chico joven que terminó su ciclo y salió del INAU. Estuvo preso una cantidad de veces y, cuando se descompensa, la Policía ya no viene porque dice: Si es Fulanito, ya lo conocemos. Cuando uno se cruza con él —a mí me ha sucedido— y le dice: Fulanito, ¿por qué no vas a bañarte al refugio?, él contesta: No, yo me baño en ley de faltas”.

La ministra señaló que “es tremendo lo que contesta” el joven. “Hoy está internado en el Hospital Vilardebó, con contención y medicación. El día que se escape volverá a estar en esa misma situación y se irá a bañar a la ley de faltas. La ley de faltas sirve para ir a bañarse”, añadió.

Según la ministra, que fue citada a raíz de un informe oficial que advierte sobre una gran cantidad de niños que padecen hambre, no está de acuerdo con la ley de faltas. Días atrás, Arismendi había señalado que es necesario “estudiar el impacto que ha tenido la ley y su uso, porque no es tan simple” de implementar. Esta establece que quien “ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado dos veces de que desista de su actitud, por parte de la autoridad municipal o policial, persiste en la misma”.

La Policía, según asegura el Ministerio del Interior, suele patrullar en la noche las zonas céntricas a bordo de dos furgones controlando que se cumpla la ley. Desde aprobada esta, en septiembre de 2013, realizaron unas 6.500 intervenciones. Pero luego que son detenidos, son llevados a una comisaría, a un juzgado o, casi siempre, a un refugio del Mides, del cual suelen irse a la mañana siguiente. No hay manera de retenerlos.

Arismendi advirtió que la realidad de los refugios es muchas veces la que expulsa a las personas, que prefieren dormir en la calle a estar allí. Dijo que en estos están “todos amontonados y con niños peleando entre sí. Para una mujer que vivió desde niña en la violencia, que fue violada y tiene hijos de su padre, que se encuentra en situación de calle y está en un refugio, el proceso de autonomía y reinserción es muy complejo. Nosotros pensamos que para que algunas personas tengan realmente acceso a Derecho, el Estado debería acompañarlas hasta el último día de su vida. También encontramos los casos de niñas y niños que, si se hace lo que se debe hacer, quizás puedan tener una perspectiva diferente”.

El informe por el que Arismendi fue convocada a la comisión señala que el 4,3% de los niños de entre 0 y 3 años de Montevideo vive en hogares que son víctima de inseguridad alimenticia severa, lo cual equivale a 7.926 menores con hambre.

http://www.elpais.com.uy/informacion/arismendi-apunto-contra-ley-faltas.html

 
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Publicado por en 28 mayo, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Arismendi rechaza planes sociales con contrapartidas


FUTURA MINISTRA DEL MIDES CONTRA LA QUITA DE LA ASIGNACIÓN COMO CASTIGO

Desde una pequeña y sencilla oficina ubicada en la sede del Frente Amplio, la futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, trabaja en los planes de su cartera para el próximo gobierno donde continuará con la política de transferencias monetarias a los sectores más necesitados sin exigir contraprestaciones a cambio.

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Arismendi destacó la baja de la pobreza y la indigencia. Foto: Gerardo Pérez

Arismendi dijo a El País que tal como lo establece el programa del Frente Amplio, en el próximo período se continuará con las transferencias monetarias que se realizan por medio del pago de las asignaciones del plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social. Para el final del quinquenio, la meta del Frente Amplio es generar un único sistema de transferencias.

La futura ministra defendió la entrega de la tarjeta Uruguay Social por brindarle “libertad” a sus beneficiarios. “Es una herramienta muy linda, porque da autonomía. No es que al ministro o la ministra se le ocurre que la bolsa de comida que la persona reciba por mes tenga harina, fideo y azúcar. La tarjeta permite comprar con libertad dentro de ciertos márgenes, porque, por ejemplo, no se permite el alcohol”, comentó.

Para Arismendi, no se puede exigir una contraprestación a cambio de las transferencias monetarias que brinda el Mides porque eso implicaría “culpabilizar” a los beneficiarios. En ese sentido advirtió que si se abre ese debate hay que preguntar: “¿Por qué la gente está en la situación que está? ¿Tiene la culpa? La contraprestación lo que hace es culpabilizar, yo te doy esto pero entonces me tenés que cumplir en esto y en lo otro”, opinó.

“¿A los que tienen más, los que nacieron en una cuna de oro qué contraprestación les estoy pidiendo (…) ¿Los niños que nacieron en situación de exclusión en el 2001, en el 2002, o en el 2003 tienen la culpa? Yo le tengo que decir yo te doy, pero tu cumplime con esto y con lo otro. No, no es ese el criterio y yo lo discuto en cualquier lado, estoy muy convencida. Si no lo otro, es que yo soy buena y estoy por encima y como tú sos pobre salvo mi alma una vez por año y te llevo ropita usada y me siento fantástica porque soy una persona buena. Y tú me tenés que dar las gracias y todo. No, no es así”, insistió la futura ministra.

En la misma línea, señaló “si las personas tienen derechos, el Estado tiene la obligación de brindar las contraprestaciones” y en ese camino “todavía queda mucho por hacer”.

A su vez, se mostró contraria a la suspensión de las asignaciones familiares por inasistencias a clase, medida que fue aplicada en el 2013 cuando el Banco de Previsión Social (BPS) canceló el ingreso a 31.753 beneficiarios. “Si yo además de que no va, todavía les saco la comida y la plata, les digo embrómese para el resto de sus vidas”, sentenció.

Incluso, Arismendi admitió que se molestó cuando se tomó la medida de suspender las asignaciones. “Me enojé mucho en su oportunidad, pero esto no continuó. Si el Estado no puede ir a buscar a 7.000 niñitos que se le escaparon de la escuela, bueno… cerremos”, dijo.

Para la futura ministra, hay otros mecanismos que posibilitan el seguimiento del niño para que no abandone la educación formal. “Hay equipos en el territorio, hay que articular más. Si yo estoy en una escuela, mi obligación como maestra es ir a buscar a ese niño que falta”, aseguró Arismendi.

Los planes.

Sobre Arismendi pesa la responsabilidad de conducir el sistema nacional de cuidados, buque insignia del gobierno del presidente electo Tabaré Vázquez. “El sistema de cuidados está en una política superior y podemos aspirar a ello porque hicimos un plan de emergencia y un plan de equidad. Sin ellos no podríamos”, aseguró Arismendi.

Aunque prefirió no dar números respecto a la cantidad de presupuesto que se destinará al programa, la futura ministra de Desarrollo Social indicó que ya tiene asegurados los recursos para la puesta en marcha del programa que ampliará la atención de la primera infancia (por medio de la creación de más centros CAIF o similar) y el acompañamiento de las personas con discapacidad y adultas mayores sin capacidad para valerse por sí mismas. Además, el sistema incluye el funcionamiento de una red de atención de asistentes personales para personas que necesitan apoyo en la toma de medicación.

Otra de las metas es la aplicación de la “intersectorialidad” entre programas sociales, lo que implica una mayor coordinación entre los ministerios, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el BPS. “Vamos a trabajar todos juntos entrelazados y eso potencia recursos, potencia acción y resultados”, subrayó.

Como ejemplo, Arismendi dijo que no se trata de que una familia sea vista primero por un programa y luego por otro, sino que debe existir una visión integral de los problemas de todo el núcleo familiar. En este marco, el programa de atención a la primera infancia “Uruguay crece contigo” pasará a la órbita del Ministerio de Desarrollo.

“Las ONG no viven del trabajo del Mides”

La futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo a El País que durante su administración seguirá trabajando con las ONG y contratando servicios que brindan para la aplicación de los diferentes programas en el territorio.

“Esta forma de trabajo es absolutamente natural, lo hemos hecho y en el tema particular de Uruguay Trabaja se hace por ley, una ley votada por todos los partidos políticos. En esta ley se plantea una forma de trabajo protegido para asegurar la inclusión social de la población más vulnerada en sus derechos”.

Consultada por El País sobre si la contratación de ONG no generan una industria o negocio; Arismendi no solo descartó esa posibilidad; sino que aseguró que “algunas estarían muy felices si le sacáramos el peso de arriba de atender determinados programas”.

“Trabajar para el Mides no es la única cosa que hacen las ONG. Es un apoyo solidario que se da. Las ONG no viven del Mides, en absoluto”, concluyó Arismendi.

“Yo detesto que a los jóvenes les digan ni-ni”

Pese a que reconoce que en todo el mundo se usa la expresión “ni-ni” para referirse a los jóvenes que no estudian ni trabajan, a la futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, no le parece adecuado el término. “Sé que son muchas las razones por las que se los caracteriza así. Pero yo detesto que les digan ni-ni, creo que es totalmente estigmatizante. Yo sé que es una cosa que en el mundo se utiliza, porque no inventamos nada los uruguayos, todo esto existe en el mundo cuando le ponen este mote”, admitió Arismendi. En ese marco, la futura ministra indicó que por fuera de los sectores más pobres de la población y en aquellas familias de capas medias o capas medias altas “hay muchas razones por las cuales un adolescente no hace nada”.

“Muchas son las causas, desde problemas de frustraciones a problemas psicológicos, adicciones a fracasos que no supieron resolver. También puede haber temas de educación que no pudieron manejar. A veces, a aquellos que tienen todo en la vida después se le hace difícil pelearla cuando se enfrentan a una frustración. Están también los que atraviesan una situación en la que no tienen mucha salida o como dicen los informes del Instituto de Evaluación Educativa, donde hay muchachas o muchachos que dicen que se aburren en el liceo”, indicó Arismendi.

Aunque entiende que si se compara a los jóvenes uruguayos que no estudian ni trabajan con el resto del mundo “numéricamente son muy pocos” pero “hay que atenderlos y ayudarlos”.

Para resolver este problema, la futura ministra indicó que el Programa “Jóvenes en Red” deberá actuar en coordinación con otros planes del Mides.

http://www.elpais.com.uy/informacion/arismendi-rechaza-planes-sociales-contrapartidas.html

 

 
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Publicado por en 21 enero, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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