La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) resolvió ayer, tras una asamblea de seis horas, rechazar la propuesta salarial presentada el viernes por el gobierno y realizar un paro nacional de 72 horas, entre hoy y el jueves (el martes es feriado).
La moción de iniciar una huelga nacional el miércoles 26 de agosto, razón por la cual se citó a la asamblea, no fue aprobada. No obstante, el sindicato volverá a reunirse el próximo jueves 27 para analizar el desarrollo del conflicto y evaluar nuevas medidas, entre ellas, la huelga.
Mario Bango, dirigente de Fenapes, dijo a El Observador que la asamblea también resolvió solicitar al gobierno que adelante la próxima reunión fijada para el lunes 31 de agosto para seguir negociando. Los profesores entienden que de realizarse ese día, fecha en que el Presupuesto ingresa al Parlamento, los tiempos de negociación son mínimos.
La propuesta que el gobierno presentó el viernes establece la firma de un acuerdo salarial por dos años (2016 – 2017) con el objetivo de llegar a 2020 con un salario de «ingreso mínimo» equivalente a $ 25 mil. Es una iniciativa que mejora la original, dado que la presentado el martes –en el primera reunión tripartita– establecía que ese monto sería «el techo» del salario mínimo docente.
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A su vez, el Poder Ejecutivo se comprometió a incluir en el mensaje presupuestal un monto de aproximadamente $ 300 millones para atender durante 2016 y 2017 algunas de las inequidades salariales que afectan a los docentes. El MEF también se comprometió a incrementar de $ 800 millones a $ 2 mil millones los rubros destinados al pago de presentismo.
En contraposición, los sindicatos docentes exigen para 2020 un salario mínimo de $ 30 mil y un acuerdo de cinco años. Por esta razón, ayer en la asamblea, los profesores resolvieron exigir al gobierno que el salario de ingreso mínimo llegue a $ 25 mil en 2017.
Metas como contrapartida
Más allá de esto, hay tres puntos de la propuesta del gobierno que los profesores no solo rechazan, sino que además no están dispuestos a negociar, manifestó Bango. Ellos son el artículo 9, 10 y 11, en los cuales no hay ninguna referencia directa a montos salariales. A lo que sí hacen referencia es al cumplimiento de metas por parte de los docentes, como contrapartida a los incrementos salariales y a la imposibilidad de realizar acciones que contradigan el acuerdo mientras este esté en vigencia.
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Según la copia de la propuesta del Ejecutivo a la que tuvo acceso El Observador, el artículo 9 establece que «las partidas salariales a asignar (…) se otorgarán conforme se cumpla con los cronogramas establecidos en los calendarios dispuestos en los respectivos planes y programas de estudio de la ANEP». En tanto, el artículo 10 señala la formulación de acuerdos entre las partes firmantes «para continuar con la mejora de la gestión». A su vez, agrega: «Las partes se comprometen a presentar 180 días antes del vencimiento del presente convenio un informe conteniendo las propuestas alcanzadas, incluyendo indicadores y metas, las que serán contempladas en los futuros acuerdos».
Por su parte, el artículo 11 establece el compromiso de las partes «a no realizar acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo». Especifica que quedan excluidos de este acuerdo «la adhesión a medidas sindicales convocadas con carácter general por el PIT-CNT o en forma simultánea por todas las ramas del sector».
El pago por productividad o cumplimiento de metas es un asunto al cual los sindicatos docentes se han opuesto históricamente. Sin embargo, en junio el presidente Tabaré Vázquez ya había dejado entrever que el presupuesto destinado a la educación iría atado al cumplimiento de metas. «El gobierno le ha dado a la educación todos las herramientas para que los resultados sean mejores», dijo en aquel entonces el mandatario durante un consejo de ministros abierto desarrollado en Dolores (Soriano).
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«Los trabajadores de la educación tienen derechos y hacen muy bien en reclamar que se lleven adelante el respeto de sus derechos, pero también tienen obligaciones. Y la principal obligación que tienen es enseñar, educar, y obtener un muy buen fruto de ese trabajo. Y el gobierno tiene la obligación de exigir los mejores resultados en ese tema y en esa línea vamos a estar trabajando», sostuvo.
Durante la campaña electoral, Vázquez prometió llevar a cabo reformas para «cambiar el ADN de la educación». En los últimos meses, en los sindicatos creció la sospecha de que el presupuesto podría incluir una reforma educativa.
Más paros
La propuesta del Poder Ejecutivo tampoco cayó bien entre los maestros y docentes de UTU. El mismo viernes la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) de Montevideo resolvió iniciar desde el sábado pasado una huelga en la capital. En tanto, los maestros de Montevideo resolvieron rechazar la propuesta del gobierno y paralizar las actividades toda la semana. Los maestros de Canelones y Río Negro resolvieron parar miércoles y jueves. A su vez, continúa la huelga en los liceos de Montevideo.
Quiebre en los sindicatos
La negociación colectiva no solo contrapone al gobierno y los sindicatos, sino que además provoca rupturas en los sindicatos docentes. Tanto el martes, luego de la primera reunión tripartita, como el viernes, tras el segundo encuentro, los dirigentes sindicales salieron de la reunión resaltando los acercamientos con el Ejecutivo y hablando de “cambios sustantivos” en el planteo del gobierno. Sin embargo, cuando la propuesta llega a las bases sindicales, estas la rechazan y resuelven nuevos paros y movilizaciones.
A.FU.SEC. 