MEC interviene para evitar textos tendenciosos en libros de estudio

INICIATIVA

Advierten que no hay criterios establecidos sobre materiales educativos

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de la dirección nacional de Educación trabaja en la elaboración de una política nacional en torno a programas y materiales educativos, adelantó a El Observador el director nacional de Educación, Juan Pedro Mir.

La política formará parte del plan nacional de educación en Derechos Humanos que la cartera lanzará este quinquenio, y tiene como objetivo establecer pautas de elaboración y difusión de materiales educativos y libros de texto en consonancia con la política educativa a nivel nacional en lo que tiene que ver con la inclusión social, género, lucha contra la xenofobia y racismo.

Mir indicó que con esto no se pretende violar la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ya que esta continuará teniendo libertad para comprar por licitación los libros que estime pertinentes o para recomendar a sus docentes los textos a trabajar.

No obstante, advirtió: «Yo como director nacional de Educación no me voy a callar la boca respecto a esto. Todos los países serios toman los materiales educativos como una política de Estado para evitar que a los gurises se les lave la cabeza». En cambio en Uruguay «no se ha construido una política nacional sobre materiales educativos y no hay criterio alguno».

El jerarca aclaró que la voluntad no es censurar, dado que «en Uruguay la enseñanza es tan libre y tan abierta que no hay libro prohibido», pero sí establecer qué miradas, enfoques y contenidos debería tener un material educativo para cierta edad en cada materia. La idea es que estos criterios queden a disposición de editoriales, instituciones, entes y docentes para que lo tomen en cuenta a la hora de elaborar, elegir o recomendar un libro.

Lo que no dicen los libros

El jueves pasado el semanario Búsqueda informó sobre los contenidos de un libro de historia de la editorial Santillana para alumnos de sexto de liceo. El texto se refiere al neoliberalismo como «una escuela de pensamiento económico» para la cual «no son prioridades» la justicia, la igualdad y la libertad. Según el semanario, el texto señala también que este modelo fue aplicado por los gobiernos colorados y blancos post dictadura, cuya condición de «democráticos» es dudosa.

Mir prefirió no referirse al texto, pero aseguró que a su entender «el principal problema de los materiales educativos es de lo que no se habla», como son los distintos papeles de género, la cuestión racial y la inclusión de la lengua portuguesa en los materiales educativos, dado que en la frontera es la lengua materna de muchos niños, que hoy no tienen libros de texto en su idioma. Aseguró que los mismos criterios deberán tenerse en cuenta a la hora de hablar de la historia reciente.

«En los libros de Primaria la referencia a la esclavitud es mínima. Y los aportes de la cultura afro a la nuestra también», subrayó. Por el contrario, afirmó que se debe trabajar para visualizar a las personas afrodescendientes en tareas diversas y de poder adquisitivo medio alto.

Al respecto, señaló que en los últimos meses estuvo trabajando en torno a esto con la comunidad afro y la judía y en ambas existe preocupación sobre como se abordan ciertos temas en los materiales educativos.

El director destacó que «los materiales son suficientemente importantes para tener una política con miras a un proyecto educativo».

Actualmente, el mercado de libros en Uruguay es básicamente privado. «El Estado es malo en la distribución de libros, pero esto no debe quedar librado al mercado», sostuvo Mir. Agregó que con esta política el estado tendrá también más variedad para seleccionar textos.

http://www.elobservador.com.uy/mec-interviene-evitar-textos-tendenciosos-libros-estudio-n667813

 

Registrales tendrán descuentos mínimos por paros realizados

CONFLICTO JUDICIAL

En el oficialismo consideran que deben bajar los sueldos de la SCJ

A los funcionarios de la Dirección General de Registros se les descontará el 10% de cada día en los que hicieron paro, más un porcentaje menor por no cumplir con las metas de compromiso que se trazan las unidades estatales.

Pablo Álvarez, director general de secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) –del que dependen los 481 funcionarios registrales–, explicó a El Observador que el descuento se realizó en base al decreto 401/2008. Sin embargo, fuentes oficiales dijeron a El Observador que en los primeros días de medidas no se aplicaron descuentos por los paros sino únicamente por el incumplimiento de las metas.

Los paros de los registrales se originaron en medio del conflicto entre varios sindicatos del Poder Judicial y del MEC con el Poder Ejecutivo por diferencias salariales. Ante esto los funcionarios de la Dirección General de Registros aplicaron una serie de medidas distorsivas, afectando así el normal trámite de distintas transacciones. La Asociación de Escribanos del Uruguay estimó en diciembre que había más de 7.000 trámites postergados por las medidas sindicales.

Álvarez comentó que la modalidad de las medidas aplicadas por los funcionarios registrales impedía hacer el descuento por la totalidad del día de paro. Por eso se aplicaron descuentos parciales luego de determinarse el porcentaje de “incidencia” de la medida en la actividad de lo que sería un día normal. En los hechos, dijo el jerarca, los trabajadores se presentaban en sus puestos y cumplían ciertas tareas pero no la totalidad de su trabajo. El descuento diario del 10% por día de paro correspondió a la parte del trabajo que no cumplieron.

El decreto aplicado es del gobierno de Tabaré Vázquez y establece que “se procederá a descontar del salario de los funcionarios de la Administración Central en forma proporcional, el término en el que los mismos adopten medidas gremiales que supongan la disminución de sus tareas dentro de su horario habitual”.

El ministro de Trabajo, José Bayardi, comentó a El Observador que en su opinión corresponde el descuento total por los días no trabajados porque hubo paros perlados o distorsivos que afectaron la actividad.

En la práctica, el paro de los registrales –además de lo vinculado a los casamientos y gestión de partidas– trancó miles de negocios de compraventa de autos y casas, entre otros bienes que requieren de intervención notarial. En medio del conflicto, la Cámara Inmobiliaria del Uruguay estimó en tres meses la demora de algunos trámites.
El decreto 401/2008 fue aplicada en setiembre de 2012 por parte del Directorio de ANCAP a los funcionarios que no descargaron el gas, durante 12 días, de un barco atracado en el muelle de La Teja.

Los funcionarios reclamaban por medidas de seguridad. La aplicación del decreto, cuestionado también por el PIT-CNT, derivó entonces en un paro de 24 horas que afectó el suministro de combustibles a la población.

Actualmente, según Álvarez, no hay trámites atrasados a nivel de los registrales. La Asociación de Escribanos del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria del Uruguay confirmaron a El Observador que las actividades en el registro son “prácticamente normales”.

Descuento a jueces
respecto del conflicto judicial, el senador Ernesto Agazzi (Frente Amplio) cree que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ya ganan más que los ministros del Poder Ejecutivo, y que por eso “deberían tener una disminución” en su salario, ya que las normas establecen que no pueden ser ni mayor ni menor al de los ministros de gobierno. Además, en su opinión, deberían pagar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), algo que actualmente cubre el Estado por separado. Reconoció que esto “requiere un trámite específico” y reivindicó que las dotaciones de vivienda y por perfeccionamiento académico son partidas “de naturaleza salarial”. El Poder Judicial considera que no es así, sino que son partidas diferentes. l

http://www.elobservador.com.uy/noticia/295301/registrales-tendran-descuentos-minimos-por-paros-realizados/

 

Uruguay cuenta con un 1,6% de analfabetos

En 2013, solo 1,2 % de las personas de la franja etaria de 15 a 49 años declaró no saber leer ni escribir, en tanto que en el grupo de 65 años o más ese indicador trepa a 3,5 %.

Así lo informa el documento “Logro y Nivel Educativo alcanzado por la población” presentado este miércoles por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). También se destaca la buena participación de los jóvenes de la franja social más desfavorecida en el sistema educativo.

De esta manera, Uruguay se posiciona entre los países con menos analfabetismo de América del Sur, que en conjunto de su población llega a 7,6 %, y del mundo, que es 17,9 %.

En lo que respecta a la cobertura, es decir al grado de acceso que la población tiene al sistema educativo, el informe demuestra que casi la totalidad de los niños de entre cinco, 12 y 13 años con 98,6%, 97,8 %, y 95,75 %, respectivamente.

Los menores de entre tres, cuatro y cinco años de edad provenientes de los hogares más pobres aumentaros su participación en el sistema educativo de 12,4 %, 16,9 % y 4,7 %, respectivamente, entre 2006 y 2013.

Para los jóvenes de entre 14 y 17 años, el aumento de su participación fue de un 2,9 %, 8,4% y 6,2%.

Respecto de la disminución de la brecha a nivel educacional, Ehrlich indicó el aumento que se produjo en la formación terciaria en donde se llego a 9.300 egresos y donde más de 50 % de los estudiantes provienen de hogares que no han tenido acceso a la educación terciaria.

En torno a la culminación de los ciclos educativos a nivel primario, entre jóvenes de 14 y 15 años, este viene creciendo desde 2008 y en 2013 se mantuvo en 97,1 %. Para los jóvenes que tienen 17 o 18 años y entre 21 o 22 también se registro un aumento en la culminación de la educación media básica y superior, respectivamente.

A partir de estos logros, el informe plantea como desafío seguir trabajando la disminución del analfabetismo en el área rural, donde 2,7 % de esta población carece de la capacidad para leer y escribir, incrementar la cobertura educativa en mayores de 15 años y disminuir la proporción de los jóvenes de entre 15 y 20 años que no estudian ni trabajan.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
Fuente Presidencia
VA

 

 

Cine Plaza: IM y MEC descartan expropiación y buscarán arreglo

La Intendencia de Montevideo (IM) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) analizarán este lunes los pasos a dar en cuanto al destino final del ex Cine Teatro Plaza, adquirido por la iglesia Dios es Amor. En la reunión también estará presente el sociólogo Gustavo Leal, quien encabeza una campaña para expropiar el local.

La campaña del sociólogo Gustavo Leal en apoyo a la expropiación del local recogió – en poco más de 24 horas – cerca de 3.000 firmas, entre las cuales está la del ex intendente Mariano Arana (ver recuadro aparte). El lunes, se producirá una instancia clave para el destino del emblemático local del centro de Montevideo que albergó al ex Cine Teatro Plaza.

Las autoridades de la IM y del MEC fijaron una reunión para analizar las posibilidades legales de evitar la pérdida del ex cine para uso público y en particular como difusión cultural y artística. También fue invitado el sociólogo Leal como representante del ciudadano de a pie en reclamo de una regulación para “evitar que cines y teatros se conviertan en templos, supermercados o depósitos”. Ambas administraciones tienen voluntad de avanzar en este sentido, “pero aún no está claro si hay alguna opción sin violentar los derechos de nadie”.

La adquisición de ese local por parte de un grupo religioso –la Iglesia Pentecostal Dios es Amor- causó preocupación y alarma tanto a la Intendencia de Montevideo como al propio Ministerio de Educación y Cultura. La comuna maneja información de que no se trató de una venta sino de “un alquiler con opción a compra”. Empero, la inquietud radica en “la pérdida definitiva para la cultura de un escenario artístico tan emblemático; nuestro interés es que siga funcionando como un espacio de difusión de la cultura y del arte”, afirmó a LA REPÚBLICA el director Héctor Guido, director de Cultura de la comuna. “También nos preocupa el hecho de que una ciudad no se puede construir a impulso de la oferta y la demanda; el capital no todo lo debe diagramar y diseñar”, agregó.

No obstante, Guido aclaró que ninguna opción puede violentar el interés de los privados. Para el jerarca, la expropiación “no es una posibilidad” en estas circunstancias. En ese sentido, Guido aclaró que la primera instancia es evaluar, junto con el propietario y comprador, “la posibilidad de llegar a un acuerdo sin violentar ninguna norma”. “Trataremos de agotar las posibilidades para encontrar una solución pero no vamos a violentar ninguna norma. La expropiación no es una posibilidad, la Intendencia no puede expropiar un inmueble de ese valor, lo que sí podemos es poner toda nuestra voluntad política de crear un espacio de diálogo para buscar una solución y que todas las partes se sientan atendidas. No queremos generar un conflicto y no tenemos ningún interés en violentar una negociación de privados”, agregó.

Campaña y Catálogo de uso

Por su parte, el sociólogo Gustavo Leal encabeza una campaña pública para expropiar el local y evitar que pase a manos de una iglesia Pentecostal. Los firmantes piden una regulación clara para evitar que estas situaciones se repitan.

Leal dijo a LA REPÚBLICA que la ciudad de Montevideo “necesita audacia cultural y política para hacer que ciertas cosas sucedan”.

“Hoy necesitamos defender el derecho a la ciudad. Nos negamos a ser espectadores inmóviles y dejar pasar, que la ciudad pierda el Cine Teatro Plaza”, afirmó el profesional quien en forma espontánea lanzó una campaña a título personal una vez que se enteró por la prensa de la venta del local.

“Ese espacio, ubicado en el kilómetro cero de Montevideo, es necesario preservarlo en su uso para el presente y para el futuro. Es un ámbito insustituible de la ciudad y su venta una amputación al desarrollo cultural hacia el futuro”, afirmó. Si bien dijo que no se trata este del primer caso, “ha llegado el momento de parar la dinámica por la cual el dinero ordena y diseña la ciudad, derriba sus espacios de convivencia y pauta un desarrollo urbano bajo la lógica del que paga”. “La ciudad es de todos y por eso creemos que hay intereses públicos que están por encima del capital”, argumentó.

Precisó que “esto no implica negar las inversiones y las transformaciones, pero desde hace tiempo estamos llegando tarde a poner freno a transformaciones que privatizan espacios públicos. Y esto hay que cambiarlo”. Leal sostuvo que Montevideo “necesita en forma urgente un Catálogo de uso de los edificios emblemáticos de la ciudad, que implica un acuerdo colectivo sobre los destinos que pueden tener algunos lugares de la ciudad que marcan y perfilan nuestra identidad. De lo contrario, tendremos una ciudad sin memoria”. “El catálogo de uso no implica que todos los edificios identificados sean estatales, pero sí que el uso que tengan deba ser regulado para que evitemos que cines y teatros se conviertan en templos, supermercados o depósitos”, agregó Leal, quien también es asesor del Ministerio del Interior.

Arana firmó

El ex intendente de Montevideo Mariano Arana adhirió a la campaña de firmas impulsada por el sociólogo Gustavo Leal para que el gobierno y la Intendencia de Montevideo procedan a “expropiar” por interés público las instalaciones del Cine Teatro Plaza, adquirido por la iglesia Dios es Amor.

En diálogo con LA REPÚBLICA, Arana calificó de ejemplar la iniciativa de Leal, y estimó viable el recurso “al tratarse de razones de interés público y social”. Consideró que el planteo “está muy bien explicitado, y es sensato”. Estimó que dicho lugar bien puede constituirse en un centro de convenciones, y se preguntó, ¿qué va a suceder con tantos buenos espectáculos que en invierno no se pueden llevar adelante en el Estadio, en el Velódromo o el Teatro de Verano?”, señalando que las instalaciones del Cine Teatro Plaza para muchos de ellos era un lugar ideal. Lamentó que en los últimos años muchos cines del país se transformaron en estacionamientos, depósitos, y centros religiosos.

Respecto a la viabilidad del recurso interpuesto de expropiación, el ex jefe comunal se preguntó: “¿Y por qué no? Declararlo de interés público es una muy buena idea”. En ese sentido, Arana manifestó que hay que valorar tanto “lo que representan los edificios pero también los servicios” que se disfrutaban tanto para los habitantes de la capital, como del interior del país que concurrían a ver los espectáculos y hasta del exterior en algunas ocasiones. El ex intendente de Montevideo sostuvo que, si bien es necesario conocer jurídicamente los aspectos de la eventual expropiación, es válido y legítimo el planteo por tratarse “del interés público y social”. Abogó por tomar “conciencia pública” en estos asuntos.