Asociación de Funcionarios de Secretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas afiliada a COFE, PIT-CNT y la CLATE e integrante de la Coordinadora de Sindicatos del MTOP.
Por este medio, se comunica a todos los funcionarios de este Ministerio, que el día domingo 14 de diciembre, se le incendió totalmente la casa al compañero ALVARO VIERA, perteneciente al Departamento Contencioso y Sumarios de Secretaría.
Su vivienda era una cabaña de madera, la que quedó destruida y no se pudo rescatar nada, perdiendo todos sus muebles, ropa, etc., por lo que se solicita a quien quiera colaborar con alguna donación de cualquier tipo (muebles, ropa, enseres, etc.), lo haga en el Área Servicios Jurídicos y Departamento Contencioso y Sumarios (oficina 711 y 701 – 7o. piso- Rincón 561) de 10 a 16 horas, la que será muy bienvenida.
Ademas les comunicamos por este medio a todos los compañeros del MTOP, el No. de Cuenta Caja de Ahorros del BROU No. 151-55055-3. para ayudar.
Agradeciéndoles desde ya la colaboración brindada.
En diálogo con LARED21 la Directora Nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry, señaló que la ley de promoción de la inversión privada para la vivienda social siempre previó topes en el precio del metro cuadrado y el objetivo fue que no se desvirtúe el beneficio que deben aprovechar los sectores medios y medios bajos.
Escrito por: Ana María Mizrahi
La ley de promoción de vivienda social ya lleva algo más de dos años. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde el Ministerio?
El balance es positivo, el proyecto de ley se aprobó con los votos de todos los partidos políticos y luego obtuvo la receptividad de los inversores privados. A dos años ya son 8.000 las viviendas con la promoción social declarada. Más del 50% están en obra y ya hay viviendas terminadas.
Sin embargo, debimos hacer ajustes porque esta ley completa la lógica de la universalización de la política de vivienda, para poder llegar a todos los sectores de población.
¿Ud. se refiere a los topes en los precios de las viviendas que fijó el Ministerio de Economía?
Debemos ser precisos, la ley siempre previó topes por metro cuadrado y además hay instrumentos que también definen topes. Por tanto, esto no es nuevo, el fondo de garantía del crédito hipotecario que también está trabajando en el marco de esta ley, fija topes para la adquisición de vivienda existente. El crédito a la cuota con subsidio por parte del Ministerio de Vivienda que se hace en el marco de los acuerdos con entidades financieras, en este caso con el Banco Hipotecario también tiene topes de precios de venta.
En ese marco se trabaja, el 60% de los proyectos en el Interior del país estaban por debajo de los precios establecidos por los topes. Lo que hicimos fue una readecuación para que las exoneraciones y los instrumentos se vuelquen con prioridad a los sectores medios y medios bajos.
¿Impacta de forma negativa para el acceso los altos costos de la construcción?
Los costos de la construcción son altos pero sin estos instrumentos lo serían aún más.
Hay variables de los costos que no los definen ni el Ministerio, ni la ley. Lo que hace la ley es colaborar para que el producto sea de calidad y para que se construya en zonas de la ciudad que antes no se construía y eso es un valor agregado a rescatar.
Lo que establecen los topes son valores máximos de acuerdo con el tipo de vivienda. Esta realidad también impacta para que bajen los precios de los alquileres.
¿Los altos costos se podrán bajar a partir de los subsidios o del control de precios?
Van juntos, tenemos por un lado las exoneraciones fiscales y el subsidio que acompaña la trayectoria vital de la familia con total transparencia. Los subsidios se modifican de acuerdo a los ingresos familiares.
Estamos muy conformes con los resultados obtenidos, incluso el subsidio también lo aplicamos en otros programas del Ministerio. En la revisión que hicimos tenemos que más del 60% redujo el subsidio porque mejoraron los ingresos familiares.
Por tanto, son dos mecanismos que se acompañan, apoyar la oferta con mecanismos sustentables de acuerdo con la demanda
Sin embargo hay analistas que explican los altos costos de la construcción a partir de los altos salarios que se pagan en el sector y que luego se trasladan a los precios de obra. ¿Qué dice el Ministerio al respecto?
No podemos perder de vista que los salarios aumentaron en términos generales en toda la sociedad no solo en la construcción. Lo que tenemos que cuidar es que ese traslado de precios no sea únicamente desde las utilidades sino efectivamente desde los costos reales. La ley puso todo sobre la mesa, ahora le toca a los inversores que hagan su apuesta para que la ley funcione.
Además del producto, y de los mecanismos de regulación la ley también aportó a la formalización en el sector y a mantener altos niveles de ocupación.
¿En nuestro país hay un déficit habitacional cuantitativo pero también cualitativo?
Sí efectivamente, tenemos un déficit en cuanto al número de viviendas que se necesitan pero también tenemos un patrimonio enorme de viviendas que necesitan la aplicación de políticas efectivas para que puedan mantener su valor. El plan quinquenal prevé el trabajo sobre viviendas ya existentes. El Ministerio tiene mecanismos flexibles y aporta asistencia técnica para recuperar viviendas. Dentro de la recuperación también se incluyen las ampliaciones. Hay muchas familias que necesitan ampliar su casa para poder atender nuevas realidades.
Tanto la Agencia de vivienda, el Ministerio, y el BHU trabajamos en esta línea, un ejemplo: el programa Tu casa como la soñaste, y la línea de microcréditos. Incluso el Ministerio tiene un acuerdo con los gobiernos departamentales para abrir oficinas de rehabilitación urbana.
¿El déficit se ubica en unas 50.000 viviendas?
Sí, pero le voy a poner un ejemplo, en una vivienda se encuentran 2 hogares y muchas veces se presupone que lo que se necesitan son dos viviendas y esto no necesariamente es así, por eso con el Instituto Nacional de Estadística (INE) vamos a construir un conjunto de preguntas que se formularán en la próxima Encuesta continua de hogares y que nos permitirán establecer la demanda real de vivienda. El número que salga de allí va a orientar al próximo Plan Quinquenal.
¿Cómo impacta en los precios, la depreciación del dólar y la baja de la inversión extranjera?
Sí efectivamente hubo bajas, y están asociadas con aquellos lugares que son receptores de la inversión extranjera como es el caso de Maldonado y Colonia.
¿Respecto a la vivienda de interés social para 2015 cuantas habrá construidas y cuantas en ejecución?
En términos de viviendas de interés social esperamos superar la meta de las 16.000 viviendas, tenemos 12.000 nuevas en los distintos programas. Cuando hablamos de soluciones habitacionales nos referimos al trabajo realizado no solo en las viviendas nuevas, sino también a las soluciones en las viviendas existentes. Una solución habitacional es cuando una familia quiere alquilar y encuentra en el Ministerio el respaldo y la garantía para poder hacerlo. También está incluido dentro de las soluciones habitacionales los arreglos de recuperación. También las que construye el cooperativismo tanto de ayuda mutua como de ahorro previo. Tenemos más de 6.000 viviendas en obra y 3.000 terminadas en este período. También hacemos viviendas nuevas a través de licitaciones con empresas constructoras y que están dirigidas a sectores de población que tienen menores a cargo, o personas discapacitadas. Recordemos que también construimos para jubilados y pensionistas en todo el país y con el plan de relocalizaciones hicimos viviendas nuevas para los sectores más vulnerables. Los gobiernos departamentales aportan la tierra y las familias ponen su esfuerzo en la autoconstrucción de viviendas. Casi el 70% del plan quinquenal está en ejecución.
¿A su criterio, cuales son los desafíos que tendrá el próximo gobierno que asuma en 2015?
Fortalecer la política de tierras que se inició en el periodo anterior y en este pudimos constituir la cartera de tierras para vivienda de interés social sin embargo, aún requerimos de un instrumento ágil para acceder a inmuebles del ámbito privado, no solo tierras, sino también casas. Actualmente hay una iniciativa legislativa que quedará para el próximo período y que en caso de aprobarse le aportará al Estado instrumentos para intervenir en las fincas abandonadas o desocupadas. De esta forma se preservará el interés general sin violar la propiedad privada.
También será necesario fortalecer el instrumento del subsidio que permitió que sectores medios y bajos pudieran acceder a viviendas de calidad. Antiguamente había una política de subsidios que se incluía en la tasa de interés por tanto, podía beneficiar a quién lo necesitaba pero también a quienes no lo necesitaban y sin embargo lo recibían. No era visible, y tampoco podía monitorearse. Hoy tenemos subsidios transparentes dirigidos a persona o familias, y cuando mejoran sus ingresos se disminuye el subsidio o si tiene un imprevisto se lo puede asistir.
Hay que continuar con la evaluación de la ley de inversión privada para la vivienda de interés social y hacerlo junto a los actores privados. Tenemos que profundizar los instrumentos para la construcción de viviendas para las familias de alta vulnerabilidad social. Es un tipo de población que no solo requiere una vivienda sino una solución concertada con el Ministerio de Desarrollo Social, el de Trabajo, el de Salud Pública y para eso se necesita más dinero y de más recursos humanos.
VER VIDEO ENTREVISTA LARED21:
Lucía Etcheverry – Dirección Nacional de Vivienda – MVOTMA
Los integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), se encuentran realizando un paro de 24 horas, en reclamo de aumentar la cantidad de trabajadores a nivel de salud pública.
Según explicó a UNoticias, el secretario general de la FFSP, Pablo Cabrera, uno de los reclamos centrales es el ingreso de 2.000 funcionarios más, en vista de la falta de recursos humanos, a la que se le suman cuestiones relacionadas con problemas edilicios.
Cabrera expresó, que muchas veces los funcionarios de la salud hacen “el doble de esfuerzo” para que no se note la falta de personal y citó como ejemplo la situación de enfermeros que tienen a su cargo el cuidado de 17 pacientes.
Al paro que dura todo el día, se le suma una movilización de los trabajadores que marcharán desde la explanada de la Intendencia de Montevideo, hacia el Ministerio de Economía.
Vale aclarar, que los servicios de urgencia continúan funcionando pese al paro que se realiza hoy.
El gobierno a través del Ministerio de Trabajo dio a conocer una encuesta realizada entre los jóvenes que participaron del programa “Yo estudio y trabajo” creado en 2012.
El programa ofreció una primera experiencia laboral en instituciones o empresas públicas a jóvenes de entre 16 y 20 años. Participaron unos 590 que se distribuyeron entre Ancap, UTE, OSE, Antel, BROU, BPS, INC, LATU, BSE, ANII, Ceibal y tuvo como objetivo fomentar el estudio y el trabajo brindando una primera experiencia laboral formal al mismo tiempo que los jóvenes continúan estudiando.
En el mes de diciembre se realizó la primera encuesta a jóvenes participantes. De los 590, respondieron 349.
De ese relevamiento se desprende que casi la mitad de los jóvenes nunca llegó tarde al trabajo. El 3% llegó habitualmente tarde a trabajar. El principal motivo de las llegadas tarde obedece al transporte (67,4%), en algunos casos el domicilio o el centro de estudio del joven que puede quedar alejado del lugar del trabajo o presentar dificultades en el transporte colectivo. En segundo lugar, aparece el estudio como motivo de llegada tarde aunque muy por debajo del transporte, superando levemente el 10%. En base a estos resultados no se estarían generándose dificultades de compatibilización entre estudio y/o cuidados familiares con el trabajo, dice la conclusión de la encuesta.
Los transportistas afectarán pasos de frontera el martes 13
La Asociación de Fleteros de Cerro Luego, socios de la Asociación de Transportistas de Carga del Uruguay (ATCU), convocó a un paro en los pasos de frontera para el martes 13 a la hora 11, cuando se esté planteando la problemática de las balanzas a las autoridades del ministerio de Transporte en Montevideo.
«Estas balanzas siempre nos dan una diferencia realmente importantes con respecto a las demás, que también son aprobadas por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)» dijo el presidente de la Asociación de Fleteros de Cerro Largo, Claudio Soárez.
«Lo que sucede es que el Ministerio no quiere reconocer que sus balanzas están mal y eso redunda en suculentas multas a las empresas del transporte», remarcó Soárez.
Por este motivo han definido que el martes 13 durante el tiempo que dure la reunión que mantendrán con autoridades del Ministerio de Transporte, «se tranquen todas las balanzas» de esta cartera de Estado.
«Las balanzas aprobadas por el LATU nos dan un quilaje, sin embargo cuando vamos a las balanzas del Ministerio de Transporte establece que vamos con sobrepeso y ahí nos aplican la multa», relató Soárez.
«Nosotros salimos con un quilaje y cuando llegamos a la balanza del Ministerio siempre nos da de más, pero lo curioso es que cuando volvemos a pesar, en el caso del transporte internacional, a Brasil o Argentina, coincide que la balanza nos vuelve a corroborar que el peso que teníamos era el correcto», amplió el transportista.
Las multas que ascienden a 20 Unidades Reajustables (UR), unos $ 12.000.
Créditos. Serán reasignados en los incisos que pierden estos puestos de conducción
El presidente José Mujica decretó la supresión de 1.127 cargos presupuestados y funciones vacantes en la Administración Central. Todos los cargos que se suprimen corresponden a personal jerárquico.
El decreto presidencial tiene fecha 30 de agosto y suprime puestos vacantes en el escalafón de Conducción en los incisos 02 a 15 del Presupuesto.
El crédito generado por la supresión de estas vacantes no volverá a Rentas Generales, sino que será reasignado en el ministerio al que estaba asignado el cargo que desaparece, para financiar tareas transitorias que se encomienden a funcionarios presupuestados.
Varias autoridades del Poder Ejecutivo venían trabajando desde hace meses en la redacción de este decreto, que aplica la ley de Presupuesto y otra posterior de 2011, dijeron fuentes de gobierno a El País.
El decreto señala que los ministerios contarán con un plazo de hasta 60 días, a partir de la fecha de publicación de la norma, para solicitar a la Contaduría General de la Nación «los ajustes que fueran indispensables a la nómina contenida en el anexo adjunto».
Esta solicitud deberá estar acompañada de un informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).
El decreto autoriza a la Contaduría General de la Nación (CGN) a «reasignar los créditos presupuestales correspondientes a los cargos y funciones suprimidas por aplicación del artículo 56 de la ley de Presupuesto Nacional de 2010».
El texto señala que debe reasignarlo «a un objeto de gasto específico con destino al financiamiento de funciones transitorias que se encomendarán a funcionarios presupuestados de las Unidades Ejecutoriadas de los incisos a los que pertenecieran los cargos y funciones suprimidas».
El Ministerio de Defensa Nacional es la secretaría de Estado que más cargos vacantes suprime: 477. Le siguen el Ministerio de Educación y Cultura (187); Ministerio de Economía y Finanzas (147); Presidencia de la República (66); y Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca (49), entre los que más cargos eliminan. Entre los cargos suprimidos, hay médicos, contadores, abogados, odontólogos, ingenieros agrónomos, economistas, analistas en informática, agrimensores, y veterinarios, entre otros.
El decreto indica que la CGN, en acuerdo con la ONSC, procederá a eliminar las vacantes que cumplan con la condición establecida en las normas legales reglamentadas por este decreto, «dentro de los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente a la verificación de la vacante».
El decreto hace referencia al artículo 56 de la ley de Presupuesto de 2010, que prevé la supresión de «todas las vacantes de cargos y funciones del escalafón CO «Conducción» del Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones (SIRO), así como las vacantes de Director de División y Jefe de Departamento pertenecientes al sistema escalafonario de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986″.
Dicho artículo expresa que el crédito suprimido «será transferido a un objeto especial con destino a financiar asignación de funciones transitorias necesarias para su funcionamiento, y se destinarán posteriormente a financiar las funciones de conducción del nuevo sistema escalafonario resultante de la nueva carrera administrativa».
El decreto indica que la asignación de estas funciones administrativas se realizará por acto administrativo dictado por la Dirección General de Secretaria del ministerio, a propuesta del jerarca de la Unidad Ejecutora, con previo informe favorable de la ONSC, «pudiendo revocarse en cualquier momento, por el mismo procedimiento».
La propia ONSC se pronunciará en su informe en especial sobre la forma de selección para el cumplimiento de tales funciones y el monto retributivo a asignarse por las mismas, planteados por el organismo.