Viana: El TISA negocia lo innegociable

ACUERDO EN COMERCIO DE SERVICIOS

EL fiscal Enrique Viana dialogó con Caras y Caretas respecto al tratado del TISA y expresó preocupación porque “lo que se está acordando son mecanismos por los cuales el Estado deja de ser soberano”.

El fiscal Enrique Viana fue quien presentó un recurso por el cual solicitó la intimación al Ministerio de Relaciones Exteriores para que entregara información respecto a las negociaciones que se están llevando a cabo entorno al acuerdo en comercio de servicios (TISA por sus siglas en inglés).

En entrevista con Caras y Caretas Portal, Viana explicó que “la preocupación viene de tiempo atrás, no exactamente vinculada a este anuncio que se hace de este acuerdo sino que arranca ya cuando nosotros iniciamos el accionamiento contra el Ministerio de Medio Ambiente por el tema de Botnia. Ese fue el primer paso donde nosotros tomamos conocimiento de la significación que tienen los tratados de inversión y la importancia que tenía en aquel entonces el que se aprobara parlamentariamente el tratado de inversiones con Finlandia”.

En 2008 apareció por primera vez en Uruguay la figura del “contrato de inversión”. “En aquel momento se decía que ese decreto, que era de Presidencia, por el cual inversiones de determinado porte iban a ser tratadas en forma directa por la Presidencia de la República. No se sabía mucho ese documento a qué se refería cuando hablaba de contratos de inversión”, dijo el fiscal.

En Uruguay, los tratados de inversión tienen un eje que es cuando el país se incorpora mediante una ratificación por ley al tratado del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI). “A partir de ese momento todos los tratados que se habían firmado antes pasan a quedar cubiertos por el mecanismo del Centro”, aclaró Viana.

El Tisa

El tratado de servicios que se encuentra negociando el estado con otros países “es un acuerdo marco que se parece mucho a los tratados de inversión, a los acuerdos entre dos Estados”.

Una de las cláusulas que más preocupa al fiscal es la de “blindaje” o “seguridad jurídica” y que implica que directa o indirectamente se le “impide” al Estado modificar su legislación, su normativa reglamentaria, “o cualquier otra circunstancia en perjuicio de los bienes de la empresa”.

“No se prohíbe modificar la legislación o su normativa reglamentaria, lo que se dice es que en el caso de que la legislación se modifique y la empresa entienda que eso le ocasiona un prejuicio a su ecuación económico financiera la empresa tiene un derecho de resarcimiento. Ese derecho de compensación supone que el Poder Ejecutivo está cediendo en alguna medida o condicionando de alguna manera el Poder Legislativo de un Estado”, considera Viana.

Otra de las cláusulas que tienen los contratos de inversión es la de arbitraje. La misma implica que las demandas que pueda tener la empresa respecto al eventual perjuicio que le pueda ocasionar el Estado, no se reclaman ante la Justicia Nacional sino que se establecen mecanismos de arbitraje externos. “Enfrentados los intereses económicos de la empresa a cualquier normativa, la empresa tiene a su disposición un mecanismo por el cual puede reclamar contra el Estado pero no como cualquier otra empresa dentro del territorio nacional sino que tiene un mecanismo aparte”, agregó.

A su vez, en organismos como el CIADI “lo que se aplica es un derecho de creación jurisprudencial del propio organismo, es decir, se aplican reglas mercantiles para las cuales no tienen en cuenta ni lo que dice la Constitución nacional. Todo fallo de esos mecanismos de arbitraje no van a tener en cuenta el derecho nativo del Estado donde se radicó la inversión sino que van a aplicar principios mercantiles basados en el documento que se firmó. Ese Estado tiene que acatar la decisión que adopte el arbitraje”.

Viana considera que el Tisa es un acuerdo que “va a establecer este tipo de reglas”. “Hay quienes dicen que va a incluir también una cláusula de riesgo cero, es decir, el capital que se introduzca en la inversión jamás va a poder ser tocado por cualquier evento que pueda ocurrir. Podrán tocarse los dividendos que se obtengan por la inversión pero el capital quedaría exonerado de responder frente a cualquier cosa”, expresó el fiscal.

Cuando Uruguay ratifique el acuerdo “lo que va a venir después van a ser inversiones concretas que van a pretender instalarse en el país que van a exigir la firma de un contrato de inversión amparados en el acuerdo marco. Con esta característica, el Estado no se va a poder negar a recibir esa inversión”.

Respecto al “secretismo” que mantienen las negociaciones, Viana explicó que “este tipo de secretos obedecen a las tradicionales y viejas razones por las cuales se oculta algo. Normalmente se oculta algo por dos razones en cualquier orden de la vida, o porque lo que se está hablando avergüenza o porque lo que se está negociando causa daños a un tercero, y yo creo que en este caso se dan las dos hipótesis. No se divulga lo que se está acordando porque son mecanismos por los cuales el Estado deja de ser soberano”.

“Manejar esto en términos de negocios está equivocado porque este tipo de acuerdos negocian lo innegociable. Hay cosas que no se pueden negociar, que están fuera del comercio de los hombres. El concepto de soberanía nacional, el de poder judicial y ejercicio del poder judicial, el principio de igualdad; todas esas cuestiones no están en el comercio de los hombres y no pueden ser modificadas por el acuerdo entre partes aunque una de esas partes sea el propio estado”, concluyó el fiscal.

http://www.carasycaretas.com.uy/viana-el-tisa-negocia-lo-innegociable/

 

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OSE negocia aumento de tarifas para febrero

El presidente de OSE, Milton Machado, sostuvo que es necesario un aumento de tarifas para febrero, después de dos años de defasaje con respecto a la inversión, aunque condicionó ese aumento a la negociación con el Ministerio de Economía.

Machado disertó ayer en los desayunos de ADM sobre la historia, gestión y planes del organismo. Al concluir el evento dialogó con la prensa y explicó la necesidad de realizar un ajuste anual de tarifas. “Pensamos que va a ser necesario acompasar los indicadores de IPC, y además sujeto a las pautas del gobierno nacional en cuanto a las posibilidades de ese aumento”, explicó.

Recordó que “en los últimos años OSE aumentó sus tarifas una sola vez al año, en febrero, por lo que en estos dos meses tendremos que acordar con Economía cuál va a ser el índice de aumento”.

Explicó que en los últimos dos años, la inflación estuvo en el orden del 8%, y que OSE ajustó sus tarifas tomando una inflación de 5%. Según los datos presentados en su exposición en ADN, el pasado año la inflación fue de 8,6% y el aumento de tarifas de 5,5%. En 2010, la inflación fue de 6,93% y el aumento de tarifas de 5,8%, y en 2009, la inflación de 8% y las tarifas aumentaron 5,9%. “O sea que venimos con dos años de defasaje entre las tarifas y el IPC, que venimos compensando con una gestión más eficiente, pero llega un momento en que se genera un defasaje de caja que tenemos que suplir”, advirtió.

Gestión superavitaria

En la presentación en ADM, Machado presentó los datos de gestión de 2005 a 2011, donde el organismo, por primera vez en muchísimos años registró ganancias en todos ellos.

De 2005 a 2011, los ingresos del organismo pasaron de 161,71 millones de dólares a 355,18 millones, mientras que las inversiones crecieron de 40,80 a 125,13 millones de dólares. Las ganancias del organismo en el pasado año fueron de 55,27 millones de dólares, las más altas del período.

Machado destacó el aspecto social y de calidad de vida que promueve el organismo, para lo que se promueve la universalización de los servicios e inclusión social. Para ello se anuncia un programa de abastecimiento a pequeñas localidades y escuelas rurales (con una inversión de 12 millones de dólares) con el plan de conexiones al saneamiento para realizar 10.000 en el marco de la nueva ley que la hace obligatoria en los lugares en que exista una red de saneamiento.

Por otra parte, Machado presentó las inversiones que se realizan en la actualidad, entre ellas el sistema de saneamiento para Maldonado por más de 80 millones de dólares y que proyecta dar cobertura de saneamiento a 450.000 habitantes para el 2035.