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La transparencia de los partidos políticos está en falta


Pese a las obligaciones, no todos los sectores cumplieron con la ley luego de la campaña

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Cuando la euforia de la campaña política se acaba, es el momento en el cual los contadores responsables de las finanzas de los partidos políticos cargan con la mayor responsabilidad: transparentar ante la opinión pública los ingresos y gastos en que incurrió su agrupación durante el período electoral. La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos es estricta –y muy clara– en los lineamientos a seguir, en qué información se debe proporcionar y cómo. Aun así, al igual que en 2009, algunos sectores se saltaron las normas y omitieron entregar información que la ley les obliga sobre sus benefactores.

El procesamiento de la información divulgada por la Corte Electoral y publicada en el Diario Oficial realizado por El Observador sobre las rendiciones de cuentas de las fórmulas electorales y de las listas al Senado para los comicios de octubre, da cuenta de omisiones en algunas de las declaraciones del Frente Amplio y un caso de aportes que se choca con el marco legal en el Partido Colorado.

En el caso del partido en el gobierno, la rendición de cuentas de la lista al Senado del MPP, encabezada por el expresidente y actual senador José Mujica, omite identificar a los donantes nominativos. Según la ley vigente, “las donaciones que reciban los partidos políticos o sectores internos o listas de candidatos a efectos de sus campañas electorales (…) deberán ser siempre nominativas. Se entenderá por tales aquéllas donde queden registrados con toda precisión el nombre y demás datos identificatorios del donante”.

El MPP, en el apartado “Donaciones Nominativas”, en lugar de enumerar cada uno de sus benefactores, publica una única línea que bajo el origen “varios”, carga los $ 2.725.250 recibidos del sector privado. Las donaciones nominativas están comprendidas en el rango entre 4.000 y 300.000 unidades indexadas –entre $ 11.750 y $ 881.220 a la cotización del 31 de octubre–, por debajo de esos montos la ley habilita a realizar “donaciones anónimas” y por encima, queda prohibida cualquier contribución individual.

En el caso de la lista al Senado del Partido Socialista, encabezada por el ahora intendente de Montevideo Daniel Martínez, también se encuentra una única línea, por $ 1.338.765, con la aclaración “se adjunta detalle”. Sin embargo, no hay disponible en la web de la Corte Electoral ni en la publicación en el Diario Oficial ningún documento anexo.

Algo similar sucede en la lista al Senado encabazada por el vicepresidente Raúl Sendic, a la hora de detallar los aportes realizados por miembros elegibles dentro de la lista. En una única línea carga $ 312.451 sin especificar el donante, cuando el modelo de presentación de la rendición de cuentas da espacio para que se enumere cada uno de los contribuyentes individualizados e incluso aclara: “Agregue tantas filas como sea necesario”. En la columna “descripción” de ese único registro, la agrupación de Sendic pone, “según detalle”, pero en ningún lugar del documento público se desarrollan las contribuciones individuales de los candidatos.

También en la lista de Sendic al Senado, a uno de los donantes nominativos se lo identifica como “Rodríguez”, sin mencionar su nombre de pila o cualquier otra referencia que haga posible trazar el origen de su aporte de $ 24.400.

Aportes indebidos
El texto de la ley aprobada en mayo de 2009 por todos los partidos en el Parlamento, establece impedimentos más directos para los casos de donaciones privadas de empresas concesionarias o adjudicatarias de obra pública, de organizaciones delictivas, asociaciones profesionales, gremiales o sindicatos. Tampoco por parte de entidades extranjeras o fundaciones, por parte de personas que estén subordinadas al que recibe el dinero ni de personas públicas no estatales.

La rendición de cuentas del Partido Colorado enumera una a una las contribuciones nominativas que recibió para su campaña. Con fechas 26 de agosto y 29 de setiembre, aparecen dos contribuciones realizadas por “Laboratorios Nacionales”, por $ 48.302 y $49.548, respectivamente.

La Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) es la gremial que nuclea a las principales empresas farmacéuticas con actividades en el país. Algunas de estas firmas aparecen a título individual entre los donantes tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional y la ley las habilita a hacerlo. Sin embargo, en el caso de la ALN, el marco normativo prohibe su contribución a la campaña política. Según establece el artículo 45, “los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente (…) contribuciones o donaciones de asociaciones profesionales, gremiales, sindicales o laborales de cualquier tipo”.

Si bien la ley plantea una serie de prohibiciones a los partidos, pero también abre algunas ventanas para relativizar esos impedimentos. Por ejemplo, impide que los partidos reciban dinero por parte de empresas que tengan contrato de obra pública, pero sí acepta que lo hagan firmas que tengan contratos de servicios públicos u otra clase de concesiones.

Terminales Graneleras Uruguayas (TGU) –que tiene una concesión que no es de obra en el Puerto de Nueva Palmira– y Baluma –dueña de 55% del paquete accionario del hotel Conrad– aparecen entre los donantes. En el primer caso, tanto al Partido Colorado como el Partido Nacional, y en el segundo caso solo a la fórmula encabezada por Luis Lacalle Pou.

Otro caso que, si bien está amparado en la ley, choca con el espíritu de desvincular del financiamiento de los partidos a quienes tienen directamente intereses económicos estrechamente vinculados al Estado, se encuentra dentro del Frente Amplio. Alejandro Ruibal, vicepresidente de Saceem –constructora concesionaria de varias obras públicas– aparece entre los donantes de la lista al Senado del Frente Liber Seregni, encabezada por el ministro de Economía, Danilo Astori. La ley no prohíbe expresamente que empresarios o responsables de empresas concesionarias o adjudicatarias de obra pública realicen donaciones a título personal.

Denuncia 2009
En la campaña de 2009, cuando se aplicó por primera vez la ley de financiamiento de los partidos, se detectaron algunas irregularidades. Tras una investigación del portal Sudestada, algunas firmas que operan en el mercado local resultaron favorecidas con licitaciones millonarias luego de que sus responsables aportaran para las campañas del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Independiente y para Propuesta Batllista (Partido Colorado). Uruguay Transparente –capítulo uruguayo de Transparencia Internacional– presentó denuncia ante la Corte Electoral y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), basado en la investigación de Sudestada.

Concretamente, Eduardo Eurnekian y su hijo Martín (cuyo grupo Puertas del Sur tiene varias concesiones) aportaron a los cuatro partidos políticos más grandes. Por su parte, Tenaris Global Service SA (del grupo Techint, adjudicatario de obra pública) repartió el dinero en partes iguales entre el Frente Amplio y el Partido Nacional.

La Corte Electoral archivó la denuncia de Uruguay Libre, porque esa organización no pudo acreditar su personería jurídica. Sin embargo, la corporación electoral inició una investigación de oficio. Fue así que la Corte intimó a los partidos involucrados, pero ninguno respondió. Tuvo que volver a intimarlos, esa vez bajo apercibimiento, y entonces sí todos enviaron sus respuestas de por qué recibieron ese dinero para financiar sus campañas.

El caso lo tomó la comisión de Asuntos Electorales de la Corte. Según pudo saber El Observador, hasta el viernes no hubo resolución de ese cuerpo. Sin embargo la ministra de la Corte Electoral, Margarita Reyes, estimó que se le dará la razón a los partidos, ya que sus respuestas son razonables. La funcionaria contó a El Observador que los partidos explicaron que las donaciones denunciadas fueron “a título personal” por parte de los empresarios, y en ninguno de los casos superó el monto establecido por la ley.

En su redacción, el artículo 45 de la lay de financiamiento de los partidos dice que no deberán aceptar contribuciones de adjudicatarios o censionarios de obra pública “directa o indirectamente”. Pero los partidos políticos entienden que una donación a título personal del responsable de una empresa, está del todo desvinculada de los intereses de la firma.

El artículo 46 castiga con una multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución irregular aceptada o del gasto no registrado. “Dicho monto podrá ser descontado de los derechos de reposición de los gastos de campaña que pudieren corresponder por su participación en comicios nacionales o departamentales y en las elecciones internas”, agrega la norma. La multa podrá ser de hasta 10 veces el monto recibido o no informado si se violan determinadas disposiciones, como la donación por parte de empresas públicas no estatales.

El juego de la mosqueta

La financiación de los partidos políticos en una campaña electoral es el motivo del breve ensayo titulado Jugando a la mosqueta, del politólogo Daniel Chasquetti publicado en el libro Final abierto, un conjunto de reflexiones teóricas del Instituto de Ciencia Política sobre la campaña electoral 2014, publicado por la editorial Estuario. “La forma en cómo ingresa dinero no solo afecta la equidad de la competencia sino también la legitimidad del régimen democrático”, escribió Chasquetti en uno de los enunciados iniciales del trabajo.

El analista recuerda que Uruguay legisló en 1928 sobre la transferencia de dineros públicos a los partidos en base a los votos obtenidos por cada uno. Pero esto no fue suficiente para que el poder económico se metiera en la campaña. Según Chasquetti, los partidos carecen de voluntad para reunir la información y divulgarla. “Los partidos han creado un sistema donde se publicita poco, se oculta mucho y se dejan muchas cuestiones libradas al azar”, escribe.

http://www.elobservador.com.uy/la-transparencia-los-partidos-politicos-esta-falta-n675319

 
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Publicado por en 7 septiembre, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Partidos gastaron US$ 9: en la campaña electoral


TODOS DECLARARON RECIBIR MÁS DE LO QUE GASTARON EN EL AÑO

Entre los tres principales partidos políticos se gastaron unos US$ 9 millones en la última campaña electoral, según las rendiciones de cuentas que presentaron en la Corte Electoral.

Los informes incluyen las donaciones particulares, el financiamiento público y los montos recaudados por eventos organizados por los partidos, y los gastos en publicidad, actos e impresiones de listas, entre otros.

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El partido que más dinero recaudó fue el Frente Amplio para la candidatura presidencial de Tabaré Vázquez: $ 155,4 millones (unos US$ 6,7 millones según el dólar promedio de 2014). La coalición de izquierda declaró egresos por $ 103,6 millones (US$ 4,5 millones), por lo que cerró la campaña con un saldo positivo de $ 51,7 millones (US$ 2,2 millones).

Su principal donante particular fue el Frigorífico San Jacinto ($ 245.500).

El Partido Nacional, para la candidatura de Luis Lacalle Pou, declaró ingresos por $ 70 millones (US$ 3,02 millones) y egresos por $ 69,9 millones (US$ 3,01 millones). Cerró con un saldo a favor de $ 84.855,91 (US$ 3.700). Los que más aportaron a la campaña de Lacalle Pou fueron CPA Ferrere, Alian SA y Baluma SA, con $ 480.000 cada uno.

El Partido Colorado tuvo ingresos por $ 28,7 millones (US$ 1,2 millones) y egresos por $ 28,2 millones (US$ 1,1 millones), lo que le dejó un saldo positivo de $ 547.858 (US$ 23.614).

El principal aportante a la campaña electoral de la candidatura de Pedro Bordaberry fue el productor Alberto Gramon, que destinó $ 823.585.

La financiación de los partidos políticos está regulada por la ley 18.485. El artículo 17 de dicha ley obliga a un comité de campaña designado a llevar registros contables específicos de la campaña electoral, en los que se asienten todas las contribuciones recibidas —cualquiera sea su origen o naturaleza, pública o privada— y los gastos efectuados, con la documentación respectiva que respalde la información registrada.

Los aportes que debe realizar el Estado se fijan en base a Unidades Indexadas. En las elecciones internas de cada partido para definir el candidato a la presidencia, el Estado paga US$ 1,5 por cada voto recibido. En la elección nacional cada partido recibe diez dólares por cada voto válido emitido a favor de las candidaturas a la presidencia. Si hay una segunda vuelta o balotaje, cada partido de los que comparecen en esta instancia recibe un dólar por cada voto emitido a su favor.

El 20% del dinero recibido es entregado al candidato a la Presidencia de la República para su comando. El 40% se reparte entre todas las listas de candidatos al Senado del lema en forma proporcional a los votos recibidos. Lo mismo ocurre con el 40% restante que va para los candidatos a diputados.

Sesenta días antes de la elección el Banco República puede adelantar a los comandos de campaña hasta un 50% de las sumas que presumiblemente deberán recibir, tomando como base los votos recibidos en la elección anterior.

En las elecciones parar gobiernos departamentales, cada una de las candidaturas a Intendente Municipal recibe US$ 1,5 por cada voto recibido.

Las donaciones que reciben los partidos políticos a efectos de sus campañas electorales no pueden exceder por cada donante los US$ 35.188. Hasta US$ 469 las donaciones pueden ser anónimas pero en su totalidad no pueden exceder el 15% del total de los ingresos declarados. Si se dona más de ese dinero deben quedar registrados nombre y demás datos identificatorios.

http://www.elpais.com.uy/informacion/partidos-politicos-gastaron-campana-electoral.html

 
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Publicado por en 15 abril, 2015 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Poca participación de la mujer uruguaya en la política


FORO

La participación de las mujeres en la política uruguaya, tanto a nivel de Gobierno como en el Parlamento y los partidos políticos es “vergonzosa”, con porcentajes por debajo del promedio mundial, pese a su fuerte tradición democrática y republicana, según denunció un foro organizado por la Flacso.

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El encuentro, convocado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), tenía previsto un debate sobre asuntos de género entre los precandidatos, pero todos ellos se ausentaronsalvo la única mujer contendiente, la senadora Constanza Moreira.

La cita de la Flacso constató que la participación de las mujeres en la política uruguaya, tanto a nivel de Gobierno como en el Parlamento y los partidos políticos, es “vergonzosa”, con porcentajes por debajo del promedio mundial, pese a la fuerte tradición democrática y republicana del país.

Moreira llegó para un encuentro en el que se esperaba a los precandidatos Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, y Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, para debatir sobre la democracia y la paridad de género en la política uruguaya junto a varios académicos convocados por Flacso.

Esas ausencias marcaron un evento en el que se denunció fuertemente la escasa presencia femenina en los poderes Legislativo y Ejecutivo y la poca atención que desde la clase política del país se le da a temas como la paridad de género en las listas electorales.

La senadora Moreira entendió la ausencia de los otros precandidatos como un asunto de “prioridad de campaña”.

“En una campaña electoral uno prioriza. Y esto habla de los subsidiarios que son estos temas en su agenda. En el momento de juntar votos, un debate supuestamente intelectual y feminista, no parece atraer mucho. Eso habla también de políticas cortas y a corto plazo que se barajan en la campaña”, denunció Moreira.

La responsable de Flacso explicó que ellos enviaron “una propuestas formal a debatir” a los precandidatos y recibieron las confirmaciones de Moreira y Bordaberry.

“El resto nos dio respuestas tentativas. Hasta el día de hoy, teníamos idea de que venían de todos los partidos. Y lo sabían con antelación”, explicó.

El senador del Partido Colorado Alfredo Solari, que sí acudió al encuentro, reconoció que “la escasez de tiempo” de la gente que está en campaña es “importante” y que probablemente se ausentaran porque “tienen otras actividades que atraen más para captar votos que un diálogo entre académicos y políticos”, algo “muy entendible”.

Más allá de la política partidaria, en el foro los panelistas denunciaron la “vergonzosa” participación de las uruguayas en la vida política del país.

Así, revelaron que en Uruguay el promedio de mujeres en el Gobierno es del 14,3 %, por debajo del promedio mundial de 17,2 % y el de América de 22,9 %, mientras que en cuanto a la representación parlamentaria femenina, el promedio es del 13,1 %, por debajo de la media mundial (21,8 %) e incluso de la media de los países árabes (16 %).

http://www.espectador.com

 
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Publicado por en 28 marzo, 2014 en Comisión Prensa y Propaganda

 

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Proyecto de ley “no logrará ningún fruto”, si los empresarios insisten con su posición ante la OIT y no reconocen los avances y la apuesta al diálogo que ha impulsado el gobierno en materia de legislación laboral.


 

Gobierno amenaza frenar proyecto que modifica negociación colectiva

Objeciones empresariales exponen a Uruguay a caer en “lista negra” de la OIT, dice Brenta

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Si la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye a Uruguay nuevamente en una “lista negra” que integran 24 países acusados de violaciones en materia laboral, el Poder Ejecutivo está decidido a congelar y pedir a todos los partidos políticos que no voten el proyecto de ley que envió el pasado mes al Parlamento para modificar la ley de Negociación Colectiva, adelantó ayer a El Observador el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.

El hecho de que las cámaras de Comercio e Industrias en conjunto con la Organización Internacional de Empleadores (OIE) hayan ampliado su queja original ante el Comité de Libertad Sindical deja poco margen para que Uruguay quede fuera de la “lista negra” de la OIT, que se conocerá en junio.

“¿Qué sentido tiene hacer un seguimiento de la orientaciones que fija la OIT si vas a ir a una lista negra dando todos los pasos?”, se cuestionó el ministro de Trabajo. En ese sentido, anunció que el Ejecutivo no va tomar ninguna iniciativa como impulsar el proyecto de ley que envió al Parlamento para corregir las observaciones que realizó hace dos año la OIT, porque eso “no genera resultados de ninguna clase”. “Es una falta de reconocimiento a lo que el gobierno ha hecho. No vamos a avanzar a cambio de nada”, aseguró.

El asesor laboral de la Cámara de Comercio, Juan Mahilos, confirmó a El Observador la ampliación de la queja que realizaron hace un tiempo junto a la gremial de Industrias y la OIE. El gremialista explicó que las cámaras incluyeron en esa oportunidad su rechazo a las ocupaciones de las empresas. Mahilos reconoció que es probable que Uruguay ingrese a esa lista de países incumplidores, aunque relativizó su impacto.

No obstante, para el ministro de Trabajo esto afectará la “imagen” de Uruguay y puede someter al país a posibles sanciones comerciales en un futuro. De hecho, hay antecedente de Estados o bloques como la Unión Europea (UE) que han  tomado algún tipo de represalia ante un país que esté acusado de no respetar la normativa internacional.

“Si en algún momento Uruguay se expone a un tipo de sanciones comerciales, las cámaras (de Comercio e Industrias) se encargarán de explicarle al resto de los empresarios qué fue lo que hicieron”, alertó Brenta. Agregó que todo el “esfuerzo” por dialogar que impulsó el Ejecutivo para redactar un proyecto de ley “no logrará ningún fruto”, si los empresarios insisten con su posición ante la OIT y no reconocen los avances y la apuesta al diálogo que ha impulsado el gobierno en materia de legislación laboral.

Correcciones
El proyecto de ley que envió el Ejecutivo en marzo al Parlamento pretende corregir las observaciones que había realizado el Comité de Libertad Sindical de la OIT hace más de dos años. Fue redactado por el propio gobierno, ya que durante ese período no se produjo el consenso entre trabajadores y empresarios. El proyecto de ley atiende, según Brenta, las nueve observaciones que había formulado la OIT en su momento.

Por otro lado, el ministro de Trabajo recordó que el gobierno ya corrigió una de las quejas de los empresarios como fue la integración del Consejo Superior Tripartito, que ahora tendrá integración por igual de los tres actores. Antes el Ejecutivo tenía 9 representantes y los trabajadores y empresarios seis cada uno. Ahora todos tienen seis. “Si esto se traduce en que nuevamente vamos a estar bajo la observación del Comité de Libertad Sindical (de la OIT) no vamos a defender el proyecto porque quedaría demostrado que hacer las cosas bien no vale. Por tanto, defenderíamos la ley tal cual está”, confirmó Brenta.

Añadió que esto se lo planteó al propio director general del OIT hace poco más de un mes. “Nosotros no estamos para ser fruto de experimento de nadie. No queremos que nos utilicen como ejemplo ni tampoco en otra discusión en la OIT entre trabajadores y empresarios como si hay derecho de huelga”, explicó. Precisó, que en Uruguay la huelga “no está en debate” porque está asentada en la Constitución.  Para Brenta, aparece como “una gran contradicción” que la OIT cite a Uruguay como ejemplo en políticas de empleo,  evolución de los salarios, informalidad, y después aparezca en un lista de violaciones a las normas del organismo”.

“Esto afecta la imagen del país porque lo expone ante los 24 casos más graves de violaciones de los derechos laborales”, alertó Brenta. En esta lista suelen aparecen países acusados de hechos como asesinatos de sindicalistas.

“La respuesta del sector empresarial fue ampliar la queja. Es decir, elegir un camino de confrontación que tiene como único intento que Uruguay aparezca en esa lista. La conclusión es que los gestos de diálogo no tienen sentido. Hemos puesto la mejilla demasiadas veces”, culminó.

el observador.

El PIT-CNT critica los cambios a la ley
Las críticas más duras que recibió el Poder Ejecutivo por la redacción del proyecto que atendía las recomendaciones de la OIT partieron de la propia central sindical. En particular, por la eliminación de la ultractividad de los convenios salariales. Es decir, que luego de culminado el plazo de los mismos, debería renegociarse un nuevo convenio entre las partes desde cero. El sindicalista Richard Read acusó al gobierno de hacer un “mandado” para las patronales e intentar “quedar bien con la OIT”.

 

 

 
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Publicado por en 24 abril, 2013 en Apoyo, Comisión Prensa y Propaganda, Difusion, Gobierno, Informacion de interes, Leyes, Negociación colectiva, Parlamento, PIT-CNT, Trabajo

 

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El “Río de la Libertad”


En el obelisco

Ayer 27 de noviembre se recordó otro aniversario del acto del Obelisco en 1983, conocido después como “Río de la Libertad”, tras una impresionante foto de José Plá de la multitudinaria participación que publicó el semanario “Aquí”.

La convocatoria “Por un Uruguay sin exclusiones” marcó la primera gran actividad pública contra la dictadura cívico¨-militar, y fue realizada por los partidos Colorado, Nacional, Frente Amplio y Unión Cívica.

Según las agencias internacionales, unas 400.000 personas se concentraron en los alrededores del Obelisco, pero también se realizaron importantes concentraciones en actos similares en Salto, Paysandú, Florida y Melo (unas 10.000 personas en cada uno).

En el estrado del Obelisco, estuvieron presentes 124 dirigentes políticos y sindicales, y el actor Alberto Candeau fue quien leyó la proclama.

En esa proclama se señalaba con valentía que “el gobierno de facto, al que la República fuera sometida hace más de diez años, se halla hoy agotado y agostado. No responde a ningún sector de la ciudadanía y constituye un elemento artificial, incrustado por la fuerza en la vida colectiva”.

“Hemos venido a afirmar todos juntos y solemnemente nuestro compromiso irrenunciable, tras una década de regresión y oscurantismo, de restituir a la nación su dignidad, al país su prestigio, a la Constitución su intangibilidad, a los partidos políticos su papel insustituible, a los gobernantes la respetabilidad que sólo emana de las urnas, a los gobernados su derecho a elegirlos, a cada ciudadano su condición de elector y elegible, a cada hogar su tranquilidad económica y a cada uruguayo su derecho a ganar el pan con el sudor de su frente”. La proclama concluyó con un llamado: “Compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quiere oír diga que no lo escuchó: ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la República! ¡Viva la democracia!”.

 
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Publicado por en 28 noviembre, 2012 en Apoyo, Comisión Prensa y Propaganda, Conmemoraciones, Derechos Humanos, Difusion, Eventos, Gobierno, Historia, Informacion de interes, Noticias

 

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