Los senadores de todos los partidos aprobaron la creación de un protocolo para prevenir el maltrato físico, psicológico y social en los centros educativos de todo el país.
(Javier Calvelo/adhocFotos)
El proyecto de cuatro artículos, elaborado por el diputado nacionalista Gonzalo Novales, apunta a controlar el bullying -maltrato físico, psicológico y social- en los centros de estudio de niveles Preescolares, de Primaria y de Secundaria. La semana pasada se había aprobado por unanimidad en comisión.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) será la encargada de crear el protocolo de prevención e intervención que se deberá aplicar.
«Este es un proyecto que no tiene tinte político, tiene una consideración social como padre y como abuelo. Si bien al principio hubo resistencia porque todo el mundo cuida su chacrita, después nos abrieron la puerta. También modificamos cosas para respetar la autonomía de la enseñanza»
Novales dijo que se eligió hacer un protocolo porque si se hacía una ley que previera las situaciones y los remedios el camino era dificilísimo. Por eso se apeló a que las autoridades, que están en conocimiento de las situaciones que se dan todos los días, en seis meses elaboren el procedimiento y la reglamentación de la ley.
El PIT CNT inicia con el Banco Bandes el primer proyecto de financiación privada para la construcción de viviendas para trabajadores afiliados a un sindicato. Es una alternativa a trabajadores con mayor poder de pago.
El encargado del plan, Eduardo Burgos, señaló que en esta primera etapa el Bandes otorgará algo más de 3 millones de dólares para financiar dos torres de apartamentos para familias integrantes del programa de viviendas del PIT CNT. El proyecto se enmarca dentro de la ley de promoción de la vivienda de interés social.
Este programa con un fideicomiso bancario y con un promotor privado es simultáneo al plan de viviendas del PIT-CNT.
“Lo que nosotros definimos con las 15.000 familias anotadas en el plan, es que algunas van por el reglamento 2008 cooperativo por ayuda mutua, y que aquellas familias que tienen un mayor poder de pago y algún grado de ahorro resuelven el tema a través del BHU. Pero siempre es el PIT-CNT el que organiza a estas familias y negocia con el Estado y con el banco las facilidades”. Señaló Burgos.
Para integrar el plan de viviendas, es necesario que cada gremio conforme su cooperativa y la única condición para el trabajador es que esté afiliado a su sindicato.
Primera experiencia con financiación privada. Pagarán cuotas de 8.500 pesos. El primer proyecto estará ubicado en el centro de Montevideo.
El PIT-CNT inicia con el Banco Bandes el primer proyecto de financiación privada para la construcción de viviendas para trabajadores afiliados a un sindicato. Es una alternativa a trabajadores con mayor poder de pago.
El pasado jueves el PIT-CNT recibió la confirmación oficial de Bandes sobre la creación del primer fideicomiso para financiar la compra de vivienda social de la central de trabajadores.
El encargado del plan, Eduardo Burgos, señaló que en esta primera etapa el Bandes otorgará algo más de 3 millones de dólares para financiar dos torres de apartamentos para familias integrantes del programa de viviendas del PIT-CNT. El proyecto se enmarca dentro de la ley de promoción de la vivienda de interés social.
Se trata de una experiencia piloto, y en la medida que ello funcione se podrán ingresar otros proyectos bajo la misma modalidad del fideicomiso. Ello implica el compromiso del PIT-CNT de precalificar a las familias ante el Banco Hipotecario, y de esa manera asegurar la compra antes de que se empiece la obra. Además la central acordará con una empresa constructora un precio razonable para las viviendas.
El pago
Bandes recuperará el préstamo después de terminada la obra. Las familias adjudicatarias recibirán un préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay, y con ello se retribuye el pago al fideicomiso. El mecanismo es que el BHU le paga al promotor de las viviendas, y este le paga el préstamo a Bandes.
En el primer proyecto ya acordado, se construirán 40 viviendas en el centro de Montevideo, en las calles Zelmar Michelini y Soriano, a cargo de la empresa Calpusa.
El objetivo es llegar a construir 500 viviendas a corto plazo por este sistema. Ya existen 7 proyectos elaborados por un total de 500 viviendas.
Hay un proyecto de 96 viviendas en Maldonado, otros proyectos en Montevideo en los barrios La Blanqueada, Malvín, y en Canelones en la Ciudad de la Costa.
Las cuotas
Burgos destacó que con la nueva herramienta presentada por el Ministerio de Vivienda, de subsidio a la cuota y al capital, las familias de trabajadores estarán pagando una cuota entre 8.000 y 8.500 pesos por mes por su vivienda.
El programa “Más oportunidades” del Ministerio de Vivienda daría los subsidios para pagar la diferencia para las familias que no llegan a pagar la totalidad de las cuotas.
Dos alternativas
Este programa con un fideicomiso bancario y con un promotor privado es simultáneo al plan de viviendas del PIT-CNT.
“Lo que nosotros definimos con las 15.000 familias anotadas en el plan, es que algunas van por el reglamento 2008 cooperativo por ayuda mutua, y que aquellas familias que tienen un mayor poder de pago y algún grado de ahorro resuelven el tema a través del BHU. Pero siempre es el PIT-CNT el que organiza a estas familias y negocia con el Estado y con el banco las facilidades”.
Para integrar el plan de viviendas, es necesario que cada gremio conforme su cooperativa y la única condición para el trabajador es que esté afiliado a su sindicato.
Para los programas por ayuda mutua, se estima que el pago mensual de la vivienda rondará en los 3.000 a 3.500 pesos.
El proyecto de viviendas pretende ser sustentable, integrado al medio ambiente y al ordenamiento territorial donde las viviendas estén cerca de los lugares de trabajo. Además, con sustentabilidad energética. Para ello se logró convenio con UTE y empresas fabricantes de colectores solares, lo que permitirá después ahorrar en costo de la energía.
Costos más bajos
En esta búsqueda de solución para las viviendas para los trabajadores, el PIT-CNT se encontró con problemas para encontrar constructoras que ofrecieran un precio razonable para las viviendas.
Burgos señaló que las empresas están construyendo apartamentos de 60 metros cuadrados en la zona céntrica a precios superiores a los 120.000 dólares. A través de la central, se están realizando viviendas de ese mismo tamaño en precios que rondan los 95.000 dólares bajo esta modalidad del fideicomiso.
El acuerdo con Bandes permite bajar la tasa de interés de la financiación de las viviendas, explicó. Los que actuaban como financiadores hasta ahora, añadió, cobraban tasas de interés muy altas. “Bandes puso una tasa de interés razonable, que no supera el 10%, y como los intereses se trasladan al valor final de la vivienda, y junto con que la empresa pone sistemas constructivos que aceleran los procesos y aseguran la calidad, se bajan por varios lugares los costos, y tenemos un buen producto final”.
Capacidad de pago
El coordinador de la central de trabajadores, Marcelo Abdala, recordó que hoy los trabajadores tienen más capacidad de pago que en otros momentos, “pero no tenemos capacidad de ahorro, porque nos consumimos todo el ingreso”.
Y el ahorro es hoy clave para obtener financiación para la compra de vivienda en cualquier otro sistema.
Gestión participativa
Se trata de una “una gestión participativa donde trabajadores de sindicatos se organizan en cooperativas que empiezan a gestionar la adquisición de terrenos. De acuerdo a los ingresos algunas cooperativas son aspirantes a la financiación de la Dirección Nacional de Vivienda, y otros pueden ser aspirantes a financiación del Banco Hipotecario”, explicó Abdala.
diario larepublica.
COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Gamou –que preside la comisión– señaló que tras el visto bueno del PIT-CNT y COFE del proyecto, el oficialismo aprobará la iniciativa.
“Que nadie se llame a engaño. Hay voluntad política del Frente Amplio de aprobarlo para conseguir la profesionalización de la carrera administrativa. No hay marcha atrás”, advirtió.
Subrayó que la Constitución de 1952 fue la que estableció el estatuto vigente y que “los constituyentes no podían pensar” la situación actual.
“Hemos hecho leyes especiales de la misma forma que el Partido Nacional y el Partido Colorado de la administración pública y nadie habló de inconstitucionalidad”, indicó en alusión a la posición de legisladores de los partidos tradicionales.
Por su parte, el diputado Óscar Groba del Espacio 609 afirmó que tras la reunión de la comisión, la bancada del Frente Amplio recibió a integrantes de la Oficina de Servicio Civil, a los efectos de mejorar el texto del proyecto.
“Nos volvemos a reunir el lunes para terminar de ajustar el texto”, explicó Groba, quien al igual que Gamou señaló que el proyecto se vota el próximo jueves.
Estaba prevista la asistencia a la comisión de integrantes de la Secretaría de Presidencia de la República, pero no se concretó.
Si la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye a Uruguay nuevamente en una “lista negra” que integran 24 países acusados de violaciones en materia laboral, el Poder Ejecutivo está decidido a congelar y pedir a todos los partidos políticos que no voten el proyecto de ley que envió el pasado mes al Parlamento para modificar la ley de Negociación Colectiva, adelantó ayer a El Observador el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
El hecho de que las cámaras de Comercio e Industrias en conjunto con la Organización Internacional de Empleadores (OIE) hayan ampliado su queja original ante el Comité de Libertad Sindical deja poco margen para que Uruguay quede fuera de la “lista negra” de la OIT, que se conocerá en junio.
“¿Qué sentido tiene hacer un seguimiento de la orientaciones que fija la OIT si vas a ir a una lista negra dando todos los pasos?”, se cuestionó el ministro de Trabajo. En ese sentido, anunció que el Ejecutivo no va tomar ninguna iniciativa como impulsar el proyecto de ley que envió al Parlamento para corregir las observaciones que realizó hace dos año la OIT, porque eso “no genera resultados de ninguna clase”. “Es una falta de reconocimiento a lo que el gobierno ha hecho. No vamos a avanzar a cambio de nada”, aseguró.
El asesor laboral de la Cámara de Comercio, Juan Mahilos, confirmó a El Observador la ampliación de la queja que realizaron hace un tiempo junto a la gremial de Industrias y la OIE. El gremialista explicó que las cámaras incluyeron en esa oportunidad su rechazo a las ocupaciones de las empresas. Mahilos reconoció que es probable que Uruguay ingrese a esa lista de países incumplidores, aunque relativizó su impacto.
No obstante, para el ministro de Trabajo esto afectará la “imagen” de Uruguay y puede someter al país a posibles sanciones comerciales en un futuro. De hecho, hay antecedente de Estados o bloques como la Unión Europea (UE) que han tomado algún tipo de represalia ante un país que esté acusado de no respetar la normativa internacional.
“Si en algún momento Uruguay se expone a un tipo de sanciones comerciales, las cámaras (de Comercio e Industrias) se encargarán de explicarle al resto de los empresarios qué fue lo que hicieron”, alertó Brenta. Agregó que todo el “esfuerzo” por dialogar que impulsó el Ejecutivo para redactar un proyecto de ley “no logrará ningún fruto”, si los empresarios insisten con su posición ante la OIT y no reconocen los avances y la apuesta al diálogo que ha impulsado el gobierno en materia de legislación laboral.
Correcciones
El proyecto de ley que envió el Ejecutivo en marzo al Parlamento pretende corregir las observaciones que había realizado el Comité de Libertad Sindical de la OIT hace más de dos años. Fue redactado por el propio gobierno, ya que durante ese período no se produjo el consenso entre trabajadores y empresarios. El proyecto de ley atiende, según Brenta, las nueve observaciones que había formulado la OIT en su momento.
Por otro lado, el ministro de Trabajo recordó que el gobierno ya corrigió una de las quejas de los empresarios como fue la integración del Consejo Superior Tripartito, que ahora tendrá integración por igual de los tres actores. Antes el Ejecutivo tenía 9 representantes y los trabajadores y empresarios seis cada uno. Ahora todos tienen seis. “Si esto se traduce en que nuevamente vamos a estar bajo la observación del Comité de Libertad Sindical (de la OIT) no vamos a defender el proyecto porque quedaría demostrado que hacer las cosas bien no vale. Por tanto, defenderíamos la ley tal cual está”, confirmó Brenta.
Añadió que esto se lo planteó al propio director general del OIT hace poco más de un mes. “Nosotros no estamos para ser fruto de experimento de nadie. No queremos que nos utilicen como ejemplo ni tampoco en otra discusión en la OIT entre trabajadores y empresarios como si hay derecho de huelga”, explicó. Precisó, que en Uruguay la huelga “no está en debate” porque está asentada en la Constitución. Para Brenta, aparece como “una gran contradicción” que la OIT cite a Uruguay como ejemplo en políticas de empleo, evolución de los salarios, informalidad, y después aparezca en un lista de violaciones a las normas del organismo”.
“Esto afecta la imagen del país porque lo expone ante los 24 casos más graves de violaciones de los derechos laborales”, alertó Brenta. En esta lista suelen aparecen países acusados de hechos como asesinatos de sindicalistas.
“La respuesta del sector empresarial fue ampliar la queja. Es decir, elegir un camino de confrontación que tiene como único intento que Uruguay aparezca en esa lista. La conclusión es que los gestos de diálogo no tienen sentido. Hemos puesto la mejilla demasiadas veces”, culminó.
el observador.
En el marco de la Jornada Internacional organizada por la CTA, el 10 y 11 de abril de 2013, dialogamos con Luis Bazzano, dirigente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, de Uruguay. Bazzano ocupa también la Secretaria General de la CLATE.
Situación de los trabajadores estatales de Uruguay en la pulseada que mantienen con el Gobierno.
-Se trata de una discusión situada fundamentalmente a nivel del Parlamento, porque sigue discutiéndose en la Cámara de representantes, el proyecto del Estatuto del Funcionario Público, que tiene que ver con la carrera administrativa, con el régimen disciplinario, con los vínculos contractuales y la composición del salario, que para nosotros son vitales.
Lamentablemente el año pasado, en el medio de una negociación que llevó varios meses, el Poder Ejecutivo suspendió las negociaciones, levantó el ámbito y envió un proyecto de ley al Parlamento. Eso fue en octubre de 2012, y nosotros como COFE dimos una pelea fuerte, organizamos varias acciones de masas, y actividades con participación de académicos y gente experta en la materia, logrando así revertir esa situación. A consecuencia de ello, el proyecto original del Poder Ejecutivo tuvo varios cambios que consideramos un avance para el conjunto de los trabajadores. Lo vemos como un auténtico logro de la COFE.
El proyecto que ahora se está discutiendo, y que seguramente va a ser aprobado no es el mejor ni el que nosotros queremos, pero sí logramos modificar cosas fundamentales como es el tema de incluir el concepto de libertades sindicales en el Estatuto, y una definición del funcionario público que es muy abarcativa y que nos va ayudar a nosotros a superar niveles de precariedad que tenemos entre los trabajadores.
El tema salarial
Desde el año 2011 tenemos un salario mínimo de unos mil dólares (el dólar está muy barato en nuestro país!) por 40 horas de trabajo semanales. Ese es el piso, pero el tema es que son miles de trabajadores que no cobran más que ese piso. No hay una escala salarial, que a partir de esa cifra, que reconocemos que no es mala, posibilite que otra gente con veinte o treinta años de trabajo gane mucho más que eso. Las categorías están muy desvalorizadas: funcionarios con 25 años de trabajo pueden llegar a ganar un poquito más que el mínimo, y eso marca una injusticia. Por eso estamos dando una gran pelea por el tema salarial. Lo que ocurre es que en la Ley de Presupuesto se aprobó un artículo por el cual se establecen los mecanismos del ajuste salarial. Eso significa recortar la ley de negociación colectiva, ya que al establecer por ley los mecanismos de ajuste, deja muy poco margen para que nosotros podamos discutir y disputar con el Gobierno los aumentos que necesitamos.
La Intendencia de Montevideo (IM) vetó un proyecto de decreto aprobado que buscaba «mayor transparencia» y fue votado por unanimidad en la Junta Departamental. La iniciativa, propuesta por el edil colorado Martín Bueno, obligaba a todas las sociedades anónimas a informar quiénes son sus dueños si solicitaban exoneraciones tributarias o concesiones de servicios.
«No quieren que salga aún cuando el proyecto tiene todos los votos, aún cuando tiene la aprobación de los asesores jurídicos de la Junta, aún cuando el gobierno nacional y el Frente Amplio está legislando en este sentido», señaló Bueno.
El proyecto fue aprobado con votos de todos los partidos en diciembre de 2012 y en enero de este año la IM lo vetó.
En el informe donde la IM justificó su decisión sostuvo que el decreto «de ser promulgado, sería contrario a varios principios y disposiciones vigentes».
La iniciativa obligaba a todas las sociedades anónimas a informar quiénes son sus dueños si solicitaban exoneraciones tributarias o concesiones de servicios.
Bueno dijo que en casos particulares ya se ha trabajado en este sentido. «El hotel Casino Carrasco tiene esta obligación porque en los pliegos de licitación se estableció la obligación de identificar a los accionistas. Esto porque en una inversión de tanta envergadura era necesario que se tuviera esta garantía, porque queremos conocer la solvencia. Nosotros estamos planteando que la norma sea general, pero la administración está parada como si fuera una pared y no quiere que esto salga, aún cuando fue votado con todos los votos de la Junta Departamental, aún cuando tiene la aprobación de los asesores jurídicos de la Junta, aún cuando el gobierno nacional y el FA está legislando en este sentido», afirmó.
La IM presentó una propuesta alternativa donde se sostiene que todos los que soliciten concesiones deben cumplir con la ley 18.930. Allí se establece en el artículo 6 que los titulares de las sociedades anónimas estarán obligados a proporcionar la información al Banco Central del Uruguay.
Bueno dijo que ese proyecto alternativo es «un saludo a la bandera» porque propone normas que ya están vigentes. «No agrega nada, porque ya es una obligación para quienes tienen acciones al portador registrarse en el Banco Central. Pero no le agrega nada a la administración departamental, porque al registro que existe en el BCU puede acceder la DGI o se puede acceder en casos que involucren pensiones alimenticias, pero no los ediles de la Junta, ni los jerarcas departamentales. Es reservado a ciertos efectos», señaló.
Ediles del FA apoyan «transparencia» y trabajan en alternativa
El pasado 14 de marzo, el director del Departamento de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Arturo Echevarría, y el director de la División de Asesoría Jurídica, Ernesto Beltrame, fueron a la Comisión de Hacienda para explicar el veto.
La edil del Espacio 609 (MPP) Cecilia Cairo dijo durante la visita de los jerarcas que ellos querían «llegar, en lo posible, a un acuerdo con la Administración con respecto a un decreto que habíamos votado antes del receso, el cual, más allá de que fue impulsado por el señor edil Martín Bueno, se votó en el pleno por unanimidad. No estamos diciendo que no exista la transparencia: existe, pero la idea es contribuir a una mayor transparencia, que es deseada por la ciudadanía».
Cairo propuso crear una comisión para que trabaje en el tema y logre un proyecto de consenso. «Estamos trabajando en lograr una salida donde lo que plantea Martín (Bueno). Nosotros compartimos su intención de transparencia y por algo hay una ley nacional que la marca. La idea es llegar a un acuerdo entre lo que nosotros creemos que es bueno que exista y lo que plantea la Administración, en eso estamos trabajando», señaló.
http://www.180.com.uy/articulo/32577_IM-veto-decreto-de-transparencia
Acá les dejamos el Proyecto de Estatuto de Funcionario Publico.
Para leerlo ingrese a esta link. -> Proyecto de Estatuto de Funcionario Publico
Para bajarlo pulse aqui.
Artículo 3º.- (Definición). A los efectos del presente Estatuto y de acuerdo a lo previsto por los artículos 60 y 61 de la Constitución vigente, es funcionario público todo individuo que ejerce funciones públicas en una entidad estatal bajo una relación de subordinación y al servicio del interés general.
Es funcionario presupuestado quien haya sido incorporado por el Poder Ejecutivo en un cargo presupuestal para ejercer funciones en la Administración Central, y aquel que habiendo sido seleccionado por concurso de oposición y méritos o méritos y antecedentes y contratado bajo el régimen del provisoriato haya superado el período de quince meses y obtenido una evaluación satisfactoria de su desempeño. El funcionario presupuestado tiene derecho a la carrera administrativa y a la inamovilidad, a excepción del funcionario político o de particular confianza.
Los derechos adquiridos en relación al desarrollo alcanzado en la carrera administrativa por los funcionarios presupuestados de la Administración Central, que ya tengan esa calidad a la fecha de vigencia de la presente ley, no se verán afectados por aplicación del presente Estatuto.
Es funcionario contratado todo aquel que desempeñe tareas transitorias, excepcionales, a término, o tareas permanentes específicas cuyo volumen no pueda ser afrontado por los funcionarios presupuestados, y cuya contratación se realiza con cargo a partidas para jornales y contrataciones.
No se consideran comprendidos en el presente Estatuto, los regímenes regulados por los artículos 47, 51, 52, 54 y 58 de la Ley Nº 18.719.-
Comisión de Prensa y Propaganda
Junta departamental de Montevideo./©Javier Calvelo
A.FU.SEC. 