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Empresarios turísticos podrán ir presos si engañan a sus clientes

El gobierno impulsa sanciones y normas de calidad para los operadores

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El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de Ley para sancionar a los operadores turísticos que brinden servicios en malas condiciones y a las empresas que incumplan con los usuarios sobre lo prometido al momento de contratar un producto. Quien estafe o engañe a un cliente podrá recibir una pena que va de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaria. Además, la normativa incluye advertencias, clausuras parciales, multas de hasta 100 mil unidades indexadas ($ 258.870 al valor de hoy) y la clausura tanto del establecimiento como de sus sucursales.

El proyecto de ley aprobado por el presidente José Mujica también establece que la firma que comercialice un paquete turístico es “responsable” por el “incumplimiento de cualquiera de los servicios que lo integra, sin perjuicio de su acción de repetición”, señala el documento al que accedió El Observador.

En tanto, los inspectores de locales podrán realizar operativos con apoyo de la Policía si el funcionario de contralor lo entiende conveniente.

La escala de sanciones para los empresarios infractores es gradual: hay advertencias simples, amonestaciones con inscripción en el legajo, multas de hasta 50 mil UI y de 100 mil UI en caso de reincidencia, la clausura del establecimiento, sus sucursales y dependencias y la prohibición absoluta de brindas servicios vinculados al turismo por un lapso que no supere el máximo de cinco años. Las dos últimas sanciones solo podrán ser impuestas por un juez.

Este verano uno de los departamentos donde hubo más problemas fue en Rocha. La mitad de los hostels de ese departamento no tenían habilitación municipal. Las quejas de los usuarios eran frecuentes. Algunos operadores alojaban a los turistas en carpas. Pero como los inspectores municipales no daban abasto no pasó nada.

El literal tercero del artículo 37 de la normativa advierte que “la inhabilitación especial para desarrollar actividades similares o vinculadas al turismo deberá ser dispuesta por el juez competente en todos los casos que exista condena por conductas descriptas en el artículo 347 del Código Penal (CP) que sean imputadas a personas en ocasión del desarrollo de actividades reguladas por la ley”.

Ese artículo del CP, que hace referencia al delito de estafa, establece una pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría para quien “con engaños artificiosos indujere a error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro”.

Defensa del turista
Según la normativa, los prestadores de distintos servicios turísticos deberán cumplir con parámetros de calidad determinados por estándares internacionales de entidades especializadas. Con ese fin será creado un Registro de Prestadores de Servicios Turísticos que funcionará en la órbita del Ministerio de Turismo.

Además, el texto crea un organismo donde los usuarios podrán reclamar por fallas en el servicio. En caso de que el organismo dé la razón al cliente, las empresas deberán resarcir al perjudicado. Los Centros de Conciliación Turística “tendrán como cometido tentar la conciliación entre las partes en aquellos reclamos, quejas y planteos entre turistas y prestadores de servicios”, según consigna la normativa.

En tanto, las empresas también deberán “contratar y mantenerse al día con los seguros que requieran la prestación y servicios que ofrecen”.

elobservador.

 

 
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Publicado por en 16 abril, 2013 en Apoyo, Comisión Prensa y Propaganda, Difusion, General, Informacion de interes, Noticias, Salud

 

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COFE dispuesto a trabajar más si el gobierno paga


 

Según la Confederación de Organizaciones de Funcio- narios del Estado (COFE), el aumento de la jornada laboral de seis a ocho horas y trabajar los feriados laborables, solo se puede aplicar si hay una retribución económica a cambio.

En el proyecto de Estatuto del Funcionario Público que se remitirá al Parlamento, el gobierno dio marcha atrás en su idea original y mantendrá la jornada laboral en menos de ocho horas dentro de la Administración Central. Tampoco se obligará a los funcionarios a trabajar los feriados laborables como se había propuesto inicialmente, pero sí a mantener una guardia gremial de algunos servicios.

La secretaria de Formación de COFE, Claudia Rivero, dijo a El País que el gremio de los públicos se negó a trabajar ocho horas “porque eso debería implicar un aumento salarial”.

“Hay funcionarios públicos que trabajan seis horas, porque hubo acuerdos con otros gobiernos en los que no se daban los aumentos que correspondían y se reducía el horario laboral”, explicó Rivero.

Respecto a la posición de COFE de no aceptar el planteo de trabajar los días feriados, Rivero indicó que se debe a que “los públicos no cobran salario vacacional”. Según dijo, esta es una “reivindicación histórica del movimiento sindical”.

En el proyecto del estatuto del funcionario, el gobierno incluyó un artículo por el cual fuera del horario ordinario de trabajo no se pagarán horas extras. El tiempo extra que cumplan los funcionarios será retribuido con días libres.

Para COFE, el artículo “vulnera la jornada de trabajo, porque obliga a hacer horas extras sin cobrar. Pagar con días de descanso, significa un retroceso, porque estamos hablando de una reivindicación del movimiento sindical”, sentenció.

En una reunión con legisladores de la oposición, representantes de gobierno pidieron a la bancada “jerarquizar el proyecto de estatuto del funcionario público” y aprobarlo antes de finalizar el año. Según Rivero, la modificación del sistema de carrera administrativa y la creación de un escalafón de alta conducción (para el cual se exige la presentación de un proyecto estratégico) responde a “alineaciones político partidarias, más que a las necesidades reales de gestión”.

La agenda sindical del tercer trimestre estará signada por la conflictividad en el Estado. Los sindicatos de la Administración Central nucleados en COFE tienen por lo menos tres frentes de lucha: Rendición de Cuentas, reestructura de los organismos y el estatuto del funcionario público.

A todo esto se suma una batalla sindical que pondrá en jaque al sistema judicial, según amenaza el sindicato del Poder Judicial.

Entre el martes y el jueves de la semana próxima el Senado votará el proyecto de Rendición de Cuentas y COFE se va a manifestar en las barras y los alrededores del Palacio Legislativo. Mientras tanto, el martes en la mañana una delegación de COFE se reunirá con el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt para pedir apoyo en su movilización. Tiempo atrás los estatales solicitaron a la central sindical realizar un paro de 24 horas pero la idea no prosperó porque las corrientes oficialistas del Pit-Cnt no la apoyaron.

En tanto, la semana próxima se reunirá el plenario de delegados de COFE para resolver las medidas que tomarán frente a las reestructuras y el proyecto de estatuto del funcionario público que el gobierno presentó ayer a la bancada del FA.

El País Digital

 

 

 
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Publicado por en 1 octubre, 2012 en COFE, Funcionarios publícos, Gobierno, Negociación colectiva, PIT-CNT, Reinvindicaciones

 

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