Uso de las reservas debe ser un tema estrictamente técnico y profesional

TEMA DE ANÁLISIS

En los últimos días el uso de las reservas internacionales para financiar el déficit público se situó en el centro del debate. Si bien es posible su utilización como fuente de financiamiento, su decisión debe seguir estrictamente los criterios de un manejo profesional de los activos y los pasivos del Estado.

El sistema financiero tiene depósitos por casi US$ 7.600 millones.

Ingresar en el terreno político de la discusión o partir de la premisa que, como es dinero que ya está en poder del gobierno se puede gastar sin consecuencias, es un gran error.

Las reservas internacionales depositadas en el Banco Central (BCU) ascienden a US$ 18.000 millones. Pero en primer lugar hay que aclarar que no todas las reservas internacionales son la misma cosa, ya que pertenecen a distintos titulares que tienen a su vez distintos cometidos. Tal el caso del BCU cuyos activos ascienden a US$ 7.800 millones.

Esas reservas son el respaldo frente a sus deudas, al tiempo que constituyen el principal puntal de la emisión. Por lo tanto utilizarlas sería equivalente a un vaciamiento. La consecuencia sería la pérdida de credibilidad en la política monetaria, una corrida en contra de la moneda nacional, la suba del tipo de cambio. Cualquier similitud con Argentina no es una mera coincidencia.

El sistema financiero tiene depósitos por casi US$ 7.600 millones, que son a su vez el respaldo del público que eligió depositar en dichas instituciones. Queda un remanente de aproximadamente US$ 2.600 millones perteneciente al Sector Público (gobierno central, empresas públicas y Banco de Previsión Social).

Sobre este monto y los depósitos en el exterior realizados directamente por la Tesorería, es que se podría actuar si se decidiese hacer uso de las reservas.

La razón de ser de las reservas del gobierno central es contar con un nivel de liquidez apropiado para hacer frente a pagos en un plazo de tiempo corto.

Esto da garantías que aún en el caso en que los mercados de capitales se paren de golpe y dejen de prestar a los países emergentes como Uruguay, el gobierno podrá hacer frente a sus vencimientos de deuda por un período de tiempo y podrá seguir pagando sueldos, pasividades y otros gastos corrientes sin retrasos.

De hecho contar con un nivel de liquidez adecuado es uno de los aspectos que tienen en cuenta las agencias calificadoras de riesgo, y por ende los inversores que buscan posibles destinos para sus ahorros.

Este atributo fue manejado en la gestión del gobierno de José Mujica como un seguro de liquidez.

Como todo seguro tiene un costo ya que esas reservas son la contrapartida de un endeudamiento y por lo tanto el nivel de reservas se deben comparar con el costo neto de esos fondos.

No todo es costo, ya que un manejo eficiente de las reservas implica su colocación en activos líquidos y poco riesgosos, pero con un retorno sensiblemente menor al del fondeo original. Por lo tanto hay una diferencia entre la tasa de interés que se paga por la deuda pública y la que se recibe por las colocaciones de las reservas. Cuanto mayor el nivel de reservas que se acumulen y cuanto más amplio sea el diferencial de tasas, más costoso será el seguro.

Partiendo de la base que un seguro de estas características no sólo es prudente, sino necesario, el punto a discutir es cuál es el tamaño del mismo. Dependerá del déficit fiscal, de los vencimientos de deuda y del riesgo de corte en el crédito internacional.

Comenzando por el último punto, ante la gran incertidumbre imperante en los mercados internacionales no parece aconsejable reducir la cobertura del seguro. Habrá que esperar a que pase el impacto de las subas en las tasas de interés internacionales y una vez los flujos de capitales se estabilicen recién se podrá pensar en reducir el seguro.

Es posible que en ese momento el costo del seguro también aumente por los movimientos en el diferencial de tasas de interés.

Un aspecto a considerar son los montos de vencimientos de deuda que no son iguales en todos los años. Al respecto el trabajo profesional en los últimos años permitió adecuar los vencimientos de forma que no existan grandes acumulaciones. De todas formas a partir del 2017 se sube un escalón y se pasa de US$ 700 millones anuales a US$ 1.400 millones.

El problema financiero tiene su origen en la condición deficitaria de la gestión presupuestal del gobierno. Si el déficit se mantiene controlado y el aumento de la deuda en comparación con el crecimiento de la economía es razonable de forma que el cociente entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB) no se dispare, entonces no será necesario contar con un seguro muy amplio. Si el déficit se combina con recesión y el ratio de deuda a PIB está creciendo, entonces el seguro juega un papel estratégico al darle tranquilidad a quienes le prestan a Uruguay, ya que hay un plazo de cobertura de las obligaciones financieras razonable y por lo tanto se trata de una deuda con menor nivel de riesgo.

El menor riesgo país se traduce en menores costos financieros para el gobierno y para toda la economía.

Si se llega a la conclusión que el nivel de reservas del gobierno central es elevado, y si por otro lado existen necesidades de fondos, que de hecho siempre las hay para financiar obras de infraestructura, se presenta la disyuntiva para quienes manejan la deuda pública, que deberán considerar si lo más conveniente es amortizar deuda vieja con ese exceso de reservas y adquirir nueva para financiar inversiones, o por el contrario, dados los eventuales diferenciales de tasas existentes entre una y otra deuda, utilizar las reservas.

En uno u otro caso aumenta la deuda neta, debiéndose elegir la opción que la aumente menos.

En definitiva, hay muchas cosas que ponderar antes de utilizar la parte de las reservas que se considera excedentaria. Este segmento se podría conceptualizar como el «exceso de seguro de liquidez» que proporcionan las reservas acumuladas por la Tesorería de la Nación. Es un tema estrictamente financiero que podrá ingresar en la mesa de análisis recién en el 2017.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/reservas-debe-estrictamente-tecnico-profesional.html

 

Inversión en vivienda social fue de US$ 1.147: desde 2011

FUCVAM CRITICA A CONSTRUCTORES POR PRECIOS; SON “CAPITALES ESPECULATIVOS”

Con algo más de 11.000 unidades promovidas la inversión en viviendas de interés social alcanzó los US$ 1.147 millones en poco más de tres años. El precio de comercialización está en el centro del debate e incluso desde el gobierno se reconoce que la mayoría de las unidades terminan en manos de los sectores de mayor poder adquisitivo.

El precio promedio de venta de las unidades nuevas fue de US$ 1820 por metro cuadrado.

Los constructores coinciden con la visión gubernamental y la necesidad de llegar a los sectores medios y medios bajos, pero sostienen que para eso deben edificar viviendas de menor calidad, ya que de lo contrario los costos no dan.

Pero para la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam) la dificultad que hoy representa el precio para buena parte de la población responde a la «especulación» de los inversores. Así lo establece un documento presentado ante la Comisión Asesora de Vivienda que tiene por objetivo recomendar a la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) en la elaboración de los planes quinquenales.

«El precio de venta de las unidades construidas, aún con la significativa renuncia fiscal que hace el Estado mediante exoneraciones tiene niveles que no corresponden a la vivienda de interés social y que más que duplican los que corresponden a otros sistemas de producción como, por ejemplo, las cooperativas de ayuda mutua y ahorro previo. Esto es quizá consecuencia de la contradicción implícita en tratar de conjugar la satisfacción de un derecho esencial como la vivienda, con la de hacer buenos negocios por parte de capitales especulativos», dice el documento.

La Federación reconoce que si bien se ha logrado atraer un volumen de inversiones privadas significativo y que está inserta en áreas de interés urbano a las que antes esas inversiones antes no llegaban, con más de 10.000 viviendas propuestas, hay aspectos «preocupantes» que deben ser «evaluados» antes de decidir la continuidad del sistema. Entre ellos se menciona al producto obtenido, los costos y precios, y la población a la que se llega.

Para Fucvam debe «cuantificarse el monto del esfuerzo que está haciendo el Estado con la renuncia fiscal, y en qué forma ésta aparece reflejada en el precio de venta, lo que debe ser transparentado», afirman.

«Preocupa asimismo que el Estado pueda subsidiar estas viviendas, aún las de precio topeado, para permitir que más población pueda acceder a ellas, porque sin un control de costos ello constituiría un subsidio a la oferta, a los inversores, y no a la población demandante», se añade.

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Por otra parte, el documento define como «contradictorio» que mientras con viviendas de alto precio y destinadas a sectores de mayor capacidad adquisitiva se exoneran impuestos, lo mismo no se haga en programas de «claro interés social», como el Plan Juntos, los realojos o las cooperativas, entre otros. El precio promedio de las viviendas de interés social en Montevideo fue de US$ 1.820 por metro cuadrado entre mayo de 2014 y abril de este año, según datos de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Los valores promedios más altos se observaron en los barrios La Comercial, Prado, La Blanqueada y Cordón, mientras que los precios promedio más bajos se registraron en Unión, Reducto y Aguada. Por su parte, en el interior el precio promedio fue de US$ 1.429 en Canelones, US$ 1.399 en Salto, US$ 1.475 en Maldonado y US$ 1.335 en Paysandú, Durazno, Soriano, Florida, Cerro Largo, Colonia y San José.

Esta semana el presidente de la ANV, Francisco Beltrame reconoció en diálogo con El País que el objetivo de atender a sectores medios y medios bajos de la sociedad hasta ahora no se ha cumplido. «El grueso de la producción está llegando a los sectores de mayor poder adquisitivo de nuestra sociedad», había dicho.

Para el jerarca hay dos puntos a abordar: uno que pasa por el aspecto tecnológico en aquello que permita abaratar costos, y otro por el diseño de productos teniendo claro cuáles son las posibilidades efectivas de compra por parte de la demanda, con los instrumentos que se han generado y que permiten que con menor ahorro se pueda acceder a la vivienda.

Por su parte, desde el lado de los promotores privados se entiende que es posible pensar en una nueva categoría de VIS que se puede implementar en barrios perimetrales que ya cuentan con toda la infraestructura y donde el suelo no tiene valores tan elevados como pasa hoy en zonas como el Cordón o el Centro, entre otras.

Otras variantes pasarían por modificar algunas exigencias de terminación de obra y una leve reducción de la superficie de los inmuebles, como forma de lograr precios algo más accesibles. A ello se suma la idea de que los bancos oficiales bajen sus tasas de interés para el financiamiento de las viviendas y que amplíen los plazos, para poder bajar las cuotas.

Luego de aprobada la ley, el Banco Hipotecario (BHU) salió al mercado de la vivienda social con tasas de 6% anual y las subió luego un punto hasta 7%. Los bancos privadas tenían tasas del 5% que luego se plegaron al 6% del BHU. En la actualidad hay unas 11.370 unidades ingresadas bajo el régimen de vivienda social, de las cuales hay 6.324 en construcción, 1.826 unidades terminadas y alrededor de 3.220 sin iniciar. Al 1° de junio de este año había 2.214 viviendas con boletos de reserva, compromiso de compraventa o contrato.

Regular precios por el mercado.

A fin de 2013 entró en vigencia una nueva reglamentación que puso tope al precio de venta para el 25% de las viviendas de interés social en Montevideo y se sumó a los límites que comprenden al 100% de las unidades promovidas en el interior. Un documento de la Cámara de la Construcción del Uruguay da cuenta que eso ha disminuido la presentación de nuevos proyectos. «Seguimos creyendo en relación a los topes de precios que la mejor regulación es la demanda y la oferta del mercado y no las intervenciones externas fijando topes», afirma. Por otra parte, la cámara señala que por el aumento de stock de viviendas, de las cuales muchas se destinarán al arrendamiento, en el futuro puede haber un impacto a la baja en el valor de los alquileres.

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/inversion-vivienda-social-us.html