Comunicado AFMIT

Montevideo 16 de mayo de 2013

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social frente al fallecimiento de un compañero  que se encontraba ejerciendo sus funciones en tareas de limpieza en el nuestro Ministerio. Manifiesta su solidaridad y congoja, acompañando a familiares y compañeros de trabajo ante tan terrible y evitable pérdida.

Exigimos responsabilidades del organismo encargado de velar por la seguridad de los trabajadores. ¿Cuantas situaciones y víctimas más deberán pasar para que el Ministerio cumpla con su función?

A su vez expresamos nuestro repudio a toda actitud por parte de las autoridades y empresarios, que quieran impedir y reprimir actividades sindicales tendientes a manifestarnos como trabajadores y solidarizarnos con compañeros que están pasando por una desgracia totalmente evitable como la acontecida en el día de la fecha.

EXIGIMOS RESPONSABILIDAD YA!!!!

Asamblea General de AFMIT

COFE – CLATE – PIT CNT

 

 

Tardo pero llego!!!

Esto ocurrió hace un año.

En Uruguay y por lo menos formalmente, tanto el Presidente de la República como el Director General de la Presidencia dedican parte de su tiempo a firmar aceptaciones ¡que los interesados no les pidieron! de renuncias de personas que fueron contratadas en forma temporal. En el caso de la imagen precedente, el renunciante había comunicado su renuncia 2 meses antes de que le fuera aceptada y llevaba en ese momento 1 mes y medio trabajando full-time en otro sitio. No sólo se practica el absurdo sino que se lo hace con retrasos que aumentan su brillo y color. Y no vaya a creerse que la cosa terminó allí: el renunciante fue notificado de esta inesperada resolución presidencial y, una vez repuesto de la emoción que le provocó el honor de ser objeto de una decisión presidencial, tuvo que comunicar que se daba por notificado de la misma. Cuando alguien quiera entender por qué no funcionan como se esperaba el Plan Juntos, la reforma educativa, etc. no tiene más que mirar esta imagen.

Seguramente el valor que aporta el Presidente de la República (tanto el actual como sus antecesores) al intervenir en este tipo de actuaciones se repite, también grotescamente, en muchos otros casos. En todos ellos, se consumen diariamente varias horas-persona de funcionarios comunes que preparan, revisan y pulen las resoluciones y trasiegan papeles y mails de una oficina a otra; también se originan gastos por el uso de infraestructuras, ya que todas esas actuaciones sin sentido hacen uso de instalaciones y servicios que el Estado (nosotros) paga. Y esto no es otra cosa que una destrucción apenas sutil de la riqueza que esta sociedad genera y que, por tanto, deja de estar disponible para aplicar productivamente a altos fines de gobierno.

Surgen algunas preguntas:

• ¿Quién decidió que el Presidente en persona tiene que intervenir en hechos puramente administrativos?
• ¿Tanto tiempo le sobra al Presidente y a sus oficinas como para derrocharlo así?
• ¿Por qué no se aplicó la delegación de firma (que ya está normada) o el silencio positivo (que aún no)?
• ¿Por qué ningún funcionario o asesor le informó al Presidente de la República que el artículo 2 del Decreto 500/991 dice que la Administración Pública debe actuar de acuerdo con varios principios generales, entre los que figuran:
  1. economía, celeridad y eficacia
  2. flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos
  3. delegación material
  4. buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario

¿Qué significan estos principios? Según el manual del Programa Nacional de Desburocratización sobre el procedimiento administrativo, lo siguiente:

1. Economía, celeridad y eficacia implican la buena administración del tiempo en el procedimiento, aprovechando eficientemente la fuerza de trabajo y eliminando formalidades superfluas, redundando esto en la reducción de la duración de los procesos y de los gastos asociados a los mismos.
2. Flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos implican desterrar del personal burocrático el apego a ritos en los que se exalta la forma por la forma misma, con prescindencia del contenido y del fin perseguidos. El procedimiento debe ser una herramienta dúctil, siempre dirigida al logro de un fin, por lo que no se le puede asumir ni rígido ni uniforme. La forma es un medio y no un fin en sí mismo. La actividad administrativa se debe juzgar en función de la sustancia y no de la forma. No se deben realizar ni exigir trámites, formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten el desenvolvimiento del procedimiento.
3. Delegación material implica quebrar el habitual centralismo burocrático que hace depender de la decisión formal de autoridades superiores la solución de los problemas más rutinarios de la Administración. Se debe bajar el nivel de decisión llevándolo a quienes están en contacto real con los hechos sobre los que hay que tomar decisión.
4. Buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario implican que se asume que tanto los agentes públicos como los administrados cumplen con el deber de comportarse ética y respetuosamente. Se consagra el principio de presunción de verdad salvo prueba en contrario, desterrando con ello la actitud generalmente existente en la Administración de desconfiar, la cual lleva a que se multipliquen formalidades, ritos y controles.

Y aunque a los incautos nos pueda parecer que estamos frente a la gran novedad de la última moda en consultoría de gestión pública, estos principios fueron plasmados hace 22 años en el Decreto 500 (algunos ya figuraban en el antecesor del 500/991, el Decreto 640 de 1973). Ya va siendo hora de que nos enteremos y nos pongamos a aplicarlos.

Seguramente, el Presidente de la República no ve la trascendencia de resolver estos pequeños problemas, detrás de los cuales, sin embargo, hay cambios gigantescos a realizar. Probablemente, porque tiene asumido que la única forma de redistribuir riqueza es a través de la recaudación, mediante impuestos. Es así que toda la energía, incluso con duplicación de esfuerzos, se ha puesto en lograr soluciones por ese lado, descuidando completamente otros aspectos. También se puede deber a una actitud muy difundida entre los altos cargos de la Administración de que sólo hay que enfocarse en grandes proyectos, por lo general inalcanzables pero que tienen la virtud de llenar el ojo y durar tantos años que cuando llega la hora de evaluar los resultados sus propulsores hace tiempo que se han ido.

Hay que entender que hay otras formas de redistribuir riqueza. La mejora de la gestión es también una vía para ello. En la medida en que se racionalice el funcionamiento de la Administración, se eliminarán actuaciones en las que no hay ningún aporte de valor y, por tanto, se estarán reduciendo gastos sin alterar la calidad de los servicios prestados. Y así quedará claro que hay muchos pesos que han sido malgastados año tras año, durante décadas. Son pesos que pudieron haber ido, pero no fueron, a políticas sociales, a planes de vivienda, a mejorar el sistema educativo, a incorporar tecnología para la mejora de la seguridad pública, a atajar situaciones de emergencia social.

Publicado 16th March por El Pareja

 

Tranquera abierta

Dinatra pidió que estanciero retome a trabajador rural despedido por formar sindicato y dio plazo de tres días para respuesta.

 

Un asalariado rural que se desempeñaba como capataz en la estancia La Tortuga, en la localidad de Pueblo del Barro (Tacuarembó), fue despedido por el propietario el 3 de diciembre, un día después de que el empleado participara en una reunión para conformar un sindicato de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).

El asalariado y la organización consideran que la medida adoptada por el estanciero configuró un caso de persecución sindical, por lo que presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para pedir que sea reintegrado.

El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Ramauro y una delegación de la Unatra, se reunió con el propietario del establecimiento, Diego Ortiz, y funcionarios de la Dinatra. Ayer tuvo lugar la segunda audiencia, en la que participaron, además del trabajador, Ortiz y sus abogados, el director nacional de Trabajo, Luis Romero, el secretario de Desarrollo Productivo del PIT-CNT, Rúben Hernández, y la dirigente de la Unatra María Flores. Rammauro, asesor del trabajador, explicó que la delegación del gobierno sostuvo que la empresa “no había puesto ningún elemento sobre la mesa que hiciera caer la presunción de que el despido es una actitud antisindical” y, por lo tanto, le propuso al estanciero que reintegre al trabajador con el salario que ganaba cuando fue despedido, “sin entrar a discutir la categoría, si es como capataz o como peón”.

El estanciero tiene plazo hasta el viernes al mediodía para aceptar, rechazar la propuesta o presentar una contrapropuesta por escrito en la Dinatra. Según Rammauro, Ortiz adelantó que una solución podría ser “conseguirle trabajo en otro de los establecimientos” que le pertenecen o un empleo “mejor” en una estancia de otro propietario. Ortiz es dueño de 14 estancias y del frigorífico Durazno. El empresario “se quejó” de que el tema haya tomado “notoriedad” y dijo que “se había transformado en un tema político”, pero “negó rotundamente” que tenga “problemas con los sindicatos”, indicó Ramauro. El asesor del trabajador explicó que esperarán la respuesta del estanciero y, en caso de existir una contrapropuesta, la Dinatra deberá convocar a otra audiencia. Si las negociaciones “no prosperan, activaremos el mecanismo judicial”, recurriendo a la Ley de Fuero Sindical, concluyó Rammauro.

la diaria.